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sábado, 21 de noviembre de 2015

EN LA PROVINCIA LA REPRESIÓN CRECIÓ CON EL PROYECTO

Balance represivo de la gestión Scioli

“El Estado de Derecho tiene
el rostro amable del Estado Benefactor
y el rostro siniestro del Estado Terrorista”.
Alfredo Grande - “Terrorismo Puro”,
publicado en Pelota de Trapo el 15/1/15

La gestión saliente del gobierno en la provincia de Buenos Aires, en cabeza de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto, generó más de 600 víctimas de su aparato represivo. Pero además de continuar las prácticas represivas heredadas, la gestión duplicó la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, a los que sumó las policías Comunales, y logró superar el límite histórico de presos en el Servicio Penitenciario. Dos de los principales responsables de esta política, el ministro de Justicia Ricardo Casal y el de Seguridad, Alejandro Granados, impulsores de la policialización de las problemáticas sociales, son propuestos en la potencial administración nacional de Scioli. La gestión de Vidal promete profundizar este derrotero en la Provincia.

Por HIJOS La Plata


Advertencia
Cada vez que conocemos un nuevo caso de gatillo fácil o de muerte violenta en una comisaría o una cárcel en la provincia de Buenos Aires nos preguntamos cuántos jóvenes más va a asesinar el aparato represivo y cuántos ha asesinado a través de las más de tres décadas de vigencia del Estado de Derech@. Y una vez más, al no haber estadísticas oficiales y ser siempre información en elaboración, encontramos que sólo el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos independientes y con una mirada crítica del accionar del Estado arroja un poco de luz a la cuestión. Por eso realizamos este informe en base al inagotable “Archivo de Casos” que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que puede consultarse en http://www.correpi.lahaine.org/

El listado completo de los más de 600 casos tomados como base para elaborar estas conclusiones pueden verse en el PDF adjunto.

Los Datos Crudos
Desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2007, el gobierno de Daniel Scioli ha asesinado a al menos 618 personas que no representaban peligro para terceros o que estaban bajo su custodia a través de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Bonaerense y las agencias de Seguridad Privada habilitadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Desde el caso de Julio César Zárate, asesinado el 14 de diciembre de 2007 por el suboficial Moraña de La Bonaerense, hasta un joven de 20 años asesinado por una efectivo del CPC de Hurlingham el 21 de octubre pasado, la gestión Scioli ha demostrado su aptitud para desplegar políticas de control social sobre la población.
Con un pico de 98 casos de asesinados por el aparato represivo en 2009, la represión creció en la provincia del candidato presidencial del oficialismo a razón de 50 casos promedio por año. 

CASOS POR AÑO. Total 618 casos.

Respecto a las modalidades más frecuentes, el “gatillo fácil” está al tope del ranking de la gestión, con el 51% de los casos (315 en 8 años), seguido por las muertes traumáticas en las cárceles bonaerenses (220 en 8 años) que representan el 35% del total. La modalidad denominada “gatillo fácil” incluye los casos en que, dentro o fuera de actos de servicio, agentes de la policía, penitenciarios o vigiladores privados pretenden resolver a los tiros hechos delictivos menores, peleas vecinales o reyertas personales, así como lisos y llanos homicidios en abuso de poder o para “hacer estadística” en el marco de causas fraguadas. Se incluyen también casos de robo, narcotráfico y trata en delitos gestionados por policías que son “abatidos” por sus camaradas de arma.
La mayoría de las muertes en sede policial corresponden a personas detenidas por contravenciones o averiguación de antecedentes, no por acusaciones penales. Muchas de ellas refieren a desapariciones forzadas para encubrir previas torturas.
Las muertes en las 50 sedes del Servicio Penitenciario Bonaerense engloban muertos por armas blancas administradas y/o toleradas por los penales, muertes por golpes, torturas y abandonos médicos, así como los “suicidios” puestos en escena para ocultar en muchos casos las denuncias de previas torturas o venganzas personales e institucionales.

MODALIDADES. Total 618 casos.

