Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 31 de marzo de 2017

LA HISTORIA DE ANDRES NUÑEZ.

Mañana se conocerá el veredicto en el segundo juicio por el asesinato de Andrés Nuñez a manos de un grupo operativo de la Brigada de Investigaciones de La Plata en la primavera de 1990.
Luego de haber acompañado a la familia durante años, desde HIJOS La Plata contamos la historia completa de Andrés, la lucha de Mirna y su familia, y la significación del caso como una desaparición forzada en democracia.


26 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD POLICIAL
Por HIJOS La Plata

El 27 de septiembre de 1990 el grupo operativo de la Brigada de Investigaciones de La Plata estaba muy activo. La excusa para movilizar una cacería estaba a la altura de los acontecimientos: el robo de una bicicleta.
Al mando del grupo estaba el experimentado comisario Luis Raúl Ponce, que había comenzado de muy joven su carrera en la Bonaerense como integrante de las patotas de la Comisaría 8va y 5ta de La Plata, dos de los 13 Centros Clandestinos de Detención que existieron en la ciudad durante la dictadura militar. En la calle dirigía la comitiva un oficial más joven, Pablo Martín Gerez, que lleva más de 25 años prófugo en la causa. Lo secundaban tres agentes: Alfredo González, chofer del FIAT 147 blanco que habitualmente usaban en los operativos, Víctor Rubén Dos Santos y José Daniel Ramos.
Comenzaron por la tarde, secuestrando al joven Jorge David Guevara, mientras cortaba el pasto en una vereda del barrio El Dique de Ensenada. Y continuaron hasta la madrugada buscando a Nuñez. Andrés, para sus amigos “El Gallego”, tenía 30 años y era futbolista amateur. Había jugado en Cambaceres y en Estudiantes de Mar del Plata, siempre como marcador lateral derecho. Alguno de sus ex compañeros recuerdan que si no se destacaba por la habilidad, si por la fuerza, y porque “pegaba como una yegua”. Andrés sobrevivía haciendo changas de arreglos de electrodomésticos, iba y venía todos los días por la ciudad en una impecable bicicleta Olmo de carrera profesional color gris con detalles en rojo, de las que no había muchas por entonces. Cuando se conocieron con Mirna Gomez en el boliche Macondo de La Plata, de 45 8 y 9, él le dijo: “Te llevo en mi móvil”. Mirna pensó que la acercaría a su casa en auto, pero al llegar a la estación de servicio de 7 y 45, Andrés desató su bici y la invitó a subirse. En el corto tiempo que estuvieron juntos, la vida les dio una niña y vivían alternando entre una casa del centro y la casa de la madre de Andrés en Villa Elvira. Fue en esa casa de 119 y 78 que se presentó el grupo de la Brigada al mando de Gerez la madrugada del 27 al 28 de septiembre.

LOS HECHOS
Aquel día Andrés había salido a jugar al fútbol y no llegó a casa hasta la madrugada. El grupo de la Brigada se presentó cerca de las once de la noche. Cuando estaba llegando el compañero de la madre de Andrés, Walter Di Pietro, lo confundieron con Andrés. Lo subieron al móvil, lo golpearon y lo devolvieron a la casa, tras constatar su identidad. Luego esperaron a Andrés: Gerez y Ramos irrumpieron en la casa y pidieron que les sirvieran café, mientras González y Dos Santos custodiaba desde el auto.
Cuando llegó Andrés, con su equipo de gimnasia y su bolso deportivo lo llevaron al fondo, donde lo golpearon y amenazaron. Se podía ver la campera manchada por la pintura de la pared del fondo cuando se lo llevaban.
Mirna y la mamá de Andrés realizaron la búsqueda por hospitales y comisarías. Recibieron el dato de la Brigada, y allí se dirigieron. En la sede de la Brigada, calle 61 entre 12 y 13, les negaron la detención, pero se encontraron con la madre de Guevara que buscaba desesperada a su hijo. A partir de ese contacto supieron que estuvo esa noche en la dependencia se contó esa noche con la actuación de varios encubridores del hecho: los policías Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo, Gustavo Veiga, el jefe de la dependencia Pedro Costilla y su segundo, Juan Kadluwoski.


