Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

jueves, 17 de septiembre de 2015

9 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ - 9 AÑOS DE IMPUNIDAD, SILENCIO Y ENCUBRIMIENTO


Por HIJOS La Plata
A 9 años de la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y Provincial sobre este gravísimo crimen perpetrado contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia.
El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Con 45 cuerpos principales, 58 legajos, cada uno con una pista de investigación diferente, y 74 anexos integrados por transcripciones telefónicas, a 9 años de los hechos no tenemos ningún indagado ni procesado ni detenido. Y lo que se puede mencionar como “novedades” respecto al año 2014 son hechos laterales de la investigación principal.

HACE QUE HACE, PERO NO HACE
En septiembre de 2014 el Ministerio Público dio a conocer un informe sobre la causa Lopez donde se reconoció formalmente que “se procedió nuevamente al análisis de las causas iniciadas en la justicia ordinaria y federal, entendiendo necesaria la realización de medidas de carácter probatorio, algunas que ya habían sido concretadas y otras que todavía -según las constancias del expediente- no habían sido llevadas a cabo". Allí los fiscales Rodolfo Molina y Juan Martín Nogueira, que en 2013 habían afirmado haber agotado las medidas a su alcance en el caso, admitieron que recién en 2014 se le tomó declaración a la esposa de Lopez, Irene Savegnago, quien "nunca había brindado un amplio testimonio sobre los hechos acontecidos en el marco de la causa". Además informaron que todavía "se continúan analizando los vínculos de las comunicaciones" de los más de cinco millones de registros de llamadas telefónicas captadas por diferentes antenas de la región y "toda relación existente entre los teléfonos utilizados por las personas sospechadas en cada pista".
El informe de los fiscales también echa luz sobre los déficit existentes en la estructura formal de búsqueda de cuerpos en las morgues del país. En el caso Lopez, la medida que se concretó de oficio gracias al compromiso asumido por los responsables de diferentes jurisdicciones de remitir informes a la fiscalía cada vez que en su territorio aparezca un cuerpo que no pueda ser identificado. La operatoria advierte sobre la falta de un registro nacional unificado de cuerpos no identificados. Rozando la obviedad, los fiscales afirmaron en su informe que la creación de tal registro "colaboraría no sólo con la búsqueda de Jorge Julio Lopez, sino de muchas otras personas que se encuentran desaparecidas", dado que actualmente está "librado al azar y a la responsabilidad de cada funcionario de todo el país".
Esto no es de extrañar para un Estado que mostró en la capital de la provincia es desmanejo que existe en la Morgue Judicial tras la inundación del 2 de abril de 2013, y donde salió a la luz pública que es habitual que la policía y el poder Judicial trabajen cotidianamente en los procesos por muertes traumáticas con el falseamiento de causales de muerte, dobles enterramientos y ocultamiento de cadáveres.
Y no es de extrañar para una gestión que necesitó el escarmiento del caso Lopez para elaborar un programa específico de Protección de Testigos en causas Lesa Humanidad, que en realidad no pasa del acompañamiento en el momento del testimonio o durante la duración del juicio.

LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En octubre de 2014 los fiscales Molina y Nogueira quisieron reactivar la “Pista Penitenciaria” en el caso, que indagaba en la conexión de represores de la última dictadura con los posibles secuestradores de López. Pero resulta que buscando en la vieja guardia de las fuerzas de seguridad aparecieron las complicidades de sus representantes actuales. Los fiscales pidieron que se indague a siete miembros del Servicio Penitenciario Federal por las irregularidades que cometieron en sus funciones para desviar la investigación sobre el destino de Lopez, porque su accionar “ reviste suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición”.
El penal federal de Marcos Paz fue requisado y allanado en 2007. En esa oportunidad, previo allanamiento, el Juez Arnaldo Corazza cometió la ingenuidad de notificar de la medida al Ministerio de Justicia y la información se filtró al Servicio Penitenciario Federal. De hecho tuvo que hacerse un segundo procedimiento, y para garantizarlo sólo se avisó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los elementos recopilados en aquel procedimiento ya venían siendo denunciados por el colectivo Justicia Ya! La Plata, pero sólo se atendió el alerta cuando apareció un informe de la Secretaría de Derechos Hunamos de la provincia que acusaba a los penitenciarios de tratar con privilegio a los genocidas. Ello motivó al fiscal Sergio Franco a pedir su indagatoria. Pero Corazza durmió la causa un año y, cuando despertó del sueño, dictó la falta de mérito y desactivó la línea.
EN la investigación se comprobó que había números telefónicos intervenidos en la investigación del caso López que no se correspondían con los que efectivamente usaban los represores dentro del penal. También hubo “diferencias” detectadas en los registros de los libros de visitas a los represores, que se referían desde el cambio de nombres o número de documento de los visitantes, hasta personas que aparecían ingresando al pabellón de Lesa Humanidad sin haber sido registradas al ingreso del penal.
Los responsables de semejante libertinaje fueron los jefes de la sección visitas y correspondencia del penal Diego González y Rubén Medina; su superior y jefe de la división seguridad interna, Aníbal Cuenca; el director de seguridad, Héctor Altamirano, y los jefes de establecimiento, Diego Díaz y Carlos Alberto Grassini: Fueron acusados por la fiscalía por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya pena alcanza los cuatro años de prisión. Ese tipo penal incluiría no sólo el incumplimiento de las leyes sino también omitir, rehusarse a hacer o retardar algún acto, como también sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar total o parcialmente registros confiados a la custodia de un funcionario público.
La gravedad concreta del descubrimiento es que los imputados podían utilizar un teléfono que no era vigilado por los penitenciarios y recibían visitas sin requisa y con identidades no chequeadas.
La irregularidades no sólo beneficiaban a Etchecolatz, sinó que se extendían a otros represores condenados con actuación en el Circuito Camps como Norberto Cozzani, Jorge Bergés, Cristian Von Wernich y, no casualmente, a un grupo de integrantes de penitenciarios bonaerenses, entre ello Rebaynera, Morel, Ríos y Basualdo, hoy condenados por su actuación en la Unidad 9 en dictadura.
EN marzo pasado el juez Durán, subrogante en el Juzgado 1, procesó a los 6 penitenciarios por un total de 127 inexactitudes constatadas en los registros. El escándalo apenas rozó al entonces ministro de Justicia Alberto Iribarne, y la mayor consecuencia fue el relevo del entonces jefe del SPF, prefecto Hugo Soza.
Ahora, si bien la acusación a los penitenciarios es muy grave, no forma parte de la investigación central sobre el destino de Lopez, sino sobre el encubrimiento, es decir sobre la investigación de la investigación.

EL EFECTO ETCHECOLATZ
La situación de impunidad reinante tiene elementos complementarios en lo que hace a la justicia Federal de La Plata. Desde la muerte del titular del Juzgado 1 y subrogante en el Juzgado 3, Manuel Blanco, desató una trama de intrigas y disputas políticas por ocupar los cargos vacantes.
Pero hay más. En abril pasado, el juez Rozansky denunció que recibió intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. El juez dijo que eso comenzó entre los primeros días de enero, luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia de Cacha. Y si bien el magistrado ya había sido blanco de intimidaciones en el juicio a Etchecolatz y Circuito Camps, esta vez realizó la denuncia en el Juzgado 1, por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”.
En el marco de esas investigaciones, en mayo pasado fue detenido Gustavo Luis Ureña, un empleado del organismo provincial de control eléctrico de 62 años, quien fue individualizado como autor de las amenazas contra Rozanski y la secretaria del Tribunal, Jimena Rodríguez.
Al parecer, Ureña enviaba correos electrónicos y llamadas anónimas reivindicando al genocida Etchecolatz y augurando a sus amenazados el mismo destino que Lopez. En junio se lo procesó con preventiva, y queda por determinar si está ligado orgánicamente al Comisario o es un legitimador ideológico del genocidio, cosa difícil a esta altura de la situación de impunidad.
Pero lo más grave del caso es el efecto que causó esta campaña de amenazas: el presidente del TOF1, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Esto, que en principio podría ser producto de una pretendida garantía de imparcialidad para poder avanzar sin nulidades en los juicios y en la investigación de las amenazas, tiene consecuencias
Si se hubieran detenido los juicios por el secuestro de Lopez se hubiera dado razón a los que perpetraron su desaparición, pero esta pulseada comienza ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera le torció el brazo a uno de los jueces más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.
Hace poco el TOF 1 radicó la elevación a juicio de la causa por el Pozo de Quilmes en su sede, pero sólo con los jueces Cesar Álvarez y Germán Castelli, subrogantes en su puesto, y pidió a Casación que designe al tercer juez.
Así las cosas, el “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio a la Fuerza de Tareas 5, el ex Director de Investigaciones dela bonaerense está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas al Pozo Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo, a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata y la causa Favero. Sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, comienza a desdibujarse en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Sin lugar a dudas esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío. A 12 años de anuladas las leyes de impunidad se realizaron en todo el país 144 juicios con sentencia de 1a instancia. Hubo 605 represores condenados y 77 absueltos, por los casos de unas 3.600 víctimas.
En La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenadas 69 represores y 1 fue absuelto. De esas condenas sólo se encuentran firmes por resolución de Corte Suprema 4 condenas en 3 causas. Otras 3 causas obtuvieron sentencia de Cámara de Casación y 5 aún no tienen confirmación de ninguna instancia.
Las 15 causas próximas a juicio incluyen un total de 41 procesados que no han sido juzgados previamente y otras 32 que sí, un total de 73 represores para uno de las zonas más castigadas por la represión del Terrorismo de Estado en el país. Pero además, La Plata es la jurisdicción donde mayor cantidad de represores murieron impunes antes de llegar a juicio: 22 imputados. Y hay 4 imputados que se encuentran prófugos de la justicia. Para quien quiera verla o disfrazarla de Justicia, esta es la realidad de los juicios a los genocidas en nuestra ciudad.
Finalmente se empieza a hacer carne aquella sentencia espetada por Etchecolatz en el rostro del TOF 1 en 2006 antes de que lo sentencien: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”.