La división de los crímenes de Estado en la Provincia de Buenos Aires según la fuerza a la que pertenecen sus perpetradores sigue registrando indiscutidamente a la Policía Bonaerense y a los vigiladores privados como campeones de tiro. Con el 64% de lo casos de muertes a manos de agentes armados por el gobierno de la provincia, supera el 36% de muertes en encierro correspondiente al Servicio Penitenciario.


POR FUERZA. Total 618 casos.

La modalidad del “Gatillo Fácil” ha recorrido los 8 años de la gestión Scioli con un promedio de 39 casos anuales. Hasta se han registrado casos dobles, como el ocurrido en enero de 2010 en la villa San Jorge (Don Torcuato), donde la policía perseguía a los tiros a dos sospechosos del robo de un auto y un escopetazo mató a Julio Villanueva, de 60 años, que estaba en la puerta de un negocio. Los vecinos se movilizaron en repudio del hecho, y fueron reprimidos por la policía, que mató a uno de los manifestantes, Facundo Vargas, de 16 años.
En La Plata estos crímenes de uniforme han sido una constante. Recordamos sólo algunos casos como el de Ezequiel Heredia, de 18 años, asesinado de un disparo en la cara el 5 de diciembre de 2009 en el barrio Hipódromo por el policía Sergio Mariano Leonel Aguirre. Omar Cigarán, de 17 años, fue asesinadoen febrero de 2013 por el oficial Diego Walter Flores, tras sufrir acoso y hostigamiento policial en el barrio Hipódromo. Braian Mogica, de 16 años, fue fusilado por el agente Gabriel Yuguet, custodio del gobernador Scioli, cuando dijo confundir una explosión del escape de la moto en que iba el chico con un disparo. Mauricio Andrada e Ismael Perussatto, de 17 y 20 años, fueron fusilados en febrero de 2014 por el agente del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte, en lo que el policía declaró “legítima defensa” ante un intento de arrebato.
Las nuevas estructuras del servicio de calle continúan las prácticas de amedrentamiento, como los casos de los hermanos de Heredia y Cigarán, que son hostigados constantemente por el CPC zona 12 de La Bonaerense en el mismo barrio Hipódromo.
En agosto de este año, Juan Martín Yalet, de 35 años, fue detenido tras una entradera y fue fusilado esposado en la parte trasera del patrullero por personal del CPC y la Comisaría 9na.
No es menos significativo que en muchos de estos casos los policías continúan procesados pero activos en la fuerza, son ascendidos y, en todos estos casos, son patrocinados por la defensa del equipo de abogados del Ministerio de Seguridad provincial, encabezados por el Dr. Fernando Ariel Pedersoli, en una clara muestra de solidaridad de cuerpo del ministro Granados con sus muchachos.
No han faltado en estos años el uso del patrullero como arma letal, en lo que refiere a muertos atropellados, como el caso de Miguel Angel Serrano, de 19 años, atropellado en bicicleta y con saña por el policía de la Comisaría 3ra de Los Hornos Marcelo Palomo, que se fugó. O el de un joven de 15 años en Tres de Febrero, que en abril de este año huía de la policía en una moto que no tenía papeles, y en un operativo cerrojo, lo interceptaron con un patrullero que abrió la puerta cuando pasaba, causando que la cabeza del pibe impactara con el vidrio de la ventana.
Tampoco han escaseado los hechos en que los policías resuelven sus relaciones sentimentales con el arma reglamentaria, como el del sargento Miguel Maso de la Comisaría 1a de Quilmes, que fusiló a su ex pareja y su nuevo novio en enero de 2010.
