Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 25 de abril de 2015

Más genocidas mueren impunes en la causas de Lesa Humanidad

TRES AL HILO

La tardanza del Estado en materia de Juicio y Castigo tiene sus consecuencias: en la última semana se contaron las muertes de 3 represores procesados pero sin condena en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Los decesos del guardia de la ESMA Carlos Galián (alias “Pedro Bolita”) que estaba siendo juzgado en causa ESMA 3, del jerarca militar Jorge Olivera Róvere, a la espera de juicio en 4 causas, y del marino Antonio Mocellini, a punto de ser juzgado en la causa FT5 en La Plata; dan continuidad al esplendor de la impunidad biológica.

El Kioskero de la ESMA


El sábado 18 de abril se conoció la noticia de la muerte del represor de la ESMA apodado “Pedro Bolita” víctima de un cáncer. El suboficial Carlos Galián, de 69 años, había nacido en Humahuaca y sus ojos achinados le hicieron ganar entre sus camaradas de arma el mote de “Bolita”.
Varios años tardó la justicia hasta dar con una foto suya entre los expedientes de la Armada con la que seis sobrevivientes pudieron identificarlo.
Fue procesado en 2010, como uno de los 66 imputados en el tercer tramo de la megacausa ESMA que se está juzgando hace 2 años. Encontrarlo no fue tarea fácil, porque sólo se tenía su apodo del mayor CCD de la Armada: “Pedro Bolita”. Vivía en calle Magallanes 706, en Ciudadela Sur, Provincia de Buenos Aires, y pasó poco tiempo en prisión efectiva, porque sus abogados le consiguieron la domiciliaria en junio de 2010. La defensa había argumentado en el juicio que debía hacerse tres sesiones semanales de hemodiálisis y que “desde que se encuentra enfermo no tiene ocupación”.
Desde hace tiempo los vecinos lo veían baldeando la vereda y atendiendo un kiosco en la esquina de su casa, es decir violando el beneficio que tenía. En febrero pasado esa situación se hizo insostenible y una de las querellas en el juicio lo denunció ante el tribunal.
La respuesta del tribunal que lo juzga, a cargo de los Dres. Palliotti, Bruglia y Obligado, fue que “ha evidenciado una conducta totalmente contraria a las obligaciones que le fueran impuestas”, pero en lugar de enviarlo a un hospital penitenciario, decretaron su alojamiento en el Hospital Naval “Pedro Mallo”. Tal medida, alojar a militares en nosocomios de la propia fuerza, estaba prohibida por el Ministerio de Defensa desde desde 2013, tras la fuga de los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central y gracias a la gestión de la flamante Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La elevación a juicio que efectuó el juez Sergio Torres en Abril de 2011 incluyó una profusa acusación para Galián: coautor de 133 casos de secuestros con violencia, de privación ilegítima de la libertad por más de un mes en 462 casos, de 607 casos de imposición de tormentos para obtener información, de 3 casos de imposición de tormentos con resultado muerte, 28 casos de sustracción-retención y ocultamiento de menores, 50 homicidios agravados por alevosía, entre otros delitos.
Es que además de la actividad de los departamentos de ‘logística’, ‘inteligencia’ y ‘operativo’ ejercidos por la oficialidad, la división de tareas del GT 332 de la ESMA incluía los servicios de suboficiales que recibían las denominaciones de “Pedros”, “Verdes” y más tarde “Pablos” y “Pablitos”. Éstos generalmente eran suboficiales o estudiantes de la Escuela y su función era la custodia de los secuestrados, traslado de las comidas desde la cocina hasta el sótano o a “capucha”, vigilancia de los desplazamientos de los prisioneros al baño y participación como personal operativo en secuestros y “paseos”. Asimismo, en numerosas ocasiones tuvieron intervención en los interrogatorios donde las  víctimas eran sometidas a torturas. Estas guardias respondían a un jefe; y consta en la causa que “desempeñaron tal función Víctor Francisco Cardo, Carlos Galián y Víctor Roberto Olivera, en cuyo carácter eran encargados de recibir a los prisioneros cuando ingresaban al centro clandestino y de prepararlos para ser inmediatamente torturados”.