LA CAUSA
El largo camino de lucha de Justicia por Andrés comenzó en 1990 con los debidos Habeas Corpus en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N°7. El primer juez de la causa, Amilcar Benigno Vara, era un reputado amigo de los comisarios de la Maldita Bonaerense. En plena década de los gobiernos mafiosos de Menem en la Nación y Duhalde en la Provincia, La Bonaerense operó sobre el caso Nuñez, el Comisario “Chorizo” Rodriguez (Jefe de la Brigad de Investigaciones de La Matanza y padrino de Gerez) les gestionó un salvoconducto a los asesinos y ofreció 200 mil dólares a Vara para ocultar su responsabilidad y estirar el mayor tiempo posible la investigación. El expediente fue sistemáticamente inmovilizado por el juez Vara, quien en un encuentro con Mirna le aseguró que Andrés podría haberse fugado con otra mujer y que lo buscaran por su cuenta. En una de sus últimas actuaciones en la causa, y ante las testimoniales sumadas al expediente de otros detenidos que habían compartido cautiverio con Andrés y David Guevara aquella noche en la Brigada, Vara no tuvo más remedio que dictar los procesamientos de 13 de los agentes de investigaciones.
La abogada de Mirna, Elba Témpera, un personaje que trabajaba a dos puntas por sus contactos con La Bonaerense, sumó la declaración de Jorge David Guevara, que describió las torturas sufridas por él y por Andrés con la técnica del submarino seco (una bolsa en la cabeza con golpes en el estómago), más los dichos de los hermanos Jośe y Miguel Décima, detenidos durante varios meses en la Brigada, que contaron que esa noche escucharon gritos de una persona torturada, corridas por el pasillo de la dependencia y que supieron que a los policías “se les había ido la mano con alguien y que se les fue”.
Pese al avance de la investigación, y ante las apelaciones de los abogados de los policías, en marzo del '94 la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Benjamín Sal Llargués, Sara González y Horacio Piombo, dispuso el sobreseimiento de los dos únicos detenidos, Lafit y Ozuna, porque para ellos la presencia de los polis esa noche en la Brigada no estaba probada. El resto de los procesados no se presentaron al llamado de la justicia, hasta que un hecho conmovió el curso de la investigación. La “Omertá”, el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas, funcionaba a la perfección. Hasta que a cinco año del hecho, el oficial José Ramos, rompió el código para beneficiarse individualmente y declaró que Nuñez había sido asesinado y enterrado en un campo de General Belgrano, a 110 km de La Plata.
Enseguida el nuevo juez de la causa, Ricardo Szelagowski, partió hacia allí en comitiva con su secretario Javier Guzmán, el policía-testigo Ramos, fotógrafos de la Asesoría Pericial y la abogada de Mirna, Elba Témpera.
Tras dos días de diligencia, con complicaciones para ubicar el lugar exacto, dieron con la estancia “El Roble, con su encargado Edgardo Gerez (primo del policía Pablo Martín), que reconoció que su pariente iba con frecuencia con otros policías a hacer prácticas de tiro y “caza menor”, las investigaciones arrojaron resultados incontrastables: Dentro de un cerramiento circular metálico tipo tanque australiano deteriorado, y luego de excavarse en varios sectores de su interior, se encontraron indicios de combustión en la tierra y restos de carbón, y al continuar la excavación, restos óseos presumiblemente humanos. Al día siguiente se continuó la tarea, y se hallaron más restos óseos y pedazos de una mochila, junto a jirones de prendas de vestir y calzado, y un alambre de acero forrado en plástico con un candado. Esos objetos fueron exhibidos al hermano de Andrés, Omar Nuñez, que había sido citado al lugar. Omar los reconoció sin dudas como pertenecientes a Andrés.
Mirna fue avisada con retardo del hallazgo de los restos ya que no estaba bien de salud y no quisieron empeorarla. Recién pudo reconocer los elementos encontrados el 11 de agosto. La pericia antropológica realizada por el EAFF describió completo el procedimiento, y destacó varios puntos:
- Que se exhumaron restos óseos humanos calcinados. - Que Andrés fue cremado en el mismo lugar donde lo enterraron, ya que se encontró sucesivamente capas de tierra quemada, carbón vegetal, cenizas, restos óseos humanos tiznados, calcinados e incinerados. - Que por la posición en que se encontraron los diversos restos, el cuerpo no estaba vestido al momento de inhumarlo ya que las prendas fueron colocadas debajo del cadáver y justamente por ello, como gran error de “procedimiento” de la banda de la Brigada de La Plata, estaban en buen estado de conservación. En tanto la pericia de ADN realizada comparó muestras de los restos encontrados con otras obtenidas del ADN de la hija de Andrés y Mirna, y de su hermano Omar: el resultado demostró que todas las muestras del material óseo encontrado correspondían a la misma persona y que el porcentaje de certeza para el estudio de filiación era de 91,99%.
