Se viene la 3º revista “30.000 Razones”.

		Tapa revista 30000 RAZONES Nº3
EDICION impresa limitada. Consegila en el Kiosco de HIJOS La Plata. EDITORIAL. A los muertos impunes. De Néstor Soria. JUICIOS A LOS GENOCIDAS. Actualizamos los datos a marzo del 2012. DESTACAMENTOS. Contrastamos el proyecto del Museo del Horror en el CCD Arana con el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. BIENVENIDA KARINA. La lucha por su libertad, las salidas transitorias y la condicional. Carta de los abogados. PRESOS POLÍTICOS COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS EN BRASIL. Que ningún puño se rinda, que ninguna voz se calle, que la Resistencia continúe. JUICIO “CIRCUITO CAMPS”. Una crónica del proceso desde el caso Mariani Teruggi. LEY ANTITERRORISTA… ¿QUÉ NOS VIENEN A HABLAR DE DERECHOS HUMANOS? Analizamos el endurecimiento de esta norma en Argentina y comentamos la experiencia represiva en Chile y México. RESUMEN PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL. Nº de Expediente 1753-D-2010. Trámite Parlamentario 028 (07/04/2010) INICIATIVAS “ANTI” TERRORISTAS DE LOS PODEROSOS. Luchas en Chile, Argentina y México contra las leyes del imperialismo Yanqui. PROYECTO X. Opinión Myriam Bregman, abogada, integrante del CeProDH y el PTS.DESTACAMENTOS Contrastamos el proyecto del Museo del Horror en el CCD Arana con el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. A fines de 2011 el gobierno de la provincia decidió transformar en espacios de memoria dos dependencias policiales marcadas por la práctica de la desaparición forzada de personas: el Destacamento de Arana, uno de los más importantes Centros Clandestinos de Detención de La Plata, y el Destacamento de Lomas del Mirador, donde fue desaparecido el joven Luciano Arruga. En esta nota reconstruimos la historia de esos lugares de horror, trazamos un paralelo entre la represión de ayer y de hoy y aportamos al debate sobre el impacto que tienen las políticas de “sitios de memoria” en un marco de impunidad y las distintas formas de construir la lucha por justicia. El CCD Destacamento de Arana Durante la primera mitad del siglo XX la localidad de Arana se erigió como un verde labrantío ubicado a 12 kilómetros de La Plata, con centenares de hectáreas de campos sembrados, grandes tambos y alguna fábrica de lino y aceites, adonde el tren llegaba desde la capital provincial 4 veces por día con pasajeros y materias primas para abastecer a las quintas. Pero ese esquema de país fue desarmado a la par que se levantaba el tendido ferroviario, se apagaban las luces de las fábricas y se aislaba a la zona de los centros urbanos y productivos. En el letargo de esa noche se ampararon las bandas genocidas para establecer, según investigaciones de la Cámara Federal platense, al menos cuatro lugares de detención clandestinos en la zona: el Destacamento de Arana, conocido también como “El Campito”; el denominado “Campo de Arana” o “ La Casona ”, que se encontraba en donde hoy está el Regimiento n° 7 de Infantería- asentado en lo que en su tiempo fue la estancia llamada “ La Armonía ”; otro centro clandestino cercano al Aeropuerto de Arana, denominado “Cuatrerismo” (calle 610 y 16, a unos 500 metros de la calle 7, a poca distancia del aeropuerto local, en un descampado ubicado sobre la misma mano del aeropuerto), y el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Arana”, donde hoy están los terrenos del Vivero “Ferrari Hermanos”, por detrás del Destacamento. Los destacamentos policiales fueron pensados como puestos de control en zonas rurales para sostener la presencia policial en lugaresinhóspitos o con pocos pobladores y combatir el delito de robo de ganado. El Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Destacamento de Arana estaba ubicado en la calle 640 y 131 del partido de La Plata. En el organigrama policial dependía de la Brigada de Investigaciones y allí funcionaba la Sección de Cuatrerismo. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , realizó una descripción exhaustiva de la estructura edilicia del Destacamento, que afirma que: “sobre la calle 640 se halla la puerta principal del Destacamento de Arana. A la izquierda de la puerta, se halla un portón que, según relatos de ex detenidos, era usado para el ingreso de estos, accediéndose a un garaje. El garaje posee una entrada al Destacamento, donde se pasa a un pasillo paralelo a la calle 640. Apenas se ingresa en ese pasillo, hacia la derecha se encuentra una puerta en la que se ingresa al cuarto donde funcionaba el lugar de torturas; a su vez, de manera contigua a esta sala, siempre del lado derecho, se halla otra habitación que era utilizada para los interrogatorios. Volviendo al principio del pasillo, del lado izquierdo, enfrente de las salas antes descriptas, había un baño con una bañera, lavatorio e inodoro y a continuación se encuentra una habitación en la que al momento de los hechos había dos duchas, y que en la actualidad es utilizado como depósito. Ahora bien, siguiendo de manera recta por ese pasillo, pasando la sala de interrogatorio a la derecha y el baño a la izquierda, se abría un hall de 2 x 2 m y, luego, continuando en línea recta, se encontraban a la izquierda dos celdas chicas (de 1 x 2 m aprox.) que tenían una ventanita sobre la pared del fondo y un camastro de cemento sobre la pared izquierda; a fines del año 1977, detrás de estas celdas se construyeron tres celdas más, construcción que obligó a cerrar las ventanas originales. Luego, venía una letrina y, detrás de ésta, una celda un poco más grande que las otras. En frente a las celdas chicas, letrina y celda grande había una habitación, y, un poco más al fondo, estaba la cocina. Retrocedamos al centro del pasillo antes descrito, entre el baño y la primera celda pequeña. Aquí, se abre un hall que conduce a un pasillo que desemboca a la parte trasera de la construcción donde existe una puerta. Son coincidentes los testimonios analizados en que la mayoría de los detenidos desaparecidos ingresaban por esta puerta”. A su vez, quienes permanecieron en cautiverio en el Destacamento de Arana identificaron el lugar por los ruidos que allí podían escuchar, como el paso del tren, el sonido de los álamos, de los aviones, del ómnibus que pasa por el lugar y tránsito de automotores por una ruta. El Destacamento de Arana dependía de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Hasta el año 1970 y, nuevamente, a partir del año 1980 el Destacamento de Arana perteneció a la Comisaría 5º pero, durante los diez años intermedios el Destacamento estuvo bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Así lo prueba un Informe del Departamento de Organización y Doctrina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el Inspector Carlos Guado, con fecha 27 de julio de 2006. Además, existe una Resolución nº 41.148 consta que el inmueble en el que iba a ser instalado el Destacamento de Arana integraba el patrimonio policial y que en el mismo “…funciona hasta el presente la Sección Cuatrerismo , dependiente de la Brigada de Investigaciones de La Plata”. Por si fuera poco, hay testimonios de varios represores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que actuaron en el Destacamento de Arana en la época que se investiga, como Mario Mijín y Luis Marcelo Varela, que afirmaron que éste estaba subordinado a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Esa subordinación no sólo era de carácter formal, sino que existía una estrecha conexión en las actividades ilegales y clandestinas de ambas reparticiones. De hecho, el Destacamento era custodiado por personal de la Brigada. El represor Jorge O. Rodríguez, quien se desempeñó en ambos centros, manifestó que el Jefe era Miguel Kearney y el Subjefe era Trotta. Por su parte, María Cristina Gioglio declaró en la Causa n°11 que, hallándose secuestrada en el Destacamento de Arana, y en oportunidad de haber sido conducida al despacho del funcionario a cargo del mismo, pudo ver un oficio dirigido a Miguel Kearney. Además, agregó que las guardias estaban a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata , entre los cuales identificó a Roberto Grillo, Mario Jaime, Mario Mijín y Daniel Lencinas. Por otra parte, el testigo José Horacio Perello, hijo de los dueños del Almacén de Ramos Generales ubicado a pocos metros del Destacamento, reconoció la presencia en dicho establecimiento de Jaime, Lencinas, Kearney y Trotta. En cuanto al rol del Destacamento Policial de Arana durante la etapa de Terrorismo de Estado, debe señalarse que muchas de las personas secuestradas que eran conducidas en primer término a la Brigada de Investigaciones La Plata para su registro –o bien que provenían de otros CCD-, eran trasladadas a Arana, donde se las sometía a interrogatorios bajo la aplicación de atroces tormentos como la aplicación de picana eléctrica, “submarino”, golpes, simulacros de fusilamientos, “teléfono” y también era habitual que la utilización de música a un volumen elevado a los fines de encubrir los gritos de las personas durante dichas sesiones. Esto surge, entre otros, de los testimonios de los compañeros Jorge Alberto Rolando, Miguel Alejandro Iademarco, Rafael Barbieri, Alberto Liberman, Eduardo Kirilovsky, Analía Maffeo, Adriana Calvo y