EN REUNIÓN CON PÉREZ ESQUIVEL Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE DDHH EL INTENDENTE DE LA MATANZA. ASEGURO QUE SE CIERRA EL DESTACAMENTO DE LOMAS DEL MIRADOR,LUGAR DONDE FUE VISTO CON VIDA POR ÚLTIMA VEZ LUCIANO ARRUGA.
LUCIANO PRESENTE!
lunes, 23 de mayo de 2011
NO MAS REPRESION DEL ESTADO. ARRIBA LXS QUE LUCHAN!
Santa Cruz/ Crece la tensión por la presencia de Gendarmería
Una tensa calma prevalece en las localidades santacruceñas de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Las Heras y Pico Truncado, ante la presencia de efectivos de Gendarmería nacional, que anoche fueron rechazados por una pueblada de ciudadanos de esa última localidad, confirmó el docente entrerriano Leandro Amatti, que dicta clases en esa localidad. “La pueblada evitó que ocurriera otra represión”, dijo pero aclaró que “hay intranquilidad en los piquetes, ya que se desconocen los motivos de la presencia de la fuerza en la ciudad”.Amatti relató que en Santa Cruz, la docencia lleva adelante un paro por tiempo indeterminado “a partir de la golpiza que tuvieron los compañeros en esta provincia por parte de la patota de la Uocra”.El entrerriano afincado en esa provincia manifestó que el gobierno del kirchnerista de Daniel Peralta “está inflexible y no llama a paritarias y ahora redobló la apuesta y mandó a Gendarmería nacional, que se ubicó en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras”.Amatti señaló que el viernes por la noche, efectivos de Gendarmería se movilizaron a Pico Truncado y allí fueron rechazados “por una pueblada de ciudadanos, docentes y trabajadores petroleros”.Además recordó que actualmente, “hay una planta (la LH3) tomada por trabajadores del petróleo en Pico Truncado, en cuyo acceso están los docentes, y otra en Las Heras, donde se instalaron cuatro puestos mas de trabajadores de la educación, que están al costado de la ruta informando a la gente sobre el conflicto”.Preocupado, Amatti reveló que el pueblo de Pico Truncado está en las rutas “porque manejamos información que Gendarmería se estaría por dirigir a esa zona. Ayer, el intento de esa fuerza de avanzar sobre los trabajadores quedó anulado, ya que cuando vieron que la gente se movilizó, se tuvieron que replegar”.El docente aseguró que se generó una “red de alerta” pública que mantiene a la ciudadanía informada de los movimientos de Gendarmería. Sin embargo aclaró que “hay intranquilidad en los piquetes, ya que oficialmente nadie ha comunicado los motivos de la presencia de la fuerza en la localidad”.El antecedenteEl 15 de abril, el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, advirtió a AIM que “la feroz golpiza que sufrieron docentes santacruceños y militantes de ATE en manos de la patota oficial de la Uocra, no fue un enfrentamiento entre gremios: fue represión con mamelucos en lugar de uniformes, en zonas que fueron liberadas”.Entonces, Muñoz también señaló que la entidad que lidera exigió a la junta directiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) que convoque a un paro nacional, “para que Nunca Más las tizas se tiñan de sangre”.
Papel Prensa, un caso pendiente
Publicado el 22 de Mayo de 2011
La causa por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en el traspaso de Papel Prensa a los accionistas privados La Nación, Clarín y La Razón, más el Estado bajo dominio de la dictadura todavía no llegó al despacho de Rafecas.
Dos fiscales federales platenses afectados a causas por violaciones a los Derechos Humanos ya dictaminaron que la operatoria podría constituir delito de lesa humanidad. Rafecas tiene experiencia en eso: la causa por las atrocidades cometidas en el Primer Cuerpo de Ejército pasó por su despacho.Después de que el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza se declarara incompetente y decidiera enviar el expediente Papel Prensa a su colega porteño, las defensas de los imputados presentaron un recurso que mantiene las actuaciones todavía en la capital bonaerense.
De todas formas, Rafecas ya anticipó a sus colaboradores que ni bien reciba la causa reiterará su declaración de incompetencia y dejará trabada la cuestión para que un tribunal superior resuelva si él o Corazza deben avanzar con la pesquisa. La decisión podría tomarla la Cámara Federal porteña, aunque fuentes judiciales no descartaron que para zanjar la diferencia deba intervenir la Corte Suprema de Justicia.Fuente: Tiempo Argentino
Se presenta en La Plata el premiado film documental: Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio.
