Plan de lucha por la libertad de Roberto Martino, Karina Germano López, Carlos Olivera y José Villalba.

(AW) El próximo miércoles 10 de noviembre se inicia un plan de lucha para lograr la libertad de Roberto Martino; Karina Germano López y José Villalba. En esa fecha, el compañero Martino comenzará una huelga de hambre. Buenos Aires 1 de noviembre de 2010 (Comité por la libertad de Martino).
Miércoles 10 de noviembre: Comienza la huelga de hambre Roberto Martino.
Lunes 15 de noviembre: Corte de Callao y Corrientes y movilización para instalar una carpa en el Congreso. En la misma, compañeros que irán rotando realizaran un ayuno.
Las propuestas a las organizaciones es si pueden participar del ayuno con grupos de compañeros por 12 hs, 24 hs o las que puedan. Se realizaran: charlas debates, cine-debate y distintas actividades. La idea es tratar de realizar una o más actividades por día.
Jueves 18 de noviembre: nuevo corte de calle.
Martes 23 de noviembre: movilización masiva a Comodoro Py; ese día se realiza la audiencia oral y pública en la Cámara de Casación Penal por la liberta de Roberto Martino y la misma movilización exigirá la libertad de Karina Germano López ya que su causa está en una sala de los tribunales de dichos tribunales.
Viernes 19 de noviembre: festival en el Congreso.
Viernes 3 de diciembre: Fin del ayuno y unificación con la jornada de lucha contra la criminalización de la protesta convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Próxima reunión organizativa: jueves 4 de noviembre a las 18 hs en Ademys (Venezuela 1455 dpto 9). Invitamos a todas las organizaciones del campo popular.
Comité por la libertad de Martino.

bastadepersecucionamartino@gamail.com

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Un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la inseguridad.

Desde los diarios, la radio y la televisión, se realiza una descripción sesgada, y superficial de robos, asesinatos y secuestros, reduciendo la seguridad de la sociedad a la ejecución de algunos delitos del Código Penal.

El Gobierno Provincial, legitimado por estos discursos circulantes, impulsa el tratamiento legislativo de un proyecto que apunta al control social y la restricción de las libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Contravencional o de Faltas vigente.

Ante esto debemos decir que: El origen de los delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.

Además el sistema policial-judicial al reducir intencionalmente el concepto de delito, oculta otros como la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas, los desarmaderos, la estafa y la evasión de empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos no sólo ocasionan un daño social mucho mayor, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”.

Por su parte los códigos contravencionales han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Sancionan comportamientos ambiguamente tipificados, lo que abre la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial”.

Cuando se pide “que la policía gane las calles” se está haciendo referencia a la ampliación del poder que los y las agentes tendrán para detener a personas, ampliando su poder discrecional. Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes y adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Se utilizan figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido en la Constitución y fallos internacionales Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador avanza en la criminalización de la protesta social y profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense. Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros o tomen una cerveza. Tampoco las personas podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas. Al mismo tiempo no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. Medidas que nunca han sido llevadas a cabo por ausencia de una voluntad política de asignarles recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero para políticas de encierro y castigo. Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.

Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, sólo responde invisibilizando y encerrando al pobre y prohibiéndonos a todos y todas organizarnos y expresarnos.

No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta.

Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas, aseguren trabajo digno, salud, educación y vivienda para todas y todos.

Los códigos contravencionales son inconstitucionales.

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El balazo que mató a Mariano Ferreyra hizo blanco también sobre una situación que simboliza la época.

