NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 23 de julio de 2010

EXPULSIÓN DEL COMPAÑERO CHILENO ALISTES VEGA


El Gobierno Argentino volvió a poner a un luchador en manos de sus torturadores.


Buenos Aires, Jueves 22 de Julio de 2010 (Agencia Walsh)
Mira Cristina que popular, los 6 compañeros Paraguayos, los dos cumpas chilenos Freddy y Marcelo, La Galle, Martino, El Negro, Villalba, Bertha González, más de 5000 luchadores procesados, y ahora Juan Aliste Vega.
En dictadura o en democracia, el aparato represivo avanza sostenido por los que jamás permitirán que sus privilegios sean cuestionados.
Comunicado de Prensa de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
"Los Derechos Humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución" (León "Toto" Zimerman)

EXPULSARON ILEGALMENTE A JUAN ALISTE VEGA
En las primeras horas de esta madrugada mediante un operativo de virtual secuestro llevado a cabo por el gobierno argentino, fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno Juan Manuel Aliste Vega, requerido por un tribunal militar del país vecino, Aliste Vega fue detenido el pasado 9 de julio por una orden internacional de captura en virtud de aplicársele la ley antiterrorista chilena, la misma con la que se persigue al pueblo mapuche y a todos los luchadores populares del país trasandino. Esta ley que data de la dictadura pinochetista prevé que los acusados sean juzgados por tribunales militares y por el Código de Justicia Militar. Esto convierte en una farsa el derecho de defensa, ya que los militantes populares acusados por estos tribunales son condenados a penas muy severas sin acreditar fehacientemente hecho alguno y considerando "terroristas" acciones enmarcadas en la protesta social. Estos mismos tribunales entienden también en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, y en la práctica no hay casi condenas por estos hechos o si las hay las sanciones son ridículas.
Debe destacarse que el compañero estuvo detenido en las cárceles de Chile, ya en el período constitucional, por hechos ocurridos en el marco de la resistencia contra la dictadura de Pinochet y durante su cautiverio fue salvajemente torturado por las fuerzas de seguridad chilenas. En este contexto, Juan Manuel Aliste Vega decidió no entregarse a la justicia militar chilena debido a que en su país no se encuentra garantizado su derecho de defensa, y corría serio riesgo de ser torturado o asesinado.
Luego de su detención en la Ciudad de Buenos Aires, CADeP asumió la defensa del compañero Aliste Vega. Por una parte se encontraba en trámite un juicio de extradición que tramitaba en el Juzgado Federal nº 2 de Lomas de Zamora (causa nº 1390), donde se había intimado al gobierno chileno a que acompañe la orden formal de extradición y la documentación correspondiente. Por otra parte existía una orden de expulsión decretada por la Dirección General de Migraciones (expediente nº 94947-2010), dictada sin siquiera haber escuchado a Aliste Vega, por el simple hecho de no tener registrado su ingreso al país. Esta orden de expulsión fue apelada por la defensa de CADeP y estaba pendiente de resolución por parte del Ministro del Interior, sin perjuicio de lo cual se podía volver a apelar ante la instancia judicial.
En esta situación, violando el procedimiento legal previsto -en función de una decisión estrictamente política- , existió una maniobra urdida entre el gobierno chileno (cuyo presidente había exigido a Cristina Kirchner la expulsión inmediata de Aliste Vega) y el gobierno argentino. Esa maniobra consistió en que el Tribunal Militar chileno desistió de la solicitud de extradición ayer a la noche (fuera del horario judicial y por fax), al mismo tiempo que el Ministerio del Interior confirmaba la expulsión, en una muestra de que para la represión coordinada y sistematizada entre los Estados para con los pueblos no hay horarios ni legalidad alguna. Dicha decisión, que todavía podía ser apelada por la defensa, ni siquiera fue notificada y de manera groseramente ilegal, violando la legislación nacional e internacional, se procedió al secuestro de Aliste Vega para entregarlo a los agentes chilenos que, claro está, ya se encontraban en el país esperándolo con un avión de la Fuerza Aérea Chilena.
El propio diario chileno de derecha "El Mercurio" señala en su publicación del día de la fecha (22/07/10) que se trató de una operación política coordinada entre funcionarios de ambos Estados con la finalidad de eludir el juicio de extradición y negar el derecho que le asistía a Aliste Vega de defenderse ante la resolución por la que se confirma la expulsión y lograr así enviarlo a Chile entre gallos y medianoche.
Así las cosas, el gobierno de Cristina Kirchner que se autoproclama defensor de los derechos humanos, el mismo que reprime y encarcela a los luchadores, el mismo que dicta la ley antiterrorista para criminalizar las luchas, es el que -hora también- en contradicción con la legislación nacional y los Tratados Internacionales, expulsa mediante una maniobra oscura e ilegal al compañero Juan Manuel Aliste Vega. En definitiva, esto no es más que una muestra clara de la continuidad en la coordinación represiva ilegal por parte de los estados para con los militantes -esta vez matizada y con rasgos de institucionalidad-, pero con el sentido propio de las dictaduras en el Cono Sur.
Pues, resulta que Juan Manuel Aliste Vega, quien fuera salvajemente torturado estando detenido por el Estado Chileno, será enjuiciado por un tribunal militar, prohibido e inconstitucional en Argentina. Diversos organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tenido por probada la aplicación sistemática de torturas a los presos políticos chilenos y han entendido que resulta ilegal y contrario al Pacto de San José de Costa Rica el juzgamiento de civiles por tribunales militares. En este contexto de ilegalidad se lleva adelante esta gravísima maniobra, evidentemente para eludir el juicio de extradición (donde se discutiría todo esto) y evitar que Aliste Vega sea defendido y rodeado de solidaridad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en Argentina.
Finalmente, esto demuestra que aún cuando la legislación y el accionar de las instituciones están hechas a la medida de la protesta y la lucha social, los Estados no dudan en violar las leyes que ellos mismos crean. Esto es una muestra más de que el único camino sigue siendo la lucha, con unidad y organización.
Además de las acciones y denuncias que llevemos adelante por lo sucedido, hacemos directamente responsable al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de esta grosera maniobra ilegal y de la seguridad y la vida de Juan Manuel Aliste Vega, ahora en manos del Estado Chileno. Nuestro repudio más enérgico a este vil accionar de los Estados y nuestra más profunda solidaridad con el compañero Aliste Vega y su familia.


REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE LA EXPULSIÓN ILEGAL DE ALISTE VEGA!!
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN
FRENTE A LA REPRESIÓN: ¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!


Para contactarnos: CADeP se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º "C", capital (teléfono: 4371-8066).

Mail: cadepdh@gmail.com

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martes, 13 de julio de 2010

Siguen las amenazas a los testigos de unidad 9.

Denuncian que el Servicio Penitenciario apoya a represoresEl cura Elías Musse fue “visitado” en su casa de Entre Ríos por oficiales del Servicio Penitencio Bonaerense, uno de ellos prófugo en esta causa
En el día de ayer se conocieron nuevas acciones intimidatorias contra testigos que declaran en el juicio que se les sigue a 14 ex integrantes de la Unidad 9 de La Plata. En este caso, la víctima fue el sacerdote católico Elías Musse, quien fue “visitado” en su casa de Entre Ríos por oficiales del Servicio Penitencio Bonaerense, uno de ellos prófugos en esta causa. El ex capellán fue uno de los tantos sacerdotes que sufrieron del terror implantado en la U 9. En su declaración, recordó que a uno de los guaricárceles le decían el nazi, ya que por su actitud “no hubiese desentonado en Auschwitz”.En diálogo con Radio Provincia, el abogado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Oscar Rodríguez, dijo que los aprietes a los testigos ocurren porque los aparatos de inteligencia de las instituciones que estuvieron vinculadas con la represión durante la última dictadura cívica militar siguen trabajando como antes.“Los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario siguen funcionando aún hoy”, enfatizó. El abogado querellante en la causa que se investiga en la sede de la ex AMIA de calle 4, resaltó que “la institución tiene más apoyo del que nosotros pensamos sobre estas personas; como también determinados servicios de inteligencia del Ejército, Marina y Aviación, sigue protegiendo a personas de aquella época de sus respectivas fuerzas”.Según Rodríguez, los represores “tienen reuniones, discuten estrategias y, en eso hay compromisos de ciertos sectores de la institución actual”.
(Provincia Noticias. AM1270)

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lunes, 12 de julio de 2010


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miércoles, 7 de julio de 2010

Una vez más, la policía reprimiendo.