Resuelto el destino final de Andrés, y aunque la aparición del cuerpo no modificó en nada el carácter del hecho como una desaparición forzada de personas, iban a pasar muchos años más para comenzar a conseguir Justicia en el caso. Y ni siquiera eso.
Para los 7 años del hecho, en septiembre del '97, sólo quedaba un detenido en la causa, que pasó de manos del juez Szelagowski a Nardo, con los principales imputados aún prófugos.


EL ESPIONAJE
El Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político e ideológico sobre hombres y mujeres a lo largo del siglo XX. En un análisis profundo, el Fondo documental incluye las persecuciones a militantes en los gobiernos constitucionales desde comienzo del siglo XX, tanto a anarquistas como a comunistas en gobiernos radicales y conservadores de la provincia, como a comunistas en las intervenciones federales de los '40 y la gestión peronista, pasando por las dictadura militares de las décadas del '50, '60 y '70 y llegando hasta los momentos mismos del año de apertura del archivo, cuando la Bonaerense era dirigida por Pedro Klodczyck. La maquinaria de persecución política y espionaje social nunca se detuvo, gobierne quien gobierne. El área de Inteligencia de La Bonaerense funcionó en todos los gobiernos democráticos de la provincia en el pasado siglo. Funcionó como DIPPBA entre 1956 y la reforma policial del ministro León Arslanián en el año 1998, cuando fue disuelta, cerrado su archivo y otorgado en custodia a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ello no quiere decir, claro, que “La Bonaerense” no haya continuado realizando inteligencia para política y social con posterioridad a esa fecha, ya con órganos de distinta denominación pero con la misma función histórica: preparar la represión.
Este año, y en momentos del 28 aniversario de la Masacre de Ingeniero Budge, la CPM difundió un informe de documentos desclasificados de la DIPPBA, para comprender cómo el espionaje realizado en democracia también alcanzó a las luchas contra los crímenes del Estado. La persecución a familiares y al entorno de las víctimas, la vigilancia en conferencias y el registro de manifestaciones por reclamos de justicia, dan cuenta del mecanismo de espionaje e inteligencia sobre las víctimas y todos aquellos que denunciaban la responsabilidad de la policía en los crímenes.
La CPM presentó un extenso legajo con tres tomos de más de 300 fojas que se encontró en el archivo sobre la Masacre de Budge. En prolija prosa policial el informe muestra que en plena primavera alfonsinista la DIPPBA seguía organizando operativos de vigilancia con el fin de obtener todos los detalles posibles sobre las movilizaciones sobre casos que involucraran a “La Bonaerense”. Las organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos que llevaban adelante las manifestaciones por el esclarecimiento de los diferentes casos de crímenes de Estado eran el principal blanco de vigilancia. En los partes de inteligencia se registran las actividades, los textos de las banderas y carteles que acompañaban las marchas y cuántas personas concurrían como también qué personas conocidas públicamente estaban presentes. Se destacan informes sobre cómo se componían las organizaciones, las conversaciones y discusiones, las medidas que tomaban, los lugares de reunión, hasta los antecedentes políticos de los integrantes. Toda esta información era recolectada por una figura central para la DIPPBA: el infiltrado. En HIJOS La Plata supimos sufrir esas modalidades en informes completos de asambleas semanales realizadas en un local que la agrupación tenía en los '90 en la calle 42 y 13, en el centro de La Plata. En este caso, la minucia con que se informaba lo hablado y actuado, y que detallaba la DIPPBA, sorprenden aún hoy, cuando la propia memoria no supo detectar al correspondiente buchón de “La Bonaerense”.