Mario Rubén Féliz. La función predominante del Destacamento de Arana, como centro de aplicación de tormentos y eliminación de personas, quedó probada con diversos testimonios en la etapa de instrucción de la causa por este centro de detención. Graciela Liliana Marcioni describió al Destacamento como “casa de la tortura” y resaltó que era “un lugar absolutamente espantoso”. Perello afirmó en el Juicio por la Verdad que era habitual escuchar durante la noche música muy fuerte y gritos provenientes del Destacamento de Arana. Juan Carlos Urquiza, chofer del represor Verdún (Subjefe de la Dirección General de Investigaciones), testimonió en la CONADEP que en el Destacamento de Arana se torturaba y se mataba gente y que allí “actuaban la SIDE y la COT (Comando de Operaciones Tácticas)”. En tal sentido Urquiza puso de resalto que en los aledaños del Destacamento se quemaban cadáveres. En efecto, también resulta del testimonio de varios sobrevivientes que en el Destacamento Policial de Arana se llevaban a cabo fusilamientos de detenidos clandestinos cuyos cuerpos, en algunos casos, eran incinerados en los fondos del establecimiento y luego allí mismo enterrados. Según el Trabajo de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fueron más de 270 los detenidos ilegales que pasaron por los CCD de Arana. EL trabajo destaca 78 personas desaparecidas o asesinadas, 117 detenidas en el lugar que luego fueron liberadas y 24 sobre las que se desconoce su destino. El mismo trabajo afirma que el mando policial del destacamento estaba integrado por los represores Miguel Kearney (Jefe de la Brigada de Investigaciones en 1977), Luis Héctor Vides y Raúl Rubén Vargas. El testimonio de Jorge Julio Lopez fue importante para determinar la existencia y ubicación de los distintos campos de Arana. Tras su declaración en el Jucio por la Verdad en 1999, Lopez realizó un reconocimiento del lugar con una comitiva judicial, identificó como lugares diferentes un centro ubicado cerca del aeropuerto, el Destacamento y la casona de la Familia Villareal, conocida como “Estancia La Armonía”. En su testimonio en el juicio a Etchecolatz en 2006, describió su paso por dos de esos centros y aportó los nombres de al menos 10 represores que actuaban allí como parte del esquema represivo. Arana en el juicio El juicio que se realiza desde septiembre pasado en La Plata por hechos recortados de 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps, incluye imputaciones a 4 genocidas con mando orgánico sobre el Destacamento o por su actuación en el secuestro de personas que pasaron por los CCD de Arana (Campos, Etchecolatz, Guallama y Patrault), y a otros 10 genocidas, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, por su actuación específica en los campos de Arana: Paez, Ferriole, Corrales, Svedas, Kearney, Machuca, Arguello, Sita, Lencinas y Grillo. Un total de 19 represores por un campo donde actuaron decenas de genocidas. Un testimonio clave para conocer el funcionamiento del destacmento de Arana como lugar de detención y exterminio fue el de Maria Cristina Gioglio. Detenida en diciembre del ’77 en Ranelagh, y tras un paso de 2 días por el Pozo de Quilmes, Gioglio fue alojada en el destacamento. Relató en el juicio que fue secuestrada como parte del denominado "Operativo Escoba", al que definió como el plan para exterminar al Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Realizó un pormenorizado relato sobre el funcionamiento del centro y dijo que pudo reconocerlo porque la radio policial pedía comunicación al lugar diciendo “llamado Arana”. Además pudo ver “destabicada” a varios guardias del lugar, como Mario Jaime, Mario Mijín, Julio Cesar Fernández y Daniel Lencinas; y reconoció a algunos detenidos que son caso en el juicio como Raúl Bonafini, Cristina Bustamante, José Fanjul y el matrimonio de Esteban Cugura (apodado “chamaco”) y Elisa Cayul. Gioglio remarcó que el destacamento era un lugar de tortura permanente, donde a veces solo paraban cuando los chicos salían de una escuela cercana para que no escucharan los gritos. Contó que fue la última en salir del lugar en marzo del ‘78, luego de un asado donde miembros de la Brigada de Investigaciones y del Destacamento discutieron qué hacer con ella. Describió que se realizaron obras de construcción en el lugar durante su permanencia allí y que tras una orden de desmantelarlo se hicieron demoliciones antes de cerrar el CCD. Por último, Gioglio reclamó saber por qué, a pesar de sus denuncias y de haberlos identificado, muchos de los policías del Destacamento no han sido procesados a la fecha, como Langone, Zabaleta, Zamora, Primus y Hualde entre otros. El trabajo del EAFF Tras acumular gran cantidad de prueba testimonial en el Juicio por la Verdad, los tribunales platenses dispusieron excavaciones en el sitio como parte de la causa n° 11/6, caratulada “Incidente Equipo Argentino de Antropología Forense s/ solicitud trabajos en CCD Arana”. El 16 de abril de 2008, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informaron del hallazgo de restos óseos como parte de su tarea en el lugar. En las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior, se encontraron 10 mil fragmentos óseos, la mayor parte de ellos calcinados, como si se tratara de una fosa común. El hallazgo fue significativo por el agregado de que fue la primera vez que se encontraron restos en un ex centro clandestino, ya que en otras ocasiones habían sido localizados NN en cementerios. Los detalles de la tarea aportaron a dimensionar la masacre que allí se llevó a cabo: los restos estaban calcinados, probablemente con neumáticos, depositados en varias fosas en un patio interior, construidas en diferentes niveles, cada una separada por paredes de ladrillos y ubicadas cerca de un paredón de fusilamiento que tenía mas de 200 impactos cuyas balas fueron extraídas para su posterior investigación. El EAAF señaló con prudencia que las posibilidades de identificación eran bajas debido a la calcinación y al desgaste por el tiempo transcurrido. La secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó por entonces que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Curiosamente, en la rueda de consultas sobre la viabilidad de la medida, el único órgano que se opuso fue la secretaría de DDHH provincial, siendo que hasta el Ministerio de Seguridad estaba a la espera de la orden del ejecutivo, que no hacía más que cumplir el mandato judicial. Dada esa puja política interna, el destacamento continuó tal cual, y se iniciaron las obras del “Museo”. El pedido de los organismos de DDHH de La Plata llegó a las audiencias del juicio “Circuito Camps”, con un pedido para que el TOF 1 oficie al ministerio para que obedezca la orden judicial de desalojo del destacamento, y a la secretaría para que informe sobre las obras que estaban realizando en el ex centro clandestino. Concretamente, la abogada Guadalupe Godoy afirmó que la medida de no innovar que pesaba sobre el predio “no obsta a que obedezcan la orden judicial por la cual el Gobierno de la Provincia debe desalojar ese destacamento”. En cuanto a las obras, se requerían detalles porque se sabía que el trabajo excedía la mera conservación y su diseño respondía a la idea de la presencia de público. Para entonces, el EAFF había identificado a 17 compañeros detenidos desaparecidos de entre los restos hallados en Arana, lo que también motivó a la querella de “Justicia Ya” a pedir la ampliación de la imputación en el juicio por el delito de homicidio calificado, en todos los casos había habido identificaciones. El museo del horror Sin embargo, la iniciativa oficial sobe el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio, de la misma policía que debe ser investigada por su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, quien fuera uno de los desaparecidos que fueran llevados y torturados a Arana, de la misma fuerza responsable de la desaparición de Luciano Arruga, de los asesinatos de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darian Barzábal por nombrar algunos de los cientos de asesinados por torturas, gatillo fácil, enfrentamientos fraguados, supuestos suicidios en comisarías, etc., lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en el Destacamento de Arana, a todos sus familiares, compañeros de militancia y amigos. En síntesis significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”. Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Esto había sido rechazado por los organismos de DDHH, que entendían que la mera posibilidad de “visitas” y “recorridos” para la exhibición de los restos humanos de los compañeros era una gravísima afrenta y que pedían que se restrinja e impida el ingreso de cualquier tipo de público (funcionarios, público general, medios de comunicación) a los sectores en los que se hallaron restos, especialmente a la instalación de pasarelas que permitan realizar recorridos y circulación de público en el lugar. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras. La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera policía de Derechos nHumanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar. En ese sentido fueron esclarecedoras las palabras de Mariana De Marco, hija de Patricia Dell'orto y Ambrosio de Marco, militantes populares de la misma unidad básica que Jorge Julio Lopez y asesinados en el Pozo de Arana. Mariana expresó en una carta abierta lo que muchos sentimos ante este atropello: “Efectivamente creo que los lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben convertirse en espacios para la reflexión; que deben ser señalizados, que se debe contar lo que allí ocurrió, pero una vez que dejen de ser objeto de estudio y trabajo. Quizás los mismos fundamentos que hoy apuran al Gobierno de Provincia de Buenos Aires a realizar obras en este lugar, son los argumentos que, como familiar de fusilados en Arana, podría utilizar para pedir que esas mismas obras no sean realizadas, o por lo menos, no todavía. (…) Las expectativas personales y familiares sobre el desarrollo del trabajo del EAAF son imposibles de explicar con palabras. Más de 20 años llevó a mi familia saber cuál fue el destino de mis padres. Y eso sólo por hablar del tiempo transcurrido, sin nombrar el dolor, lo irreparable de las pérdidas y las ausencias que todos, como pudimos, aprendimos a cargar. (…) Siento que en lugar de preservar y favorecer la recuperación y reconocimiento de restos, las posibilidades disminuyeran. Siento que entornaran la puerta que estaba abierta. Como familiar quisiera que el Estado me asegurara que se utilizan todos sus recursos para, en este caso, encontrar los restos de mis padres, entre otros detenidos desaparecidos fusilados en Arana. Que me aseguraran que existe conciencia y cuidado para que eso ocurra. Sólo pedimos tiempo. Ni siquiera tanto como el que nos lleva como familiares seguir recorriendo este camino. Pedimos el tiempo necesario para que los juicios terminen. Pedimos el tiempo necesario para que los responsables tengan su condena. Pedimos el tiempo necesario para que los restos aparezcan, para que sean reconocidos. Para que los fusilados en el Destacamento recuperen su identidad, y nosotros, los que quedamos, podamos llenar alguno de nuestros vacíos”. La “Matanza” Ubicada en el extremo norte de La Matanza, el municipio más extenso y poblado del conurbano (y por ello preciado botín electoral en la provincia), la localidad de Lomas del Mirador es una de las más pequeñas y recientes del distrito. Declarada ciudad por la legislatura bonaerense en 1984, recibió su nombre de un histórico dispositivo de control: el Mirador Santa Lucía, una torre de madera ubicada en la azotea del casco de estancia del terrateniente Ezequiel Ramos Mejía que protegía del avance del indio y fue demolida en 1935. Referenciada desde comienzos del siglo XX con varias fábricas de jabón como la de Pedro Casarteguy y la de la calle Paso, a la ciudad le llevó más de medio siglo dejar de ser un barrio de San Justo, y su actual intendente, Fernando Espinoza, hoy kirchnerista y en los ‘90 hombre de Duhalde y Balestrini, pretende convertirla en parte de la “capital nacional del calzado”, no se sabe si por un pretendido impulso a la industria de zapatos o por las características de su fuerza de seguridad, que desde hace 3 años tiene el triste privilegio de dar continuidad a la práctica de la desaparición forzada de personas. El partido de La Matanza estuvo intervenido en dictadura por distintos jerarcas militares como el teniente Carlos Herrero, el comodoro Oscar Barcena y el coronel José Olego, que tuvieron a su cargo el Centro Clandestino de Detención de la Subcomisaría de Villa Insuperable, ubicado a 4 cuadras de la Avenida General Paz y era denominado “El Sheraton” o “El Embudo”. Por allí pasaron centenares de militantes populares detenidos en la zona oeste del conurbano, como los matrimonios de Ana María Caruso y Roberto Carri, Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial o los casos de Pablo Szir, Adela Candela y Héctor Germán Oesterheld. Algunos responsables directos del centro, como el comisario Juan Battafarano o el subcomisario Leopoldo Baume, forman parte de las imputaciones en una demorada causa que lleva adelante el juez Rafecas. Nuevamente célebre fue la policía de La Matanza en la década del ’90, por las andanzas de Mario “Chorizo” Rodriguez, jefe de la Brigada de Investigaciones local durante la jefatura de Pedro Klodczyk e integrante del grupo de comisarios que encumbraron a la bonaerense en una superbanda implicada en todos los grandes delitos que decían combatir, y a la que la memoria popular recuerda como la “Maldita Policía”. El huevo de la serpiente La Policía Bonaerense funciona en la actualidad en cinco áreas principales: Seguridad (comprende a la Distrital, Comunal, Vial, Custodia, Buenos Aires 2, Siniestral y Operaciones Aéreas), Investigaciones (función Judicial, Delitos Complejos, Trafico de Drogas, Científica y Antecedentes), Información (Superintendencia de Evaluación de la Información), Comunicaciones y Emergencias (Sistema 911) y Formación (centros de estudios). El área principal de operaciones, que vemos a diario en la calle, es la de Seguridad, que se divide geográficamente en Departamentales, y estas a su vez en policías comunales y distritales. La distribución geográfica de estas departamentales responde al diseño del Ministerio de Seguridad, mientras que la Policía de Investigaciones a partir de sus Delegaciones de Investigación, lo hace en base a la distribución geográfica de los Departamentos Judiciales. Esta estructura tiene un mentor claro, ya que durante la primera gestión de León Arslanián como ministro de seguridad de la provincia (1998-1999) se intentó llevar a cabo una reforma policial estructural. Por un lado se ensayó una nueva forma de control político sobre la fuerza, tras seis años de autogobierno de la “Maldita Policía” capitaneada por Pedro Klodczyk. Para intentar cuadrar la gobernabilidad en el segundo mandato de Duhalde, se le quitó jefatura policial a la bonaerense, y se la desplazó desde el Ministerio de Gobierno a un pretendidamente innovador Ministerio de Seguridad y Justicia con conducción civil. Se aspiraba a un mayor control efectivo de la discrecionalidad con que actuaba la cadena de mandos policial, por la vía de una mejor conducción estratégica. Una tarea quijotesca, que se cobró una decena de funcionarios en el área de seguridad, a la que el poder fáctico de los comisarios no estaba dispuesto a subordinarse. En la segunda gestión de Arslanián (2004-2007), durante la gobernación de Solá, se comenzó a implementar la idea del control social de la policía, bajo el lema de involucrar a la comunidad en la intentona de cambio, a través de los denominados Foros Vecinales de Seguridad. En el esquema de la reforma los foros estarían integrados por asociaciones civiles, sociedades de fomento y Ong’s que controlarían el desempeño policial a través de pedidos de informes, compulsa de documentación y observación directa de la actuación uniformada. Si bien, en los menos de los casos, contribuyeron a diseñar alguna acción de inclusión social en zonas marginales, en realidad los foros terminaron siendo agentes de tercerización en la represión como política de control social, capitaneados por policías retirados o exonerados o por vecinos permeados por el discurso de la “mano dura” que se auto-referenciaban como agentes gratuitos de inteligencia y hasta investigadores de campo con aval del Estado. Algo así sucedió con el grupo autodenominado “V.A.LO.MI.” (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) que surgió a mediados de 2007, con un programa que incluía conceptos tan primitivos como: “Pedimos una mejor policía (con más entrenamiento y con planes aggiornados a la época), más móviles y más personal que recorra las calles intentando ‘CONTROLAR’ al ciudadano que muchas veces carece de enseñanza vial y social”; o bien que “sería muy importante que se trabajara para bajar la edad de imputabilidad del menor ya que los valores que manejamos nos indican que un 60% de menores son los que delinquen y no hay un arma legal que los contenga”; y hasta que “la seguridad la debemos hacer entre todos, controlando y previniendo a los jóvenes que se drogan, fuman o alcoholizan. Prevenir sería realizar un plan de contención de esa juventud que ronda los 13 a 20 años, que hoy se encuentra sin futuro laboral, ni ídolos a quien imitar y está expuesta en la calle alas facilidades de la delincuencia. Porqué no una especie de servicio obligatorio donde se los eduque moral, social y cívicamente, ya que muchos de ellos han perdido valores que son lo que hacen al hombre de bien”. Comandado por el mediático Gabriel Lombardo, VALOMI es el ejemplo claro del curioso fenómeno de una sociedad desigual por el cual la penalización de la miseria, en los reclamos de “mano dura” y “tolerancia cero”, provienen por igual de clases privilegiadas y pobres: para el selecto arco pudiente de ricos y famosos significa el programa político básico frente al pánico a la vulnerabilidad, para la sensibilidad propietaria de la clase media representa la solución mágica de cuidar sus posesiones a cualquier precio, pero también los pobres son muchas veces los que ya no reclaman al Estado seguridad social, sino seguridad a secas. Ganado cierto consenso social, más una cuota de contactos políticos como Francisco De Narvaez y el senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el VALOMI logró