Para mediados de 1947, segundo año del primer gobierno de Juan Domingo Perón, hacía ya más de medio siglo que en el Norte de Argentina, se había impuesto el régimen de colonias aborígenes (antes llamadas reducciones). Estas colonias eran fundamentales para el sistema de control de la población originaria sobreviviente del genocidio iniciado cuatrocientos años antes por los conquistadores españoles. Eran una versión renovada de las antiguas reducciones religiosas y estatales, y concentraban a miles de personas de distintos pueblos que el Estado argentino sometía al trabajo esclavo para satisfacer las necesidades de ingenios, algodonales y obrajes. El Ministerio del Interior era el organismo de gobierno que velaba por el buen funcionamiento del régimen de colonias. La policía y la Gendarmería Nacional , tenían a cargo el disciplinamiento y la represión. En 1947 los Pilagá que habían sobrevivido a sucesivas campañas de exterminio estaban siendo desplazados a tierras áridas o inundables. Aislados, y con su territorio reducido, no tenían otra salida que buscar trabajo en las industrias. En octubre del 1947, en La Bomba , un paraje cercano a Las Lomitas, se cree que unos dos mil Pilagá se habían reunido para recibir de boca del carismático Tonkiet (Luciano) la noticia sobre un Nuevo Dios escrita en un libro hasta entonces desconocido para ellos: La Biblia. Las danzas y los tambores se mezclaron con los himnos bíblicos y resonaron durante muchas noches, y en el regimiento 18 de Gendarmería, distante a sólo un kilómetro del paraje comenzó a gestarse la represión planificada y ordenada por el Estado. La indisciplina tenía que cesar, la gente debía ser encerrada en un espacio controlado para ser enviada a trabajar. Aquella expresión de libertad cultural y religiosa podía ser contagiosa y el escarmiento no tardó en llegar. El día 10 de octubre, al caer la tarde, la Gendarmería Nacional apuntó sus armas contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza se extendió varios días. Después de los fusilamientos del día 10, se iniciaron las persecuciones de testigos a través de los montes, las mujeres sufrieron violaciones y hubo más fusilamientos en las comunidades cercanas. Muchos niños murieron por las heridas de bala. Muchos ancianos y murieron vencidos por el cansancio y la sed, acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Los cadáveres no pudieron ser sepultados y continúan desaparecidos. Los sobrevivientes recuerdan las capturas y el encierro final. ¿Cómo pudieron ocultarse estos hechos durante tanto tiempo? Durante más de sesenta años el pueblo Pilagá no tuvo oportunidad de contar lo sucedido, el terror fue sembrado con éxito, y también la mentira. Algunos historiadores, antropólogos y medios de comunicación hicieron su aporte para cubrir estos crímenes con un manto de silencio. Sin embargo la memoria de los sobrevivientes permaneció en espera de ser escuchada. En el año 2006 la masacre de La Bomba da lugar a una demanda contra el Estado Nacional de características inéditas en el derecho argentino, fundada en los principios jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juez federal Mario Bruno Quinteros ordena que un forense trabaje en la búsqueda de restos humanos y los sobrevivientes inician junto a él la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Este es el punto de partida para una lucha largamente demorada: la de la búsqueda de la verdad en la que deberán embarcarse las generaciones presentes y futuras. Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio revela hechos deliberadamente ocultos, sin ser una película sobre el pasado, sino un vehículo para entender el presente. Está hecha de retazos de memorias personales que dan cuenta de una historia que urge conocer y asumir: la del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina.
Sinopsis
Prensa y Producción: Valeria Herrera (+5411)1555939463
Las Abuelas pueden esperar tranquilas.
En la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos, 214 miembros pasarán a la historia por haberse negado a desclasificar documentos de inteligencia que ayuden a identificar nietos secuestrados en la dictadura argentina. A la cabeza estuvo el republicano Mike Rogers, diputado por Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia. Su argumento: “Tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaida. El tema de la Argentina puede esperar. Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia”. Maurice Hinchey, veterano de la Marina, opositor de la guerra de Irak del 2003 y diputado por Nueva York, fue el autor del proyecto de desclasificación y encabezó la minoría de 194 miembros que perdió la votación. Ni Rogers ni su staff contestaron las preguntas enviadas por este diario. Consultado por Página/12, un vocero de Hinchey dijo ayer por la tarde: “No hay ninguna razón para sospechar que la iniciativa de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha actual contra el terrorismo. Pensar eso sería ridículo”. Hinchey había piloteado una iniciativa similar para Chile en 1999. Tuvo éxito: los organismos de Inteligencia desclasificaron entonces 24 mil documentos que fueron útiles a la Justicia chilena. En la Cámara baja la mayoría demócrata es de 240 contra 192 republicanos. El voto sobre la Argentina, de 214 contra 190, revela que además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de Hinchey. En el caso argentino, el Departamento de Estado (Cancillería) ya desclasificó un pelotón de documentos. Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI). También los argumentos de Hinchey quedaron registrados para la historia de los derechos humanos. Esta fue la secuencia de su argumentación en la Cámara de Representantes: - La Argentina y otros regímenes militares del Cono Sur realizaron la Operación Cóndor, que consistió en la captura y el asesinato de disidentes a través de las fronteras. - La mayoría de los 30 mil desaparecidos fueron torturados y arrojados al agua. - “Durante la dictadura, cientos de chicos nacieron en cautiverio y fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que sus madres presuntamente eran asesinadas.” - “Se descubrió la identidad de muchos de estos chicos, pero la mayoría no se conoce.” - “Dada la relación estrecha (de los Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación de la comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos contenga información de gran valor útil para apoyar las nuevas investigaciones sobre la búsqueda de los hijos de los ‘desaparecidos’.” - “Recomiendo que la Cámara se dirija al director nacional de Inteligencia para que suministre a los paneles de inteligencia de la Cámara y del Senado información relacionada con las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar en la Argentina y que también sirva para echar algo de luz sobre los niños nacidos en cautiverio.” - “Miles de familias esperaron más de 30 años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia y ayudar el cierre de un capítulo problemático de la historia argentina.” En su refutación de Hinchey, Rogers admitió que se trataba de un “asunto particularmente difícil en la Argentina” y que tal vez un pedido como el de su colega por Nueva York “pudiera aportar cierta información que terminara atenuando las heridas”. El problema, para el republicano por Michigan, es que aceptar el criterio de Hinchey “dañaría el esfuerzo actual de lucha contra el terror”. ¿De qué modo? Así: “Podría desviar a la comunidad de inteligencia de su misión de proteger a los Estados Unidos y nuestros intereses respecto de las amenazas actuales”. Y así: “Cuando uno piensa sobre qué difícil es obtener algo de información e identificar un alias en árabe, se da cuenta de que el aparato entero de inteligencia estuvo años tratando de desarrollar la pista que nos permitió traer a Osama bin Laden a la Justicia”. En su negativa a ayudar a las Abuelas, Rogers argumentó que la comunidad de Inteligencia reclama “más analistas y más recursos humanos”. Para él la iniciativa de Hinchey, “a pesar de su buena intención”, sería un perjuicio porque absorbería “recursos para un problema que tiene 20 o 30 años de antigüedad”. “Lo lamento, pero hoy no podemos darnos ese lujo”, dijo Rogers. “La comunidad de inteligencia está preocupada porque los próximos seis meses serán cruciales y Al Qaida buscará retomar posiciones luego de haber perdido a su líder inspirador y sus puestos operacionales para lanzar un nuevo ataque. Tenemos que dedicar cada minuto de nuestro día a identificar a los que quieren matar norteamericanos o a ciudadanos de nuestros aliados.” Agregó Rogers que “no es momento de interrumpir a nuestros analistas en contraterrorismo, a nuestros oficiales, a la CIA o a cualquiera de nuestras agencias de inteligencia ocupados en combatir a Al Qaida y ponerlos en actividades que sucedieron en la Argentina 25 años atrás”. Hinchey no se dio por vencido. Dijo que no era verdad que su proyecto tuviera algún costo significativo. “La operación (Cóndor) ocurrió en el pasado. La información que queremos obtener está disponible ya mismo. No insumirá recursos importantes y puede conseguirse muy muy rápido. Lo que pasó en la Argentina debe corregirse. Fueron hechos violentos que afectaron profundamente a la sociedad y se dieron en el contexto de muchas, muchísimas familias, muchas de ellas completamente inocentes. Los perjuicios fueron desastrosos. Lo que proponemos se puede realizar con facilidad y rapidez y la última vez que lo planteamos fue una iniciativa apoyada por todos de manera unánime.” El diputado por Nueva York pidió a la oposición republicana que reconsiderase su postura. “Piensen bien en esto, en cuán importante es para la Argentina y para los Estados Unidos y con qué facilidad puede llevarse a la práctica. Nadie lo objetaría. Necesitamos hacerlo. Es algo honesto y será positivo, además de efectivo.” Cuando consiguió por última vez el uso de la palabra, Rogers aludió a su propia experiencia. Con todo respeto por la pasión demostrada por Hinchey, contó que él mismo fue agente del FBI y sabe lo que significa un minuto para un oficial. “Es un minuto que se quita de un caso, de la búsqueda de información, de una investigación, del tiempo de alguien que trabaja como analista u opera en el terreno para conseguir datos y procesarlos.” Fue en ese punto de su respuesta que Rogers dio su opinión en el sentido de que la restitución de chicos hijos de padres secuestrados y asesinados podía esperar, porque ya había pasado mucho tiempo. “Es probable que los próximos años no marquen una diferencia para este tema, pero sí serán importantes para la vida o la muerte de ciudadanos norteamericanos a manos de Al Qaida”, dijo. El presidente de la Comisión de Inteligencia dijo tener la esperanza de que el caballero, es decir Hinchey, no piense que él condena su esfuerzo. Simplemente, se trata de una cuestión de “prioridades de seguridad nacional”. El proyecto original del diputado por Nueva York pedía información y documentos sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el batallón de Inteligencia 141 de Córdoba, el 601 del Estado Mayor, el 121 de Rosario, y también detalles sobre operaciones de colaboración con fuerzas de Brasil, Paraguay, Uruguay. Sobre los chicos nacidos en cautiverio, solicitaba información disponible que diera cuenta de los campos de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletti, La Perla, Campo de Mayo e Institutos Militares. Si la comunidad de Inteligencia se rehusara a desclasificar un documento, Hinchey quería saber de qué manera ese documento podía herir la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero Rogers y 213 diputados más opinaron que las Abuelas tienen tiempo y pueden esperar.
Por Martín Granovsky
domingo, 22 de mayo de 2011
Diálogo abierto con Atilio Boron este martes 24 de Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100
Cátedra Che Guevara
Universidad de los Trabajadores - IMPA
Todos los martes de 19 a 21 hs. en Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100
Martes 24 de mayo
Diálogo abierto con
Atilio Boron
sobre su nuevo libro
ROSA LUXEMBURG:
"¿Reforma social o revolución?"