Conociendo estos informes de la CPM, Mirna se acercó a pedir una búsqueda específica en el archivo del DIPPBA sobre el caso de Andrés. Tras unas semanas de espera, el área de Archivo de la Comisión contestó al pedido con una gruesa carpeta de 147 fojas y 2 CD de 300 páginas más, donde se especificaban 7 legajos en que se mencionaba a Andrés Nuñez, a su mujer, a los políticos y policías implicados en el caso y a las organizaciones que alguna vez acompañaron la lucha de justicia en el caso. La información iba desde el mismo septiembre del año '90 hasta el '97, un buen promedio de seguimiento teniendo en cuenta que la DIPPBA funcionó activamente hasta un año más tarde.
En principio, y al igual que sobre la mayoría de los militantes políticos , dirigentes sociales o víctimas del aparato represivo de Estado que sufrieron persecución en las dictaduras del siglo XX, se encontró una ficha personal referida a Andrés y fechada en marzo de 1992. La ficha remitía al legajo N°31.270 y, fiel a la esquiva precisión policial, decía que Andrés tenía 32 años y reseñaba como antecedentes sociales: “Desaparecido – 11/10/90”.
Ese primer legajo referido pertenecía al denominado “Factor Policial”, consignaba el interés de la inteligencia policial desde el inicio del caso, y se nutría principalmente de recortes de la prensa platense que hacían referencia al hecho. Pero además, había informes de inteligencia acompañados de los volantes y afiches que el agente infiltrado en las actividades públicas recogía para sumar a su reporte.
El que iniciaba la carpeta, un Memorandum producido por la Dirección de Reunión de Información (DRI) fechada el 13 de octubre de 1990 y firmado por el subcomisario Carlos Bonanni, jefe de la DRI. Con alta valoración de importancia, reseñada en el “código B2” de la DIPPBA, informa al Director General de Inteligencia que si bien “estaría involucrado personal policial”, referente al caso “no se ha podido establecer la veracidad de lo acontecido” y que la confirmación la estaba siguiendo el mismísimo Director General de Investigaciones de la fuerza. Un segundo informe ya denotaba el interés de la Bonaerense en conocer la reacción popular al caso, porque había puesto agentes a infiltrar las concentraciones y movilizaciones. Otro informe
daba cuenta de una “intensa actividad panfletaria en el radio céntrico de nuestra ciudad” realizada por organismos de Derechos Humanos. Prolijo en su tarea, el informante consignaba el texto completo del volante, que llamaba a una movilización a fines de octubre del '90 en Plaza San Martín. Y además, una vez visitada la actividad, formulaba la clásica “Apreciación y Probable Evolución” de rigor: “efectuadas las tareas de inteligencia se estima una concurrencia de 100 personas”. Consignaba la mención de las organizaciones de DD.HH., estudiantiles y partidarias que acompañaron la movilización y destacaba especialmente “adhesión de fracciones de izquierda”.
Lo curioso del caso es que ese mismo volante reseñado fue utilizado posteriormente para operar sobre el caso, para crear confusión y desprestigiar la lucha. Ambos ejemplares, original y su deformación policial, constan en el material que la CPM entregó a la familia de Nuñez.
La técnica fue sencilla: Tratando de respetar la misma grafía del original, hecha con fibrón, se cambió la consigna “Aparición con vida de Andrés Nuñez” por “Aparición con vida del compañero Andrés Nuñez”, y sustituyendo la única consigna original de “¡Todos a Plaza San Martín” por la sugerente “Por la rebelión popular, contra el Terrorismo de Estado, contra el hambre y la pobreza de Menem y Erman González”. Todo firmado por una inexistente “Brigada Che Guevara” con el debido logo del guerrillero heroico.