Galián compartió con el médico Jorge Luis Magnacco, además de las tareas en la maternidad clandestina de la ESMA, los paseos violatorios de la domiciliaria, que el doctor realizaba convenientemente por los Shopping de Palermo.
El caso nos toca en lo particular, porque una de nuestras compañeras, María Isabel, nació en esa maternidad en marzo de 1978. Su mamá, Dora Cristina Greco, era odontóloga y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista. Cristina fue secuestrada el 1º de Octubre de 1976, llevada a la ESMA y liberada tras seis meses. Fue nuevamente secuestrada el 26 de febrero1978 en Mar Del Plata, en presencia de su hija Victoria y embarazada de 8 meses. Fue llevada nuevamente a la ESMA, donde dio a luz a Isabel en marzo de 1978. Cristina continúa desaparecida. Isabel fue sacada de la ESMA por Galián y Magnacco, y entregada por los marinos a su familia materna. Junto a su hermana Victoria lucharon todos estos años para conocer su verdad y hasta para llevar legalmente el apellido de su padre, Armando Prigione, también militante del PCML y detenido desaparecido desde los CCD “Club Atlético” y “El Banco”. En marzo de 2014 Isabel declaró por su caso y el de su mamá Cristina, cerrando un ciclo de 36 años de reconstrucción de su propia historia.
Con el asesinato nunca investigado de Héctor Febres y la muerte de “Pedro Bolita” quedan guardados en un pacto de impunidad el destino y la identidad biológica de un centenar de niñ@s, hoy adultos, nacidos y apropiados desde el edificio de Avenida del Libertador al 8150, que el Estado nacional pretende hoy convertir en una Disneylandia de los Derechos Humanos.

Se murió el genitor de ESMAS, el patrón de la mierda 
el húmedo árbitro de vidas y vuelos de la muerte 
se murió el palmípedo voraz, el emplumado fósil 
ahogado en la viscosidad de su saliva tóxica 
una diarrea con moscas muertas se le agolpó en la boca 
de comulgar y compraventa y le asfixió las órdenes 
los dictados de tortura y bala, de picana eléctrica 
se murió la bolsa de basura, el vejete extorsionador 
relleno de soberbia, pedazo de la bestia carnívora 
ahogado de tanta sangre ajena, de tanto festín 
putas, delirios de grandeza,
oh todopoderosa cría del infierno!

El General indemne


El lunes 20 de abril el Juzgado N° 3 de La Plata, a cargo del ex notario hoy subrogante Jorge Eduardo Di Lorenzo, hizo llegar a las querellas de los organismos de DD.HH. Una cédula notificando el fallecimiento el 14 de febrero pasado del genocida Jorge Carlos Olivera Róvere, a la sazón General de Brigada del Ejército y ex Subjefe del Comando del Primer Cuerpo del arma entre febrero y diciembre de 1976, épocas de noche y niebla.
El General contaba 88 años, había nacido en Córdoba capital y pese a haber sido responsable de decenas de CCD en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires pasó la mayoría de sus últimas décadas en un apacible departamento de avenida Callao 1460 Piso 3º, barrio porteño de Recoleta. Fue un pez gordo de la represión en dictadura, y su caso relativiza el criterio oficialista de que “hay que ir por la complicidad civil” porque los responsables militares y policiales ya estarían juzgados plenamente. Recordemos que los dos emblemas del Terror de Estado eludieron la justicia en los últimos 15 años: Videla murió con sólo 2 condenas (por Unidad Penal 1 de Córdoba y por el Plan Sistemático de apropiación de bebés) y Massera falleció impune tras haber sido declarado por el Cuerpo Médico Forense un vegetal humano.
El General Olivera Róvere afrontó un solo juicio oral ante el TOF 5 de la Ciudad de Buenos Aires, del que recibió una cadena perpetua en octubre de 2009 por 120 casos de secuestros y torturas, junto al jefe del GADA de Ciudadela, Bernardo Menéndez.
Quedó pendiente su responsabilidad en tres de las grandes causas que se instruyen en La Plata, donde estaba imputado por su ubicación en la cadena de mandos y su manejo de las patotas policiales en la zona del Circuito Camps. Estaba procesado desde marzo de 2012 por 9 casos de desapariciones en la Brigada de San Justo, desde abril de ese año por 46 casos del Pozo de Quilmes, y desde diciembre del mismo año por 33 casos del Pozo de Banfield. Pese a ser un mal año para él,
en marzo de 2012 recibió del juez Arnaldo Corazza el beneficio de la domiciliaria.
Pero además, estaba siendo juzgado desde 2013 en los primeros tramos de la causa por el Plan Cóndor, en la que tampoco llegó a escuchar sentencia.
Si con 12 años de demora para movilizar las acusaciones, y muerto el perro se acabó la rabia, lo curioso del caso es que, además de decretar la extinción de la acción penal, el juez Di Lorenzo resolvió el sobreseimiento de Olivera Róvere invocando el artículo 336 inc 1° del Código Procesal Penal. Con esta medida, cada vez más habitual y último eslabón de una cadena de desatinos judiciales, se sella la tríada que amenaza crecientemente la viabilidad de este proceso de juzgamiento: genocida-muerto-impune.

Se murió el gran gusano, el cretino, la gran hiena
ahogado en su propia baba de bilis antropófaga 
se murió el capitán de cloacas y lavabos, el nefasto 
ahogado en su mar de venenos, en su gran ola de muertos. 