La precarización laboral se ha transformado en un negocio de alrededor de 3.000.000 de pesos mensuales a costa de los trabajadores, que se reparten entre concesionarios ferroviarios, empresas tercerizadas, burocracia sindical & afines. Allí está el nido de la impunidad, y el negocio que salieron a defender las patotas y barra bravas, ante la inacción policial que –según quien opine en estos días- es: a) sospechosa, b) cómplice, c) discapacitada.
Marcelo Ramal, economista, profesor en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, 56 años recién cumplidos, es uno de los referentes del Partido Obrero. En diálogo con la vaca trazó un mapa que permite orientarse en el pantano de este asesinato. ¿Cómo se explica la violencia contra los trabajadores, proveniente del propio gremio?: “Aquí se tocó un negocio muy sucio, el de las tercerizaciones. La cuestión empezó del siguiente modo: el Roca estaba en manos de Sergio Taselli. Llegó un momento en el que el grado de vaciamiento era tal que el gobierno se vio obligado a rescindirle la concesión”.
(Breve aclaración: Taselli, empresario del planeta kirchnerista, fue concesionario de la mina de Río Turbio, en la que se le atribuye el vaciamiento y deterioro de la seguridad que derivó en la muerte de 14 mineros en 2004.
Radiografía del negocio
Ramal continúa su razonamiento: “Al salir Taselli del Roca, se creó una Unión Transitoria de Empresas llamada UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) donde intervienen Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías, concesionarios de la privatización”.
A partir de esa situación se instaló lo que el economista considera una estructura perversa: “Se plantea la famosa historia: el ferrocarril tiene pérdidas, las tarifas no alcanzan. Entonces el Estado entrega subsidios. Les dice: ‘Ponemos el dinero para que ustedes trabajen’. Es como si la concesión presentara la factura, digamos, y el Estado les da ese dinero. Ahí se arma el siguiente negocio: inventan la tercerización o subcontratación. Una parte importante de las tareas las derivan a empresas truchas que son seudo empresas armadas por ellos mismos, en las que participa también la burocracia sindical. Supongamos el caso de una empresa de mantenimiento de los durmientes. Declaran que tienen tantos trabajadores, tantos costos, y un presupuesto de determinada cantidad mensual. Esos servicios son siempre sobre facturados. Y luego le pagan a los trabajadores un salario que no tiene nada que ver con el convenio ferroviario”.
Los nombres de estas empresas dicen poco: CONFER S.A., ECOCRED S.A, AUMONT S.A, MAPRA S.R.L., S.G.C., EXPERVIAS S.R.L, HERSO S.A, ROTTIO S.A, HUNTER, SAP S.A, Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Ltda., LIMBA, Aceros Zapla, BR-T, Amanci, Copacre, entre otras. El dirigente ferroviario Flavio Bustillo denunció que la Unión Ferroviaria es dueña de algunas de estas empresas, donde trabajan los propios sindicalistas o familiares suyos, como el caso de Maxi Pedraza (hijo del secretario general de la Unión Ferroviaria), en una supuesta cooperativa llamada Unión del Mercosur.
En junio de este año los trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo la persecución que sufren los que intentan organizarse o presentarse como delegados sin el aval de la burocracia. Este año ya habían existido enfrentamientos dado que los trabajadores exigían la efectivización, lo cual provocó despidos por parte de las empresas.
Pero los reclamos no se apagaron sino que se redoblaron: a la efectivización, se sumó la exigencia de reincorporación de los 117 despedidos.
Hay alrededor de 20 empresas que tercerizan servicios para los ferrocarriles, e involucran a unos 1.500 trabajadores. “Esas empresas pagan salarios de entre 2.000 y 2.500 pesos, pero un ferroviario cobra entre 5.000 y 8.000. La diferencia se la facturan al Estado y se la quedan las empresas concesionarias, repartiendo con las contratistas y con la burocracia sindical. Mojan todos”. Calculando esa diferencia que plantean los trabajadores en unos 2.000 pesos por cabeza, como mínimo, con un total de 1.500 mujeres y hombres en esa situación, la bolsa a repartir alcanza los 3.000.000 (tres millones) de pesos mensuales, que explican la virulencia sindical que, al no contar para estas cosas con respaldo expreso de los trabajadores agremiados, contrata barra bravas para atacar a los trabajadores. Los tres millones pertenecen exclusivamente al rubro salarial de las tercerizadas, tal vez una migaja del negocio mayor, por el que las concesionarias reciben poco más de 100 millones de pesos mensuales por parte del Estado, además del pago de todos los sueldos del personal de planta.
“El otro tema” plantea Marcelo Ramal, “es el de las condiciones laborales, que también son totalmente diferentes. El ferroviario está protegido por un convenio de trabajo. Los tercerizados no tienen defensa alguna, y por la misma tarea cobran la mitad, pero trabajan el doble. Y no entran a la Unión Ferroviaria, sino que quedan en gremios como la UOCRA o incluso Empleados de Comercio. La burocracia no lucha contra esto, porque es la esencia del negocio que armaron”.
¿Eso es una certeza o una sospecha que no se puede probar? Ramal: “Es la certeza que tiene cualquier trabajador ferroviario al cual le pregunten”.
Un detalle que muestra que la trampa está lejos de ser un secreto: la Cámara Laboral en un fallo reciente ha explicado que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”. Agrega: “Resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador”.
La nueva situación
Pero toda esta situación está mutando en los últimos meses, debido a un nuevo elemento en juego, según Ramal: “Si la burocracia era renuente a la efectivización de los compañeros, ahora directamente no quieren saber nada, en alianza con la empresa, porque el gobierno está yendo hacia un reajuste progresivo de las tarifas y una reducción de los subsidios. Para entender la situación, con la crisis del 2001 y 2002 el gobierno lo único que hizo fue plantear que los concesionarios debían mantener las tarifas congeladas. Estos respondieron que así perderían la rentabilidad de los tiempos de Menem. El gobierno contestó: la diferencia la ponemos nosotros. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno por diferentes cuestiones está intentando la eliminación progresiva de los subsidios. Eso liquida la bolsa de plata que alimenta todo este negocio de las tercerizadas. Entonces no quieren incorporar a trabajadores efectivos porque en realidad lo que se viene es el despido de más trabajadores tercerizados”.