AW 30.06.2010
Apartan al juez Lozada y liberan al policía que mató a Bonefoi
La Cámara Segunda del Crimen de Bariloche hizo lugar al recurso presentado por la defensa del cabo Sergio Colombil. Apartó al Juez Martín Lozada de la causa y, además, dejó sin efecto el procesamiento del imputado. Un duro golpe a la ya alarmante situación en Bariloche.
Río Negro, martes 29 de junio de 2010 (ANBariloche)
La Cámara Segunda del Crimen de esta Circunscripción Judicial hizo lugar a la recusación planteada por el letrado defensor del Cabo de la Policía de Río Negro, Sergio Colombil, imputado en la causa en la que se investiga la muerte del joven Diego Bonefoi, y que había sido procesado por el Juez Martín Lozada, quien fue apartado del expediente.
Así, declaró la nulidad de la declaración indagatoria, el procesamiento y la prisión preventiva determinados por el magistrado, que ahora será reemplazado por Miguel Ángel Gaimaro Pozzi al frente de la causa.La presentación de recusación fue presentada por el abogado Marcelo Ganuza, defensor del imputado Sergio Colombil, acusado de dar muerte al joven Diego Bonefoi.
Lozada había dado por acreditado que el disparo que acabó con la vida del menor fue realizado a unos 2 ó 3 metros y que el accionar del policía fue "alevoso", ya que el joven no tuvo oportunidad de defensa. Cuestionó además que "con el correr de las horas" apareció a cuatro metros del lugar donde cayó Bonefoi un arma calibre 22 que no había sido encontrada durante las primeras horas de puesta en marcha la investigación. Así, Lozada consideró que Bonefoi no pudo hacer uso de defensa alguna.
Ahora, ante la recusación del defensor del cabo policial, la Cámara Segunda del Crimen pidió una investigación "por el delito de coacción agravada y abuso de autoridad", al considerar que Lozada le manifestó a su asistido ante una mujer que “le convenía declarar”.
En duros términos, el abogado -y dio crédito la Cámara- cuestionó el accionar de la instrucción, al apuntar que hasta puso en "riesgo la seguridad personal" del imputado al pedir el pasado viernes 18 de junio que "sea llevado a su despacho para tomarle indagatoria en momentos en que había violencia callejera, la que fue suspendida según informó el Secretario porque venia un piquete al Tribunal a metros del despacho. Decisión imprudente que puso en riesgo la integridad de su defendido".
Otro de los cuestionamientos consistió en apuntar que existió una "violación del derecho de defensa", ya que "la instrucción penal fue llevada inaudita parte, sin intervención de defensor que controlara las diligencias".Además, el defensor del cabo criticó por "parcialidad" a Lozada porque "fue personalmente al barrio alto a hablar con manifestantes y saqueadores para calmarlos, a los familiares del Sr. Bonefoi a llevar consuelo y no a la esposa e hijos del imputado, al que condenó antes de procesar y al que desprecia."En ese sentido, agregó que el magistrado mostró "simpatía y favoritismo hacia la familia del fallecido".Tales acusaciones fueron rechazadas por Lozada, en el marco del análisis del expediente de recusación.La Cámara se abocó a analizar algunas declaraciones periodísticas del juez Lozada, como la publicada por el Diario Página/12 el sábado 19 de junio, que "tras informar para entonces de tres personas fallecidas, al hacerlo respecto del caso que ahora nos ocupa, le atribuye al magistrado que: `...en dialogo con Página/12 Lozada aclaró que, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo del chico, `no había ningún arma` que pudiera ser asignada a la víctima. Admitió que con posterioridad `se encontró un arma tirada en la plaza (cercana), pero no hay nada que indique que perteneciera a Bonefoi. Es muy dudoso el origen de esa arma, teniendo en cuenta los protagonistas del hecho...`".
Sobre este tema puntual, el Tribunal detalla que el arma fue detectada cuando se "reinició el procedimiento" en el lugar del hecho, ya que en horas de la madrugada, cuado ocurrió el hecho no había luz suficiente: la muerte de Bonefoi ocurrió aproximadamente a las 4,30 horas del 17de junio y "a las 6.20 horas la llegada del Juez y el Fiscal que no ingresan al sitio vallado con cinta donde estaba la persona (con referencia al occiso), dan directivas para el inicio de diligencias por el personal del Gabinete de Criminalística, lo que ocurre cuando se presenta el Jefe del Gabinete, y Juez y Fiscal se retiran. Tras diversas constataciones el Jefe del Gabinete dispone, atento la escasa iluminación, se resguarde el sitio con custodia, y finaliza la diligencia a las 7.45 hs para continuar con luz solar.Entre las constancias siguientes se anota `...Siendo las 9.15 hs se reinicia el procedimiento realizando un rastrillaje sobre el lugar escenario de los hechos, donde se logra hallar distante a cuatro metros hacia el cardinal noreste de la mancha de sangre junto al pie de uno de los caños de soporte de la hamaca un arma de fuego tipo revólver marca Tala calibre 22 largo con 6 alvéolos y 6 cartuchos de bala completos el cual es secuestrado en presencia de los testigos`".
La Cámara apuntó que confrontando el acta con las declaraciones periodísticas de Lozada, el magistrado realizó una "merituación personal" en la que consideró que "esos datos sirven para descartar cualquier valoración que pretenda sustentarse sobre la premisa de existencia del arma en el sitio, y concluir en la portación de la misma por la víctima en ocasión de producirse el disparo letal".
"Si el Juez lo hace es porque, como mínimo, intuye que esa hipotética circunstancia de hecho, es relevante para determinar la entidad de la conducta que pueda reprocharse al ejecutor del disparo fatal. Ha emitido entonces un juicio sobre una circunstancia que considera de peso para la determinación del caso. Y lo ha hecho fuera del proceso y antes de escuchar al imputado", critica el fallo.
Así, el Tribunal da por cierto lo expuesto por el defensor del cabo de la Policía en torno a que "previo a la declaración indagatoria, existe prejuicio", y que su parte "no cuenta con un juez imparcial".
"Esa conducta extraprocesal del magistrado permite a la defensa creer, o cuanto menos temer y sospechar que, por el contrario, aquel direccionará la producción y recepción de pruebas, y ordenará necesariamente sus argumentos en sus decisiones, en función del prejuicio publicado", agrega.
Para la Cámara que integran César Eduardo Lanfranchi, Héctor Leguizamón Pondal y Miguel Angel Lara "ha quedado suficientemente acreditado el antecedente que permite establecer que el magistrado recusado no garantiza la neutralidad indispensable para integrar proceso legal válido".Tras analizar otros aspectos del expediente, el Tribunal resolvió hacer lugar a la recusación, disponer el apartamiento de Lozada, y declarar la nulidad de la indagatoria y el procesamiento de Colombil.