LAS MISMAS PRÁCTICAS A LOS MISMOS REPRESORES
Precisamente, una de las causas en instrucción y apunto de elevarse a juicio es la referida a hechos ocurridos en la Comisaría 5ta, el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata que no fueron tenidos en cuenta en el juicio “Circuito Camps de 2012, o que incluye a otros represores. En ese expediente está incluido el caso de Lopez como víctima de su secuestro la noche del 27 de octubre de 1976 de su casa en Los Hornos. Sobre el hecho, Lopez había mencionado que quien manejaba el móvil donde lo levantaron era un policía de apellido Ponce, al que él conocía de la zona. El represor Luis Raúl Ponce, efectivo de la Comisaría 5ta en dictadura, fue detenido en el sur del país en agosto de 2012. Lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria por error: estaban buscando a Cesar Heriberto Peralta, prófugo en una causa de Lesa Humanidad en Santa Fe. Ponce había cambiado su nombre por “Raúl Peralta”, adoptando su segundo nombre y el apellido de su madre. Tras ser aprehendido con resistencia a los tiros, se verificó que se trataba de Ponce, prófugo por más de 20 años en la causa por el secuestro, torturas y desaparición del joven Andrés Nuñez, asesinado en la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata en septiembre de 1990, por un grupo operativo integrado por los policías Pablo Martín Gerez, Alfredo González, Víctor Dos Santos y José Daniel Ramos, todos al mando del comisario Ponce.
El caso Nuñez fue uno de las primeras desapariciones forzadas en democracia en nuestra ciudad y el país. En 2010 González y Dos Santos fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte. Dos Santos fue aprtado de la causa porque colaboró para que se encontrara el cuerpo de Andrés descuartizado e incinerado en un campo de General Belgrano en 1995. Gerez continúa prófugo hace casi 25 años. Y la familia de Nuñez pide hace 3 años que se ponga fecha de juicio a Ponce. Además hay otros 4 policías de la Brigada acusados de encubrimiento, y murió procesado pero impune el primer juez de la causa, Amilcar Vara, señalado como cómplice de las torturas y el ocultamiento del cuerpo de Andrés.
Muchas veces señalamos la continuidad de las prácticas represivas de la última dictadura en democracia. En este caso, no sólo se trata de las mismas prácticas, sino del mismo represor, Luis Raúl Ponce. Para completar el cuadro, Lopez será caso en ausencia en un juicio por el que él luchó y aportó todo lo que sabía sobre su primer secuestro, pero donde el Estado no está dispuesto a resolver su segunda desaparición forzada.