Martes 31 de mayo
El Che Guevara y la historia de América Latina
(próximamente enviremos los textos del Che sobre este tema para debatir ese martes 31)
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Detenido un represor a partir de testimonios de ex conscriptos
Detalles de un operativo
Carlos Tomás Macedra logró mantenerse en el anonimato durante 35 años. Ex conscriptos que declararon en la causa de Campo de Mayo lo identificaron como el asesino de Florencia Villagra y el secuestrador de Gustavo Cabezas, y fue detenido. El relato desde adentro.
Por Victoria Ginzberg
Los soldados que hicieron el Servicio Militar en 1976 con José Luis Aguas.
El 10 de mayo de 1976, Gustavo Alejandro Cabezas y Florencia María Villagra estaban repartiendo panfletos en una plaza de Martínez cuando fueron abordados por un grupo de la Sección Segunda de la Compañía Demostración de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo a cargo del teniente primero Carlos Tomás Macedra. A Gustavo lo subieron a un auto y se lo llevaron. Florencia logró desprenderse del soldado que la sujetaba y empezó a correr. Recibió un disparo en la espalda y murió. El relato del hecho figura en la declaración de José Luis Aguas, que en ese momento era un conscripto. Aguas vio y sintió cómo ella se apagaba. La agonía duró un minuto. Hasta que dejó de respirar. Al rato llegó la policía. Un agente se acercó, se agachó al lado del cuerpo e intentó sacarle el reloj y una cadenita. Aguas le mostró la pistola. “Si la tocás, te mato”, lo amenazó.
Macedra está preso. Fue arrestado hace diez días. Había logrado pasar desapercibido durante 35 años. Su nombre no figuraba en la lista de represores denunciados por los organismos de derechos humanos. No fue reconocido por los sobrevivientes, pero ahora fue mencionado por los conscriptos que están declarando en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Estos nuevos testigos permitieron acceder a datos y responsables hasta ahora ocultos y, en este caso, reconstruir en detalle el operativo en el que se secuestró a Gustavo Cabezas y se asesinó a Florencia María Villagra.
Los dos jóvenes fueron interceptados el 10 de mayo de 1976 por un grupo de uniformados en la plaza de Martínez. Eso lo narró el mismo día del hecho José Carballo, que estaba con los chicos mientras repartían o pegaban unos volantes alrededor de la plaza. Carballo, que desapareció el 3 de junio de ese año, logró evadir la patrulla del Ejército y fue a la casa de Thelma Jara de Cabezas –la mamá de Gustavo– a avisar que se habían llevado a sus compañeros.
Aguas relató ante el tribunal que abordaron a Gustavo y Florencia porque mientras patrullaban por la zona su jefe los identificó como “sospechosos”. “El chico era joven, no tendría 18 años, de pelo medio largo, de tez blanca. Y la chica de la misma edad, muy bonita de cara, tenía una campera de jean tipo Lee. Macedra los separa y comienza a interrogar. Estaban muy nerviosos y lo que decían no coincidía”, narró Aguas.
–Estos hijos de punta algo traen, fijate debajo de los autos si hay panfletos o algo que hayan tirado por ahí –le dijo Macedra a Aguas.
El conscripto vio pegatinas en algunas fachadas que hablaban de una reunión universitaria o política. Cuando miró debajo de los autos, vio una bolsa pequeña, pero intentó disimular. Debajo del camión había otra que Macedra también vio, así que no la dejó pasar. El jefe le dijo que la levantara y volviera a la plaza.
Gustavo y Florencia estaban rodeados por soldados. Macedra sacó su 45, le pegó al joven en la cabeza y le dijo: “Hijo de puta, vas a cantar todo lo que sabés”. Los conscriptos se sorprendieron, se quedaron “pasmados” (en palabras de Aguas). El chico sangraba. Lo subieron a la camioneta boca abajo. Florencia logró zafarse de la persona que la estaba sujetando y salió corriendo. Avanzó treinta o cuarenta metros, hasta que Macedra sacó su pistola y gritó: “Parate o te mato”. Tiró dos disparos hacia arriba. El tercero fue hacia el centro de la espalda de la chica, que cayó al piso. Dos soldados, que venían corriendo desde la camioneta, se quedaron paralizados a unos quince metros de Florencia. Aguas se acercó al cuerpo. Florencia jadeaba. El charco de sangre era grande.
El soldado le dijo a Macedra que estaba viva y que había que llamar a una ambulancia. “No, dejá, yo sé dónde le pegué”, fue la respuesta. Aguas se quedó a su lado mientras agonizaba e impidió que un policía rapiñara el cadáver. No vio qué pasó con Gustavo. Un compañero le dijo que lo habían subido a un patrullero.
