Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

domingo, 13 de diciembre de 2015

La justicia platense apartó al represor Héctor Gamén de las causas de Lesa Humanidad

¿NI UNO MENOS?
Por HIJOS La Plata


El genocida fue segundo jefe de la Brigada de Infantería X y titular de la Central zonal de Inteligencia del Ejército que diezmaron con sus patotas la zona sur del conurbano. Se le dictó “incapacidad sobreviniente”. Sólo fue condenado por sus crímenes del CCD “El Vesubio”. Con esto queda fuera de los más importantes juicios que se vienen en La Plata uno de los peces gordos de la represión en nuestra zona.

El titular del juzgado Criminal y Correccional N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, informó el pasado 2 de diciembre su resolución sobre el incidente planteado por la defensa del coronel Héctor Humberto Gamén, alias “Toto” o “Beta”, sobre su incapacidad para continuar afrontando los procesos en su contra.
La defensa, a cargo del abogado Gerardo Ibañez, había pedido la suspensión de la acusación contra Gamén en la causa por el Pozo de Quilmes y había citado una resolución del TOF 1 de CABA en la causa por el CCD “Sheraton” que en octubre pasado y luego de una “profusa labor pericial”, había dictaminado que el represor no se encontraba en condiciones de estar a juicio, por lo cual pedía al tribunal platense que resuelva en consecuencia.
Gamén fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el primer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el CCD “El Vesubio”, y compartió sentencia con Hugo Pascarelli y 5 penitenciarios Federales. De aquella sentencia zafó el jefe del CCD, Pedro Durán Sáenz, que murió durante el debate oral.
Pero además, Gamén estaba procesado con prisión preventiva en 3 causas del Circuito Camps: las referidas a las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield y San Justo, que están cercanas al juicio oral. Y llevaba 2 procesamientos más en Comodoro Rivadavia como jefe de la IX Brigada de Infantería en la subzona 53.
Los hechos investigados en La Plata se le atribuyen por su responsabilidad de mando en el Comando del Primer Cuerpo del Ejército durante los primeros 2 años de la dictadura. De hecho, como segundo comandante de la Brigada de Infantería X, con sede en el barrio Hipódromo de La Plata, y como jefe de la Central de Reunión de Información (CRI) de La Tablada, Gamén coordinó las tareas de inteligencia y operaciones de las patotas militares y policiales en los CCD del Circuito Camps y los de la Zona I del Primer Cuerpo.
La mentada “profusa labor pericial” sobre Gamén refiere a un primer informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema fechado en junio de este año, donde las doctoras Elena Foschini y María Chamot concluyen en que si bien el imputado estaba clínicamente compensado y sin evidencias de patologías físicas agudas, se lo notaba “desorientado en tiempo y espacio y con marcha vacilante”. Un segundo informe, ya con peritos de parte, habría corroborado que sus facultades mentales “no encuadran en la normalidad psicojurídica”, que “reviste la forma clínica de Deterioro neurocognitivo moderado a grave” y que “no se encuentra en condiciones de afrontar su derecho de defensa en juicio”. Sin objeciones del fiscal que interviene en la causa de CABA, Martín Nikilson, el tribunal porteño ordenó suspender el proceso contra Gamén y ordenó que sea peritado trimestralmente para determinar si recupera su capacidad de ser sometido a juicio.
En este último sentido, existe un antecedente en los 148 juicios que concluyeron desde anuladas las leyes de impunidad, donde el represor Aldo Carlos Máspero, procesado por crímenes cometidos en el CCD “La Cueva” de Mar del Plata, había sido declarado incapaz en 2012, pero un año más tarde recobró la lucidez y fue llevado a juicio y condenado a perpetua en 2014 en el tercer tramo de aquel proceso.
La decisión del juez Kreplak de apartar a Gamén en causa “Pozo de Quilmes” se hizo extensiva esta semana a los expedientes por el “Pozo de Banfield” y Brigada de San Justo, donde compartía la preventiva desde hace más de 3 años con otros 30 represores. Con esto queda fuera de los más importantes juicios que se vienen en La Plata uno de los peces gordos de la represión en nuestra zona. Durante el juicio por “el Vesubio”, al que Gamén asistió a todas las audiencias en libertad, se conoció un dato revelador de su legajo: su superior inmediato, el general Juan Bautista Sasiaíñ, reconocía que tenía poder de decisión sobre matar o preservar la vida de un secuestrado al corroborar “su participación de hecho o de asesoramiento en todas las decisiones en que hubo que decidir el destino de los delincuentes subversivos. En esto siempre estuvo en primera línea. No hay General de Brigada que no lo haya visto apretar la cola del disparador”.

Como venimos sosteniendo, la tardanza del Estado en juzgar a los genocidas y la pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
El reciente debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.
Y como sabemos, para juzgar de manera plena la participación de agentes militares, policiales, penitenciarios y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, y en su llegada al debate oral. Si en 12 años sólo se juzgó al 40% de los represores procesados, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que el 60 % restante no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune si no se acelera el proceso, como los 230 procesados que fallecieron en esta década.
Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

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