la apertura del Destacamento Policial de calle Jose Indart n°106, como dependencia de la comisaría 8va de La Matanza para recibir denuncias, en un acto con la presencia de todas las “fuerzas vivas”: el Jefe de la Policía Departamental de La Matanza, Juan Carlos Carrizo, la Jefa Distrital Noreste, María Carrasco, el Jefe del Destacamento inaugurado, el Teniente 1º Alfredo Rodríguez , el Capellán policial, Padre Juan Carlos Cagliani, el Presidente del Foro de Seguridad de Lomas del Mirador, Eduardo Gómez y la directora de Derechos Humanos, Gina Di Nardo. Tras los agradecimientos del caso al gobernador Solá y al ministro Arslanián, y el descubrimiento de una placa junto a Lombardo, el intendente Fernando Espinoza aseguró que “la velocidad en que uno vive no nos hace dar cuenta, en el momento, del valor de las cosas. Quizá cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la comunidad”. Seguramente no imaginaba que la historia haría tristemente célebre ese lugar por razones muy distintas, aunque también por la lucha de otro sector de la sociedad, el siempre que recibe los palos. El caso Arruga Por entonces, el grupo de Lombardo, jubiloso, argumentaba la necesidad del destacamento con datos de dudosa procedencia y de certera xenofobia al decir: “consideramos que el Destacamento recientemente inaugurado, cumple con las expectativas de la zona, ya que si el personal humano es bueno no cuenta con la cantidad de personal ni móviles necesarios para enfrentar una cuadrícula extensa en la que conviven 2 villas como es la Santos Vega con alrededor de 5000 habitantes, con casi el 50% de la población que delinque y la 12 de octubre con 1200 personas aprox., con una población delictiva del 25 %. También pensamos en la Comisaria de Lomas del Mirador y observamos los mismos inconvenientes, ya que los vecinos de alrededores tienen un asentamiento urbanizado llamado de Las Antenas y otro de los Paraguayos con una población delictiva del 50%”. Luciano Nahuel Arruga era un joven de 16 años del barrio 12 de Octubre que se dedicaba a estudiar y a cartonear para ayudar a su familia. El 31 de enero de 2009 Luciano fue visto por última vez en el camino de seis cuadras entre su casa y la de su hermana. Esa misma madrugada su madre, Mónica Alegre, comenzó a buscarlo. Antes de este hecho, el 22 de Septiembre de 2008, Luciano había sido demorado en el Destacamento policial de Lomas del Mirador por averiguación de antecedentes. Su hermana Vanesa fue a buscarlo ese mismo día a la tarde y lo escuchó a su hermano gritar por los golpes. Recién consiguió que lo liberaran de madrugada. Otro de los encuentros de Luciano con la policía, fue cuando lo interceptaron poniéndole un arma en el pecho y diciéndole textualmente: “vos sos un negrito villero, vas a terminar en un zanjón, te vamos a llevar a una cárcel donde hay violadores”. En el año 2008, Mónica (mamá de Luciano), se queda sin trabajo, al enterarse de esto los efectivos del Destacamento decidieron interceptarlo y ofrecerle de “forma sutil” que “trabajara” (robara) para ellos, diciéndole que por ser menor no quedaría pegado al tema y que ellos iban a responder por él. Luciano rechazó este ofrecimiento y pasó a ser hostigado constantemente por la policía. Las pistas que se siguieron fueron las declaraciones de vecinos que vieron cómo se llevaban a Luciano de la plaza República Argentina en un patrullero, y de dos personas que dicen haberlo visto agonizando en el destacamento. Se detectó por el sistema que identifica a los coches de la Policía (AVL) que un vehículo estuvo en un descampado fuera de su área por unas horas. Tras la desaparición de Luciano, su familia realizó la denuncia en la Fiscalía N°3, a cargo de Roxana Castelli, que puso la investigación en manos del jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones local, el comisario Marcelo Javier “Chivo” Chebriau. Este personaje, de una oscura carrera en la Bonaerense, fue puesto a disponibilidad por la protección de piratas del asfalto como oficial en Mercedes, se perfeccionó luego en la recaudación de coimas de actividades clandestinas, armado de causas, aprietes de testigos y de propios camaradas de fuerza, como Jefe de la Delegación de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas de La Matanza. En 2008 el ministro Carlos Stornelli lo ascendió a titular de la DDI de La Matanza , al mando de 180 efectivos. Como parte de la investigación del caso Arruga, el “Chivo” Chebriau hizo que sus subalternos tomaran declaración a menores en sede policial, cosa que la ley prohíbe, y desvió la investigación a pistas inconducentes para sumar impunidad a un nuevo caso de secuestro, torturas y ocultamiento del crimen. Recién una vez que cobró trascendencia el caso entre los sectores de militancia de Derechos Humanos, la fiscal Castelli y la DDI de La Matanza fueron apartados de la causa. La nueva fiscal de la causa, Celia Cejas Matín, de la UFI N° 1, dispuso en abril de 2009 que se pase a disponibilidad a 8 efectivos del Destacamento de Lomas del Mirador: Néstor Díaz (Jefe de Departamento), Ariel Herrera (Segundo jefe), Martín Monte (Oficial de Servicio), Emiliano Marquez (Oficial de Control de Cuadrícula), Damián Marcelo Sotelo (Ayudante de Guardia), y los choferes Sergio Fecter, Daniel Vazquez y Hernán Zéliz. Sin embargo, tres meses después el ministro Stornelli, ordenó reincorporar a los ocho policías con el técnico argumento de que “habiendo transcurrido 93 días de su disposición, no surgieron en el ámbito judicial y administrativo pruebas directas que determinen la participación responsable de cada uno de los efectivos aludidos en la desaparición de Luciano Arruga, entendiéndose que sin perjuicio de lo que surja de la investigación su reincorporación a la institución no ocasionaría un perjuicio para la fuerza o entorpecería los procesos penales y administrativos en trámite”. La medida se tomó a pesar de que ya obraban en la causa las declaraciones de los testigos que se encontraban detenidos hacia varios meses en el destacamento, y que declararon que vieron a un adolescente de similares características a Luciano siendo golpeado hasta desangrarse esa misma noche por varios policías, algunos vestidos de civil y otros uniformados; y que esa práctica de golpiza era usual con menores, así como “colgarlos” de los brazos esposados a una reja, permaneciendo en esta posición por varias horas, o toda la noche. Además, se comprobó que los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el destacamento estaban adulterados para borrar pruebas. Las propias declaraciones de los policías implicados denotan que las prácticas habituales respecto a los menores están más allá de las prohibiciones formales de la ley juvenil de detenerlos en sede policial. El oficial Ariel Herrera, segundo jefe del destacamento, dijo que “el procedimiento respecto de los menores de edad, se los tiene en la oficina, para luego reintegrárselos a sus progenitores”. Preguntando para que digan como proceden con respecto de menores de edad si es que no encuentran a los padres, el policía Hernán Gabriel Feliz declaró que “en ese caso es el Oficial de Servicio quien maneja la situación, pero generalmente el menor permanece en el destacamento hasta que se ubique a los padres progenitores”. Esa naturalización del funcionamiento “de hecho”, además de muestra de un andamiaje legal meramente testimonial, es un claro ejemplo de la autonomía de maniobra de que goza la bonaerense cuando se habla de “autogobierno policial”. Las comisarías bonaerenses siguen siendo un lugar por donde indefectiblemente transitan los niños y adolescentes detenidos, pese a estar expresamente prohibido por la resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad, la acordada 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia, la disposición 1212/04 del Ministerio de Desarrollo Humano y el fallo Verbitsky de 2005. En 2011 se hicieron en la causa varios peritajes tardíos. Uno de ellos fue una prueba de luminol, un reactivo que indica la presencia de sangre y que complementariamente puede determinar grupo, factor y ADN, sobre la Comisaría 8va y el destacamento; lugares señalados desde el comienzo de la investigación, pero peritados dos años después del hecho. El abogado de la familia Arruga, Juan Manuel Combi, señaló por entonces que “todas estas pericias hubiesen tenido eficacia y buen resultado si se hubiesen llevado a cabo a los dos meses de la desaparición de Luciano y no a los dos años como finalmente se terminaron realizando”. En cuanto a los policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga, a partir de la denuncia que realizaron los querellantes se imputó por el delito de encubrimiento a los dos policías que llevaron a cabo la primera detención el 22 de septiembre de 2008, de apellidos Olmos y Soraire. Esa noche, los policías le decían a Luciano, mientras trataba de defenderse de la golpiza, frases como “si no te calmas te llevamos a la 8va donde hay violadores que se van a encargar de vos”, y tras escupir un sándwich que le ofrecían, “comete este sándwich negrito”. Por este delito se abrió una causa que tramita ante la misma fiscalía. La fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados pero fue denegada por el Juez de Garantías Gustavo