El mismo día de la manifestación reseñada en el informe anterior, se generó un nuevo Memo en donde se afirmó que “de fuentes que merecen crédito, se estaría ante la posibilidad de que el mencionado Nuñez perteneciera al grupo denominado 'Brigada Che Guevara', de reciente conformación y actividad en nuestro medio”. La operatoria se auto justificaba por la “adhesión demostrada por distintas organizaciones afines con dicha brigada”. Fue una clara inversión de acusaciones realizada por los Pata Negra porque quienes estaban señalados como secuestradores de Andrés pertenecían a la única Brigada en danza en el caso, la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Pero el seguimiento policial no se redujo a espiar las manifestaciones y levantar volantes para consignarlos en informes de dudosa ortografía. Para la segunda movilización importante, convocada el 2 de noviembre del '90, la DIPPBA ya había avanzado sobre la familia de Andrés. Un informe fechado ese mismo día informaba que “la madre del supuestamente desaparecido Andrés Nuñez manifestó en la puerta de su domicilio y en rueda de vecinos, que su hijo se encuentra con vida, detenido en la Brigada de Investigaciones de Morón, y que en un corto tiempo se le otorgará permiso para verlo”. Además, jugando con las expectativas de una madre desesperada, calificaban que Isabel Olguín “supone que su hijo se encontraría muy golpeado y por ello las autoridades policiales no estarían dispuestas a conceder visitas”. Más allá de la versión falsa e intencionada de la detención de Andrés en Morón, una de las tantas echadas a correr por la propia Bonaerense, lo importante era que se reseñaba que la familia de Andrés vivía en Villa Elvira y se daban datos ciertos de la ubicación de la casa y de los vecinos. Los “Medios Propios” policiales andaban rondando la zona.
Tras la realización de esa marcha del 2 de noviembre, un nuevo informe de inteligencia de medios propios, esta vez con valoración más importante calificada como “A-2”, reflejó que la convocatoria alrededor del caso Nuñez estaba recopilando denuncias de detenciones ilegales y torturas en las Comisaría 1ra, 5ta y 9na de La Plata, todas ellas del centro de La Plata, y convocatoria a los vecinos de la zona y familiares de los jóvenes a organizarse para denunciarlo. Por ello realizaron el fichaje del lugar de reunión en la casa de calle 43 N° 580 ½, que por entonces era sede de la APDH, y la realización de una peña para juntar fondos para sostener la lucha.
A partir de entonces, las movilizaciones por Andrés tuvieron fecha y lugar fijos todos los viernes en Plaza San Martín hasta finalizar el año '90, donde se comenzó a popularizar un cantito: “Den respuesta, den repuesta. Seguimos en la plaza hasta que Andrés aparezca”. El reclamo estuvo presente en la décima Marcha de la Resistencia que organizaron las Madres en Plaza de Mayo el 5 y 6 de diciembre del '90 con un fuerte reclamo contra la serie de 10 indultos a los genocidas de la dictadura y militares de Malvinas, que estaba completando Menem ese fin de año.
Ante ello, la operatoria de la Bonaerense se redobló con nuevos volantes refrendados por la inexistente “Brigada Che Guevara” y hasta se pegaron afiches en zonas céntricas con la cara del Che y pidiendo por la aparición con vida del “Tte. Andrés Nuñez”. Los organismos denunciaron a los medios de comunicación esta campaña que pretendía ensuciar el caso, y dijeron al ya extinto diario “Sur” que Andrés nunca había tenido militancia política y que “el único Guevara del caso es el testigo que vio a Nuñez en la Brigada la madrugada anterior a su desaparición”. “Sur” fe el primer medio que se animó a publicar la versión detallada de los familiares de Andrés sobre lo sucedido la noche del secuestro y reveló los principales datos que, casi 20 años después, fueron corroborados en el primer juicio oral.
Si como dijimos, la DIPPBA fue desactivada en 1998, las tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales y militantes políticos continuaron hasta hoy día, como lo prueban los seguimientos previos a la Masacre del Puente Pueyrredón, el Proyecto X de la Gendarmería y el agujero negro de la SIDE, transformada recientemente en en AFI tras el escándalo del caso Nisman.


EL JUICIO DE 2010
La primer instancia de llevar a los responsables del crimen de Andrés a juicio se dio a fines de 2010. De movida se planteaba como un juicio complejo: 65 testigos citados por las partes a escuchar en sólo una semana, expresamente del 23 al 30 de noviembre. Además las partes tenían dos semanas para ubicar a los testigos propuestos y notificarlo al juzgado.
En una primera tanda estaban citados los familiares de Andrés, junto a otras víctimas de torturas como detenidos en la Brigada, y sus familiares, para dar paso a los testimonios de integrantes del EAFF, que habían realizado la tarea de exhumación e identificación del cuerpo de Andrés, así como los primos de Gerez que regenteaban el campo donde se encontró el cuerpo y algunos familiares de los policías imputados. Más testimonios clave de otras personas detenidas durante septiembre en la sede de Investigaciones daban continuidad al juicio, junto al titular de la comisaría de General Belgrano en el año '95. Los hermanos de Andrés y otras personas citadas cerraban la tanda de testimoniales. Los imputados, Gonzalez y Dos Santos, quedaban a disposición para el comparendo, y completando el cuadro los jueces pedían a la guardia de Tribunales “personal policial en número suficiente” para cubrir las audiencias y “ a los efectos de mantener el orden”.