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JORNADA CONTRA LAS AMENAZAS, LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD - LUNES 19 DE JULIO EN 4 Y 51 A PARTIR DE LAS 12 HS- (EN EL MARCO DEL JUICIO A LOS GENOCIDAS DE LA UNIDAD 9).
ANTE LA ESCALADA REPRESIVA QUE VENIMOS SUFRIENDO LOS SECTORES POPULARES Y ANTE LA INACCIÓN CÓMPLICE DEL GOBIERNO, DEBEMOS DAR EN CONJUNTO UNA VERDADERA RESPUESTA.

EXIGIENDO AL GOBIERNO DE LOS K:
· BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS DEL JUICIO A LOS GENOCIDAS DE LA UNIDAD 9.-
· JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.-
· DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO.-
· APARICION CON VIDA YA DE LOPEZ, ARRUGA Y GONZALEZ (Corcovado); JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SUS DESAPARICIONES.-
· CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS A LOS TRABAJADORES Y DEMAS LUCHADORES POPULARES.-
· BASTA DE REPRESIÓN, GATILLO FACIL, ABUSOS Y VIOLENCIA POLICIAL.-

MARTES 13 DE JULIO EN 4 Y 51:
13HS RADIO ABIERTA.
15HS BANDAS (ROCOLA SWING Y MALHÚ).
17HS CIERRE DEL ACTO.


CONVOCAN:
HIJOS LA PLATA; UNION POR LOS DERECHOS HUMANOS; MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA; CENTRO DD.HH. HERMANOS ZARAGOZA; INSURRECTOS (TRABAJO SOCIAL); QUEBRACHO; FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN; PCR Y JS-MST.

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jueves, 12 de febrero de 2009

LA IMPUNIDAD DE MORIR SIN CONDENA

Hace apenas tres días, murió en nuestra ciudad Rodolfo González Conti, quien fuera Director de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde enero de 1977 hasta 1979, es decir, durante la Jefatura de Camps.