Blanco. Con respecto a los ocho policías que cumplieron funciones la noche de la desaparición, se encuentran realizando tareas en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En verdad, la gestión Stornelli representó un retorno al autogobierno policial, ya que se volvió a las lógicas de centralización del poder, se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial para reintegrar una estructura concentrada en los comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de las prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías. Su continuidad en la actual gestión del ex penitenciario Ricardo Casal. Como señala la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI) en sus detallados informes, el 50% de los casos de personas que no representaban peligro para terceros y fueron asesinas por fuerzas de seguridad cada año corresponde a jóvenes pobres de entre 15 y 25 años. En el caso de los asesinatos en sede policial, destacan la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura. La figura de desaparición de persona En 2011, la lucha por el caso Arruga también tuvo incidencia parlamentaria, ya que en abril del año pasado el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara baja firmó dictamen de una iniciativa para incorporar al Código Penal la desaparición forzada de personas. El proyecto tenía media sanción del Senado desde 2010 y lo singular del caso fue que el dictamen de comisión en Diputados fue votado sin disidencias y con un quórum ajustado, luego de escuchar la palabra de Mónica Alegre, la madre de Luciano. Un día después de pasar por comisión, el Parlamento aprobó la ley. La iniciativa crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. La reforma tipifica el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona. Para ese delito se imponen penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada. El proyecto dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes. Se penaliza además la desaparición forzada de niños nacidos en cautiverio y establece la competencia de la Justicia Federal para juzgar este tipo de delitos imprescriptibles. De acuerdo con el proyecto, la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o bien proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. En una lectura desde la jurisprudencia liberal, la nueva figura pretende brindar una mayor seguridad jurídica no solo para los demandantes (familiares de las victimas de la desaparición) sino también hacia los acusados, procurando garantías judiciales de un proceso justo en base a normas pre-existentes a los acontecimientos de los hechos, es decir, garantizar el principio de legalidad frente a los imputados del delito. Además, se intenta con ello corregir la obligación del Estado de adecuar su legislación interna a los compromisos internacionales que ha firmado y así cumplir la obligación de adoptar medidas previstas por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, entre otros instrumentos sobre la materia. Sin embargo, algunos sectores con representación parlamentaria pidieron una ley más severa, ya que se trata de un delito equiparable a la gravedad de lo que se conoce como “de lesa humanidad”. El problema parece ser que no se legisla en particular estos temas, es decir, teniendo en cuenta la gravedad institucional que tienen. Recordemos que hoy por hoy, en nuestro país los represores juzgados y condenados responden ante la Justicia o cumplen penas por privación ilegítima de la libertad con una legislación que sólo contempla, como en los secuestros extorsivos, la pena de reclusión perpetua únicamente en los casos seguidos de muerte. Y en ese sentido, la sanción de esta nueva medida desnuda otra deuda legislativa del Estado, que es la tipificación en el Código del delito de Genocidio y de Lesa Humanidad, cosa que nunca fue realizada pese a ser nuestro país firmante de sendos pactos internacionales en la materia desde hace décadas, y a ser un tema insistentemente reclamado por ciertos sectores de las querellas en los juicios a los genocidas de la última dictadura. Y en al caso Arruga, ha sido clara la endeble “seguridad jurídica” que la mejor de las legislaciones penales pueda otorgar a quienes están a total merced de las mafias policiales y parapoliciales: en el mismo mes en que se estaba votando la medida en el Congreso, varios integrantes del grupo de Familiares y Amigos, fueron víctimas de una seguidilla de amenazas que comenzaron en la casa de la mamá de Luciano, cuando alguien introdujo por la ventana una madera en brasa y la colocó entre unas frazadas apiladas que estaban al alcance, y que continuaron cuando un policía en un patrullero de la comisaría de Lomas del Mirador tocó el timbre en la casa de un amigo íntimo de dos integrantes del grupo y luego de preguntarle si conocía a los militantes, le transmitió el mensaje de que desaparezcan por dos meses porque iban a terminar mal. De lugar de muerte a espacio por la vida Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi por obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluyó un extendido acampe frente en la municipalidad, el intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural, como el mismo grupo sostiene “para transformar ese espacio de muerte por otro de vida, oportunidad, solidaridad y alegría.” El 28 de diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realizó el acto oficial de apertura del “Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", que según informó el municipio, integrará el área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergará las actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrás las palabras que pronunció en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y aseguró que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que siento". Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo". Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevará tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se está dando es completamente legítimo. El pasado 28 de Enero, el grupo de familiares conmemoró los 3 años de impunidad del hecho con una jornada cultural en el barrio del ex destacamento, que incluyó actividades culturales, radio abierta con familiares de víctimas de la violencia policial y, sobre todo, la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, en una muestra de que la construcción del espacio es colectiva e independiente, y que pretende transformarse en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires. Porque pese a haber logrado recuperar el lugar, el grupo de familiares es el primero en recordar que en el caso de Luciano aún no hay imputados por la desaparición forzada, que todavía se continúa con la carátula de “averiguación de paradero”, que tampoco se realizaron imputaciones por los delitos de adulteración de documento público respecto de los libros de detención secuestrados, ni por las amenazas sufridas por los familiares y amigos. Acompañamos las palabras de Vanesa en una carta escrita a pocos días de ser entregado el destacamento, y destacamos su valiente distinción entre la lucha contra las injusticias y el oportunismo obsecuente del oficialismo: “Me genera una enorme tristeza como víctima de la violencia institucional, y con la total responsabilidad de hablar en nombre de otras víctimas, que sigan sin reconocerse políticamente las desapariciones o muertes de seres humanos en democracia en manos de las diferentes fuerzas. Mi hermano Luciano arruga el 31 de enero del 2012 cumplirá 3 años de desaparecido y nunca hemos sido atendidos sus familiares por el gobernador de la provincia de buenos aires; según nos respondieron “no contaba con tiempo en su agenda”, ¿tendrá en estos 4 años algunos minutos para brindarnos? “El gobernador que dice ser del pueblo y defensor de los derechos humanos de los compañeros víctimas de la última dictadura, no puede atender a un integrante del pueblo que le presenta el pedido más digno: solidaridad. Cuanto hubiese ayudado un gobernador que respondiera al llanto de una madre que decía que a su hijo lo había desaparecido la policía por decir no a robar para ellos; que lejos estoy de este señor que llega para la foto y siempre y cuando el caso este en el ojo de los flashes de los diferentes medios oficialistas u opositores. Que tristeza que las vidas valgan por lo que venden mediáticamente!!! “Luciano desde que desapareció aquel 31 de enero del 2009 nunca fue considerado como un ser humano, nunca quisieron visibilizar la problemática que escondía detrás el caso de este pibe de 16 años que sufrió la violencia física y psicológica por parte de miembros de una institución que les pertenece, y les obedece a ustedes, a cada uno de los poseedores de cargos de poder que debieron tener injerencia también en el caso y dar respuestas a una familia que todo lo que logro lo logro con la lucha en la calle y en compañía de aquellos que comprenden el sufrimiento de sus hermanos dentro de una sociedad todavía injusta. “El pedido de justicia sigue más fuerte que nunca, ojala pueda ser escuchado por quienes hasta ahora no han tenido interés en atender uno de los casos más graves de la provincia de Buenos Aires: la desaparición de un joven de 16 años llamado Luciano Arruga”. HIJOS LA PLATA