El proceso, a cargo de los jueces María Elia Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto, significó el segundo juicio, después de la causa por Miguel Bru, en el que se llevaba a juicio en La Plata a policías por el delito de Tortura seguida de muerte. En las audiencias se reconstruyó al detalle lo sucedido aquella noche en la Brigada, y con la presencia de organismos de DDHH y otros familiares de víctimas de crímenes de Estado, se llegó a desandar la compleja estructura de impunidad que había pesado durante 20 años.
En su fallo los jueces recordaron que tanto González como Dos Santos habían admitido la realidad del crimen en instancia de sus respectivas declaraciones indagatorias, cosa que lejos de atenuar la responsabilidad de cada uno, terminó por aclarar detalles, y coincidía en lo esencial con la gran cantidad de prueba recolectada en el juicio, tanto en testimonios como en lo pericial y documental, lo que en conjunto despejaba cualquier duda sobre cómo habían sido los hechos.
Pero en la instancia de los fundamentos, donde los jueces aprovechan para demostrar cuánto saben de Derecho en largos argumentos copiosos en citas, hubo varios temas para analizar. Uno de ellos fue el relativo a la significancia del delito de Torturas, sobre todo en esa máxima no escrita de la investigación penal que pesa sobre los magistrados cómplices: “la bolsita no es Tortura”.
Una nueva versión de ese lema “una bolsita en la cabeza no es tortura”, fue planteada en el juicio por el defensor de Dos Santos, Dr. Claudio Ritter (conocido defensor de femicidas y golpeadores de sus mujeres), que trató de sostener la teoría de que la entidad de los castigos que recibió Andrés, aún habiéndole causado la muerte, no constituían tortura. La capacidad del letrado para relativizar los daños ejercidos por agentes del Estado, o personas comunes, sobre una persona indefensa le dio mucha labor profesional.
Al planteo del defensor contestó la presidente del tribunal, Dra. Riusech, que realizó una reflexión sobre el método del “submarino seco”: “colocar una bolsa plástica en la cabeza de modo de hacer faltar el aire, y producir la sensación de ahogo, contrariamente a lo sostenido por el Defensor, tal sensación, colocada la víctima en total indefensión, constituye un acto que intencionalmente infligió sufrimiento físico y psíquico grave”. Por ello, para la jueza Riusech, “la muerte puede vincularse al menos a título de culpa respecto de todos los que intervinieron en la ejecución del hecho y ello basta”.
Con todas las pruebas a su disposición, los jueces dieron por probada la responsabilidad de Gonzalez por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con torturas seguidas de muerte, y de Dos Santos como autor de los tormentos que causaron la muerte a Andrés. Por ello los condenaron a prisión perpetua, accesorias legales y costas, e inhabilitación absoluta perpetua.
Además, en la sentencia se incluyó los dichos de Guevara sobre la presencia del juez Amilcar Vara en la Brigada la noche del crimen, lo que técnicamente sería la posibilidad de “surgir la comisión de un delito de acción pública”, el tribunal hizo enviar copia del acta de debate a la fiscalía de turno, para que lo investigue. Finalmente dispuso la entrega a su familia de los restos de la víctima, que habían descansado en una urna en el despacho del tribunal instructor de la causa. Sin embargo Mirna tuvo que esperar un tiempo más para poder sepultar los restos de Andrés, cerrando en parte el círculo de una larga lucha.
Luego vendría la detención de Ponce y el juicio que esta por concluir esta en marzo de 2017.


MISMAS PRÁCTICAS, MISMOS REPRESORES
Muchas veces señalamos la continuidad de las prácticas represivas de la última dictadura en democracia. En este caso, no sólo se trata de las mismas prácticas, sino del mismo represor, Luis Raúl Ponce, efectivo de las Comisarías 8va y 5ta en dictadura y mencionado en el testimonio de Jorge Julio Lopez como quien manejaba el móvil donde lo levantaron la noche del 27 de octubre de 1976 de su casa en Los Hornos. Lopez dijo que lo conocía del barrio.