Junto con Miguel Etchecolatz era quien comandaba la represión en la Provincia de Buenos Aires durante la pasada dictadura militar.

La responsabilidad de los crímenes cometidos bajo sus órdenes, nunca fue juzgada.


Al retornar la “democracia” fue uno de los cientos de represores beneficiados por la Ley de Obediencia Debida del alfonsinismo, siendo desprocesado en 1985.


La impunidad que le garantizaron los gobernantes durante los años posteriores, le permitió envejecer sin tener que rendirle cuentas a nadie.


25 años después de los delitos que cometiera (estaba imputado por cientos de desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros y torturas) apenas fue decretada su prisión domiciliaria.


Cómodamente, en su casa de calle 43 entre 7 y 8, rodeado de su familia, murió sin que la justicia llegara a condenarlo.

Fue enterrado en el mismo cementerio local donde todavía quedan los rastros de las tumbas NN.

Consuela saber que las ratas, se pudren como ratas, en su propio ser.


Como dice Girondo:


“Que los ruidos te perforen los dientes,
y la memoria se te llene de herrumbre,
de olores descompuestos y de palabras rotas.
Que te crezca, en cada uno de los poros,
una pata de araña”

El kirchenerismo se jacta de ser un gobierno que hizo bisagra en materia de derechos humanos. Nos preguntamos ¿de qué justicia se está hablando?

Quienes garantizaron su muerte, sin condena, son cómplices de una de las más profunda heridas que puede llevar sobre sí un pueblo; la impunidad.

¡¡¡Que no descanse en paz ese asesino!!! (Q.E.p.no.d.)

HIJOS regional La Plata



OTRO REPRESOR

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Sección Necrológicas

Q.E.P.NO D.

Rodolfo Gonzalez Conti
(Q.E.P.NO D.)
Falleció el 9-02-09.

La familia de Lucía Swica y Jorge Caravelos nunca olvidarán la responsabilidad del Crio. Mayor en su secuestro y desaparición, como así tampoco la de cientos de personas secuestradas y asesinadas bajo su mando.
Nos llena de profundo pesar que no halla sido condenado, gracias a la impunidad que le garantizaron los gobernantes de la democracia.
Será eterno nuestro reclamo de justicia para que asesinos como este reciban su condena. Que en paz no descanse.

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LA MUERTE DE UN REPRESOR

A la larga lista de represores que encuentran la muerte en la comodidad de sus hogares, se le suma un ex integrante de la policía bonaerense que comandó la represión en la provincia de Bs. As. junto al también fallecido Ramón Camps (jefe de la fuerza entre 1976 y 1977) y el actual convicto Miguel Etchetcolatz.

Se trata de Rodolfo González Conti, que en la mañana del lunes 9 de febrero falleció como consecuencia de una serie de complicaciones en su estado de salud mientras atravesaba una post-operación.

Gonzalez Conti llegó al techo de su carrera policial cuando en el año 1977, bajo el rango de Comisario General, fue nombrado como Director de Seguridad, cargo que ejerció hasta entrado el año ‘79. Es justamente en este período donde las fuerzas represivas comienzan a realizar el mayor genocidio jamás imaginado contra gran parte de la sociedad civil argentina, y donde su imagen comienza a mimetizarse con el horror mismo. Organismos de DD.HH lo responsabilizan en el secuestro y desaparición de más de 10.000 personas, dado que bajo su mando se encontraban una veintena de Centros Clandestinos de Detención como La Cacha, El Pozo de Quilmes, Arana, Sheraton, Pozo de Banfield, entre otros.

Desde el año 2005, el ex jerarca policial se encontraba detenido en su casa de calle 43 Nº 623 de la ciudad de La Plata, donde asiduamente violaba su prisión domiciliaria para poder manejar su Renault Megane color beige metalizado. Estos datos fueron aportados a la justicia por varios de sus vecinos y las denuncias quedaron asentadas en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, quien ya lo había detenido en la causa donde se investigan los crímenes cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata.