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UNA PROPUESTA PERVERSA

El tercer juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) está próximo y hay quienes traen bajo el brazo la siniestra propuesta de llevarlo a cabo ni más ni menos en el lugar en el que durante la dictadura genocida funcionó uno de los peores campos de concentración, por el que pasaron 5000 compañeros y compañeras. Allí se los torturó de la forma más cruel y aberrante; se los mantuvo en inhumanas formas de cautiverio; se los asesinó; se los desapareció. En ese mismo lugar, funcionó una maternidad clandestina: nuestras compañeras daban vida para ser inmediatamente desaparecidas. Todavía buscamos a sus hijos e hijas. Quien quiera llevar las audiencias del juicio ESMA III a ese centro de detención, tortura y exterminio no hace más que mofarse de los efectos post traumáticos que las víctimas cargan sobre sus espaldas. ¿Creerá que con las escasas condenas, luego de 36 años, han saldado psíquicamente los terribles sufrimientos? ¿Creerá que los múltiples testimonios reviviendo los hechos no causan ningún padecimiento sobre víctimas y testigos? Con gran esfuerzo intentamos producir un único juicio por 800 casos registrados hasta el momento. De ellos, 301 corresponden a sobrevivientes. Muchos de los ex detenidos- desaparecidos han participado en los anteriores procesos, acompañando a quienes daban testimonio, volviendo a ingresar al campo de concentración cada vez que uno de sus compañeros ponía en palabras los sufrimientos que habían compartido. ¿Imagina el autor de la propuesta el significado de la concurrencia de más de 300 compañeros sobrevivientes al lugar donde vieron por última vez a sus compañeros y donde ellos mismos padecieron hasta el infinito? De ninguna manera podemos aceptar una propuesta de una perversidad que sólo podríamos imaginar en la cabeza de Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz u otros represores. Si los sobrevivientes acompañan los juicios es por un compromiso contraído en la peor de las situaciones con aquellos que hoy no pueden testimoniar, nuestros compañeros detenidos- desaparecidos. Repudiamos la propuesta de quien sugirió que para evitar el mal trago declaráramos por videoconferencia. Poco conoce de nuestro compromiso con los que quedaron en los campos y a quienes les juramos ser su dedo acusador frente a los assesinos. Nuestros testimonios, casi único elemento que se tiene en cuenta para condenar a los genocidas, no podrá de ninguna manera ser manipulado para lograr una “carga simbólica” a costa de reproducir infinitamente mayores sufrimientos. Para los sobrevivientes y para los familiares, un juicio en ese lugar y con los "señores de la vida y la muerte" frente a nosotros no es otra cosa que volver a entrar a la ESMA, reviviendo los horrores, escuchando los gritos de los que no pudieron salir y los llantos de los hijos de nuestros compañeras que fueron arrancados de sus brazos. Entrar en la ESMA es perpetuar nuestros padecimientos. Luego de describir este trágico escenario, poco cuenta la "máxima pretensión del TOF 5": la de aunar el relato con el lugar de los hechos. Sugerir a la ESMA como lugar del juicio por la inexistencia de un lugar adecuado en el Poder Judicial sin una previa evaluación con los actores del mismo es poco menos que impúdico. Casi una infamia. El Estado Nacional cuenta con los lugares para realizar el juicio. Creemos imprescindible reiterar que, en los últimos meses, los sobrevivientes y querellantes hemos llevado múltiples propuestas para destrabar esta dificultad. A esta altura el dónde y el cómo se lleven adelante éste y cualquier juicio es a las claras una decisión política. Hace ya un tiempo prolongado acercamos nuestra propuesta para la protección patrimonial del predio, que hoy debe recordarse una vez más y que puede consultarse íntegramente en www.exdesaparecidos.org.ar/propuestaesmaaedd.pdf Contactos de Prensa: Carlos Lordkipanidse.15 6335 3979 Enrique Fukman.15 5337 28 68

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Hoy debate Facultad Humanidades (UNLP) Ley antiterrorista y Proyecto X.

Nilda Eloy, Elia Espen, Vilma Ripoll e HIJOS Panel Debate en La Plata. Ley antiterrorista y Proyecto X En momentos en que la ministra Garré tilda de "desestabilizadores" a los que reclaman por un ingreso digno, Vilma Ripoll, dirigente del MST (en Mov. Proyecto Sur) participará este miércoles 21 a las 18hs, en el aula 301 de la Facultad de Humanidades, de un prestigiado Panel Debate sobre la ley antiterrorista y el Proyecto X de espionaje de la gendarmería hacia los luchadores y organizaciones populares. La destacada Mesa de Debate estará integrada por las panelistas Elia Espen, Madres Línea Fundadora, espiada por el Proyecto X; Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, compañera de Julio López; Vilma Ripoll, procesada en la causa Kraft a partir del "espìonaje" de gendarmería (Proyecto X); junto a un representantes de la agrupación HIJOS La Plata. Vilma Ripoll 011-1568173180 Francisco Torres 0221-156497181 Miércoles 21, 18hs. Aula 301 Facultad Humanidades (UNLP) Nilda Eloy, Elia Espen, Vilma Ripoll e HIJOS

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Convocatoria 24/03 en el Bolsón.

Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico militar, y porque la impunidad y la represión de las instituciones estatales continua a través de: La Ley Antiterrorista El Proyecto X El asesinato de Coco Garrido en la Comisaria de El Bolsón , las detenciones arbitrarias y los asesinatos en cárceles y comisarias, con la complicidad del Poder Judicial Las victimas del gatillo fácil La represión a los vecinos que defienden sus derechos en Catamarca y La Rioja, y en todo el país La criminalización de los reclamos individuales y colectivos La derogación de la ley anticianuro Se convoca a la movilización, radio abierta y marcha el sábado 24 de marzo a partir de las 16 hs en el mural de Otoño, plaza Pagano de El Bolsón. Próxima reunión organizativa: jueves 22/03 a las 19 hs en la puerta del CEM 30. ORGANIZACIONES DE LA COMARCA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

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Este 15/03 Jornada de cine Documental.

Este jueves 15/03 Jornada de cine documental en la Plazoleta de La Noche de Los Lápices, 8 y 61 (Bellas Artes) a las 19hs. Asamblea de estudiantes exiliados por la educación.

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La verdadera sintonía fina K

Lunes, 12/03/12
JUICIOS A LOS GENOCIDAS: MÁS CONDENAS A CUENTAGOTAS Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta marzo de 2012. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años. Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema. Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003. La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10 diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”. Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable. Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores no deciden morirse antes? En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo. En Agosto de 2011 se cumplieron 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 63 juicios estuvieron procesados 298 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 274 condenas, 23 absoluciones y un muerto impune mientras duraba el proceso, por un universo de 1337 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena. Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El último caso nos tocó de carca en La Plata, ya que se trata de la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad. Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”. En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho: - 23 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 94 condenas. - 15 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 50 condenas. - 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas. Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia. Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma. En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval. Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 63 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años. Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias. Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo 85 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están realizando desde 2011 sumarían sólo 19. Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además en 2011 hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié y Evelin Karina Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400 niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los apropiadores. Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 54 represores a ser juzgados en próximos juicios. Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para “fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100 recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en 2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores sentenciados, sólo 43 tienen condena firme. En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. La promocionada Acordada N°1 de 2012, firmada por algunos de los jueces que se cansaron de otorgar excarcelaciones a los genocidas como Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Ángela Ledesma recoge los siguientes viejos reclamos de las querellas: En instancias de impugnaciones, movilizar sólo las piezas imprescindibles de la causa y no todo el cuerpo; en cuanto a plazos procesales, se rechazarán planteos que no decidan las cuestiones principales y retarden innecesariamente; se deberá citar a juicio y a ofrecimiento de prueba a todas las partes en conjunto, remitiéndoles la causa a tiempo; se llamará a audiencia preliminar al juicio con todas las aprtes para acordar limitar la prueba a lo más relevante, así como producir allí la lectura de requerimientos de elevación para acelerar el juicio; se dará la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, pertinentes por conexidad; y con ello sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, excepto oposición de alguna parte, donde el tribunal debe requerir motivo e interés puntual y luego resolver sin afectar el derecho a control de la prueba o a repreguntar; se tratará evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos; y limitar la extensión de los alegatos de querellas y defensas y las últimas palabras de los imputados para noestirar los procesos. En realidad estos conceptos sólo sugieren a las Cámaras Federales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad que, a más de 8 años de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes que efectivamente condenados. A 36 años del golpe genocida seguimos luchando por: - CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS. - JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO. - RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA. - BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO. - BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS. - BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES. 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE! HIJOS LA PLATA www.hijosprensa.blogspot.com www.hijoslalucha.blogspot.com www.hijosjuicioycastigo.blogspot.com

