| Domingo, 25/03/12 | ||
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| Masiva movilización a 36 años del golpe genocida. Más de 70 mil personas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de DDHH y de trabajadores marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo con la consigna: "30 mil detenidos-desaparecidos: Presentes!, Ahora y siempre!". Reproducimos el documento conjunto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia |  | |
| DOCUMENTO 24 DE MARZO 2012 ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA Hoy, 24 de marzo, en esta jornada que nos reúne año a año, salimos a las calles y plazas de nuestra Argentina a repudiar el golpe genocida y a decir ¡presente! a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos. Cada 24 de marzo nuestra cita es con la Memoria, la Verdad y la Justicia, es con la Lucha, es mirar al futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura quiso, pero no pudo acallar. Estamos acá para apoyar todas las luchas de los trabajadores y el pueblo, en defensa de sus derechos y contra la represión y la criminalización de la protesta. Hoy decimos también ¡presente! a todos los luchadores populares asesinados por las fuerzas represivas durante los gobiernos constitucionales. Este 24 de marzo, expresamos nuestro dolor e indignación por ese crimen largamente anunciado, que nos conmoviera el 22 de febrero: la masacre de Once y desde esta Plaza nos solidarizamos con los familiares de las 51 víctimas y nos sumamos a su exigencia de justicia. Compañeras y compañeros: Una vez más repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso ferozmente la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre. En este aniversario del golpe, repudiamos el exterminio de decenas de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura que conoce nuestra historia. Repudiamos también los crímenes que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país. ¡Repudiamos y Exigimos justicia! Denunciamos al poder económico proimperialista, a los banqueros, a las empresas y la oligarquía terrateniente que planificaron y financiaron el golpe; a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. ¡Denunciamos y exigimos justicia! Repudiamos el golpe que pretendió aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones de fondo en la Argentina. Y que por eso buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias. La brutal represión, planificada y racional, tiene un nombre preciso: genocidio. Estamos en la Plaza denunciando la dictadura genocida, pero estamos también aquí, compañeras y compañeros, revindicando la extraordinaria lucha de nuestro pueblo contra la impunidad. Ni la obediencia debida, ni el punto final, ni los indultos, pudieron con nuestra firme decisión de conquistar el castigo a todos los genocidas. El camino iniciado con el heroísmo de las madres y otros organismos de ddhh plantados frente a la dictadura y con la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 36 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de justicia. La anulación de las leyes de impunidad, que abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas fue un logro histórico de nuestra lucha. Hoy, a 8 años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 267 represores condenados y cerca de 850 procesados. Estas conquistas no tienen antecedentes en ninguna otra parte del mundo ni época de la historia. Sin embargo la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin. Luchamos por que se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros. Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores por campo procesados o condenados! Miles de represores caminan libres por las calles o están activos, como sucede con los más de 1000 oficiales y 3000 suboficiales de la Armada que prestaron servicios entre 1976 y 1983 y hoy se encuentran en funciones sin ser investigados. Denunciamos que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados. Denunciamos a los jueces cómplices/socios/familiares/amigos de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar el cambio de los mismos y no lo hace. Denunciamos al Procurador General de la Nación, jefe máximo de los fiscales, Esteban Righi, nombrado a propuesta de la presidencia de la Nación, porque avaló a los fiscales cómplices, dio instrucciones precisas para el desguace de las causas, e impulsa la fragmentación del juicio de la causa con más pruebas del país: la causa ESMA. Luego de más de 6 años de juicios orales, la Cámara de Casación finalmente se pronunció con una acordada para acelerar y mejorar el desarrollo de las audiencias contra los genocidas, y esto es un logro de todas las organizaciones que, desde el primer día denunciamos al desguace de las causas. Luchamos para que todos los represores vayan presos a una cárcel común y efectiva, porque de todos los condenados y procesados, sólo 297 están detenidos en unidades penitenciarias. El resto goza de domiciliarias o directamente están libres, como el aberrante caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que tiene 6 condenas a cadena perpetua pero las cumple alegremente en su casa; como el genocida Svedas, torturador del Circuito Camps que entra y sale de las audiencias libremente; como los médicos torturadores Magnaco y Berges, que tuvieron penas menores y las cumplieron en sus domicilios, o como los genocidas Olivera Róvere, Comes y Mariani, jefes de área del Primer Cuerpo de Ejército, que a pesar de estar condenados están en libertad hasta que la Cámara de Casación resuelva algún día confirmar la condena. Luchamos por la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados. Exigimos al Gobierno su inmediata apertura y publicación! Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. Hoy, 105 han recuperado su identidad, pero más de 400 siguen aún desaparecidos porque la política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética. Luchamos exigiendo justicia por nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, por Julio López y Silvia Suppo, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad, y dieron sus vidas por ello. Julio y Silvia son bandera y testimonio, y símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura. Denunciamos al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que han echado sobre ellos un manto de impunidad y olvido. Exigimos el inmediato desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura. Denunciamos a Gerardo Martínez, agente del 601 y actual organizador de patotas de la UOCRA contra los trabajadores. Su accionar durante los años de la dictadura, y el de los cerca de 5500 agentes de inteligencia del Batallón 601 y de la Fuerza Aérea que fueron publicitados en el año 2010 deben ser investigados y juzgados sin más demoras! Exigimos cárcel ya! Este 24 de marzo, reafirmamos que, el Gobierno que se presenta como líder de la lucha contra la impunidad de la dictadura no ha tomado las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables. Lejos de eso, por un lado pretende limpiar la imagen de las fuerzas represivas que siguen teniendo en sus filas a los genocidas de ayer y a sus discípulos de hoy; y por el otro, se vincula y hace negocios con otros genocidas, los que planificaron y financiaron el golpe, los que matan hoy de hambre, miseria, enfermedad, balas de goma y de plomo, como los Blaquier en Jujuy. Por todo eso, este 24 de marzo, seguimos exigiendo que se unifiquen las causas, que los juicios sean por campo de concentración, circuito represivo y escala de mandos, y que se juzgue a todos los genocidas por los delitos cometidos contra todos los compañeros, y por lo que son: genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Compañeras y compañeros: Hoy salimos, una vez más, a denunciar la impunidad de ayer y de hoy. Salimos a denunciar al gobierno nacional, que utiliza las banderas de los ddhh, honradas por nuestra lucha de tantos años, porque pretende adueñarse de lo que supimos conseguir para ocultar su responsabilidad en la continuidad de la impunidad y su política represiva. Estamos una y otra vez en la calle denunciando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantiene las privatizaciones y las reformas antiobreras del menemismo. Denunciamos que privilegia el pago de la deuda externa, las multimillonarias ganancias de empresas extranjeras y nacionales producto de una política extractiva, de saqueo y de superexplotación de los trabajadores. Asegura los beneficios a su propio grupo económico y sus amigos como en el caso del transporte, la entrega de nuestros recursos, el compromiso económico con las empresas imperialistas de la minería contaminante; los agronegocios como la soja; y la extranjerización de la tierra. Hoy, además, apremiado por la crisis económica mundial, profundiza medidas contra los trabajadores y el pueblo e intenta aplicar un plan de ajuste. Esta política es la verdadera contracara del discurso con el que se autodenomina progresista, defensor de los derechos humanos, nacional y popular. Denunciamos este 24 de marzo al gobierno por la masacre de la estación Once, que nos duele, nos golpea y nos llena de bronca. Fue un verdadero crimen contra hombres, mujeres, y jóvenes trabajadores. Es la consecuencia directa de la política de privatizaciones que se mantiene desde el menemismo y de los negociados corruptos de la gestión kirchnerista con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical, a quienes durante 8 años les otorgaron subsidios millonarios pagados por el Estado Nacional. Unos y otros llenaron sus bolsillos a costa de la destrucción de nuestro sistema ferroviario. Esos mismos intereses son los estuvieron detrás del crimen de Mariano Ferreyra. Los 51 muertos y los más de 600 heridos, son una muestra brutal del absoluto desprecio del gobierno y sus amigos empresarios por la vida de los sectores más humildes de nuestro pueblo. El cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento, cuyos dirigentes fueron perseguidos y reprimidos por el Gobierno en numerosas oportunidades, así como otros sectores de la oposición ferroviaria antiburocrática, han venido realizando durante todos estos años centenares de denuncias sobre los negociados, la corrupción, el desmantelamiento y el deterioro del sistema ferroviario. La reciente muerte de un trabajador de la línea D del subte, que falleció electrocutado mientras estaba trabajando