En búsqueda de una condena social, la agrupación HIJOS le realizó varios escraches en la puerta de su domicilio. El último se hizo el 28 de Noviembre de 2006, y en aquella ocasión la policía reprimió al grueso de manifestantes que avanzaba para poder realizar el acto en el frente de su casa. Después de tirar gases y balas de goma, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se informó a los medios de comunicación que: “no hubo represión sino disuasión”. Lo cierto es que el operativo continúo varias cuadras más del domicilio de Conti, dejando un tendal de heridos. A partir de ese momento y durante varias semanas, la casa del represor estuvo férreamente vigilada por personal policial.

En su largo paso por la policía provincial, el ya fallecido Comisario General se desempeñó como docente durante los años’90 en la escuela de formación policial “Juan Vucetich”. En el libro Manual de Conducción Policial, editado en 1997 por Primo Editora y cuyos autores son el Comisario General Vicente Jorge Schoo y el Comisario Inspector Hugo Ignacio Silva, ambos retirados, el prólogo fue escrito por el mismo González Conti. Pregonando principios autoritarios y antidemocráticos, este libro fue estudiado por los aspirantes a policías que ahora seguramente están en función.

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domingo, 20 de abril de 2008

Reunión: Libertad a los trabajadores de MAFISSA

Ante la gravedad de los hechos: la dura represión y desalojo de los trabajadores de la Textil MAFISSA en Olmos que reclamaban trabajar. Ante la detención de 18 trabajadores a los cuales se le imputa el delito de "coacción agravada en concurso real con daño calificado" (acusación que podría incluir penas de 10 años de cárcel).
Se convoca a TODAS las organizaciones de DDHH, sindicales, estudiantiles, populares, sociales; asi como tambien a diputados, legisladores, personalidades, partidos politicos, etc.:
A REALIZAR UNA REUNION POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS TRABAJADORES DETENIDOS. Donde definiremos acciones comunes.
EL DOMINGO 20 DE ABRIL A LAS 17 HS en la SEDE de ATE en La Plata (Calle 8 entre 55 y 56).
El ataque y el encarcelamiento a los trabajadores de MAFISSA es un ataque a todos!
LIBERTAD YA!
Trabajadores de MAFISSA y organizaciones solidarias con su lucha

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domingo, 2 de septiembre de 2007

La muerte de un canalla

"... a no decir la muerte siempre lo borra todo, todo lo purifica cualquier día. La muerte no borra nada, quedan siempre las cicatrices”. Mario Benedetti, A la muerte de un canalla

El 21 de agosto pasado falleció impune en su casa de La Plata, el represor Manuel Aguiar, retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires con el rango de Suboficial Mayor, y reconocido en distintos centros clandestinos de detención dependientes del denominado “circuito Camps”. Había sido reconocido por Jorge Julio López en su testimonio del año pasado en el marco del juicio al genocida Etchecolatz.

Aguiar era conocido durante la dictadura militar con el apodo de “Manolo”. Fue visto por varios sobrevivientes en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en la Comisaría 5ta de La Plata y en el centro denominado “la Armonía” (ubicado en Arana). Integraba la patota del jefe de la Dirección de Investigaciones de la policía provincial, el Comisario General Miguel Osvaldo Etchecolatz.

El año pasado Jorge Julio López lo había reconocido como parte de la patota de Etchecolatz que torturaba en el centro clandestino de detención “la Armonía” de la localidad de Arana y que estaba integrada también por Julio César Garachico, y otros dos represores reconocidos como el Comisario Urcola y “Manopla” Gómez.

Esta misma patota fue reconocida por Jorge Julio López como la que asesinó en dicho centro clandestino de detención a Norberto Rodas, y a la pareja conformada por Patricia Graciela Dell’ Orto y Ambrosio Francisco De Marco, entre otros que se encontraban detenidos desaparecidos.

Si bien Manuel Aguiar fue reconocido en años anteriores en varias audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, la justicia ni lo rozó. Falleció impune el martes 21 de agosto pasado, en su domicilio de La Plata, ubicado en la calle 6 e/ 38 y 39 N° 312.

Mientras los genocidas siguen impunes, sigue sin saberse quién secuestró hace más de once meses a Jorge Julio López y cuál es su paradero. Seguimos denunciando que
LA IMPUNIDAD GENERA MÁS IMPUNIDAD

Seguimos exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
CÁRCEL A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ


SI NO HAY JUSTICIA
HAY ESCRACHE
Mesa de Escrache Popular – La Plata
mesadeescrachepopular@hotmail.com
HIJOS regional La Plata
Agrupación Surcos

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