DEMOCRACIA CON DESAPARECIDOS
Como denunciamos en los comicios de 2011 y 2013, este año electoral vuelve a marcar las prioridades de una gestión que convive con la impunidad. En medio de esta farsa electoral, con la que se quiere volver a legitimar esta democracia de hambre, represión y saqueo, Lopez fue nuevamente convocado a votar en la PASO en la escuela N°49 de Los Hornos, en una muestra de que el Estado no asume la realidad de lo sucedido con el compañero y de que se sigue encubriendo a los represores sin reconocer la existencia de más de 210 casos de desaparición forzada en democracia.
Desde el caso del joven de 23 años Néstor `Lito` Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; pasand por los casos de Luciano Arruga, Iván Torres, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Daniel Solano, y hasta el reciente caso de Ismael Sosa, de 24 años, que detenido por la policía en el ingreso a un recital en la ciudad cordobesa de Villa Rumipal apareció dos semanas después en las aguas del Embalse Río Tercero, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 210 casos de desaparición forzada de personas entre 1983 y 2015.
Para ser claros, cuando hablamos de desaparición forzada nos ceñimos a la definición estricta estipulada en la Convención Americana sobre la problemática y vigente en la Ley 26.679 como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Recordemos que el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace exclusivos en la definición de este delito a los casos con resultado de muerte probada o presunta, sino que pone el acento en la concurrencia de la complicidad estatal y la negativa a reconocerla o informarla debidamente. La desaparición forzada es un crimen de Estado.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina se comprueba con el dato de que en 30 de los últimos 32 años de democracia se han producido este tipo de casos, o bien podría decirse que no registramos casos sólo en los años 1985 y 1987.
Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido en los años 1994 (17 casos), 2001 a 2003, 2006 y 2009 (13 casos en cada año) y 1997 (12 casos). Y pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, con los años los casos han seguido creciendo.
La descomposición de los casos a través de cada una de las décadas de gobiernos constitucionales, nos permite señalar que durante la década del '80, mientras el país salía de la dictadura, se dio sólo el 7% de los casos, mientras la década del '90, donde Argentina reformó su Constitución para incorporarle los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, registró el 35%. Pero más llamativo es que la mayor cantidad de casos, el 49%, se produjo durante la década del 2000, cuando el país estuvo mayormente dirigido por el denominado “Gobierno de los Derechos Humanos”. Completa el cuadro el período 2010-2015 que, con el 9% de los casos (un total de 19) supera en la mitad de tiempo al total de los producidos en la década del '80.
Ahora, si tenemos en cuenta las gestiones de los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, los casos se desagregan de tal manera que es la gestión de Carlos Menem la que mayor cantidad de casos registra (33%). Pero si juntamos las tres últimas gestiones del martrimonio Kirchner, nuevamente es el autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos” el que se ubica con mayor cantidad de casos (39%).
No deja de alarmar el crecimiento exponencial de la selectividad represiva que presenta esta modalidad, si analizamos las edades de las víctimas registradas. En la mayoría de los casos las víctimas eran jóvenes, pobres y pertenecientes a familias de trabajadores. Tomamos como referencia la edad de 25 años, porque según el propio archivo de CORREPI, la mayor cantidad de personas asesinadas por las diversas modalidades represivas del Estado ocupan la franja etaria de entre 15 y 25 años.
Así, aunque en muchos de los casos no existen registros de la edad de la víctima, con los datos existentes podemos afirmar que el 55% de los casos corresponden a personas menores de 25 años. Pero más sorprendente es analizar que tal porcentaje ha crecido a través de las décadas, ya que si en los '80 eran jóvenes el 43% de los casos, en los '90 subió al 56%, se mantuvo en tal cifra en el 2000, pero creció al 68% de los casos del período 2010-2015.
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y su las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.
Pero ese giro represivo no es más que la puesta en funcionamiento de una amplia contradicción del sistema jurídico argentino que, exigiéndole a un juez o a un fiscal que funde razonablemente en hechos y en derecho el pedido de detención de una persona, le otorga a las fuerzas de seguridad, sin dar fundamento alguno, la posibilidad de detener por varias horas a quien se le ocurra. El secreto mejor guardado del Estado de Derecho es el sistema de detenciones arbitrarias, que responde a la necesidad de que el aparato represivo, cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar discrecionalmente en el ejercicio del control social. Las faltas o contravenciones, y la detención de personas para averiguar sus antecedentes, dan la oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisarías, con el único fundamento real de la necesidad institucional de ejercer el control social a través del aparato de seguridad.


A 9 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ

- Juicio y Castigo a todos los responsables de su desaparición forzada.
-Inseguridad es más policía en las calles. Basta de gatillo fácil.
- Basta de muertes por tortura en comisarías y cárceles.
- Justicia por todos los Desaparecidos en Demokracia.
- Si es institucional no es violencia, es Represión de Estado.
- Desmantelamiento de las redes de Trata. Basta de complicidad política, policial y judicial.

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