En cuanto a las muertes por torturas o “suicidados” en sede policial, la gestión Scioli registra al menos 51 casos. Además del caso emblema de la lucha contra la tortura y la desaparición de menores, Luciano Arruga, están los de Franco Escudero, de 20 años, torturado y ahorcado con un cable coaxil el 24 de marzo de 2008 en la Comisaría de Lobos; el de Germán Portal, de 21 años, detenido y ahorcado en la Comisaría de Villa Elisa en noviembre de 2008; el de César Gómez, de 18 años e integrante de la comunidad boliviana detenido en abril de 2009 en la Subcomisaría de Los Cardales (Exaltación de la Cruz), torturado y arrojado a las vías del Mitre; el de Gabriel González, de 36 años, detenido en 2011 con un brote psicótico en una Comisaría de San Isidro y “ahorcado” en su celda, o el de Luciano Peralta, de 34 años, detenido por error en Ringuelet y asesinado en la celda tras pasar por tribunales.
También hay acreditadas muertes en encierro en los Centros de Recepción de menores, como los casos de Cristian Candela, de 16 años, y Damián Caballero, de 17 años, muertos en noviembre de 2008 en el C.R. de La Matanza, que había sido inaugurado diez días antes en medio de la polémica por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, no contaba con enfermeros, ni vehículos para traslados, ni teléfono. Tras estos casos el instituto fue clausurado "preventivamente" y todos los menores distribuidos.
Con un promedio de 40 muertes traumáticas por año en el Servicio Penitenciario Bonaerense, según datos del Comité Contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, las cárceles en la provincia siguen siendo una maquinaria de violencia y exterminio de su población, con al menos 220 muertos en la gestión Scioli.
En mayo de este año se hizo el juicio por el asesinato de Patricio Barros Cisneros, de 26 años, preso en la UP 46 de San Martín, que el 28 de enero de 2012 fue molido a golpes frente a su familia y las visitas por 8 penitenciarios que luego fraguaron un suicidio y le plantaron una faca. Barros Cisneros presentaba trompadas, patadas, bastonazos y hundimiento del globo ocular, por lo que en una condena dispar, 5 de los agentes fueron condenados a 10 años por tortura seguida de muerte, un sexto fue absuelto, otro se ahorcó en la Alcaldía de Avellaneda antes de llegar al juicio y hay un prófugo. Junto con los casos Miguel Bru y Andrés Nuñez, es uno de los pocos procesos en los que se pudo condenar a oficiales provinciales por asesinar aplicando tormentos.
De la misma manera, muchos internos que lograron denunciar esas prácticas en el SPB recibieron reprimendas, como Juan José Ojeda, asesinado a golpes por penitenciarios de la UP49 de Junín en noviembre de 2010.
Y si bien la mayoría de los casos de muerte violenta en el SPB se debe a la proliferación de armas blancas (42%), un gran porcentaje (32%) mueren por padecer enfermedades graves o crónicas, o haber recibido lesiones intramuros, y sufrir abandono médico hasta morir y otro tanto (26%) son presentados como suicidios, en muchos casos para encubrir golpizas y homicidios previos.
Se registran incluso hechos extremos de muerte de bebés hijos de internas del Servicio, como los de Santino Villalba, un niño de 21 días muerto en febrero de 2014 por abandono médico en la Unidad Penal 33 de Los Hornos, donde estaba alojada su madre, que había sido declarada inimputable; o el de Oriana, una bebé de 45 días muerta en marzo de 2014 en la Unidad 54 de Florencio Varela porque a su madre se le negó la atención médica adecuada.
No deja de preocupar que el principal blanco de la represión como Control Social siguen siendo los jóvenes pobres. En la gestión Scioli, el 43% de las personas asesinadas por el aparato represivo corresponde a menores de 25 años, en su mayoría víctimas del gatillo fácil.


