Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

domingo, 15 de diciembre de 2013

JUICIO POR EL CCD LA CACHA. MÁS FRAGMENTACIÓN E IMPUNIDAD.



Miércoles 18 de DICIEMBRE - 10hs
CONCENTRACIÓN EN EL JUZGADO - 4 Y 51


¡¡¡LOS JUICIOS TARDÍOS Y FRAGMENTADOS NO SON JUSTICIA!!!

Finalmente, tras 21 meses de haber sido elevada a juicio, la causa por hechos fragmentados de los crímenes cometidos en el CCD La Cacha será llevada a juicio a partir del próximo 18 de diciembre en La Plata.
Presentamos aquí un resumen del devenir de la causa en su larga instrucción de 10 años y los detalles del proceso número 11 en nuestra ciudad, y que tiene de todo: fragmentación, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.

EL CAMPO
El CCD “La Cacha” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia en Olmos (calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n 36 y calle 47) y emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n1. Fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura, por la coordinación represiva entre policía, penitenciarios, Fuerzas Armadas y varios órganos de inteligencia que actuaron en el lugar. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante Manuel García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.


Desde hace casi 30 años, la justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). Allí, en octubre de 1983, los sobrevivientes Néstor Torrillas, Nelva Falcone, Alberto Diessler, Roberto Amerise, Ana María Caracoche, José Luis Cavalieri, Alcira Ríos y Luis Pablo Córdoba, detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Según el Trabajado de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el  destino, y hubo al menos 9 niños nacidos en cautiverio, muchos de ellos apropiados desde el hospital de la cárcel como el caso de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo-Tolosa y el hijo de Laura Carlotto.

LA CAUSA
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N 16.419  “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el  Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.

Entre Junio y octubre de 2009 se presentaron como querellantes la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de DDHH de Nación. Recién en diciembre de 2009, la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados porque, según el juez Blanco, “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.

Para mostrar cierta movilidad en la causa, Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, e imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, siendo el único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde  buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (aún hoy en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún hoy en Israel) y Miguel Angel Amigo (integrante del Destacamento 101 finalmente detenido en junio de 2012 y sumado a la causa en agosto de 2013).


Para cerrar esta obra maestra de la fragmentación, en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio en el TOF N°2, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Blanco fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los 3 genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.

Las imputaciones recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que el 25 de mayo de 2012 el coronel Arias Duval murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”.  Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. En septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean.Su nombre y el de Arias Duval pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.

Quizás por su rol como juez electoral y penal federal en delitos comunes, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que durante una década estuvo en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter resultó fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, el espacio Justicia Ya La Plata se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace casi dos años. Ahora, en una posterior entrevista con Justicia Ya laseñora Secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de completar la instrucción y que no lo iba a hacer porque se estaba ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no elevaría nada; y hasta se animó a espetar que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.

Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, penitenciarios, de la SIDE, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.


EL JUICIO
Tras las muertes impunes de Arias Duval y Saint Jean, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor Hidalgo Garzón, quien provocó un nuevo sobresalto. A comienzos de este año, el juez federal Carlos Rozansky debió bajar de las hermenéuticas discusiones del grupo “Justicia Legítima” para enfrentar el mamarracho que sus colegas Blanco y Corazza realizan con las causas a los genocidas en nuestra ciudad. Lo que Rozansky destacó en su resolución como “negligencia de parte del Juzgado de Instrucción” es en realidad una desidia que incluye la situación de la mitad de los represores procesados en todo el país.
El genocida Hidalgo Garzón está procesado en causa Cacha desde el 3 de marzo de 2010. El juez Blanco le dictó la preventiva por 127 casos de secuestro y torturas. El 28 de diciembre de 2010, mismo día en que la defensa del genocida lo pidió, Blanco lo mandó a un geriátrico. El 17 de mayo de 2012 (17 meses después y por efecto de la fuga del genocida Wolk) Corazza decidió ponerle Gendarmería a un grupo de genocidas, incluido Hidalgo Garzón.
El 16 de Enero de 2013 Catalina Ovando De Sanctis, una joven apropiada en Campo de Mayo y querellante en el juicio por ese CCD, lo vió andando en bicicleta por la calle, lo denunció a través de Abuelas, y se descubrió que en el geriátrico no había gendarmes, ni policías, ni médicos, ni mucho más que una empleada “colaboradora” en todo el edificio. El 12 de marzo pasado, Hidalgo Garzón fue condenado a 15 años de cárcel por el TOF 1 de San Martín por la apropiación de Catalina en el juicio Campo de Mayo 3. Pero hasta entonces se pasó la mayor parte del tiempo como procesado con régimen domiciliario de geriátrico abierto y con salidas de ciclismo. Hasta que la niña que él apropió hace 37 años lo cruzó en uno de sus paseos. La imagen señala la falta de voluntad con que la Justicia lleva adelante las causas contra los genocidas, y muestra que si no fuera por la atenta tarea de las víctimas, el pretendido proceso de juzgamiento no sería mucho más que otra bicicleteada del sistema Judicial.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.

A pedido de parte de las querellas, en abril de este año se sumó al juicio la causa por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en una cita envenenada en el barrio de Tolosa en noviembre del ’76, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, este último uno de los represores mencionados por Jorge Julio Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.
En La Plata llegamos a fin de este año con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.



FICHA DEL JUICIO:

CAUSAS
-N° 3389/12 caratulada “HIDALGO GARZON, Carlos del Señor y otros s/ Inf. art. 144 inc. 1°, último párrafo, 142 incs. 1º y 5º agravado por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo según ley 14.616 en concurso real, arts. 80 inc. 2º, 146 y 139 inc. 2º del Código Penal en concurso ideal”; (LA CACHA)
-N° 3471/13 caratulada “SMART, Jaime Lamont y otros s/ infracción art. 80 inc. 6° del C.P.” (BETTINI-BEARZI)
-N° 3494/13 caratulada “AMIGO, Miguel Ángel s/ Inf. art. 144 inc. 1°, último párrafo, 142 incs. 1º y 5º agravado por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo según ley 14.616 en concurso real”. (AMIGO)

IMPUTADOS
1-      Carlos Hidalgo Garzón (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
2-      Jorge Di Pasquale (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
3-      Gustavo Cacivio (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
4-      Ricardo Fernández (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
5-      Luis Perea (Destacamento 101): 124 secuestros y 124 casos de torturas.
6-      Roberto Balmaceda (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
7-      Emilio Herrero Anzorena (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
8-      Carlos Romero Pavón (Destacamento 101): 113 secuestros y 113 casos de torturas.
9-      Anselmo Palavezzati (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
10-  Jaime Smart (ministro de Gobierno): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
11-  Juan Carlos Herzberg (Fuerza de Tareas 5 - Armada): 3 secuestros y 3 casos de torturas.
12-  Raúl Espinoza (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
13-  Claudio Grande (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
14-  Héctor Acuña (Servicio Penitenciario): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
15-  Rufino Batalla (Destacamento 101): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
16-  Isaac Miranda (Servicio Penitenciario): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
17-  Miguel Angel Amigo (Destacamento 101): 20 casos de secuestros y torturas.
18-  Miguel Osvaldo Etchecolatz (Director General de Investigaciones PBA): 2 homicidios.
19-  Julio César  Garachico (Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.
20-  Eduardo Gargano (Director General de Seguridad PBA): 2 homicidios.
21-  Horacio Elizardo Luján (Jefe Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.

AUDIENCIAS
Los días 18, 20 y 27 de diciembre, a las 10 hs. Luego Feria Judicial, y a partir del 5 de febrero audiencias los días miércoles y viernes hábiles.

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