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La vigencia de la impunidad

Jueves, 08/03/12
Las constantes agresiones, detenciones arbitrarias, suspensiones de juicios por casos de gatillo fácil, asesinatos y persecuciones son hechos que dan cuenta que las policías, tanto federal como provinciales, tienen vía libre por parte de los poderes del Estado para actuar en contra del pueblo.
Ayer a la tarde los canales de televisión y sitios web de noticias comenzaron a difundir la existencia de una “batalla campal” entre vecinxs del barrio porteño de Balvanera y la policía. Daban pocos datos, solo cuántos patrulleros y ambulancias había en el lugar. Con el correr de los minutos cobró fuerza la versión “oficial” de que un grupo de personas que hacía un asado en plena calle, agredió a efectivos cuando éstos se acercaron. Cifras de heridos y detenidos, y listo. Pero lo cierto fue que los efectivos de la Comisaría 8° de la Policía Federal reprimieron a familiares de víctimas de gatillo fácil y a vecinxs que se acercaron a solidarizarse. Los agredidos integraban las familias de John Camafreitas y de Marcelo Sepúlveda. John fue asesinado de un disparo en la nuca a fines de enero por el cabo de la 8ª Martín Alexis Naredo; Marcelo fue torturado hasta la muerte por policías de la localidad de Benavidez (partido de Tigre) y vigiladores privados de la empresa Securitas, a principios de este año. Desde los asesinatos, ambas familias fueron continuamente hostigadas por las Comisarías 6ª y 8ª, y la empresa Securitas. De hecho, hay una denuncia por amenazas calificadas formulada el 17 de febrero, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 41. A diferencia de lo informado por los medios masivos de comunicación, lo sucedido ayer por la tarde comenzó cuando varios policías de la 8ª atacaron a Sabrina Castro, prima de John y Marcelo, mientras paseaba con sus hijos. Vecinxs y familiares se acercaron a ayudarla y la policía los reprimió a ellos también. Los hostigamientos y amenazas a familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil por parte de policías son, lamentablemente, muy comunes, y tienen su claro origen en la total impunidad con la que pueden actuar los uniformados. Un contundente ejemplo de esta situación es el de Fabián Gallardo, uno de los mejores amigos de Diego Bonefoi, asesinado en junio de 2010 en Bariloche de un disparo por la espalda efectuado por el cabo Sergio Colombil (condenado luego a 20 años de prisión). En su momento, el asesinato de Diego generó una gran movilización de vecinos de El Alto de Bariloche, que denunciaron los constantes atropellos de la Comisaría 28°. Pero la respuesta policial fue más represión, en la que mataron a otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29 (sus crímenes permanecen impunes). Ahora, una vez más, la policía de Río Negro golpeó ferozmente a Fabián. Efectivos se acercaron a él recriminándole ser amigo de “Los Bonefoi”. Lo esposaron, patearon, cortaron, escupieron e insultaron, en presencia de su hermana. Cuando la madre del joven llegó al lugar, alertada por su hija, fue insultada también por los mismos oficiales. Fabián fue atendido en el Hospital público, y los certificados y exámenes médicos constatan la gravedad de las heridas y confirman que estuvo inconsciente. Fabián ya había denunciado agresiones y detenciones arbitrarias en julio de 2011. En aquella oportunidad fue llevado a la Comisaría 2da, donde lo dejaron tirado en un pasillo frente a un calabozo, sin permitirle llamar a su madre, golpeándolo y burlándose de él. Unos días antes, el menor también había sido bajado de un colectivo y golpeado fuertemente por una docena de efectivos. Un par de meses más tarde, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche debió presentar un habeas corpus por la integridad física de Fabián, luego de ser nuevamente amenazado por haber denunciado penalmente a los policías que lo habían golpeado en julio. Obviamente, el caso de Fabián no es el único en Bariloche. Actualmente, existe una causa iniciada en contra de varios efectivos de la Comisaría 2da. En este marco, se realizó una Cámara Gesel, que permitió que una de las víctimas identificara a uno de los agresores, lo que motivó que recibiera amenazas de muerte de parte de encapuchados. Ante la sistemática persecución contra jóvenes de El Alto en Bariloche, la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad emitió un comunicado dirigido al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a su Jefe de Policía, Jorge Uribe. Entre otras cosas señalan: “Sr. Gobernador, señor Jefe de Policía, los cambios en las filas de la policía no pueden hacerse esperar, están corriendo graves riesgos las vidas de los jóvenes provenientes de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Señor Uribe usted habló de identificar los problemas de cada localidad, le recordamos que uno de los problemas más graves de nuestra ciudad es no saber quién o quiénes mataron a Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas el 17 de Junio de 2010 y no saber quién o quiénes fueron cómplices de intentar ocultar el homicidio de Diego Bonefoi en la madrugada de ese mismo día. ¿Serán los mismos policías que salvajemente golpean nuevamente a Fabián Gallardo? ¿Serán los mismos a los que Ud. pretende más profesionalizados?” Desde ya que Río Negro no es la única provincia con policías represoras. Tan solo por citar un ejemplo, en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el Departamento de Anta, vecinxs denunciaron el violento e incorrecto proceder de la fuerza de seguridad local; particularmente del personal de la Subcomisaría “El Dorado”, a cargo del Comisario Bogarini; quienes detienen e incomunican continuamente a jóvenes, e incluso menores, provocándolos con insultos, golpeándolos, esposándolos y en algunos casos disparándoles balas de goma. Suspensión fácil El lunes pasado se suspendió a último momento el inicio del juicio a los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez y al ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el asesinato de Christian Domínguez y su posterior encubrimiento. Christian fue detenido ilegalmente el 5 de febrero de 2005 por personal de la Comisaría Primera de Berisso (en la zona sur de la provincia de Buenos Aires), a la que se había acercado para denunciar el robo de una campera. No tenía antecedentes penales, ni contravencionales y no había pisado una comisaría previamente. Poco después de ser detenido apareció muerto en un calabozo. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón. En ese momento, estaba de turno la Fiscalía a cargo del Dr. Leandro Heredia, quien no se presentó en el lugar y delegó la investigación en los mismos sospechosos, lo que les dio la posibilidad que armaran la escena del crimen, para instalar la versión del suicidio. De hecho, una primera autopsia, efectuada por médicos forenses de la misma policía bonaerense, ratificó esta versión. Pero la realización de una segunda autopsia, esta vez por forenses judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado-perito de parte de la Asociación Miguel Bru-, determinó que en realidad Christian fue estrangulado y que falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. Además, varios testigos confirmaron que Christian sufrió torturas, hostigamiento y sufrimiento psicológico, mientras pedía que lo dejaran realizar un llamado y lo liberaran, ya que nada justificaba su detención. La causa fue elevada a juicio en 2009 y desde el principio hubo irregularidades, tres fiscales fueron removidos por no investigar ni cumplir con sus deberes de funcionario público. El juicio debía comenzar el lunes, pero uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó un pedido de licencia médica que tiene desde fines de 2011. El viernes, se había sorteado un nuevo juez para completar el Tribunal, pero el designado, Claudio Bernard, se excusó porque tiene un juicio oral en curso. La familia y abogados de Christian sabían que esto podía suceder, por lo que la semana pasada ya habían presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que se arbitraran todos los medios para garantizar el inicio del proceso. Denunciaron además la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Ahora debe esperarse la designación de un nuevo juez, para lo que no hay un tiempo consignado. Ante esta situación, los tres policías acusados, que por el momento permanecen detenidos, podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva (con una prisión domiciliaria, por ejemplo), ya que llevan más de cuatro años y medio detenidos sin sentencia, por lo que existe la opción de que lleguen libres a una nueva fecha de inicio del juicio. Esto genera altas posibilidades de fugas o incidencias en la investigación. Lo concreto es que aún estando los tres detenidos, la policía ha perseguido y amenazado a testigos del juicio. Así lo denunció Pedro, el papá de Christian, quien relató que uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los procesados que le dijo “ojo con lo que vas a decir”. A esto debe sumarse que muchos testigos no han declarado nunca en la causa justamente por temor a las consecuencias. Una clara muestra de la vigencia de la impunidad. Fuentes: Asociación Civil Miguel Bru / Anred / Correpi / Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche La vigencia de la impunidad Red Eco Alternativo

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Gatillo fácil de Christian Dominguez en Berisso.