POR EDAD. Total 618 casos.

Contrasta con esta cifra la insistente campaña con la baja de edad de imputabilidad para delitos graves, promovida por Scioli desde su primer mandato en la provincia, siendo que las estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense (1) indican que en los últimos 6 años un promedio de sólo el 5% del total de los delitos cometidos en la provincia son realizados por menores de 18 años, y en su mayoría son delitos contra la propiedad.
En resumen, la política represiva de quien ha sido elegido por el oficialismo para “profundizar el modelo” o “hacer frente al avance de la derecha” representa el 12% del total de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde el retorno de gobiernos constitucionales en 1983, que suma 5 mil muertos en todo el país.
No es de extrañar si tenemos en cuenta que de esos 5 mil casos, más del 60% se produjeron en los últimos 12 años. A su vez, el 45% de esos casos se produjeron en la provincia de Buenos Aires entre 1983 y 2015.
Pero el telón de fondo de esta descripción del siniestro proceder del aparato represivo en “LA PROVINCIA” es sin dudas una persistente conflictividad social evidente en las desigualdades sociales existentes: la expulsión a la marginalidad de miles de jóvenes que son luego la excusa exacta para volver a pertrechar, esta vez como nunca en la historia, el aparato represivo.
El mayor exponente de las paradojas de las que se alimenta el “Estado presente” hoy por hoy esta a la vista, ya que los mismos jóvenes de la clase trabajadora, el sector más dinámico de la sociedad sometido a la precarización de su vida, son cooptados como agentes por las instituciones policial y penitenciaria, intrínsecamente asesinas y corruptas, que les ofrecen una salida rápida a su situación individual, un salario que supera al de un docente con antigüedad, y un arma durante las 24 horas, todo a cambio de olvidarse de su origen en la clase trabajadora.
Entonces, pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión” supuestamente generada en esta década, subsiste una construcción de poder que no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalistas, y en cambio se sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios de policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.



