Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 21 de marzo de 2012

Se viene la 3º revista “30.000 Razones”.


Tapa revista 30000 RAZONES Nº3


EDICION impresa limitada. Consegila en el Kiosco de HIJOS La Plata.

EDITORIAL.
A los muertos impunes. De Néstor Soria.
JUICIOS A LOS GENOCIDAS.
Actualizamos los datos a marzo del 2012.
DESTACAMENTOS.
Contrastamos el proyecto del Museo del Horror en el CCD Arana con el Espacio para la Memoria Luciano Arruga.
BIENVENIDA KARINA.
La lucha por su libertad, las salidas transitorias y la condicional. Carta de los abogados.
PRESOS POLÍTICOS COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS EN BRASIL.
Que ningún puño se rinda, que ninguna voz se calle, que la Resistencia continúe.
JUICIO “CIRCUITO CAMPS”.
Una crónica del proceso desde el caso Mariani Teruggi.
LEY ANTITERRORISTA… ¿QUÉ NOS VIENEN A HABLAR DE DERECHOS HUMANOS?
Analizamos el endurecimiento de esta norma en Argentina y comentamos la experiencia represiva en Chile y México.
RESUMEN PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL.
Nº de Expediente 1753-D-2010. Trámite Parlamentario 028 (07/04/2010)
INICIATIVAS “ANTI” TERRORISTAS DE LOS PODEROSOS.
Luchas en Chile, Argentina y México contra las leyes del imperialismo Yanqui.
PROYECTO X.
Opinión Myriam Bregman, abogada, integrante del CeProDH y el PTS.DESTACAMENTOS

Contrastamos el proyecto del Museo del Horror en el CCD Arana con el Espacio para la Memoria Luciano Arruga.
A fines de 2011 el gobierno de la provincia decidió transformar en espacios de memoria dos dependencias policiales marcadas por la práctica de la desaparición forzada de personas: el Destacamento de Arana, uno de los más importantes Centros Clandestinos de Detención de La Plata, y el Destacamento de Lomas del Mirador, donde fue desaparecido el joven Luciano Arruga. En esta nota reconstruimos la historia de esos lugares de horror, trazamos un paralelo entre la represión de ayer y de hoy y aportamos al debate sobre el impacto que tienen las políticas de “sitios de memoria” en un marco de impunidad y las distintas formas de construir la lucha por justicia.

El CCD Destacamento de Arana
Durante la primera mitad del siglo XX la localidad de Arana se erigió como un verde labrantío ubicado a 12 kilómetros de La Plata, con centenares de hectáreas de campos sembrados, grandes tambos y alguna fábrica de lino y aceites, adonde el tren llegaba desde la capital provincial 4 veces por día con pasajeros y materias primas para abastecer a las quintas. Pero ese esquema de país fue desarmado a la par que se levantaba el tendido ferroviario, se apagaban las luces de las fábricas y se aislaba a la zona de los centros urbanos y productivos. En el letargo de esa noche se ampararon las bandas genocidas para establecer, según investigaciones de la Cámara Federal platense, al menos cuatro lugares de detención clandestinos en la zona: el Destacamento de Arana, conocido también como “El Campito”; el denominado “Campo de Arana” o “ La Casona ”, que se encontraba en donde hoy está el Regimiento n° 7 de Infantería- asentado en lo que en su tiempo fue la estancia llamada “ La Armonía ”; otro centro clandestino cercano al Aeropuerto de Arana, denominado “Cuatrerismo” (calle 610 y 16, a unos 500 metros de la calle 7, a poca distancia del aeropuerto local, en un descampado ubicado sobre la misma mano del aeropuerto), y el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Arana”, donde hoy están los terrenos del Vivero “Ferrari Hermanos”, por detrás del Destacamento.
Los destacamentos policiales fueron pensados como puestos de control en zonas rurales para sostener la presencia policial en lugaresinhóspitos o con pocos pobladores y combatir el delito de robo de ganado. El Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Destacamento de Arana estaba ubicado en la calle 640 y 131 del partido de La Plata. En el organigrama policial dependía de la Brigada de Investigaciones y allí funcionaba la Sección de Cuatrerismo. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , realizó una descripción exhaustiva de la estructura edilicia del Destacamento, que afirma que: “sobre la calle 640 se halla la puerta principal del Destacamento de Arana. A la izquierda de la puerta, se halla un portón que, según relatos de ex detenidos, era usado para el ingreso de estos, accediéndose a un garaje. El garaje posee una entrada al Destacamento, donde se pasa a un pasillo paralelo a la calle 640. Apenas se ingresa en ese pasillo, hacia la derecha se encuentra una puerta en la que se ingresa al cuarto donde funcionaba el lugar de torturas; a su vez, de manera contigua a esta sala, siempre del lado derecho, se halla otra habitación que era utilizada para los interrogatorios. Volviendo al principio del pasillo, del lado izquierdo, enfrente de las salas antes descriptas, había un baño con una bañera, lavatorio e inodoro y a continuación se encuentra una habitación en la que al momento de los hechos había dos duchas, y que en la actualidad es utilizado como depósito. Ahora bien, siguiendo de manera recta por ese pasillo, pasando la sala de interrogatorio a la derecha y el baño a la izquierda, se abría un hall de 2 x 2 m y, luego, continuando en línea recta, se encontraban a la izquierda dos celdas chicas (de 1 x 2 m aprox.) que tenían una ventanita sobre la pared del fondo y un camastro de cemento sobre la pared izquierda; a fines del año 1977, detrás de estas celdas se construyeron tres celdas más, construcción que obligó a cerrar las ventanas originales. Luego, venía una letrina y, detrás de ésta, una celda un poco más grande que las otras. En frente a las celdas chicas, letrina y celda grande había una habitación, y, un poco más al fondo, estaba la cocina. Retrocedamos al centro del pasillo antes descrito, entre el baño y la primera celda pequeña. Aquí, se abre un hall que conduce a un pasillo que desemboca a la parte trasera de la construcción donde existe una puerta. Son coincidentes los testimonios analizados en que la mayoría de los detenidos desaparecidos ingresaban por esta puerta”.
A su vez, quienes permanecieron en cautiverio en el Destacamento de Arana identificaron el lugar por los ruidos que allí podían escuchar, como el paso del tren, el sonido de los álamos, de los aviones, del ómnibus que pasa por el lugar y tránsito de automotores por una ruta.