Cuando llegaron al cuartel, los conscriptos comentaron entre ellos lo que había pasado. Los que se habían quedado dijeron que lo habían escuchado por radio. Que lo habían informado como un enfrentamiento. Los que acababan de llegar aseguraron que no había sido así. Era de madrugada y se fueron a dormir. A las seis de la tarde, Macedra juntó a todo el grupo. “Quiero que sepan que matar a una persona no es nada grato, yo también estoy mal por el hecho sucedido, pero gracias a las declaraciones del detenido hemos encontrado esta bandera y en un domicilio un polígono de tiro”, les dijo y desplegó una bandera del ERP. (Gustavo y Florencia militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, vinculada con Montoneros). Los soldados se mantuvieron en silencio. Macedra agregó: “Ustedes vieron que me tuve que defender, pues me disparó con el treinta y ocho que llevaba en su cartera”. Y se fue. Los conscriptos coincidieron en que lo que decía Macedra no era cierto, pero que era la versión que debían dar para no tener problemas si alguien preguntaba. Muchos estaban nerviosos y no querían salir a patrullar nunca más.
Una colimba particular
“Con esta declaración y la detención de Macedra queda comprobada la importancia de los testimonios de los que hicieron la conscripción en aquellos años. Demuestra que los oficiales y su-boficiales van presos. Tanto los querellantes como los familiares de las víctimas creemos que los conscriptos no tenían más opción que estar ahí, ellos no tienen responsabilidad, incluso hay colimbas desaparecidos, pero necesitamos que se acerquen para que nos ayuden a saber qué pasó con nuestros familiares”, dijo a Página/12 Daniel Cabezas, hermano de Gustavo, que impulsa junto con abogados y familiares de desaparecidos en Campo de Mayo una campaña para que los ex conscriptos se presenten como testigos. A diferencia de la ESMA, en Campo de Mayo hay pocos sobrevivientes y el relato de los ex soldados obligados puede revelar nombres de represores desconocidos o detalles sobre el destino de las víctimas, como en este caso.
Durante su declaración, Aguas narró que entró al Servicio Militar a principios de 1976. Fue destinado a la Escuela de Comunicaciones con asiento en Campo de Mayo y luego al Arsenal Esteban De Luca, en Boulogne. Apenas llegado, le informaron que habría un golpe de Estado. Le enseñaron a entrar en viviendas y desplazarse en patrullas por la ciudad. Golpeaban domicilios, revisaban personas, entraban a hoteles transitorios de la Panamericana, entre otras cosas. “Una vez –contó– se detuvo a una persona porque no tenía documentos y así fue que se detuvo a varias, que eran trasladadas a la comisaría de Boulogne. Casi siempre era a esa comisaría y muy rara vez a la de San Isidro y José León Suárez. Cuando pasábamos por las comisarías dentro del patrullaje, algunos policías decían que alguna persona que habíamos detenido, que no era nadie en especial, no la veríamos más. Primero creí que era una bravuconada, pero después nos dimos cuenta, cuando de- saparecieron dos compañeros de comando y servicios, cuyos nombres no recuerdo, que aquello podía ser cierto.”
Aguas reveló que durante uno de esos “patrullajes” Macedra violó a una chica que había detenido en un “control de autos”. Que él y sus compañeros estuvieron como “grupo de apoyo” en un operativo en la zona de Martínez donde murieron dos personas y que también los llevaron a un sitio donde, según les dijeron, estaba escondido Mario Roberto Santucho, el líder del ERP. Allí se limitaron a mirar, pero “cuando terminó el hecho un grupo de soldados que actuó ingresó a la casa y cuando salían, muchos de ellos vomitaban. Se rumoreaba que en el lugar se encontró un matrimonio, un bebé y otra chica más. Los soldados se preguntaban qué grupo de extremistas estábamos buscando si era una familia”.
El testigo no tuvo contacto con los sitios que, dentro de Campo de Mayo, fueron usados como centros clandestinos de detención. No vio tampoco a secuestrados pero aclaró que cuando hacían guardia, nadie quería que le tocara el puesto 6 porque desde ese lugar se escuchaban gritos de lamentos y de personas que pedían ayuda.
Legajos desaparecidos
Como en Capital y San Isidro, en San Nicolás estudian viejos casos que pueden ayudar a encontrar jóvenes que fueron apropiados. Pero allí, hay 44 expedientes que no aparecen y un juez que se resiste a entregar dos legajos.
El fiscal de San Nicolás Juan Patricio Murray.
Por Irina Hauser
La fiscalía federal de San Nicolás, que encabeza Juan Patricio Murray, investiga 66 expedientes de guarda y adopción que tramitaron durante la última dictadura, con la sospecha de que al menos algunos de ellos pudieron haber escondido la entrega de hijos de desaparecidos. Es el mismo tipo de rastreo que, como reveló Página/12, están realizando el juez Norberto Oyarbide en los juzgados de menores de Capital Federal y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el juzgado (de la fallecida Ofelia Heft) que dio en adopción a Marcela y Felipe Noble Herrera, mientras la Corte Suprema bonaerense arma una base de datos de consulta permanente sobre procesos de adopción durante el terrorismo de Estado. El caso de San Nicolás pone en evidencia no sólo las irregularidades en los trámites originales de guarda, sino los mecanismos del propio Poder Judicial para, aún hoy, impedir la reconstrucción de historias de vida y la restitución de la identidad de los chicos apropiados. Tan es así que de los expedientes que están en la mira hay 44 que no aparecen, y hasta le abrieron una causa a un juez por resistirse a entregar dos legajos.
