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miércoles, 29 de marzo de 2017

SENTENCIA EN EL SEGUNDO JUICIO POR ANDRES NUÑEZ

Por HIJOS La Plata

VIERNES 31/3 – 12 HS - CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.

Tras haberse escuchado el 22 de marzo los alegatos de las partes en el segundo juicio por el secuestro torturas, asesinato y desaparición de Andrés Nuñez, el tribunal citó el viernes 31 de marzo al mediodía para leer el veredicto. Luis Raúl Ponce enfrenta la acusación fiscal y de la querella como coautor del secuestro y torturas seguidas de muerte y el pedido de reclusión perpetua.


En la audiencia de alegatos la fiscal Rosalía Sánchez, que también representó la acusación del Ministerio Público en el anterior juicio de 2010, solicitó la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Basó su pedido en la cuantiosa prueba reunida en el expediente, tanto como en los relatos de los testigos en el juicio, que colocan a Ponce en el lugar de los hechos y con un rol de mando sobre lo ocurrido. Desestimó asimismo la credibilidad de los testimonios del imputado y de su esposa, que no hicieron más que exculparse y descargar las responsabilidades en los otros policías, en el juez Amílcar Vara y en el abogado Alejandro Casal, que representaba a los policías imputados en la instrucción de la causa.
Sánchez valoró especialmente el hecho de que Ponce hubiera estado prófugo por 22 años, nunca se hubiera puesto a derecho en la causa, hubiera dado las 'ordenes de secuestrar a Andrés, comandado las torturas que lo llevaron a la muerte y luego dar cobertura al resto de los policías implicados.


A su turno, Manuel Bouchoux, representante de la esposa de Andrés como particular damnificada,realizó un extenso y detallado alegato que, más allá del caso particular, es un importante aporte para comprender la realidad de la tortura en democracia. Bouchoux comenzó diciendo que si el Estado hubiera actuado legalmente el caso se hubiera resuelto enseguida. Apoyó esa afirmación en el hecho de que Jorge Guevara, aun siendo un niño de 16 años, había denunciado formalmente por torturas a Ponce en octubre de 1990 y días antes la madre de Andrés; Isabel Olguín había presentado un Habeas Corpus por la desaparición de su hijo. Pero el pacto de silencio generado entre la complicidad policial y judicial llevaron a que estemos hoy, 26 años después del crimen y sólo por la lucha persistente de los familiares y los organismos de Derechos Humanos, todavía discutiendo responsabilidades.
Bouchoux dio por completamente acreditado el hecho como un secuestro, seguido de torturas, asesinato y ocultamiento del cuerpo, todo probado en el juicio anterior y confirmado en este con la prueba documental y los testimonios de familiares tanto de la víctima como de policías implicados, de ex detenidos en la Brigada y del antropólogo que trabajó en el hallazgo del cuerpo. Dijo que la acción de Ponce mandando a detener, tanto a Guevara como a Nuñez, y participando de las torturas a ambos con “submarino seco”, está probada por la credibilidad de los testimonios. En su visión Ponce era el jefe máximo de lo que allí sucedió y destacó que él mismo se reconoció como jefe de un grupo operativo, aunque luego trató de ponerse en segundo plano. Señaló que el pacto de silencio entre los policías es evidente, ya que Ponce lo desprestigió a José Ramos por “entregar” el lugar de ocultamiento del cuerpo y romper el pacto, siendo que está apartado de la causa por insano, pero evitó mencionar al aún prófugo Pablo Gerez, en quien podría haber deslindado responsabilidades. En este sentido pidió al tribunal que en el fallo exhorte a los ministerios de Seguridad y Justicia, tanto de provincia como de la Nación, a que informen qué incidentes de búsqueda existen sobre Gerez y qué acciones se han realizado. Finalmente hizo un relato de la importancia de condenar a la tortura como tal, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llegando a afirmar que casos como los de Nuñez y los de Jorge julio López reproducen en democracia la dinámica del terror de la dictadura.
Por todo ello pidió la condena de Ponce a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.


Finalmente, el defensor de Ponce, Oscar Salas, ensayó un desprolijo y quejumbroso alegato pidiendo la absolución de su defendido. Comenzó diciendo que él sabía lo que es estar esposado y ser torturado, porque dijo haber estado detenido unos días en la Comisaría 9na de La Plata en dictadura. Que en tantos años de ejercer el derecho su estudio no defiende “lo que le cae”, sino sólo casos donde tienen convicción de la inocencia del representado. Acto seguido juró por sus hijos que Ponce es inocente, apartándose de su rol que es hablar estrictamente de derecho. Salas se atrevió a decir que la fiscal Sánchez es una persona inteligente, pero se equivocó en este caso y no vio que había una estrategia para inculpar al ausente. Definió a Ponce como una persona indefensa, que fue víctima de un armado del juez Vara, de los otros policías y del abogado Casal, que lo defendía hasta que se profugó. Agregó que en estos años visitaron a Alfredo González en la cárcel, condenado en 2010 por el crimen de Andrés, y que les habría confesado que “nos descartamos en Ponce porque se rajó”. Sin embargo dijo que no pudo lograr que lo atestiguara en el juicio por miedo. También intentó demostrar infructuosamente que Ponce no estaba en la Brigada por una confusa “cuestión de horarios”.
Con todo ello, pidió la absolución por prescripción de la causa. Subsidiariamente planteó la instrucción como nula y finalmente la exculpación por el beneficio de la duda.
Oscar Salas y Christian Romano defenderán a un asesino de la CNU La Plata, Juan José “Pipi” Pomares, en una causa por delitos de Lesa Humanidad a la espera de juicio en mayo próximo en el Tribunal Federal 1 de La Plata. Deberán esmerarse si pretenden la absolución del asesino de las bandas paramilitares peronistas.
Llegadas las dúplicas y réplicas, la fiscal Sanchez tomó el guante lanzado por el defensor Salas, y contestó que había una evidente estrategia de echarle la culpa a los ausentes, pero que la estrategia era del propio Ponce, que se descargaba en el juez Vara y el abogado Casal (ambos fallecidos) a lo que calificó como un verdadero “manotazo de ahogado”.
Finalmente Ernesto Ferreira, por la particular damnificada, realizó una réplica apuntando que el reclamo de prescripción resultaba extemporáneo, ya que la defensa misma había desistido del recurso en una instancia previa de instrucción de la causa.


Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), un tercero está siendo juzgado en estos días tras estar prófugo por 22 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014.

LECTURA DEL VEREDICTO: VIERNES 31/3 – 12 HS - CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.

LAS AUDIENCIAS SON ORALES Y PÚBLICAS. PARA CONCURRIR NO ES NECESARIO ACREDITARSE PREVIAMENTE.  SOLO SE DEBE SER MAYOR DE EDAD Y CONCURRIR CON DNI.

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