Ponce fue detenido en el sur del país en agosto de 2012. Lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria por error: estaban buscando a Cesar Heriberto Peralta, prófugo en una causa de Lesa Humanidad en Santa Fe. Había cambiado su nombre por “Raúl Peralta”, adoptando su segundo nombre y el apellido de su madre. Tras ser aprehendido con resistencia a los tiros, se verificó que se trataba de Ponce, prófugo por más de 20 años en la causa de Andrés. Pero también fue procesado en la causa residual por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Comisaría 5ta, el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata que no fueron tenidos en cuenta en el juicio “Circuito Camps” de 2012. En ese expediente está incluido el primer secuestro de Lopez, que será caso en ausencia en un juicio por el que él luchó y aportó todo lo que sabía, pero donde el Estado no está dispuesto a resolver su segunda desaparición forzada. Tras un tiempo de procesado, Ponce fue apartado de la causa porque los fiscales no sostuvieron la acusación con el cínico argumento de que Lopez no estaba presente para reafirmar lo que había testimoniado en 2006.
Ponce llegó a juicio este año 2017 y no tuvo otra estrategia que hacerse pasar por víctima del juez Vara, y ofrecer como testigo a su mujer, que se profugó con 'el en 1995. Hace 3 años que la familia de Nuñez pide que se ponga fecha de juicio a Ponce, hoy alojado en la Alcaldía Pettinatto de La Plata. Además murió impune en marzo de 2014 el primer juez de la causa, Amilcar Vara, señalado como cómplice de las torturas y el ocultamiento del cuerpo de Andrés, y destituido en Jury de enjuiciamiento en 1998 por complicidad en 27 casos de crímenes policiales.
Pese a los veloces sobreseimientos dictados hacía años por el juez Szelagowski, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense resolvió un planteo del abogado de Mirna, Eduardo Hortel, de declaración del hecho como delito de lesa Humanidad, por lo tanto imprescriptible. Si bien negó tal carácter, la Corte dijo que no estaba prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés. Y apoyándose en la doctrina surgida de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves”, dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y que se impone “extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables.
Pero además continúa prófugo desde 1990 el policía que comandó el grupo secuestrador, Pablo Martín Gerez, nacido hace 55 años en General Belgrano, lugar del hallazgo de los restos de Andrés. Hace poco aportamos a la causa, junto a los actuales abogados de Mirna, Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, información de que Gerez visitaría a su madre, Nelly Esther Duhalde (prima del ex gobernador Duhalde), que vive Calle 53 N°445 de Gral Belgrano o la llamaría a su teléfono 2243 452862 o a un celular específico para el caso. Los datos no generaron medidas concretas de búsqueda, y la familia de Andrés se cansó de pedir al ministro de Justicia de Nación, Julio Alak, y a su sucesor Germán Garavano que incluyan la búsqueda de Gerez en el “Programa Buscar” de esa dependencia, siendo que se trata de uno de los prófugos más antiguos de la justicia penal bonaerense. Para completar el cuadro, en 2009 Gerez presentó un escrito en la causa a través de su abogada, Natalia Nosenzo, pidiendo la prescripción de la acusación. El detalle es que el escrito estaba firmado de puño y letra del prófugo: una mojadita de oreja a la lucha contra la impunidad.


LAS DESAPARICIONES EN DEMOCRACIA
Desde el caso del joven de 23 años Néstor “Lito” Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; hasta el caso de Ismael Sosa, de 24 años, que detenido por la policía en el ingreso a un recital en la ciudad cordobesa de Villa Rumipal apareció dos semanas después en las aguas del Embalse Río Tercero, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 210 casos de desaparición forzada de personas entre 1984 y 2015.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina es palmaria. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido en los años 1994 (17 casos), 2001 a 2003, 2006 y 2009 (13 casos en cada año) y 1997 (12 casos). Y pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, con los años los casos han seguido creciendo.
La descomposición de los casos a través de cada una de las décadas de gobiernos constitucionales, nos permite señalar que durante la década del '80, mientras el país salía de la dictadura, se dio sólo el 7% de los casos, mientras la década del '90, donde Argentina reformó su Constitución para incorporarle los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, registró el 35%. Pero más llamativo es que la mayor cantidad de casos, el 49%, se produjo durante la década del 2000, cuando el país estuvo mayormente dirigido por el denominado “Gobierno de los Derechos Humanos”. Completa el cuadro el período 2010-2015 que, con el 9% de los casos (un total de 19) supera en la mitad de tiempo al total de los producidos en la década del '80.