El ex juzgado de menores (ahora de responsabilidad penal juvenil) de San Nicolás funciona en una casa. Los expedientes de guardas que ya no están en uso fueron quedando amontonados en una habitación al fondo. “Prácticamente a la intemperie, sucios, con manchas de humedad, rotos”, describía un informe de un grupo de especialistas de Abuelas de Plaza de Mayo, que participaron en esta investigación. “Cuando un joven quiere iniciar una búsqueda sobre su origen biológico esta información es fundamental, dato que los empleados (judiciales) no pueden desconocer”, resaltaba el documento. Tanto Abuelas como la fiscalía que asumió la pesquisa parten de la idea de que el recorrido y las anomalías en los papeles que dan cuenta de guardas y adopciones durante la dictadura podrían facilitar el hallazgo de chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados. A su vez, esta información ayudará a establecer la responsabilidad de los jueces en las apropiaciones, a las que procuraron dar aspecto de legalidad.
El equipo de investigaciones de Abuelas pidió al juzgado de San Nicolás 66 expedientes que debieron haber tramitado allí. La respuesta fue que sólo había 22 y el resto era imposible encontrarlos. La mayoría de los que aparecieron son del período 1976-1979, cuando el juez a cargo era Carlos Marchetti, el mismo que la semana pasada la Cámara Federal de Rosario ordenó volver a investigar por las irregularidades advertidas en la adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien había sido entregado a personas conocidas del magistrado, y recuperó su identidad en 1995.
Marchetti había dado en guarda a Manuel a una prima de su primo. Nunca publicó edictos ni solicitadas para intentar hallar a su familia biológica y el único papel que daría cuenta de “citaciones cursadas a los familiares” sería falsa: estaba firmada supuestamente por el principal Jorge Russo, que dijo que no conocía a Marchetti, y además por su rango no podía rubricar ese trámite. Los adoptantes figuraban como casados –aunque no lo eran– y se obviaron los informes socioambientales propios de una adopción. En 1977, a una pareja de San Nicolás que preguntaba por el chiquito, el juez les dijo: “Muerto el perro se acabó la rabia”. Reconstruir todo esto no fue sencillo ya que faltaba lo fundamental para poder empezar: había sido arrancada la hoja del libro índice que es la que permite identificar el expediente de guarda. En muchos de los casos que están bajo investigación sucedió lo mismo. Faltan esa y otras páginas.
Manuel Goncalves se convirtió en el impulsor de la investigación contra Marchetti, el juez civil de Lomas de Zamora Juan Delfín Castro y otros funcionarios judiciales que posibilitaron la supresión de su identidad. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo los había sobreseído con el increíble argumento –revertido por la Cámara– de que la culpa había sido de Ana, la mamá de Manuel, que como forma de protegerse y protegerlo había cambiado su nombre y el de su bebé.
Los 66 expedientes que Abuelas y la fiscalía de Murray rastrean se corresponden con niños que son hallados y entregados al juzgado como “NN”. Los documentos fueron requeridos al actual juez de esa dependencia, José Emilio Luciano. La primera respuesta del magistrado fue que las causas de guarda con fines de adopción habían sido remitidas a juzgados civiles. Sin embargo, allí informaron que los datos de los libros del juzgado de menores eran inexactos. No fue el único entuerto que tuvieron las Abuelas y la fiscalía con el juez Luciano. Cuando pidieron la búsqueda de los papeles de un caso específico que había sido señalado por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) como el de un probable hijo de desaparecidos, tanto su juzgado como el de la jueza civil Amalia Fernández Balbis contestaron que no los encontraban. El 21 de marzo último fueron intimados por la Suprema Corte bonaerense a “efectuar una exhaustiva búsqueda”, “con la celeridad que el caso amerita”. Para ese entonces, Luciano ya tenía abierta una causa por resistencia a la autoridad por negarse a dar los expedientes de dos menores hijos de desaparecidos. Murray pidió la indagatoria de Luciano a fines del año pasado, pero hasta ahora el juez Villafuerte Ruzo no le hizo lugar.
Luciano fue secretario de Marchetti en el Juzgado Penal Número 3 de San Nicolás entre 1979 y 1984. Allí tramitó la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en la que fue sobreseído hacia finales de la dictadura el ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Luciano luego devino fiscal y, finalmente, juez de menores. Marchetti se fue a la actividad privada. Es abogado personal de Naldo Brunelli, secretario general de la UOM local quien, según fuentes judiciales, tiene un hijo adoptivo dado en guarda por Marchetti en 1977.
Los 44 expedientes faltantes siguen sin aparecer. Como informó este diario, según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, el 30 por ciento de los 104 nietos que pudieron recuperar su identidad “fueron robados por procedimientos de guarda y adopción”, lo que demuestra la importancia de poder sacarlos a la luz.
Agencia de Noticias DH: agenciadenoticiasdh@gmail.com
sábado, 21 de mayo de 2011
La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó un recurso de apelación por la acción penal a miembros de la CNU.
La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó un recurso de apelación presentado contra la decisión que confirmó la vigencia de la acción penal contra los miembros de la agrupación Concentración Nacional Universitaria (CNU), investigados por el homicidio de militantes políticos antes del golpe militar de 1976.