El Destacamento de Arana dependía de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Hasta el año 1970 y, nuevamente, a partir del año 1980 el Destacamento de Arana perteneció a la Comisaría 5º pero, durante los diez años intermedios el Destacamento estuvo bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Así lo prueba un Informe del Departamento de Organización y Doctrina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el Inspector Carlos Guado, con fecha 27 de julio de 2006. Además, existe una Resolución nº 41.148 consta que el inmueble en el que iba a ser instalado el Destacamento de Arana integraba el patrimonio policial y que en el mismo “…funciona hasta el presente la Sección Cuatrerismo , dependiente de la Brigada de Investigaciones de La Plata”.

Por si fuera poco, hay testimonios de varios represores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que actuaron en el Destacamento de Arana en la época que se investiga, como Mario Mijín y Luis Marcelo Varela, que afirmaron que éste estaba subordinado a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Esa subordinación no sólo era de carácter formal, sino que existía una estrecha conexión en las actividades ilegales y clandestinas de ambas reparticiones. De hecho, el Destacamento era custodiado por personal de la Brigada. El represor Jorge O. Rodríguez, quien se desempeñó en ambos centros, manifestó que el Jefe era Miguel Kearney y el Subjefe era Trotta.

Por su parte, María Cristina Gioglio declaró en la Causa n°11 que, hallándose secuestrada en el Destacamento de Arana, y en oportunidad de haber sido conducida al despacho del funcionario a cargo del mismo, pudo ver un oficio dirigido a Miguel Kearney. Además, agregó que las guardias estaban a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata , entre los cuales identificó a Roberto Grillo, Mario Jaime, Mario Mijín y Daniel Lencinas. Por otra parte, el testigo José Horacio Perello, hijo de los dueños del Almacén de Ramos Generales ubicado a pocos metros del Destacamento, reconoció la presencia en dicho establecimiento de Jaime, Lencinas, Kearney y Trotta.
En cuanto al rol del Destacamento Policial de Arana durante la etapa de Terrorismo de Estado, debe señalarse que muchas de las personas secuestradas que eran conducidas en primer término a la Brigada de Investigaciones La Plata para su registro –o bien que provenían de otros CCD-, eran trasladadas a Arana, donde se las sometía a interrogatorios bajo la aplicación de atroces tormentos como la aplicación de picana eléctrica, “submarino”, golpes, simulacros de fusilamientos, “teléfono” y también era habitual que la utilización de música a un volumen elevado a los fines de encubrir los gritos de las personas durante dichas sesiones. Esto surge, entre otros, de los testimonios de los compañeros Jorge Alberto Rolando, Miguel Alejandro Iademarco, Rafael Barbieri, Alberto Liberman, Eduardo Kirilovsky, Analía Maffeo, Adriana Calvo y Mario Rubén Féliz.

La función predominante del Destacamento de Arana, como centro de aplicación de tormentos y eliminación de personas, quedó probada con diversos testimonios en la etapa de instrucción de la causa por este centro de detención. Graciela Liliana Marcioni describió al Destacamento como “casa de la tortura” y resaltó que era “un lugar absolutamente espantoso”. Perello afirmó en el Juicio por la Verdad que era habitual escuchar durante la noche música muy fuerte y gritos provenientes del Destacamento de Arana. Juan Carlos Urquiza, chofer del represor Verdún (Subjefe de la Dirección General de Investigaciones), testimonió en la CONADEP que en el Destacamento de Arana se torturaba y se mataba gente y que allí “actuaban la SIDE y la COT (Comando de Operaciones Tácticas)”. En tal sentido Urquiza puso de resalto que en los aledaños del Destacamento se quemaban cadáveres. En efecto, también resulta del testimonio de varios sobrevivientes que en el Destacamento Policial de Arana se llevaban a cabo fusilamientos de detenidos clandestinos cuyos cuerpos, en algunos casos, eran incinerados en los fondos del establecimiento y luego allí mismo enterrados.

Según el Trabajo de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fueron más de 270 los detenidos ilegales que pasaron por los CCD de Arana. EL trabajo destaca 78 personas desaparecidas o asesinadas, 117 detenidas en el lugar que luego fueron liberadas y 24 sobre las que se desconoce su destino. El mismo trabajo afirma que el mando policial del destacamento estaba integrado por los represores Miguel Kearney (Jefe de la Brigada de Investigaciones en 1977), Luis Héctor Vides y Raúl Rubén Vargas.

