Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 20 de diciembre de 2013

LAS TAREAS DE MILANI


 

Las ambigüedades con que el kirchnerismo afronta el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se van convirtiendo en cómplices paradojas. Así lo confirman no sólo la designación del represor Cesar Milani al frente del Ejército, sino el rol que este comienza a cumplir en el proceso de Juicio y Castigo: como parte del reciente fallo en por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el tribunal exhortó al jefe del arma a que ponga a disposición de la justicia al coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, prófugo en la causa; lo que ubica al amigo de Hebe Pastor de Bonafini en la curiosa tarea de ser juez y parte del genocidio cometido en nuestro país.

El 17 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava, condenó a 7 represores del Batallón de Comunicaciones 181, de la Subzona 51 y del CCD La Escuelita, por su actuación en dictadura en el Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. El proceso contempló 89 casos de secuestros, torturas y homicidios, y la supresión de identidad de dos hijos de desaparecidas que los alumbraron en cautiverio.
Junto a los represores Carlos Stricker, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón, Héctor Fidalgo, Ricardo Gandolfo, Alejandro Marjanov y Fernando Videla, se encontraba procesado el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, de 60 años, ex integrante de la Compañía Comando y Servicios del Quinto Cuerpo, por su participación en la emboscada y fusilamiento de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo el 14 de noviembre de 1976, en la calle Fitz Roy 137 de Bahía Blanca.

Pero, al igual que el coronel retirado Miguel Antonio Villegas, que murió impune antes de ser condenado por realizar un simulacro de juzgamiento basado en información arrancada bajo tortura a tres detenidos, y el ex guardia del CCD La Escuelita Armando "Pato" Barrera, apartado por cuestiones de salud, Arroyo no fue de la partida por encontrarse prófugo.
En el punto 18 del fallo del tribunal bahiense, los jueces exhortan “a quien a este momento se desempeña como Jefe del Ejército, General de División César Milani, a fin que en tal carácter y como garantía y respeto por los derechos humanos, ordene la inmediata comparencia y puesta a disposición de (…) Carlos Alberto Arroyo, toda vez que, aún en esa condición, ostenta la situación jurídica de estado militar y debe obedecer el conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos, y por ende, obligado a cumplir las órdenes que el Comandante le imponga”.

Además de librar oficio a la presidente, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por intermedio del Ministro de Defensa, el tribunal le pide a un cuestionado jefe del Ejército que encuentre a un procesado subalterno prófugo al que no dio de baja y con el que comparte un pasado de noche y niebla.


La mano que recibió César Santos Gerardo Del Corazón de Jesús Milani para legitimar su ascenso de parte de la ignota periodista y madre de Plaza de Mayo, así como de los 39 senadores que aprobaron su pliego por obediencia debida, se completa ahora con el exhorto de tres jueces federales que, aún disponiendo de la operatividad y la tarea de inteligencia de las fuerzas federales de seguridad para capturar a este genocida, no pierden oportunidad de agotar la vía formal de requerirlo al máximo jefe del arma, coimputado con el prófugo por delitos de lesa humanidad, aunque sin proceso firme por ahora.

Este es el primer capítulo de una novela basada en la super-extensión de la interpretación del concepto de presunción de inocencia, con ribetes de inversión de los criterios de valoración en los estándares de impugnación de ascensos militares, que el kirchnerismo impone con el caso Milani, documentadamente implicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo y el secuestro y torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre, ambos hechos ejecutados desde el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja en 1976, donde revistó el hoy jefe.

El escenario actual no hace sino confirmar la prolijidad del gobierno “de los Derechos Humanos” en la implementación de la “política del bombero”: implementa un plan de protección de testigos en casos de lesa humanidad un año después del secuestro de Jorge Julio Lopez, prohíbe la custodia de los genocidas procesados con prisión preventiva por integrantes de su propia fuerza tras el asesinato de Héctor Febres y la fuga de Julián “Laucha” Corres, promueve acordadas para la aceleración de los juicios tras 9 años de estancamiento de los procesos; y dice encontrar para abrir parcialmente luego de 10 años de gestión los archivos de las Fuerzas Armadas, con las que ya ha pactado la reconciliación. 

Una gestión que corre tras los hechos consumados en lugar de planificar todos los puntos débiles del proceso de reapertura de las causas a los genocidas, es la misma que festeja el magro saldo de los juicios: 450 genocidas condenados y 57 absueltos en 10 años de anuladas las leyes de impunidad, es decir, menos de 1 represor por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención. La misma que pretende cerrar los juicios en diciembre de 2015 cuando resta juzgar al 78% de los 2.100 represores procesados en estos años. La misma que pretende resumir en esos 2.100 represores el accionar coordinado en dictadura de más de 100 veces esa cantidad de represores. 

Habrá que ver si el genocida Milani logra construir con oficiales arrepentidos su Ejército de los Derechos Humanos, o apelando a su viejo conocimiento de las faenas de inteligencia por lo menos encuentra, o mejor dicho delata al prófugo Arroyo y al resto de los 40 represores del Ejército prófugos. Difícil tarea.            

HIJOS LA PLATA
Diciembre de 2013

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