El ex médico de la policía bonaerense Jorge Antonio Bergés fue uno de los tantos criminales siniestros que colaboraron con la última dictadura militar. Este nefasto personaje participó en la tortura y desaparición de muchos compañeros y compañeras. Además, asistió los partos de compañeras detenidas y fue el responsable de, al menos, 16 apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio. En el año 1986 Bergés fue condenado a prisión pero las leyes de obediencia debida y los indultos lo dejaron en libertad. En el año 1987, fue declarado persona no grata en Quilmes, ciudad donde reside actualmente. En el año 2004 fue nuevamente condenado a 7 años de prisión junto con el ex comisario Etchecolatz. Sin embargo, desde enero del 2014 y de manera poco clara, la justicia le otorgó a Bergés la posibilidad de cumplir su condena en su domicilio de Quilmes Oeste.
Creemos que esto es un nuevo retroceso en la lucha por la memoria, verdad y justicia. No admitimos que los responsables de tanto dolor para nuestro pueblo gocen del beneficio de la prisión domiciliaria. Este es otro de los tantos casos donde la justicia no se realiza, donde el Estado no la garantiza. Es necesario que todos los colaboradores de la dictadura paguen con prisión común los crímenes de lesa humanidad cometidos. Crímenes contra los que luchamos aún en la actualidad. No olvidamos que durante los últimos 12 años hubo cantidad de casos de tortura y desapariciones, de los que este gobierno que se retira es responsable. Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y los pibes que todos los días son víctimas de gatillo fácil son la contracara de un Kirchnerismo que tanto discurso hizo de los DDHH.
En Quilmes quien fuera intendente de facto entre 1979 y 1981, Julio Cassanello, sigue cumpliendo funciones en el estado dentro del Poder Judicial. Recordemos también, que el “Pozo de Quilmes”, ex centro clandestino de detención, donde Bergés actuaba, todavía hoy funciona como una comisaría.
Otro caso que pone de manifiesto la necesidad de seguir denunciando la represión institucional es el de los conocidos acuerdos entre las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia y las universidades. El rector de la UNQUI, Mario Lozano, firmó este año un convenio con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) para legitimar el espionaje y la persecución de militantes populares, profundizando la criminalización de la protesta social. Convenio que sigue la línea que marcó a nivel nacional la aprobación de la “Ley antiterrorista”, el proyecto X y la designación de Cesar Milani, quien hasta hace pocos meses fuera Jefe del Ejército, acusado por la desaparición del soldado Ledo durante la última dictadura militar. legado que dejó el gobierno saliente y el cuál entendemos que retomarán quiénes ocupen los sillones de aquí en adelante. Muestra del rumbo que tomará el próximo gobierno en materia de DDHH es la columna editorial del diario La Nacion del día 23 de Noviembre, donde retoman de manera totalmente repudiable la teoría de los dos demonios y piden beneficios para los genocidas condenados.
El Estado no es garantía de Memoria, Verdad y Justicia, y demuestra constantemente defender intereses opuestos al interés común de todo nuestro pueblo. Es por eso que la lucha debemos darla en las calles. Exigimos que se respeten los derechos humanos de ayer y de hoy. Exigimos justicia por todos los crímenes del Estado contra el pueblo.
Convocamos a una movilización y señalización del domicilio de Bergés, reclamando:
Cárcel común para Jorge Antonio Bergés y todos los asesinos y torturadores.
Apertura de los archivos de la última dictadura.
Desmantelamiento de los edificios utilizados como centros clandestinos de detención.
Justicia por todas las víctimas de gatillo fácil y la represión de Estado.
No a la impunidad de ayer y de hoy!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos,
¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