Mariano Ferreyra militaba en el Partido Obrero, y estaba buscando trabajo como tornero en Avellaneda. Ramal: “Un pibe extraordinario, que desde los 14 años militaba y había estado en Puente Pueyrredón cuando mataron a Darío y Maxi. Estoy conmovido. Otra vida de un chico. Pero a la vez creo que una burocracia sindical que tiene que recurrir al crimen, está agotada”.
Al escribirse estas líneas, Elsa Rodríguez, que recibió un balazo en la cabeza, estaba en coma. Tiene 7 hijos, es empleada doméstica, milita en el Partido Obrero. Nelson Aguirre, con dos balazos (pierna y glúteo) participó en silla de ruedas de la marcha de este jueves 21, y dijo que se puede identificar a los autores. Ramal: “Ahora queremos que los responsables estén presos”.

http://lavaca.org/notas/tres-millones-de-razones-detras-del-crimen-de-mariano-ferreyra/

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17 de octubre de 2010 (Información Mapuche Chile).

El humo de los 33 que tapó a los 34 Mapuche
(AW) Reproducimos la carta de Verónica Azpiroz Cleñan

20 días antes que los 33 fueran tapados por el derrumbe en la mina, hubo 34 Presos Políticos Mapuche que decidieron entrar en huelga de hambre. 89 días duró el ayuno que tenía la intención de demandar al Estado Chileno que no aplique a causas Mapuche la Ley Antiterrorista, el doble juzgamiento civil y militar, impedir que testigos "sin rostro" sin saber su identidad, encapuchados, acusen a Mapuche de delitos de los cuales no hay otra prueba acusatoria que un testimonio sin rostro.