Las defensas de los imputados plantearon la prescripción de la acción, lo que fue rechazado en ambas instancias.
Para los camaristas, “los delitos por los cuales el Fiscal Federal ha requerido instrucción habrían sido una multiplicidad de asesinatos ocurridos en los años 1975 y 1976 y cometidos por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) contra militantes peronistas de izquierda, delitos que se llevaron a cabo a través de recursos estatales y de acuerdo con la política que descendía de los escalones más altos del gobierno nacional”.
Para justificar la categoría de crímenes de lesa humanidad para estos hechos, los jueces indicaron que “ha quedado claro a partir del relato efectuado que existen razones, generadas por la prueba reunida en esta causa, para pensar que los integrantes de la CNU tuvieron intervención en la multiplicidad de delitos denunciados, los cuales fueron cometidos por ellos de manera planificada, a través de la utilización de recursos materiales y humanos del Estado, y de acuerdo con una política, alentada o tolerada por el aparato estatal, de persecución a militantes del peronismo de izquierda y de su eliminación”.
“En tales condiciones, los hechos denunciados pueden calificarse como crímenes contra la humanidad, respecto de los cuales, como sabemos, el instituto de la prescripción no procede”, concluyeron los magistrados.
Fuente: www.cij.gov.ar
Las defensas de los imputados plantearon la prescripción de la acción, lo que fue rechazado en ambas instancias.
Para los camaristas, “los delitos por los cuales el Fiscal Federal ha requerido instrucción habrían sido una multiplicidad de asesinatos ocurridos en los años 1975 y 1976 y cometidos por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) contra militantes peronistas de izquierda, delitos que se llevaron a cabo a través de recursos estatales y de acuerdo con la política que descendía de los escalones más altos del gobierno nacional”.
Para justificar la categoría de crímenes de lesa humanidad para estos hechos, los jueces indicaron que “ha quedado claro a partir del relato efectuado que existen razones, generadas por la prueba reunida en esta causa, para pensar que los integrantes de la CNU tuvieron intervención en la multiplicidad de delitos denunciados, los cuales fueron cometidos por ellos de manera planificada, a través de la utilización de recursos materiales y humanos del Estado, y de acuerdo con una política, alentada o tolerada por el aparato estatal, de persecución a militantes del peronismo de izquierda y de su eliminación”.
“En tales condiciones, los hechos denunciados pueden calificarse como crímenes contra la humanidad, respecto de los cuales, como sabemos, el instituto de la prescripción no procede”, concluyeron los magistrados.
Fuente: www.cij.gov.ar
El Congreso docente rechazó los términos de la multa y decidió seguir con el paro
Viernes 20/05 – 09:30
Después de conocida la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de multar a la ADOSAC y AMET con 700 mil y 50 mil pesos respectivamente, se formó un Congreso provincial en Pico Truncado donde los delegados con mandatos de sus asambleas por mayoría decidieron desoír la intimación, plantear una apelación y continuar por el paro indefinido.
Como lo informáramos ayer, la Subsecretaría de Trabajo multó a la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) al pago de 700 mil pesos por los días de paro, al no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el organismo y de la misma manera actuó con AMET (Escuelas Técnicas) gremio al que le impuso una punición de 50 mil pesos. En ambos casos, la multa fue rechazada.
El Congreso Docente que se llevó a cabo en la localidad de Pico Truncado en la tarde de ayer decidió sostener la medida de fuerza por tiempo indeterminado, que ingresa al día 35, recurrir a la Justicia interponiendo una apelación y continuar con la planificación de medidas de protesta, considerándose entre ellas el bloqueo de los accesos a los organismos encargados de viabilizar las inscripciones de los docentes suplentes para cubrir los cargos acéfalos por huelga.
Por su parte los padres han comenzado a generar reclamos ante las autoridades educativas, presentando requerimientos de normalización ante el Consejo Provincial de Educación, tal como sucedió en la tarde de ayer con 14 padres de la cuenca carbonífera que acudieron al CPE y al gremio de la ADOSAC, donde entregaron un petitorio en el cual llaman a las partes a una rueda de conciliación que resuelva el reinicio de las clases.
Los alumnos del nivel polimodal han comenzado a tomar protagonismo a nivel provincial y en localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, las Heras, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, se fundaron distintos movimientos de alumnos autoconvocados que se reúnen, realizan sentadas en los establecimientos, para hoy está prevista una marcha en zona norte, realizan asambleas, invitan a padres, docentes y reclaman por los medios radiales, que tanto el gobierno como el gremio, resuelvan la situación porque esto lleva irremediablemente a la pérdida del año lectivo, con el mayor daño puesto en los cursos que deben articular contenidos con los niveles mayores de la educación, por ejemplo, los de EGB a polimodal o aquellos que terminan el secundario y pasan a la universidad.
Otro de los factores que rebela a padres, alumnos y docentes, es la decisión de las autoridades del CPE de poner en marcha el acuerdo 078, por el cual los docentes y directivos en huelga pueden ser sustituídos por docentes suplentes y en algunos casos idóneos.