El testimonio de Jorge Julio Lopez fue importante para determinar la existencia y ubicación de los distintos campos de Arana. Tras su declaración en el Jucio por la Verdad en 1999, Lopez realizó un reconocimiento del lugar con una comitiva judicial, identificó como lugares diferentes un centro ubicado cerca del aeropuerto, el Destacamento y la casona de la Familia Villareal, conocida como “Estancia La Armonía”. En su testimonio en el juicio a Etchecolatz en 2006, describió su paso por dos de esos centros y aportó los nombres de al menos 10 represores que actuaban allí como parte del esquema represivo.

Arana en el juicio
El juicio que se realiza desde septiembre pasado en La Plata por hechos recortados de 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps, incluye imputaciones a 4 genocidas con mando orgánico sobre el Destacamento o por su actuación en el secuestro de personas que pasaron por los CCD de Arana (Campos, Etchecolatz, Guallama y Patrault), y a otros 10 genocidas, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, por su actuación específica en los campos de Arana: Paez, Ferriole, Corrales, Svedas, Kearney, Machuca, Arguello, Sita, Lencinas y Grillo. Un total de 19 represores por un campo donde actuaron decenas de genocidas.

Un testimonio clave para conocer el funcionamiento del destacmento de Arana como lugar de detención y exterminio fue el de Maria Cristina Gioglio. Detenida en diciembre del ’77 en Ranelagh, y tras un paso de 2 días por el Pozo de Quilmes, Gioglio fue alojada en el destacamento. Relató en el juicio que fue secuestrada como parte del denominado "Operativo Escoba", al que definió como el plan para exterminar al Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Realizó un pormenorizado relato sobre el funcionamiento del centro y dijo que pudo reconocerlo porque la radio policial pedía comunicación al lugar diciendo “llamado Arana”. Además pudo ver “destabicada” a varios guardias del lugar, como Mario Jaime, Mario Mijín, Julio Cesar Fernández y Daniel Lencinas; y reconoció a algunos detenidos que son caso en el juicio como Raúl Bonafini, Cristina Bustamante, José Fanjul y el matrimonio de Esteban Cugura (apodado “chamaco”) y Elisa Cayul. Gioglio remarcó que el destacamento era un lugar de tortura permanente, donde a veces solo paraban cuando los chicos salían de una escuela cercana para que no escucharan los gritos. Contó que fue la última en salir del lugar en marzo del ‘78, luego de un asado donde miembros de la Brigada de Investigaciones y del Destacamento discutieron qué hacer con ella. Describió que se realizaron obras de construcción en el lugar durante su permanencia allí y que tras una orden de desmantelarlo se hicieron demoliciones antes de cerrar el CCD. Por último, Gioglio reclamó saber por qué, a pesar de sus denuncias y de haberlos identificado, muchos de los policías del Destacamento no han sido procesados a la fecha, como Langone, Zabaleta, Zamora, Primus y Hualde entre otros.

El trabajo del EAFF
Tras acumular gran cantidad de prueba testimonial en el Juicio por la Verdad, los tribunales platenses dispusieron excavaciones en el sitio como parte de la causa n° 11/6, caratulada “Incidente Equipo Argentino de Antropología Forense s/ solicitud trabajos en CCD Arana”. El 16 de abril de 2008, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informaron del hallazgo de restos óseos como parte de su tarea en el lugar. En las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior, se encontraron 10 mil fragmentos óseos, la mayor parte de ellos
calcinados, como si se tratara de una fosa común. El hallazgo fue significativo por el agregado de que fue la primera vez que se encontraron restos en un ex centro clandestino, ya que en otras ocasiones habían sido localizados NN en cementerios.
Los detalles de la tarea aportaron a dimensionar la masacre que allí se llevó a cabo: los restos estaban calcinados, probablemente con neumáticos, depositados en varias fosas en un patio interior, construidas en diferentes niveles, cada una separada por paredes de ladrillos y ubicadas cerca de un paredón de fusilamiento que tenía mas de 200 impactos cuyas balas fueron extraídas para su posterior investigación.
El EAAF señaló con prudencia que las posibilidades de identificación eran bajas debido a la calcinación y al desgaste por el tiempo transcurrido. La secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó por entonces que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares".

Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Curiosamente, en la rueda de consultas sobre la viabilidad de la medida, el único órgano que se opuso fue la secretaría de DDHH provincial, siendo que hasta el Ministerio de Seguridad estaba a la espera de la orden del ejecutivo, que no hacía más que cumplir el mandato judicial. Dada esa puja política interna, el destacamento continuó tal cual, y se iniciaron las obras del “Museo”.

El pedido de los organismos de DDHH de La Plata llegó a las audiencias del juicio “Circuito Camps”, con un pedido para que el TOF 1 oficie al ministerio para que obedezca la orden judicial de desalojo del destacamento, y a la secretaría para que informe sobre las obras que estaban realizando en el ex centro clandestino. Concretamente, la abogada Guadalupe Godoy afirmó que la medida de no innovar que pesaba sobre el predio “no obsta a que obedezcan la orden judicial por la cual el Gobierno de la Provincia debe desalojar ese destacamento”. En cuanto a las obras, se requerían detalles porque se sabía que el trabajo excedía la mera conservación y su diseño respondía a la idea de la presencia de público. Para entonces, el EAFF había identificado a 17 compañeros detenidos desaparecidos de entre los restos hallados en Arana, lo que también motivó a la querella de “Justicia Ya” a pedir la ampliación de la imputación en el juicio por el delito de homicidio calificado, en todos los casos había habido identificaciones.