Más de 22 millones de dólares se estima el gasto del rescate de los 33. Rescate de reality show si los hay. De los buenos, claro.
Vamos a decir que nos alegró que 33 hombres pudieran salvar su vida. Lo que no nos alegró, es que su humo mediático utilizado por una derecha refinada, glamorosa en su eficacia capitalista, tapara con humo las otras 34 vidas Mapuche y un menor de edad.
¿Por qué los 33 valen más de 22 millones de dólares? Y ¿los 34 Mapuche menos que un centavo?
¿Habrá alguna razón humanitaria por la cual el Ministro de Salud Chileno, Juan Mañalich siguió de cerca el control de la salud de los 33 y no fue ni siquiera un día a ver a los 34 Mapuche en huelga de hambre en las cárceles en la Araucanía?
De raza humana, parecen ser todos. Los 33 y los 34.
¿Cuál es el argumento humano que elige mostrar la hazaña esplendorosa del rescate de los mineros pero se olvida de mostrar los oscuros negocios de la minería? ¿Se les olvidó cubrir a la CNN que esta mina había sido clausurada en el 2008 por razones de seguridad y se volvió a habilitar en el 2009? Obvio, sin contar con las medidas mínimas.
¿Acaso el derrumbe obedeció a un enojo de la naturaleza? O ¿habrá sido la avaricia empresarial minera?
Lo evidente es que: mientras unos deciden entregar su vida por el derecho a la continuidad de su pueblo para recuperar un territorio y vivir en paz con su familia, otros acuerdan millonarias sumas para filmar películas y cuanto marchadising existe por haber pasado 70 días aislados.
Los nuestros, no tuvieron nada de eso. Ni glamour, ni películas. Estuvieron 89 días en ayuno, con problemas de salud severos, paros cardiorrespiratorios, orinas con sangre y problemas pulmonares. Ante tanta presión internacional luego del día 60 del ayuno, algunos medios nacionales chilenos cubrieron pequeñas noticias de la negociación entre Mapuche y gobierno. En el mundo entero, hubieron desde embajadas, consulados tomados por movimientos sociales alíados hasta oficinas de la OIT; CEPAL, y parlamentos, entre ellos el europeo, que se pronunciaron en apoyo a las demandas Mapuche.
Entrando en los últimos días de la huelga, la prensa internacional empezó a mirar a los Mapuche con atención. Entonces, la derecha renovada, saca debajo de otro derrumbe el caso Apablaza y otra vez, el humo invisibiliza de nuevo a los 34.
El día 89, se bajo la huelga. Se hizo un acuerdo bastante precario entre los huelguistas y el gobierno: se levantarán las querellas caratuladas como terroristas. Pero se mantiene la ley antiterrorista con maquillajes reformistas, los testigos sin identidad continúan y la zona Mapuche sigue militarizada.
Aprendizajes varios tuvimos. Reconfiguración de fuerzas al interior del Pueblo Mapuche del lado argentino y del lado chileno luego de esta heroica lucha.
¿A algún medio de incomunicación se le ocurrió investigar cúal es el destino de uso de la minería en Chile? Dicen, algunos informes oficiales que el 10% del cobre extraído está destinado a uso armamentistico al interior de la frontera. Para utilizar ¿Con quién?
Cómo me gustaría Piñera, que así, como gritaste en el rescate del último de los 33, pudieras gritar junto al pueblo chileno: VIVA EL PUEBLO MAPUCHE, MIERDA!
Si no nos das ese gusto, escuchálo en nosotros, que por los 34 gritamos: VENCEREMOS, MIERDA!

Verónica Azpiroz Cleñan
Epu Bafkeh - Red de Salud Mapuche en Argentina

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COMUNICADO DE PRENSA

Ante la sentencia en la Causa Unidad 9 y los ataques a querellantes y trabajadores de prensa.
En el día de ayer el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dictó sentencia en la causa de Unidad 9.