Los alumnos sostienen que a nadie le importa la calidad de educación que reciban, los padres en su mayoría están de acuerdo con encontrarle una salida al conflicto pero piensan que no es adecuado tomar docentes sin currículum, sin pasar por determinados filtros que aseguren la calidad de la educación y toman esta medida más como una salida política al conflicto que como un hecho educativamente redituable. Los docentes, por su parte, han visto incrementada su plantilla de paro, porque los Directivos de algunos colegios se niegan a recibir personal en estas condiciones, señalando que los mismos no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la reglamentación y porque no saben en manos de quién están poniendo a los chicos; en tanto ven que la responsabilidad institucional de ellos al frente de las escuelas se ven sensiblemente debilitadas. “No sabemos si el que ingresa tiene antecedentes o no, si llegó ayer y de dónde vino y nos piden que lo pongamos al frente de un grado con 40 chicos y nos hagamos responsables de que esa persona actúe decorosamente. Es inaudito e incomprensible que se piense en términos políticos y no de Educación”, manifestó ayer uno de los directores de escuelas consultados en la ADOSAC.
El gobierno provincial, decidido a no ceder en la coyuntura, considera que ADOSAC está traccionando a través de sus representantes más radicalizados y que lleva adelante una lucha sin otro objetivo que el político. Lo culpa de no acatar la conciliación obligatoria ni el fallo de la Justicia y por tal motivo cierra las puertas de cualquier acercamiento con la cúpula gremial.
El conflicto continúa, todos pueden contar cómo comenzó, pero nadie puede asegurar cómo terminará. (Agencia OPI Santa Cruz)
Como lo informáramos ayer, la Subsecretaría de Trabajo multó a la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) al pago de 700 mil pesos por los días de paro, al no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el organismo y de la misma manera actuó con AMET (Escuelas Técnicas) gremio al que le impuso una punición de 50 mil pesos. En ambos casos, la multa fue rechazada.
El Congreso Docente que se llevó a cabo en la localidad de Pico Truncado en la tarde de ayer decidió sostener la medida de fuerza por tiempo indeterminado, que ingresa al día 35, recurrir a la Justicia interponiendo una apelación y continuar con la planificación de medidas de protesta, considerándose entre ellas el bloqueo de los accesos a los organismos encargados de viabilizar las inscripciones de los docentes suplentes para cubrir los cargos acéfalos por huelga.
Por su parte los padres han comenzado a generar reclamos ante las autoridades educativas, presentando requerimientos de normalización ante el Consejo Provincial de Educación, tal como sucedió en la tarde de ayer con 14 padres de la cuenca carbonífera que acudieron al CPE y al gremio de la ADOSAC, donde entregaron un petitorio en el cual llaman a las partes a una rueda de conciliación que resuelva el reinicio de las clases.
Los alumnos del nivel polimodal han comenzado a tomar protagonismo a nivel provincial y en localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, las Heras, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, se fundaron distintos movimientos de alumnos autoconvocados que se reúnen, realizan sentadas en los establecimientos, para hoy está prevista una marcha en zona norte, realizan asambleas, invitan a padres, docentes y reclaman por los medios radiales, que tanto el gobierno como el gremio, resuelvan la situación porque esto lleva irremediablemente a la pérdida del año lectivo, con el mayor daño puesto en los cursos que deben articular contenidos con los niveles mayores de la educación, por ejemplo, los de EGB a polimodal o aquellos que terminan el secundario y pasan a la universidad.
Otro de los factores que rebela a padres, alumnos y docentes, es la decisión de las autoridades del CPE de poner en marcha el acuerdo 078, por el cual los docentes y directivos en huelga pueden ser sustituídos por docentes suplentes y en algunos casos idóneos.
Los alumnos sostienen que a nadie le importa la calidad de educación que reciban, los padres en su mayoría están de acuerdo con encontrarle una salida al conflicto pero piensan que no es adecuado tomar docentes sin currículum, sin pasar por determinados filtros que aseguren la calidad de la educación y toman esta medida más como una salida política al conflicto que como un hecho educativamente redituable. Los docentes, por su parte, han visto incrementada su plantilla de paro, porque los Directivos de algunos colegios se niegan a recibir personal en estas condiciones, señalando que los mismos no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la reglamentación y porque no saben en manos de quién están poniendo a los chicos; en tanto ven que la responsabilidad institucional de ellos al frente de las escuelas se ven sensiblemente debilitadas. “No sabemos si el que ingresa tiene antecedentes o no, si llegó ayer y de dónde vino y nos piden que lo pongamos al frente de un grado con 40 chicos y nos hagamos responsables de que esa persona actúe decorosamente. Es inaudito e incomprensible que se piense en términos políticos y no de Educación”, manifestó ayer uno de los directores de escuelas consultados en la ADOSAC.
El gobierno provincial, decidido a no ceder en la coyuntura, considera que ADOSAC está traccionando a través de sus representantes más radicalizados y que lleva adelante una lucha sin otro objetivo que el político. Lo culpa de no acatar la conciliación obligatoria ni el fallo de la Justicia y por tal motivo cierra las puertas de cualquier acercamiento con la cúpula gremial.
El conflicto continúa, todos pueden contar cómo comenzó, pero nadie puede asegurar cómo terminará. (Agencia OPI Santa Cruz)
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