Ahora, si tenemos en cuenta las gestiones de los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, los casos se desagregan de tal manera que es la gestión de Carlos Menem la que mayor cantidad de casos registra (33%). Pero si juntamos las tres últimas gestiones del martrimonio Kirchner, nuevamente es el autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos” el que se ubica con mayor cantidad de casos (39%).
No deja de alarmar el crecimiento exponencial de la selectividad represiva que presenta esta modalidad, si analizamos las edades de las víctimas registradas. En la mayoría de los casos las víctimas eran jóvenes, pobres y pertenecientes a familias de trabajadores. Tomamos como referencia la edad de 25 años, porque según el propio archivo de CORREPI, la mayor cantidad de personas asesinadas por las diversas modalidades represivas del Estado ocupan la franja etaria de entre 15 y 25 años.
Así, aunque en muchos de los casos no existen registros de la edad de la víctima, con los datos existentes podemos afirmar que el 55% de los casos corresponden a personas menores de 25 años. Pero más sorprendente es analizar que tal porcentaje ha crecido a través de las décadas, ya que si en los '80 eran jóvenes el 43% de los casos, en los '90 subió al 56%, se mantuvo en tal cifra en el 2000, pero creció al 68% de los casos del período 2010-2015.
Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor.
En casos como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru e Iván Torres, la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores. En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano y Mario Golemba, la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.
En casos como los de Luciano Arruga y Jonathan “Kiki” Lezcano, la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo”blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte. Si bien puede señalarse a un actor básico como ejecutor, la práctica de la desaparición forzada no es exclusiva de los agentes de policías provinciales o federales, como lo muestra el caso de Sergio Ávalos, donde la detención fue practicada en un sitio de diversión nocturna por su sistema de seguridad, que contaba con 40 integrantes del Ejército que realizaban adicionales.
Pero quizás el hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

La figura específica del tipo penal llamado desaparición forzada de personas, ya había sido admitida en nuestro ordenamiento legal cuando se ratificó en 1995 la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (por ley 24.556) y con la revalidación en 2007 (por ley 26.200) del artículo 7.2.i del Estatuto de Roma, que consagra a nivel internacional la punición de esta modalidad delictiva. Sin embargo fue recién en mayo de 2011 (a través de la ley 26.679) que se incorporó a nuestro sistema legal el tipo penal específico y se lo incluyó en el art. 142 ter del Código Penal formando parte de los delitos contra la Libertad. Con todo, y pese a las recurrentes apelaciones a procesos de “Memoria, Verdad y Justicia”, en 32 años de democracia en nuestro país no se ha condenado a ningún agente del Estado por el delito específico de Desaparición Forzada de Persona. Ello porque la mayoría de los casos no se investigan, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana. Por eso, para denunciar las desapariciones forzadas negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero. Nos encontramos con verdaderos hechos de desaparición cometidas por parte de agentes del Estado.
Como señala el Grupo de Trabajo sobe Desapariciones Forzadas de la ONU “una detención sea legal o ilegal, seguida de una ejecución extrajudicial constituye una desaparición forzada en sentido propio, siempre que esa detención o privación de libertad la hayan realizado agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, o grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia, y que con posterioridad a la detención o incluso después de haberse llevado a cabo la ejecución, se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que el acto se haya cometido en absoluto”. (ver http://www.ohchr.org)
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y su las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.
Pero ese giro represivo no es más que la puesta en funcionamiento de una amplia contradicción del sistema jurídico argentino que, exigiéndole a un juez o a un fiscal que funde razonablemente en hechos y en derecho el pedido de detención de una persona, le otorga a las fuerzas de seguridad, sin dar fundamento alguno, la posibilidad de detener por varias horas a quien se le ocurra. El secreto mejor guardado del Estado de Derecho es el sistema de detenciones arbitrarias, que responde a la necesidad de que el aparato represivo, cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar discrecionalmente en el ejercicio del control social. Las faltas o contravenciones, y la detención de personas para averiguar sus antecedentes, dan la oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisarías, con el único fundamento real de la necesidad institucional de ejercer el control social a través del aparato de seguridad

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