El museo del horror
Sin embargo, la iniciativa oficial sobe el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”.

“Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio, de la misma policía que debe ser investigada por su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, quien fuera uno de los desaparecidos que fueran llevados y torturados a Arana, de la misma fuerza responsable de la desaparición de Luciano Arruga, de los asesinatos de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darian Barzábal por nombrar algunos de los cientos de asesinados por torturas, gatillo fácil, enfrentamientos fraguados, supuestos suicidios en comisarías, etc., lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en el Destacamento de Arana, a todos sus familiares, compañeros de militancia y amigos. En síntesis significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”.
Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Esto había sido rechazado por los organismos de DDHH, que entendían que la mera posibilidad de “visitas” y “recorridos” para la exhibición de los restos humanos de los compañeros era una gravísima afrenta y que pedían que se restrinja e impida el ingreso de cualquier tipo de público (funcionarios, público general, medios de comunicación) a los sectores en los que se hallaron restos, especialmente a la instalación de pasarelas que permitan realizar recorridos y circulación de público en el lugar.
Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras.
La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera policía de Derechos nHumanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar. En ese sentido fueron esclarecedoras las palabras de Mariana De Marco, hija de Patricia Dell'orto y Ambrosio de Marco, militantes populares de la misma unidad básica que Jorge Julio Lopez y asesinados en el Pozo de Arana. Mariana expresó en una carta abierta lo que muchos sentimos ante este atropello: “Efectivamente creo que los lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben convertirse en espacios para la reflexión; que deben ser señalizados, que se debe contar lo que allí ocurrió, pero una vez que dejen de ser objeto de estudio y trabajo. Quizás los mismos fundamentos que hoy apuran al Gobierno de Provincia de Buenos Aires a realizar obras en este lugar, son los argumentos que, como familiar de fusilados en Arana, podría utilizar para pedir que esas mismas obras no sean realizadas, o por lo menos, no todavía. (…) Las expectativas personales y familiares sobre el desarrollo del trabajo del EAAF son imposibles de explicar con palabras. Más de 20 años llevó a mi familia saber cuál fue el destino de mis padres. Y eso sólo por hablar del tiempo transcurrido, sin nombrar el dolor, lo irreparable de las pérdidas y las ausencias que todos, como pudimos, aprendimos a cargar. (…) Siento que en lugar de preservar y favorecer la recuperación y reconocimiento de restos, las posibilidades disminuyeran. Siento que entornaran la puerta que estaba abierta. Como familiar quisiera que el Estado me asegurara que se utilizan todos sus recursos para, en este caso, encontrar los restos de mis padres, entre otros detenidos desaparecidos fusilados en Arana. Que me aseguraran que existe conciencia y cuidado para que eso ocurra. Sólo pedimos tiempo. Ni siquiera tanto como el que nos lleva como familiares seguir recorriendo este camino. Pedimos el tiempo necesario para que los juicios terminen. Pedimos el tiempo necesario para que los responsables tengan su condena. Pedimos el tiempo necesario para que los restos aparezcan, para que sean reconocidos. Para que los fusilados en el Destacamento recuperen su identidad, y nosotros, los que quedamos, podamos llenar alguno de nuestros vacíos”.
La “Matanza”
Ubicada en el extremo norte de La Matanza, el municipio más extenso y poblado del conurbano (y por ello preciado botín electoral en la provincia), la localidad de Lomas del Mirador es una de las más pequeñas y recientes del distrito. Declarada ciudad por la legislatura bonaerense en 1984, recibió su nombre de un histórico dispositivo de control: el Mirador Santa Lucía, una torre de madera ubicada en la azotea del casco de estancia del terrateniente Ezequiel Ramos Mejía que protegía del avance del indio y fue demolida en 1935.
Referenciada desde comienzos del siglo XX con varias fábricas de jabón como la de Pedro Casarteguy y la de la calle Paso, a la ciudad le llevó más de medio siglo dejar de ser un barrio de San Justo, y su actual intendente, Fernando Espinoza, hoy kirchnerista y en los ‘90 hombre de Duhalde y Balestrini, pretende convertirla en parte de la “capital nacional del calzado”, no se sabe si por un pretendido impulso a la industria de zapatos o por las características de su fuerza de seguridad, que desde hace 3 años tiene el triste privilegio de dar continuidad a la práctica de la desaparición forzada de personas.
El partido de La Matanza estuvo intervenido en dictadura por distintos jerarcas militares como el teniente Carlos Herrero, el comodoro Oscar Barcena y el coronel José Olego, que tuvieron a su cargo el Centro Clandestino de Detención de la Subcomisaría de Villa Insuperable, ubicado a 4 cuadras de la Avenida General Paz y era denominado “El Sheraton” o “El Embudo”. Por allí pasaron centenares de militantes populares detenidos en la zona oeste del conurbano, como los matrimonios de Ana María Caruso y Roberto Carri, Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial o los casos de Pablo Szir, Adela Candela y Héctor Germán Oesterheld. Algunos responsables directos del centro, como el comisario Juan Battafarano o el subcomisario Leopoldo Baume, forman parte de las imputaciones en una demorada causa que lleva adelante el juez Rafecas.
Nuevamente célebre fue la policía de La Matanza en la década del ’90, por las andanzas de Mario “Chorizo” Rodriguez, jefe de la Brigada de Investigaciones local durante la jefatura de Pedro Klodczyk e integrante del grupo de comisarios que encumbraron a la bonaerense en una superbanda implicada en todos los grandes delitos que decían combatir, y a la que la memoria popular recuerda como la “Maldita Policía”.