Marinero del Terror


Completando una nueva semana trágica, el jueves 16 de abril pasado, el TOF 1 de La Plata comunicó novedades en la causa “Vañek y otros”, conocida como Fuerza de Tareas 5 y que juzgará este año (esperamos) un fragmento de los crímenes de la Armada y Prefectura en nuestra zona.
Allí, entre las respuestas a diversos pedidos de querellas y defensas, se consigna que el abogado defensor del reo Antonio Mocellini informó de su fallecimiento. Ante ello, el tribunal mandó a que “pasen los autos a resolver”.
El capitán de Corbeta Antonio Ángel Mocellini, de 78 años, fue en dictadura 2do Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°3 entre el 16 de enero y el 22 de diciembre de 1976, y como tal integró la Fuerza de Tareas n° 5, denominación de los grupos de Tareas de la Armada en la Zona de La Plata, Berisso y Ensenada.
A 9 años de anuladas las leyes de impunidad, en agosto de 2012, había sido procesado con prisión preventiva por los casos de 7 víctimas que permanecieron en cautiverio en el BIM 3, sumado a los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo.
Tanto en el requerimiento fiscal como en los procesamientos de la causa FT5 quedó clara la alta jerarquía y la consecuente posición de mando de Mocellini en las patotas del BIM 3. Entre os documentos obrantes están las calificaciones de varios dependientes de esa unidad que firmaba junto a su jefe Fernández Carró, muchas de ellas referidas a “operaciones riesgosas”, es decir a allanamientos y secuestros .
En el caso de los homicidios de Galván y Pampillo, ocurridos el 19 de octubre de 1976 en el marco de un operativo del BIM 3 y la Bonaerense en un edificio de calle 7 y 58, consta en la causa el sumario instruido por la propia Armada, donde se afirma que formaron parte de ese operativo los Oficiales Roberto Eduardo Fernando Guitián y Eugenio González, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Río Santiago, y que Mocellini estaba a cargo.
De hecho, en su legajo personal, constan las felicitaciones al desempeño de Mocellini firmadas por Jorge Errecaborde, por entonces Comandante de la FT5, quien comunica que el capitán de Corbeta “Demostró especial aptitud para la conducción de un grupo de operaciones de combate . (…) Su expresión fluida y firme unida a un equilibrio emocional constante, pese a lo crítico de la situación, lo hacen especialmente apto (...) Coopera espontáneamente mostrándose siempre bien dispuesto para emprender cualquier tarea por dura que esta sea. Por lo expuesto califico la actuación del capitán Mocellini como EXCEPCIONAL”.
Como en otros casos, pese a su caída en desgracia en septiembre de 2012, tres meses más tarde el juez Blanco le dictó la domiciliaria, por lo que no estuvo ni 2 meses en prisión común.
Pero elevada la causa a juicio en marzo de 2014, el TOF N°1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a su camarada Guitián hasta que en mayo de ese año el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, le sumó un nuevo privilegio y decidió trasladarlo junto a decenas de genocidas al pabellón para madres presas de Ezeiza. El hecho de que los peores asesinos de la historia argentina recibieran las laxas condiciones de detención en pabellones pensados para alivianar la prisión a mujeres con niños pequeños, generó un escándalo público aún no subsanado.

El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí.
La muerte impune del prefecto Tomás Méndez en marzo pasado, sumada al deceso aún no confirmado de Mocellini, deja a la próxima causa a juzgarse en La Plata con sólo 8 marineros del terror para enfrentar el debate. Claro, 7 de ellos gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 1 se encuentran cumpliendo prisión efectiva.

Se murió ahogado el decrépito rapaz 
el violador, el gran escupitajo del último círculo 
se murió de un derrame infecto el verdugo 
el desaparecedor, el capo del espanto 
en la cama de un hospital el muy secuestrador 
tan cama, pozo negro, alabado por ratas 
y malnacidos, tan rodeado de un muro 
de pura luz-memoria que le mordió los huesos.

Además del quiebre de impunidad que generó la segunda desaparición forzada de Jorge julio López, todo el proceso de juzgamiento está atravesado por una contradicción. A 12 años de anuladas las leyes de impunidad sólo se procesó al 1% del real actuante en dictadura, y de ese universo de 2000 genocidas se condenó al 27%. La discusión central es que el carácter imprescriptible de los delitos de Lesa Humanidad no habilita al Estado a plantearse un horizonte de 50 años de juicios, porque la media de los imputados no llegarán vivos a la mitad de ese plazo.

P.D.: Los versos en negrita y cursiva en tres partes corresponden a “La muerte de un infame” de Gabriel Impaglione.

A los tres óbitos... Que en Paz No Descansen.

HIJOS La Plata
Abril 2015

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