Si bien se dijo desde el Tribunal que los delitos fueron cometidos “en el marco de un genocidio” sólo 4 represores recibieron la pena de prisión perpetua. Los otros diez imputados tuvieron penas de entre 10 y 25 años.
Desde HIJOS La Plata creemos que este tipo de condenas siguen reproduciendo la impunidad. Impunidad que se ve reflejada en hechos como los ocurridos ayer, donde familiares de los procesados atacaron a golpes a un trabajador de prensa miembro de Indymedia reiteradas veces ante la inacción y complicidad de las Policías Federal y Bonaerense y de los trabajadores del Tribunal afectados a la organización y seguridad, todo en la misma sala donde se realizó el juicio y ante la vista de todos los presentes. Y también en las pintadas intimidatorias realizadas en el domicilio laboral de Carlos Zaidman, ex detenido-desaparecido querellante en las causas de lesa humanidad de La Plata y miembro de Justicia Ya! y de la Multisectorial, las cuales aparecieron a horas de conocerse la sentencia, durante la noche. Todos estos hechos que repudiamos con total firmeza se suman a las reiteradas amenazas y ataques recibidos por testigos y familiares durante todo el juicio.
Es por ello que hacemos responsables al Estado Nacional y Provincial por la integridad de todo los testigos, querellantes, familiares y militantes, y recordamos que fue en el marco de otro juicio cuando hace cuatro años secuestraron a Julio López, quien todavía continúa desaparecido y su caso totalmente impune.
Sobradamente se ha probado que lo ocurrido en nuestro país fue un Genocidio, para nosotros todos los implicados en llevarlo adelante merecen la pena máxima de prisión perpetua, común y efectiva, militares, policías, penitenciarios, médicos, jueces, empresarios, eclesiásticos y todos los cómplices políticos y civiles fueron partes necesarias de esa maquinaria asesina. Sólo con el juicio a todos los genocidas habrá justicia para todos los compañeros y podremos empezar a hablar realmente de un avance contra la impunidad.

HIJOS La Plata

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CÁRCEL A LOS CARCELEROS.

DESDE HIJOS LA PLATA CONVOCAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS, UNIVERSITARIAS Y DE DERECHOS HUMANOS A PRESENCIAR LAS ÚLTIMAS AUDIENCIAS DEL JUICIO A LOS REPRESORES DE LA UNIDAD 9. INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE QUE LAS ORGANIZACIONES POPULARES ACOMPAÑEN ESTA LUCHA. YA SEA CON LA PRESENCIA EN LAS AUDIENCIAS, O CON UN ACAMPE POPULAR EN LA ESQUINA DEL JUICIO.

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DESDE LAS 14 HS RADIO ABIERTA.DURANTE LA TARDE TRANSMISIÓN EN VIVO DEL AUDIO DE LA SENTENCIA. 4 Y 51 (SEDE DE LA EX-AMIA).

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PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE. Solidaridad de "La Galle"

(AW) La presa política argentina Karina Germano López difundió un comunicado en el que expresa sus solidaridad con la lucha de los presos políticos mapuche en el estado de Chile.-
A NUESTROS HERMANOS EN HUELGA DE HAMBRE:
Soy, Karina Germano "La Gallega", presa política desde febrero del año 2002. Actualmente en el penal de mujeres de Ezeiza Buenos Aires, Argentina.Desde mi encierro siento una gran indignación por la situación en que Ustedes se encuentran. Ya son demasiados días desde que iniciaron esta medida, de sobras sé lo que se ha de soportar en el encierro, que se agrava aún más cuando decidimos ir hasta las últimas consecuencias atentando contra nuestra vida, por los reclamos de justicia.Mi impotencia es mucha, pero desde ya mi solidaridad desde esta parte del mundo hacia con Ustedes.Las trampas de cualquiera sea la Ley Antiterrorista, en cualquier país, la terminan pagando las personas que luchan ideológicamente por sus derechos.Lo grave de vuestro caso es que además de ser una infamia que se los acuse de terroristas, en Chile continúan juzgando a civiles los tribunales militares, que agrava más aún la injusticia aplicada.He seguido algunas noticias de vuestra situación, sé que algunos han levantado la medida de fuerza y otros no, espero que las negociaciones sean fructíferas, que vuestra salud no tenga consecuencias irreversibles, que el sufrimiento al que están siendo condenados termine pronto y vuestros derechos sobre vuestra propia tierra, sean respetados de una vez por todas.Las crueldades vividas por vuestra comunidad, son realmente aberrantes y con vuestra lucha sois un ejemplo para cualquier persona digna.Desde mi impotencia, ante el avasallamiento de los derechos más básicos de vuestro pueblo, no me queda otra que acompañarlos en su lucha solidarizándome, transmitiéndoles fuerza desde este rincón de encierro.