El huevo de la serpiente
La Policía Bonaerense funciona en la actualidad en cinco áreas principales: Seguridad (comprende a la Distrital, Comunal, Vial, Custodia, Buenos Aires 2, Siniestral y Operaciones Aéreas), Investigaciones (función Judicial, Delitos Complejos, Trafico de Drogas, Científica y Antecedentes), Información (Superintendencia de Evaluación de la Información), Comunicaciones y Emergencias (Sistema 911) y Formación (centros de estudios). El área principal de operaciones, que vemos a diario en la calle, es la de Seguridad, que se divide geográficamente en Departamentales, y estas a su vez en policías comunales y distritales. La distribución geográfica de estas departamentales responde al diseño del Ministerio de Seguridad, mientras que la Policía de Investigaciones a partir de sus Delegaciones de Investigación, lo hace en base a la distribución geográfica de los Departamentos Judiciales.

Esta estructura tiene un mentor claro, ya que durante la primera gestión de León Arslanián como ministro de seguridad de la provincia (1998-1999) se intentó llevar a cabo una reforma policial estructural. Por un lado se ensayó una nueva forma de control político sobre la fuerza, tras seis años de autogobierno de la “Maldita Policía” capitaneada por Pedro Klodczyk. Para intentar cuadrar la gobernabilidad en el segundo mandato de Duhalde, se le quitó jefatura policial a la bonaerense, y se la desplazó desde el Ministerio de Gobierno a un pretendidamente innovador Ministerio de Seguridad y Justicia con conducción civil. Se aspiraba a un mayor control efectivo de la discrecionalidad con que actuaba la cadena de mandos policial, por la vía de una mejor conducción estratégica. Una tarea quijotesca, que se cobró una decena de funcionarios en el área de seguridad, a la que el poder fáctico de los comisarios no estaba dispuesto a subordinarse. En la segunda gestión de Arslanián (2004-2007), durante la gobernación de Solá, se comenzó a implementar la idea del control social de la policía, bajo el lema de involucrar a la comunidad en la intentona de cambio, a través de los denominados Foros Vecinales de Seguridad. En el esquema de la reforma los foros estarían integrados por asociaciones civiles, sociedades de fomento y Ong’s que controlarían el desempeño policial a través de pedidos de informes, compulsa de documentación y observación directa de la actuación uniformada. Si bien, en los menos de los casos, contribuyeron a diseñar alguna acción de inclusión social en zonas marginales, en realidad los foros terminaron siendo agentes de tercerización en la represión como política de control social, capitaneados por policías retirados o exonerados o por vecinos permeados por el discurso de la “mano dura” que se auto-referenciaban como agentes gratuitos de inteligencia y hasta investigadores de campo con aval del Estado.

Algo así sucedió con el grupo autodenominado “V.A.LO.MI.” (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) que surgió a mediados de 2007, con un programa que incluía conceptos tan primitivos como: “Pedimos una mejor policía (con más entrenamiento y con planes aggiornados a la época), más móviles y más personal que recorra las calles intentando ‘CONTROLAR’ al ciudadano que muchas veces carece de enseñanza vial y social”; o bien que “sería muy importante que se trabajara para bajar la edad de imputabilidad del menor ya que los valores que manejamos nos indican que un 60% de menores son los que delinquen y no hay un arma legal que los contenga”; y hasta que “la seguridad la debemos hacer entre todos, controlando y previniendo a los jóvenes que se drogan, fuman o alcoholizan. Prevenir sería realizar un plan de contención de esa juventud que ronda los 13 a 20 años, que hoy se encuentra sin futuro laboral, ni ídolos a quien imitar y está expuesta en la calle alas facilidades de la delincuencia. Porqué no una especie de servicio obligatorio donde se los eduque moral, social y cívicamente, ya que muchos de ellos han perdido valores que son lo que hacen al hombre de bien”.
Comandado por el mediático Gabriel Lombardo, VALOMI es el ejemplo claro del curioso fenómeno de una sociedad desigual por el cual la penalización de la miseria, en los reclamos de “mano dura” y “tolerancia cero”, provienen por igual de clases privilegiadas y pobres: para el selecto arco pudiente de ricos y famosos significa el programa político básico frente al pánico a la vulnerabilidad, para la sensibilidad propietaria de la clase media representa la solución mágica de cuidar sus posesiones a cualquier precio, pero también los pobres son muchas veces los que ya no reclaman al Estado seguridad social, sino seguridad a secas.