Es la política
Los hombres clave en las áreas de Seguridad y Justicia de la gestión Scioli han sido funcionales a la continuidad de las políticas de seguridad basadas en la legitimación de la represión de Estado desde sus aparatos policial y judicial, para garantizar la desigualdad y la impunidad reinantes. Un somero repaso de la gestión en Seguridad y Justicia así lo confirman.
El primer ministro de Seguridad de la gestión, el fiscal Carlos Stornelli, asumió el mando de la institución armada más grande del país (52 mil efectivos) y conformó un equipo de colaboradores con viejos cuadros de La Bonaerense y la Policía Federal, con el mejor cuadro de la Policía Científica, Daniel Salcedo, al mando. Le propuso a la plana mayor policial un pacto mafioso: "Les pedimos lealtad, discreción y honestidad. Nosotros también seremos leales con ustedes". Con profuso empeño deconstruyó el atisbo de reforma policial de su predecesor León Arslanián y entregó a la propia fuerza la conducción, la planificación y la caja.
Stornelli promovió la puesta en marcha de un Código Contravencional que otorgaba un poder exorbirtante a la Policía y le confería facultades discrecionales para detener personas, pero el proyecto no pasó por la Legislatura y debió retirarse en mayo de 2010 en medio de varias puebladas y grupos de vecinos armados en reclamo contra la “inseguridad”. Durante su gestión se produjeron la mayor cantidad de casos de gatillo fácil de la gestión, con un pico de 46 casos en 2009.
El ministro de Justicia Ricardo Casal, que fue agente del Servicio Penitenciario Bonaerense durante la última dictadura, se dedicó al comienzo de su mandato a que la Legislatura provincial le aprobara más de 20 proyectos, entre ellos reiteradas reformas al Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones.
Lo que generó con ello fue la profundización de las cárceles como lugares de castigo y de aniquilamiento humano: un récord histórico de casi 35000 personas detenidas en el SPB en 2014, con una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil; 20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 hábeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de la Comisión Provincial por la Memoria; 90 % de las causas del sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por La Bonaerense, sin orden judicial previa; a abril de 2015, sólo el 39,6 % de los detenidos se hallaba condenado mientras el 45,7 % sufría hacinamiento y represión con prisión preventiva; y más del 50 % de los detenidos cumple condena por delitos contra la propiedad.
Tras consolidar ese modelo como “superministro” en las carteras unificadas de Seguridad y Justicia entre 2010/2013, con Juan Carlos Paggi al frente de La Bonaerense, el ex penitenciario Casal, mencionado por Scioli como su potencial ministro de Justicia nacional, está en las antípodas de la propuesta hecha por el militante paraguayo y preso en Marcos Paz, Agustín Acosta: dejar de actuar como farsantes e hipócritas ante la cruda realidad de persecusión y prisionización de los pobres.
En una increíble pirueta hacia atrás, y golpeado por las inocultables evidencias de corrupción, procedimientos irregulares, narcotráfico, apremios ilegales, falseamiento de evidencias físicas y de causales de muerte en los niveles más altos del Ministerio Público y la conducción policial provinciales en los casos de Candela Rodríguez en 2011 y de las inundaciones de La Plata en 2013, Scioli volvió a separar los ministerios de Justicia y Seguridad, colocando a la dupla Casal/Granados como continuidad de sus políticas hasta hoy. (2) y (3)
Alejandro Granados, denunciado por organizar escuadrones de la muerte contra pibes de los barrios más humildes de Ezeiza con la metodología del secuestro y ejecuciones extrajudiciales, asumió el cargo con 32 mil efectivos y declarando que “estamos en guerra con los delincuentes y la guerra hay que librarla: a matar o morir”. Se refería menos a su propia tropa que a la población pobre de la provincia, ya que ratificó la asesoría del ex jefe Juan Carlos Paggi y a Hugo Matzkin al frente de la fuerza. Con ello le devolvió todo el poder a La Bonaerense y declara hoy con orgullo que finalizará su gestión con “un total de 95.000 hombres operativos, de los cuales 77.000 serán efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 18.000 integrantes de la Policía Local."
Una de las herramientas legales que la gestión Scioli puso en marcha para la utilización discrecional de ese ejército azul fue la declaración de la “Emergencia en Seguridad” en abril de 2014, que declaraba tal situación por el término de doce meses. En este sentido ha sido clara la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el espíritu y el alcance de aquella medida. Pese a la pobre posición política del presidente de la institución frente al balotaje, sobre todo de quien conoce la realidad de la gestión Scioli en Derechos Humanos como pocos, citamos su informe sobre los primeros efectos de la medida, donde se afirmaba que en la propuesta “se confirma y promueve una concepción de la seguridad pública fundada en la lógica de la guerra contra el crimen”, ya que “el gobierno provincial refiere a los enfrentamientos de la fuerzas de seguridad con supuestos delincuentes (164), donde no sólo se reivindica como positivo que hayan ocurrido sino que designan como resultados positivos los 'delincuentes heridos' (64) y 'delincuentes abatidos' (35). Se construye y propicia de este modo un escenario bélico en el cual la muerte se asume como resultado natural y esperable de las políticas públicas”. (4) Si bien el resultado no es natural, sí es esperable cuando el propio sheriff que oficia de ministro llamó a meter bala.