¡No estáis solos!

Abrazos solidarios

Salud.

Karina Germano "La Galle"

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Torturas y brutal golpiza a joven en una comisaría...

Sucedió en la Comisaría 6° de La Plata. "Estoy en condiciones de reconocer a los policías que me hicieron esto" dijo la víctima de sólo 17 años al denunciar el hecho ante la justicia penal.

La Plata, 6 de octubre de 2010 (Comité Contra la tortura).-

Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado y torturado por personal de la Comisaría 6° de La Plata. El hecho, sucedió el 5 de octubre y fue denunciado ante la justicia penal por el Defensor del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, Julian Axat, Roberto Cipriano García y Alicia Romero del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y la Fiscal en turno, Silvina Pérez.

Según indica la denuncia, personal de la Comisaría 6° informó a la Fiscalía penal Juvenil y la Defensoría Penal Juvenil en turno sobre la aprehensión de un joven de 17 años de edad, con motivo del presunto delito de resistencia a la autoridad. Se dispuso entonces su inmediata libertad. Al día siguiente, el joven, visiblemente golpeado, se presentó ante la justicia y señaló que cuando se encontraba en la casa de un amigo, arreglando su moto, un patrullero se detiene en lugar "y me sacan a golpes sin motivo alguno, me dan una paliza en el piso. Llegan cuatro patrulleros más y entre más o menos ocho policías me patean y golpean en el suelo, mientras los vecinos observaban. De allí me llevaron esposado a la Comisaría sin razón alguna, me llevaban hacia la zona de Punta Lara, yo pensaba que me llevaban al Río para matarme. Me decían "ahora te doy un tiro en los sesos y te arrojamos al río".

El relato del joven incluye la denuncia de torturas, puntualmente las prácticas conocidas como submarino seco y húmedo. "Me doy cuenta que me llevan a la Comisaría 6°, en eso escucho que por radio el acompañante que me dijo que me iban a tirar al río, que dice "consigan una bolsa". Entro a la Comisaría por la entrada principal, me ingresan al calabozo del fondo, y dentro de ese lugar entre más o menos quince o veinte oficiales me comienzan a golpear en todo el cuerpo. En el piso uno de los oficiales me saca el cinturón de vestir y me comienza a dar cintazos con la hebilla sobre mi espalda desnuda en forma de látigo. Tengo en la espalda marcada la forma de la hebilla. En eso momento me sangraba del oído y de la boca. Pocos minutos después me hacen sentar en una silla afuera del calabozo con las manos atrás esposadas, me colocan una bolsa en la cabeza y me comienzan a asfixiar, mientras me golpeaban en el cuerpo con las culatas de armas y bastones de infantería. Así estuvimos más o menos una hora, me sacaban y me ponían la bolsa en la cabeza para asfixiarme y me pedían que firme los papeles por Resistencia a la autoridad. Al final, como yo no quería firmar, pusieron un tanque azul lleno de agua podrida en el piso, y me metieron la cabeza adentro y me sacaban y ponían igual que con la bolsa, y me pedían que firme. Me tuvieron más o menos así como treinta minutos, mientras me golpeaban y ahogaban".