Ganado cierto consenso social, más una cuota de contactos políticos como Francisco De Narvaez y el senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el VALOMI logró la apertura del Destacamento Policial de calle Jose Indart n°106, como dependencia de la comisaría 8va de La Matanza para recibir denuncias, en un acto con la presencia de todas las “fuerzas vivas”: el Jefe de la Policía Departamental de La Matanza, Juan Carlos Carrizo, la Jefa Distrital Noreste, María Carrasco, el Jefe del Destacamento inaugurado, el Teniente 1º Alfredo Rodríguez , el Capellán policial, Padre Juan Carlos Cagliani, el Presidente del Foro de Seguridad de Lomas del Mirador, Eduardo Gómez y la directora de Derechos Humanos, Gina Di Nardo. Tras los agradecimientos del caso al gobernador Solá y al ministro Arslanián, y el descubrimiento de una placa junto a Lombardo, el intendente Fernando Espinoza aseguró que “la velocidad en que uno vive no nos hace dar cuenta, en el momento, del valor de las cosas. Quizá cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la comunidad”. Seguramente no imaginaba que la historia haría tristemente célebre ese lugar por razones muy distintas, aunque también por la lucha de otro sector de la sociedad, el siempre que recibe los palos.

El caso Arruga
Por entonces, el grupo de Lombardo, jubiloso, argumentaba la necesidad del destacamento con datos de dudosa procedencia y de certera xenofobia al decir: “consideramos que el Destacamento recientemente inaugurado, cumple con las expectativas de la zona, ya que si el personal humano es bueno no cuenta con la cantidad de personal ni móviles necesarios para enfrentar una cuadrícula extensa en la que conviven 2 villas como es la Santos Vega con alrededor de 5000 habitantes, con casi el 50% de la población que delinque y la 12 de octubre con 1200 personas aprox., con una población delictiva del 25 %. También pensamos en la Comisaria de Lomas del Mirador y observamos los mismos inconvenientes, ya que los vecinos de alrededores tienen un asentamiento urbanizado llamado de Las Antenas y otro de los Paraguayos con una población delictiva del 50%”.

Luciano Nahuel Arruga era un joven de 16 años del barrio 12 de Octubre que se dedicaba a estudiar y a cartonear para ayudar a su familia. El 31 de enero de 2009 Luciano fue visto por última vez en el camino de seis cuadras entre su casa y la de su hermana. Esa misma madrugada su madre, Mónica Alegre, comenzó a buscarlo.
Antes de este hecho, el 22 de Septiembre de 2008, Luciano había sido demorado en el Destacamento policial de Lomas del Mirador por averiguación de antecedentes. Su hermana Vanesa fue a buscarlo ese mismo día a la tarde y lo escuchó a su hermano gritar por los golpes. Recién consiguió que lo liberaran de madrugada. Otro de los encuentros de Luciano con la policía, fue cuando lo interceptaron poniéndole un arma en el pecho y diciéndole textualmente: “vos sos un negrito villero, vas a terminar en un zanjón, te vamos a llevar a una cárcel donde hay violadores”. En el año 2008, Mónica (mamá de Luciano), se queda sin trabajo, al enterarse de esto los efectivos del Destacamento decidieron interceptarlo y ofrecerle de “forma sutil” que “trabajara” (robara) para ellos, diciéndole que por ser menor no quedaría pegado al tema y que ellos iban a responder por él. Luciano rechazó este ofrecimiento y pasó a ser hostigado constantemente por la policía.

Las pistas que se siguieron fueron las declaraciones de vecinos que vieron cómo se llevaban a Luciano de la plaza República Argentina en un patrullero, y de dos personas que dicen haberlo visto agonizando en el destacamento. Se detectó por el sistema que identifica a los coches de la Policía (AVL) que un vehículo estuvo en un descampado fuera de su área por unas horas. Tras la desaparición de Luciano, su familia realizó la denuncia en la Fiscalía N°3, a cargo de Roxana Castelli, que puso la investigación en manos del jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones local, el comisario Marcelo Javier “Chivo” Chebriau. Este personaje, de una oscura carrera en la Bonaerense, fue puesto a disponibilidad por la protección de piratas del asfalto como oficial en Mercedes, se perfeccionó luego en la recaudación de coimas de actividades clandestinas, armado de causas, aprietes de testigos y de propios camaradas de fuerza, como Jefe de la Delegación de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas de La Matanza. En 2008 el ministro Carlos Stornelli lo ascendió a titular de la DDI de La Matanza , al mando de 180 efectivos. Como parte de la investigación del caso Arruga, el “Chivo” Chebriau hizo que sus subalternos tomaran declaración a menores en sede policial, cosa que la ley prohíbe, y desvió la investigación a pistas inconducentes para sumar impunidad a un nuevo caso de secuestro, torturas y ocultamiento del crimen. Recién una vez que cobró trascendencia el caso entre los sectores de militancia de Derechos Humanos, la fiscal Castelli y la DDI de La Matanza fueron apartados de la causa. La nueva fiscal de la causa, Celia Cejas Matín, de la UFI N° 1, dispuso en abril de 2009 que se pase a disponibilidad a 8 efectivos del Destacamento de Lomas del Mirador: Néstor Díaz (Jefe de Departamento), Ariel Herrera (Segundo jefe), Martín Monte (Oficial de Servicio), Emiliano Marquez (Oficial de Control de Cuadrícula), Damián Marcelo Sotelo (Ayudante de Guardia), y los choferes Sergio Fecter, Daniel Vazquez y Hernán Zéliz.