La “nueva gran invención” de Scioli/Granados fueron las Policías Locales, que se idearon inicialmente por el pensador progre de la seguridad, Marcelo Saín, para distritos de más de 70.000 habitantes y conceptuadas como la “puesta en valor de la descentralización”. Efectivizadas por decreto, Scioli detalló que sus efectivos realizarían “tareas preventivas” como controles vehiculares, recorridas en zonas comerciales y barriales y acompañamientos en corredores escolares, entre otras acciones.
El acortamiento por Granados del curso básico de los nuevos efectivos a 6 meses, y su exclusiva utilización para generar un impacto de shock preventivo tuvo sus primeros efectos en 2015.
En La Plata, con 731 agentes y a una semana de su lanzamiento, tuvo 5 incidentes graves: en marzo un agente que intentaba descender de su moto, baleó a otro en la pierna; en el mismo mes una de las armas que portaba uno de los oficiales se disparó “involuntariamente”; en abril un agente local fue demorado por poseer marihuana y cocaína en su auto y en julio un agente de 23 años, egresado de la primera promoción de la fuerza, fue detenido acusado de robar un auto junto a tres cómplices.
Estos hechos motivaron la intervención de la Policía Local por el Ministerio de Seguridad bonaerense, lo cual no evitó el primer caso de gatillo fácil de la flamante fuerza: el joven estudiante tandilense Rafael Cobo, de 26 años, fue baleado en el interior de un centro cultural por el agente Julián Cabañas, de 35 años, que fuera de servicio y notoriamente alcoholizado había discutido con su mujer, también Policía Local, y comenzó a los tiros indiscriminadamente con su arma reglamentaria. Herido en el abdomen, Rafael se recuperó y dio cuenta del accionar del policía.
Sin embargo, el hecho sólo motivó la renuncia en septiembre pasado del titular de la fuerza local, Jorge Campostrini, aunque nunca se concretó la audiencia pública solicitada al intendente Bruera por la seguidilla de hechos. Firme en sus convicciones, el ministro Granados, que ya fue mencionado en una potencial cartera de Seguridad del ex motonauta, continúa afirmando que “cuando Daniel Scioli sea presidente, vamos a replicar en las grandes ciudades del país la policía local”. (5)
La tendencia a devolver todo el poder a la camarilla de comisarios de “La Mejor Maldita Policía del Mundo” promete profundiazrse con la gestión de la gobernadora electa María Eugenia Vidal, que en un involuntario chiste ha dicho “no vengo ni a hacer sólo purgas ni a darles sólo respaldo, vengo a hacer las dos cosas". Al parecer el elegido para ocupar la cartera de Seguridad es Cristian Ritondo, un viejo cuadro menemista vinculado a la SIDE a través de Miguel Ángel Toma. Ritondo fue vice ministro del Interior de Duhalde en el interinato 2002-2003, bajo la gestión de Jorge Matzkin, uno de los personajes claves en el armado de la Masacre del Puente Pueyrredón.
No se descarta que entre los asesores de Ritondo esté Eugenio Burzaco, hombre formado en la Universidad de Georgetown (Washington), que sucedió al “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana y debió renunciar tras la represión a la toma de tierras en el Parque Indoamericano de diciembre de 2010. Burzaco es gerente de la consultora de seguridad Templar S.A., y fue quien confeccionó los equipos técnicos de Macri en la Metropolitana. (6) Allí conformó lo que el psicólogo Alfredo Grande denominó una “terapia de grupo para los represores sueltos, donde la pedagogía clásica ha sido el gatillo fácil”. Un dato no tan difundido es que la Metropolitana contaba en 2013 con un 5% de efectivos en rangos operativos que eran o fueron militares, mayoritariamente de la Armada. De hecho, la fuerza lleva 24 muertos en 6 años, 6 de ellos por gatillo fácil. El último caso es el del joven Lucas Cabello, de 20 años, baleado en La Boca por el oficial Ricardo Ayala, de 24, mientras volvía de la panadería con su hija y su mujer.
La información aquí analizada intenta entonces mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión, para instalar la discusión de que, por su alcance y extensión, las muertes a manos de agentes policiales, penitenciarios y de seguridad privada que padece el pueblo trabajador responde a una política de Estado. Ponemos en crisis con esa definición el engañoso concepto de “Violencia Institucional” que desde las esferas gubernamentales han elegido como eufemismo para hacer frente a las consecuencias de su propia política represiva. Si el Estado comete delitos contra las personas no se trata de “violencia”. Por eso decimos: “SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO”. Una problemática que lejos estamos de superar y que recrudece con las nuevas versiones de la “Seguridad Democrática”. Dar la discusión sobre la represión en democracia y señalar a sus responsables es crucial para discutir en serio la situación de violación a los Derechos Humanos en nuestro país.
Y quienes decidan optar por el mal menor el 22 de noviembre, ya están alertados de lo que representa su elección.

(1)
http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php
(2)
http://www.senado-ba.gob.ar/archivos/comision_asesinato_candela_rodriguez/4_Responsabilidades.pdf
(3)
http://www.cij.gov.ar/nota-13110-Fallo-reconoce-oficialmente-89-v-ctimas-fatales-de-la-inundaci-n-del-a-o-pasado-en-La-Plata.html
(4)
http://blog.comisionporlamemoria.org/wp-content/uploads/2014/08/Informe.pdf
(5)
http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/Gacetillas%20Prensa/Gacetillas/Abril15/17-04-15b.html
(6)
http://www.sitemplar.com.ar/quienes.php

HIJOS La Plata
Noviembre 2015

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