El joven también contó que luego de las torturas fue amenazado por personal policial: "me dijeron que si denunciaba lo que pasó se la iban a agarrar con mi familia y que yo era hombre muerto".

El joven fue liberado alrededor de las 23 horas, luego de ser examinado en el Hospital Gutierrez: "después nuevamente me llevaron al calabozo de la Comisaría , lugar en el que ya habían limpiado mi sangre que había manchado el piso y las paredes. Yo al día de hoy he perdido la audición en el oído izquierdo izquierda, tengo moretones en todo el rostro y una profunda angustia y mucho miedo de lo que pueda pasar. Estoy en condiciones de reconocer a los policías que me hicieron esto" afirmó el joven de 17 años quién además señaló que el mismo día personal de la comisaría sexta detuvo y golpeó brutalmente a otro joven de 17 años.

El relato y las lesiones denunciadas coinciden con el informe médico de la perito Dra. Laura Rico, de la Asesoría del Cuerpo Técnico Auxiliar. La denuncia fue acompañada también por las fotografías tomadas en la asesoría pericial, que dan cuenta de la gravedad de los golpes y lesiones recibidas.

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Telefóno: 0221-15-6017695

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Por favor, difundir...

Compañeros:

Alrededor de las 22 horas de la noche de ayer, 2 de octubre, vecinos vieron cómo la gente de la agrupación derechista “Casa Patria” de Rivadavia 8811 pintó en las paredes del "Olimpo" promocionando actividades de su local y arrojó antes de retirarse un baldazo de cal sobre un mural. La pintada realizada despeja cualquier duda acerca de los autores: figura el nombre de CASA PATRIA, ponen su dirección y actividades que realizan (ver fotos). Este hecho constituye un avance en el grado de impunidad con el que se vienen manejando estos grupos. Frente a esto, creemos que es necesario apelar a la unidad y masividad para dar una rápida y contundente respuesta. Llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales, culturales, barriales, etc. a confluir en la actividad que se viene convocando para el día 17 de octubre, cuando restauraremos los murales dañados en una amplia jornada cultural. “Si no es ahora, ¿cuándo?”

Paredes para la Libertad

Adhesiones a: paredesparalalibertad@yahoo.com.ar

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj95_sEpeF7eFA7Z4VpntKKJeCcb-Ju2cmg6cLr1Y5mCyJulm2fD_cC6aAs_W9UBAfx2rBzqM8z58ElL8aLZ2DuA32bXwPKyQK1gDg1oFiEUvxbwF7ZAwGj9L2XnU1JJrp3pzJe/s1600/DSC05905.JPG

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Comunicado de Prensa

HIJOS LA PLATA REPUDIA LOS PLANTEOS DE LOS FISCALES QUE BENEFICIAN A LOS MÉDICOS REPRESORES.