Sin embargo, tres meses después el ministro Stornelli, ordenó reincorporar a los ocho policías con el técnico argumento de que “habiendo transcurrido 93 días de su disposición, no surgieron en el ámbito judicial y administrativo pruebas directas que determinen la participación responsable de cada uno de los efectivos aludidos en la desaparición de Luciano Arruga, entendiéndose que sin perjuicio de lo que surja de la investigación su reincorporación a la institución no ocasionaría un perjuicio para la fuerza o entorpecería los procesos penales y administrativos en trámite”. La medida se tomó a pesar de que ya obraban en la causa las declaraciones de los testigos que se encontraban detenidos hacia varios meses en el destacamento, y que declararon que vieron a un adolescente de similares características a Luciano siendo golpeado hasta desangrarse esa misma noche por varios policías, algunos vestidos de civil y otros uniformados; y que esa práctica de golpiza era usual con menores, así como “colgarlos” de los brazos esposados a una reja, permaneciendo en esta posición por varias horas, o toda la noche.

Además, se comprobó que los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el destacamento estaban adulterados para borrar pruebas. Las propias declaraciones de los policías implicados denotan que las prácticas habituales respecto a los menores están más allá de las prohibiciones formales de la ley juvenil de detenerlos en sede policial. El oficial Ariel Herrera, segundo jefe del destacamento, dijo que “el procedimiento respecto de los menores de edad, se los tiene en la oficina, para luego reintegrárselos a sus progenitores”. Preguntando para que digan como proceden
con respecto de menores de edad si es que no encuentran a los padres, el policía Hernán Gabriel Feliz declaró que “en ese caso es el Oficial de Servicio quien maneja la situación, pero generalmente el menor permanece en el destacamento hasta que se ubique a los padres progenitores”. Esa naturalización del funcionamiento “de hecho”, además de muestra de un andamiaje legal meramente testimonial, es un claro ejemplo de la autonomía de maniobra de que goza la bonaerense cuando se habla de “autogobierno policial”. Las comisarías bonaerenses siguen siendo un lugar por donde indefectiblemente transitan los niños y adolescentes detenidos, pese a estar expresamente prohibido por la resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad, la acordada 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia, la disposición 1212/04 del Ministerio de Desarrollo Humano y el fallo Verbitsky de 2005.

En 2011 se hicieron en la causa varios peritajes tardíos. Uno de ellos fue una prueba de luminol, un reactivo que indica la presencia de sangre y que complementariamente puede determinar grupo, factor y ADN, sobre la Comisaría 8va y el destacamento; lugares señalados desde el comienzo de la investigación, pero peritados dos años después del hecho. El abogado de la familia Arruga, Juan Manuel Combi, señaló por entonces que “todas estas pericias hubiesen tenido eficacia y buen resultado si se hubiesen llevado a cabo a los dos meses de la desaparición de Luciano y no a los dos años como finalmente se terminaron realizando”.

En cuanto a los policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga, a partir de la denuncia que realizaron los querellantes se imputó por el delito de encubrimiento a los dos policías que llevaron a cabo la primera detención el 22 de septiembre de 2008, de apellidos Olmos y Soraire. Esa noche, los policías le decían a Luciano, mientras trataba de defenderse de la golpiza, frases como “si no te calmas te llevamos a la 8va donde hay violadores que se van a encargar de vos”, y tras escupir un sándwich que le ofrecían, “comete este sándwich negrito”. Por este delito se abrió una causa que tramita ante la misma fiscalía. La fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados pero fue denegada por el Juez de Garantías Gustavo Blanco. Con respecto a los ocho policías que cumplieron funciones la noche de la desaparición, se encuentran realizando tareas en distintos puntos del Gran Buenos Aires.

En verdad, la gestión Stornelli representó un retorno al autogobierno policial, ya que se volvió a las lógicas de centralización del poder, se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial para reintegrar una estructura concentrada en los comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de las prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías. Su continuidad en la actual gestión del ex penitenciario Ricardo Casal.

Como señala la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI) en sus detallados informes, el 50% de los casos de personas que no representaban peligro para terceros y fueron asesinas por fuerzas de seguridad cada año corresponde a jóvenes pobres de entre 15 y 25 años. En el caso de los asesinatos en sede policial, destacan la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura.

La figura de desaparición de persona
En 2011, la lucha por el caso Arruga también tuvo incidencia parlamentaria, ya que en abril del año pasado el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara baja firmó dictamen de una iniciativa para incorporar al Código Penal la desaparición forzada de personas. El proyecto tenía media sanción del Senado desde 2010 y lo singular del caso fue que el dictamen de comisión en Diputados fue votado sin disidencias y con un quórum ajustado, luego de escuchar la palabra de Mónica Alegre, la madre de Luciano. Un día después de pasar por comisión, el Parlamento aprobó la ley. La iniciativa crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. La reforma tipifica el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona. Para ese delito se imponen penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada. El proyecto dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes. Se penaliza además la desaparición forzada de niños nacidos en cautiverio y establece la competencia de la Justicia Federal para juzgar este tipo de delitos imprescriptibles. De acuerdo con el proyecto, la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o bien proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.
En una lectura desde la jurisprudencia liberal, la nueva figura pretende brindar una mayor seguridad jurídica no solo para los demandantes (familiares de las victimas de la desaparición) sino también hacia los acusados, procurando garantías judiciales de un proceso justo en base a normas pre-existentes a los acontecimientos de los hechos, es decir, garantizar el principio de legalidad frente a los imputados del delito. Además, se intenta con ello corregir la obligación del Estado de adecuar su legislación interna a los compromisos internacionales que ha firmado y así cumplir la obligación de adoptar medidas previstas por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, entre otros instrumentos sobre la materia.
Sin embargo, algunos sectores con representación parlamentaria pidieron una ley más severa, ya que se trata de un delito equiparable a la gravedad de lo que se conoce como “de lesa humanidad”. El problema parece ser que no se legisla en particular estos temas, es decir, teniendo en cuenta la gravedad institucional que tienen. Recordemos que hoy por hoy, en nuestro país los represores juzgados y condenados responden ante la Justicia o cumplen penas por privación ilegítima de la libertad con una legislación que sólo contempla, como en los secuestros extorsivos, la pena de reclusión perpetua únicamente en los casos seguidos de muerte.