es un ejemplo de esta dramática situación. Nos llena de indignación el discurso del gobierno que no vaciló en culpabilizar a las víctimas y en negar su responsabilidad, presentándose como querellante en la causa, en la que hasta hoy el único imputado es el conductor del tren. Al mismo tiempo los funcionarios nacionales y la empresa dejaron en la más absoluta indefensión a las víctimas y sus familiares. Exigimos juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once: De Vido, Jaime, Schiavi, Cirigliano y Luna! Exigimos la reestatización de los ferrocarriles ya! con control obrero y de los usuarios. Exigimos que comience ya el juicio contra Pedraza, la patota y los policías involucrados en el asesinato de Mariano Ferreyra! Salimos este 24 de marzo a manifestar nuestra solidaridad con los pueblos de Famatina, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Esquel, Santa María, Chilecito y todos aquellos que se han alzado contra la política de saqueo de nuestras riquezas en beneficio de los intereses de las corporaciones imperialistas depredadoras como la Barrick Gold y OSISKO, que se llevan lo que nos pertenece, contaminan nuestras tierras y ponen en riesgo la existencia de poblaciones enteras y la vida de sus habitantes. Denunciamos hoy la brutal represión al pueblo de Tinogasta, la zona liberada a las patotas de las megamineras en Andalgalá, la represión directa y el encarcelamiento masivo en Belén y Santa María, la amenaza de aplicar la ley antiterrorista a los manifestantes. Unimos nuestra voz a la de ellos, reivindicamos su firmeza frente a la brutal represión que sufrieran, las persecuciones, las amenazas del gobierno nacional y sus socios locales, los gobernadores, para intentar paralizarlos y aislarlos. Y denunciamos también que las megamineras tuvieron zona liberada para acosar y perseguir a los periodistas que apoyan las puebladas o simplemente fueron en busca de información. Las corporaciones que depredan nuestra cordillera y que son apoyadas por la presidenta son las mismas que saquean nuestro petróleo y nuestros recursos en las Islas Malvinas. Desde esta plaza denunciamos al imperialismo colonialista inglés que usurpa nuestras Malvinas. Exigimos al gobierno que anule los pactos secretos con los ingleses firmados por Menem, y nacionalice sin pago a las empresas inglesas y a todas las multinacionales que saquean nuestras islas del Atlántico Sur. Porque estamos comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro, reivindicamos las luchas que recorren todo el país: las puebladas, cortes de calles y de rutas, huelgas, acampes, piquetes, las más diversas expresiones que dan voz a la legítima defensa de sus derechos por parte de las organizaciones obreras y populares. Y celebramos también las nuevas formas de organización de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los pueblos que defienden sus condiciones ambientales, de los campesinos, de los pueblos originarios. Sus demandas son las nuestras: no al ajuste y los tarifazos, no al hambre y la precarización laboral; salarios acordes a la canasta familiar y 82% para los jubilados, no al tope salarial; trabajo genuino y planes sociales sin clientelismos, tierra, vivienda, salud, educación para todos. No al saqueo de nuestros recursos naturales; no a la entrega; no al pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Denunciamos que el gobierno nacional despliega hace largo tiempo una política represiva y de criminalización de las protestas, que pretende encubrir con mentiras, silencios y un discurso demonizante y persecutorio. De cada lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 4000. Víctor Oñate, delegado petrolero de Santa Cruz, y los compañeros MarioTapia y Aldo Claro de Jujuy siguen presos. Numerosas manifestaciones son reprimidas violentamente y el gobierno utiliza las patotas paraestatales y de la burocracia sindical para tercerizar la represión. Pero nuestra lucha conquista logros y hoy celebramos haber obtenido la libertad de Carlos Olivera, dirigente de construcción, y de Karina Germano, hija de desaparecidos, que fueron bandera de lucha del Encuentro Memoria Verdad y Justicia a lo largo de estos años de injusta detención. Alertamos, sin embargo que la libertad de ambos no ha sido efectivizada al día de hoy. Hemos también conseguido la absolución de compañeros procesados por solidarizarse con las luchas de los trabajadores. Cada una de estas conquistas nos reafirman en la convicción de seguir el camino de construcción de la unidad para defender los derechos populares. En defensa de los derechos del pueblo denunciamos al gobierno de Macri por la destrucción de la salud y educación pública, en estos días intenta cerrar 221 grados y cursos de nuestras escuelas públicas mientras otorga subsidios millonarios a las escuelas privadas. Macri protege los super-negocios inmobiliarios, a costa del desalojo de cientos de familias humildes. En sintonía con el gobierno nacional, Macri, a través de la policía Metropolitana, instrumenta políticas de espionaje y represión contra docentes y trabajadores ocupados y desocupados. Compañeras y compañeros: Este 24 de marzo nuestra indignación se multiplica, porque la política