Martes, 06/03/12
Suspenden el juicio por el caso de Christian Domínguez Después de siete años de espera, fue suspendido ayer -a último minuto- el juicio por el caso de gatillo fácil de Christian Domínguez -un joven que apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La Plata)-. Una de las jueces sacó carpeta médica y el juez que la debía sustituir se excusó. La postergación favorece a los tres policías acusados, que ahora podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio. Christian Domínguez había ido a la comisaría a denunciar el robo de su campera ,en febrero de 2005. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.
Indignación, dolor, lucha y justicia. Son las banderas que acompañaron los últimos años la causa llevada adelante por Pedro y Norma Domínguez, los padres de Christian, un joven de 30 años que en febrero de 2005 apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La PLata, Bs. As.) -a donde había ido a denunciar el robo de su campera-. Por aquel entonces, la policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. Ayer debió ser un día donde comenzar a cosechar los siete años de lucha, al iniciarse el juicio oral por el que serán juzgados los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez -acusados de “torturas seguidas de muerte”, todos detenidos- y el ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental. Pero nada de eso ocurrió y un nuevo episodio de impunidad se sumó a una causa que acumula varias irregularidades. La excusa, en esta oportunidad, fue burocrática. La suspensión se debió a que uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó hace pocos días un pedido de licencia médica que viene pidiendo desde fines de 2011. El viernes, se sorteó un nuevo juez para que complete el Tribunal y salió designado Claudio Bernard, pero se excusó porque tiene un juicio oral en curso. “Nos están faltando el respeto y seguimos siendo torturados”, lanzó indignada Norma Domínguez, la madre del joven, acompañada por su esposo Pedro y de Rosa Brú, la titular de la Asociación Miguel Bru, patrocinante del caso. “Desde diciembre sabemos que podía faltar un juez y siempre quisimos resolverlo, pero la Justicia no nos dio bolilla”, expresó Rosa al respecto. La semana pasada presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando se arbitren todos los medios para garantizar el inicio del juicio y denunciando la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Pero la única respuesta recién llegó hoy, cuando se presentaron en el Tribunal y se anoticiaron de la suspensión. “Ahora habrá que esperar la designación de un nuevo juez, lo que aplaza los tiempos”, señaló Ernesto Martín, uno de los abogados de la familia Domínguez. “Estábamos confiados que empezaba hoy (por ayer 5 de febrero)). Hace 7 años que estamos esperando el juicio, pero no nos van a cansar, vamos a seguir”, dijo Pedro, que sigue firme junto a su esposa. La decisión aparece a las claras como una nueva muestra de complicidad de la justicia bonaerense con los distintos casos de gatillo fácil que atraviesan la realidad provincial de punta a punta. Ahora, los tres policías acusados por el crimen, que por el momento permanecen detenidos, podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio, ya que llevan más de cuatro y medio detenidos sin sentencia, y podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva -por ejemplo, obteniendo una prisión domiciliaria-, lo que podría significar una clara posibilidad para que se fuguen o para que incidan en la investigación. “La policía ha perseguido a testigos del juicio y los ha amenazado”, denunció Pedro, que comentó que hace pocos días, uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los policías procesados y les dijo “ojo con lo que vas a decir”. Asimismo, hay muchos otros testigos que nunca declararon, por temor a represalias. Gatillo fácil en Berisso ANRed La Plata

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Caranchos en la Subsecretaría de DDHH

Jueves, 01/03/12
La historia oculta de Fernando Cano, ex subsecretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires. La jugada de Daniel Scioli tras las irregularidades y los aprietes sufridos por los trabajadores disidentes con la política oficial.
En el ajedrez, el enroque es una jugada que se realiza para proteger al rey. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli estaba siendo jaqueado por las denuncias de los trabajadores que habían cobrado estado público, las editoriales de Horacio Verbitsky en Página 12 y porque su vice, Gabriel Mariotto, había recibido a los críticos de Sara Derotier de Cobacho y su hijo político, Cano. Vale recordar que la Secretaria es la madre de dos jóvenes militantes de Montoneros, desaparecidos en los setenta, uno a mano de la Triple A y otro durante los años dictatoriales cuya nieta, Amanda Danielis, está casada con Cano y también trabaja en esa dependencia estatal. Ante el inminente jaque del cristinismo más recalcitrante, Scioli protegió a su reina Cobacho quien negoció un enroque que dejó a los empleados desplazados y a los apretados, con sabor a poco. El enroque diseñado por el gobernador con el beneplácito de una Sara Derotier convertida en una especie de Hebe de Bonafini de Cano en los tiempos en que la Madre apañaba en todos sus caprichos al Hijo, consistió en reubicar a Cano como director de la Escuela de Gobierno de la Jefatura de Gabinete Provincial mientras sin eyectarlo de la estructura estatal. El funcionario que ocupaba ese lugar pasó a ocupar el de Cano. Se trata del sociólogo Gustavo J. Nahmias, un hombre sin antecedentes en materia de militancia en la defensa de los derechos humanos, con un claro perfil técnico y con un currículo generoso en títulos aniversarios y sin escándalos de corrupción, algo destacable en los tiempos actuales. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la estructura diseñada por Cano y Sara Derotier aun permanece inalterable, esto es, parientes, amigos y una red de abogados con un pasado relacionado con el mundo de los caranchos. La historia es de película pero aquí no están Ricardo Darín ni mucho menos Martina Gusmán, aunque la trama guarda varias similitudes. El pasado oscuro del, hasta hace una semana, subsecretario de Derechos Humanos, se relacionaba con el submundo del delito y de la estafa, en relación con el aprovechamiento de las víctimas de accidentes de tránsito inventando, muchas veces, tales siniestros, como así también de estafas a ancianas desamparadas herederas de jugosas fortunas como fue el caso de la familia Casadey asentado en tres expedientes que descansan en los despachos de la justicia tucumana en los expedientes 3843/72, 6534/06 y 31/86. Según Francisco Casadey, Cano estafó a su familia en la sucesión de sus bienes compuesto por siete propiedades en Tucumán y distintas cuentas bancarias en Córdoba. En el año 2002, el heredero Casadey y su madre, Clelia, le otorgaron un poder a Cano y a su socio Héctor Gabriel Martín para ocuparse de la sucesión de los bienes de su padre. Misteriosamente, Francisco Casadey comenzó a ser investigado por la justicia tucumana quien lo acusaba de no administrar correctamente sus bienes mientras que su representante legal se presentaba como heredero de una de las propiedades de mayor valor, un hotel situado sobre la Avenida Córdoba al 2000 en Capital Federal, merced a un supuesto papel firmado por la convaleciente Clelia quien, poco después, fallecería. Según las denuncias presentadas por Francisco Casadey, fallecido el año pasado, y reflejadas en un libro La Injusticia al Poder (Ediciones Alfafuerte, 2010) que se puede bajar gratuitamente desde la web, Cano, Martin y otro abogado tucumano de apellido Mena engañaron a su madre, la tuvieron secuestrada, usurparon las propiedades y, con complicidad de un juez de la dictadura que aún dicta justicia en Tucumán, se quedaron con la herencia de su padre. El hecho que lo colocó en las portadas de medios digitales de la provincia a Fernando Cano y a Sara Derotier fue cuando ambos denunciaron un faltante de dinero de sus oficinas hace dos años. Germán Córdoba, ex integrante de la secretaría, comenzó a sospechar de las supuestas víctimas. Se hablaba de 190 mil pesos, luego de 160 mil, cuando la caja chica que se guardaba en la caja fuerte de la oficina no superaba los 30 mil pesos. Cobacho decía que le habían robado el dinero de su jubilación como senadora provincial pero a Córdoba no le cerraba, ni el monto, ni que la funcionaria cobrase el grueso de sus ingresos para dejarlos todo un fin de semana en una caja fuerte del organismo público. Imaginó las posibilidades de extraer tanto dinero junto y le cuestionó a Cobacho sus dichos. Cuánto más cuestionó la verosimilitud de la versión oficial, más lo alejaron del caso al igual que a otros asesores como Daniel Cabezas que iban quedando relegados por discusiones con Fernando Cano. Robo armado o no, la versión oficial le echó la culpa a los “resabios de la última dictadura militar” que volvían a atacar a los derechos humanos luego del secuestro de Jorge Julio López y que continuaban actuando con total impunidad. Cuando el robo se hizo público, Página 12 le dedicó varias líneas al tema y supuestamente los ladrones se entregaron y devolvieron unos celulares y una parte de la plata. El escándalo no llegó a mayores pero los opositores a Cano pegaron el portazo. El 20 de diciembre del 2011, Horacio Verbitsky retomó el tema en Página 12 lo que provocó la dura respuesta del jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, quien salió a defender a la histórica luchadora de los derechos humanos y la ratificó en su cargo. En la nota, el escritor y periodista dijo que Cobacho no estaba calificada para el cargo y que, “debido a su crítica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia”. El autor de Robo para la Corona agregó que todavía nadie había explicado “el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la Secretaría, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policía de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía y del juez César Melazo”. Si el futuro político de Fernando Cano es sombrío, el de Sara Derotier de Cobacho no está despejado de nubarrones y tormentas. Nahmias, el flamante segundo de Sara, quien ya ha superado los 80 años de edad y que ingresó a la política de la mano de Eduardo Duhalde quien le dio la oportunidad de ser senadora provincial, puede convertirse en una suerte de interventor que reportará a Alberto Pérez para el desembarco de Guido Carlotto o, quedarse por un plazo más extenso. Por ahora, entre los trabajadores de la secretaría de derechos humanos la tensión no cesa y aguardan que el sucesor de Cano desarticule la red de negociados instauradas por el hijo político de Sara Derotier de Cobacho. Públicamente, el sciolismo puro habla de una victoria por haber logrado mantener a Sara Derotier en su puesto pero, no son pocos los que auguran que el escenario mutará en derrota en los próximos 60 días. Mientras tanto, la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, distrito donde convive un servicio penitenciario caduco y el gatillo fácil de la maldita policía bonaerense, está paralizada, esperando conocer su destino. PLAZADEMAYO.COM x Luis Gasulla

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