Y en ese sentido, la sanción de esta nueva medida desnuda otra deuda legislativa del Estado, que es la tipificación en el Código del delito de Genocidio y de Lesa Humanidad, cosa que nunca fue realizada pese a ser nuestro país firmante de sendos pactos internacionales en la materia desde hace décadas, y a ser un tema insistentemente reclamado por ciertos sectores de las querellas en los juicios a los genocidas de la última dictadura.

Y en al caso Arruga, ha sido clara la endeble “seguridad jurídica” que la mejor de las legislaciones penales pueda otorgar a quienes están a total merced de las mafias policiales y parapoliciales: en el mismo mes en que se estaba votando la medida en el Congreso, varios integrantes del grupo de Familiares y Amigos, fueron víctimas de una seguidilla de amenazas que comenzaron en la casa de la mamá de Luciano, cuando alguien introdujo por la ventana una madera en brasa y la colocó entre unas frazadas apiladas que estaban al alcance, y que continuaron cuando un policía en un patrullero de la comisaría de Lomas del Mirador tocó el timbre en la casa de un amigo íntimo de dos integrantes del grupo y luego de preguntarle si conocía a los militantes, le transmitió el mensaje de que desaparezcan por dos meses porque iban a terminar mal.

De lugar de muerte a espacio por la vida
Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi por obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluyó un extendido acampe frente en la municipalidad, el intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural, como el mismo grupo sostiene “para transformar ese espacio de muerte por otro de vida, oportunidad, solidaridad y alegría.”
El 28 de diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realizó el acto oficial de apertura del “Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", que según informó el municipio, integrará el área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergará las actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrás las palabras que pronunció en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y aseguró que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que siento".
Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo".

Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevará tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se está dando es completamente legítimo. El pasado 28 de Enero, el grupo de familiares conmemoró los 3 años de impunidad del hecho con una jornada cultural en el barrio del ex destacamento, que incluyó actividades culturales, radio abierta con familiares de víctimas de la violencia policial y, sobre todo, la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, en una muestra de que la construcción del espacio es colectiva e independiente, y que pretende transformarse en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires. Porque pese a haber logrado recuperar el lugar, el grupo de familiares es el primero en recordar que en el caso de Luciano aún no hay imputados por la desaparición forzada, que todavía se continúa con la carátula de “averiguación de paradero”, que tampoco se realizaron imputaciones por los delitos de adulteración de documento público respecto de los libros de detención secuestrados, ni por las amenazas sufridas por los familiares y amigos.
Acompañamos las palabras de Vanesa en una carta escrita a pocos días de ser entregado el destacamento, y destacamos su valiente distinción entre la lucha contra las injusticias y el oportunismo obsecuente del oficialismo:
“Me genera una enorme tristeza como víctima de la violencia institucional, y con la total responsabilidad de hablar en nombre de otras víctimas, que sigan sin reconocerse políticamente las desapariciones o muertes de seres humanos en democracia en manos de las diferentes fuerzas. Mi hermano Luciano arruga el 31 de enero del 2012 cumplirá 3 años de desaparecido y nunca hemos sido atendidos sus familiares por el gobernador de la provincia de buenos aires; según nos respondieron “no contaba con tiempo en su agenda”, ¿tendrá en estos 4 años algunos minutos para brindarnos?
“El gobernador que dice ser del pueblo y defensor de los derechos humanos de los compañeros víctimas de la última dictadura, no puede atender a un integrante del pueblo que le presenta el pedido más digno: solidaridad. Cuanto hubiese ayudado un gobernador que respondiera al llanto de una madre que decía que a su hijo lo había desaparecido la policía por decir no a robar para ellos; que lejos estoy de este señor que llega para la foto y siempre y cuando el caso este en el ojo de los flashes de los diferentes medios oficialistas u opositores. Que tristeza que las vidas valgan por lo que venden mediáticamente!!!
“Luciano desde que desapareció aquel 31 de enero del 2009 nunca fue considerado como un ser humano, nunca quisieron visibilizar la problemática que escondía detrás el caso de este pibe de 16 años que sufrió la violencia física y psicológica por parte de miembros de una institución que les pertenece, y les obedece a ustedes, a cada uno de los poseedores de cargos de poder que debieron tener injerencia también en el caso y dar respuestas a una familia que todo lo que logro lo logro con la lucha en la calle y en compañía de aquellos que comprenden el sufrimiento de sus hermanos dentro de una sociedad todavía injusta.
“El pedido de justicia sigue más fuerte que nunca, ojala pueda ser escuchado por quienes hasta ahora no han tenido interés en atender uno de los casos más graves de la provincia de Buenos Aires: la desaparición de un joven de 16 años llamado Luciano Arruga”.

HIJOS LA PLATA

Votar esta anotación en Bitácoras.com