represiva del gobierno reconoce un punto de inflexión: en el último año y medio fueron asesinados 18 luchadores populares y a fines del año pasado, el Congreso sancionó la ley antiterrorista a propuesta del poder ejecutivo. Este gobierno pretende acallar la lucha, pero hoy decimos en esta Plaza que nuestra fuerza de denuncia y de exigencia se potencia en el homenaje militante a cada uno de los compañeros asesinados por luchar: Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche)- Mariano Ferreira- Roberto López y Mario López (Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano.) Martires Lopez (Chaco)- Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy)- -Cristian Ferreyra (Santiago del Estero) - Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario Santa Fe)- Noemí Condorí (Escobar). Estos nombres se suman a los más de 70 compañeros y compañeras asesinados desde el año 2001, entre ellos: Javier Chocobar (Tucumán), Lázaro Duarte (Neuquén), Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy), Darío Santillan y Maximiliano Kosteki (Puente Pueyredon), Petete Almirón y todos los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001. El 4 de abril se cumplirán cinco años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, símbolo de la lucha docente en defensa de la escuela pública y la dignidad salarial. Por todos y cada uno de ellos exigimos el castigo a los responsables políticos y materiales! La ley antiterrorista es el instrumento legal propuesto al Congreso por la presidenta Cristina Fernández para profundizar el castigo a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino. Mientras la mayoría oficialista se ha negado una y otra vez a tratar una ley contra la criminalización de la protesta, la Ley antiterrorista exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 fue aprobada entre gallos y medianoche. Esta nueva ley califica de terrorista al que “exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo”. Su aprobación permite que todo aquel que reclame por sus derechos pueda ser catalogado de terrorista con la consecuencia inmediata de ser encarcelado. Fundamentar esta Ley en la masacre impune de la AMIA como si fuera un aporte a su esclarecimiento es una infamia que el gobierno manipula para ocultar sus propias responsabilidades en el encubrimiento de este crimen político. Miles salimos a las calles a repudiarla y así como conseguimos la anulación de las leyes de impunidad, este 24 de marzo asumimos el compromiso de continuar en la lucha hasta conseguir que este engendro represivo sea derogado y se anule toda la legislación represiva. Denunciamos hoy también la responsabilidad del gobierno en las actividades de infiltración y espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y populares, a través del proyecto X de la Gendarmería, denunciado por los trabajadores de Kraft junto a organizaciones de derechos humanos y políticas, y el accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. Estas actividades de inteligencia se utilizan para armar causas contra luchadores obreros y populares. Hoy, 24 de marzo, denunciamos que el gatillo fácil y los asesinatos de jóvenes en las barriadas populares siguen siendo la moneda corriente de la criminalización de la pobreza; y que la desaparición de mujeres y niños por la trata de personas se profundiza con la complicidad directa de la policía, jueces y funcionarios, como se está demostrando en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Seguimos denunciando la impunidad de funcionarios y empresarios por los 194 jóvenes de Cromañon. Exigimos juicio y cárcel a los responsables y cómplices! El pasado 16 de marzo la ministra Garre acusó de extorsionadores a los desocupados del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial. En sus denuncias involucró a dirigentes sociales y políticos. No es la primera vez que el Gobierno y sus funcionarios atacan a los luchadores desde un estrado oficial. La figura de extorsión en palabras de la presidenta o de un ministro es la luz verde para que jueces y fiscales cómplices avancen aún más en la criminalización de la protesta. Las brutales declaraciones oficiales sobre la tragedia de Once, los ataques de la presidenta de la Nación hacia los docentes en lucha, la equiparación de la huelga a la extorsión, el proyecto X y la ley antiterrorista, marcan una escalada en la política represiva del Gobierno, escalada que intenta desarticular las luchas de los trabajadores y el pueblo contra el ajuste, el tarifazo, por aumento salarial y por la plena vigencia de todos sus derechos. Compañeros y compañeras: Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus legítimas demandas. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular que ninguna represión podrá doblegar. Este 24 de marzo expresamos nuestra solidaridad con todas las rebeliones populares que recorren el mundo. Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza. A 36 años del Golpe CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY Exigimos al Gobierno BASTA DE AJUSTE, SAQUEO, ESPIONAJE Y REPRESION DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTE! ANRed EMVJ | ||
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