Desde abril pasado se juzgan en La Plata parte de los delitos de Lesa Humanidad cometidos en dictadura en la Unidad 9. Esta cárcel se utilizó desde mediados de los ’70 como parte del plan genocida con la acumulación de más de 4 mil presos políticos provenientes de otras cárceles o de Centros Clandestinos de Detención. Como parte de ello, cientos de agentes penitenciarios participaron de la tortura sistemática, humillaciones, homicidios, y desapariciones forzadas de los militantes y de más de 30 de sus familiares.
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Esos crímenes fueron confirmados por decenas de testigos-sobrevivientes que aportaron sus relatos en los 6 meses que llevan las audiencias. Las responsabilidades de los 11 agentes penitenciarios imputados en esta causa están más que probadas. También esperábamos que fuera contemplado lo que les cabe a los 3 médicos policiales (Luis Favole, Carlos Jurio y Enrique Corsi) que actuaron en la Unidad 9 a la par de los penitenciarios como partícipes del plan de exterminio. En específico se los acusa por la desidia con que actuaron como profesionales de la medicina sobre personas sistemáticamente torturadas, algunas de ellas fallecidas por los castigos recibidos. Alberto Pinto (a quien los médicos constataron como paciente epiléptico) fue una de esas personas, y su hermano Carlos asumió la defensa del caso en el juicio. En su alegato afirmó que Favole, Jurio y Corsi “no podían ignorar a qué estructura habían ingresado”, y que “participaban del plan de exterminio”. Por ello pidió prisión perpetua para los tres, seguro de que “existió una intencionalidad que es el dolo directo de causar la muerte”.
Estos tres genocidas habían llegado en libertad al juicio, acusados de “omisión de evitar la comisión de torturas”. Pero un cambio de calificación -pedido por el fiscal Marcelo Molina- posibilitó su detención en agosto pasado acusados como coautores de “torturas seguidas de muerte”. Al desarrollar su alegato y pedido de condenas, la misma fiscalía se echó atrás con su propio pedido, y solicitó una condena mínima, 10 años de prisión, pese a que la mayoría de las querellas pidieron entre 20 y 25 años.
La actuación vacilante de los fiscales en los juicios contra los genocidas no es nueva en La Plata, y muestra la diferencia entre el rol de deslindar responsabilidades y la complicidad pura y llana con la impunidad. En 2007, al finalizar el juicio al genocida Von Wernich, los organismos de Derechos Humanos que presenciamos las audiencias tuvimos que soportar un alegato del fiscal Carlos Dulau Dumm en el que ponía en duda la situación de “detenido-desaparecido” de María del Carmen Morettini, una de las personas que eran caso en ese juicio. Dulau no se animó a acusar a Von Wernich por ese caso, basado en supuestos que son inaceptables a más de 30 años de exigencia de Justicia. Pese a ello, el tribunal condenó al genocida por todos los casos, incluido el que Dulau puso en duda.

A 7 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado sólo efectivizó en La Plata dos juicios con condena firme. Etchecolatz y Von Wernich fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas en lo que se conoce como “Circuito Camps”. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el kirchnerismo. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo.

Junto al espacio “Justicia Ya!” La Plata hemos planteado recurrentemente la necesidad de juzgar unificadamente todas las causas que integraron el circuito Camps. Y hemos expresado en variadas oportunidades que “el “desguace” de las causas resulta jurídicamente inexplicable. ¿Cuál es el sentido de juzgar fragmentadamente a los responsables de un circuito represivo dependiente de la misma cadena de mandos, en el que los prisioneros eran trasladados una y otra vez por las mismas patotas? El resultado de estos juicios es que se empieza siempre de cero, y se requiere que los sobrevivientes digan una y otra vez lo que vivieron y sufrieron.
Este 18 de septiembre se cumplieron 4 años del Secuestro y Desaparición del compañero Jorge Julio Lopez. Miles de personas marchamos por las calles de La Plata para seguir exigiendo Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de su secuestro y desaparición. A 4 años de su secuestro y desaparición, el Estado no dio una sola respuesta sobre qué pasó con Lopez.
La investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura es una responsabilidad indelegable del Estado, y las condenas a los represores deben estar a la altura de la gravedad de los delitos que se están juzgando. Pese a esto, denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político, en este caso de los integrantes del Ministerio Público (dependiente del Poder Ejecutivo) una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, tanto de los responsables militares y policiales, como de sus cómplices civiles, sean médicos, jueces, empresarios o funcionarios políticos.

*BASTA DE FISCALES Y JUECES CÓMPLICES DE LA IMPUNIDAD
* CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
* JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION.
* RESTITUCION NUESTROS 400 HERMANOS APROPIADOS.
* JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE JORGE JULIO LOPEZ. BASTA DE ENKUBRIMIENTO.
* BASTA DE PENALIZAR LA PROTESTA y DE CRIMINALIZAR LA POBREZA.

HIJOS LA PLATA

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