CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 606 – 2 de mayo de 2011

VEINTE AÑOS DE LA DETENCIÓN Y MUERTE DE WALTER BULACIO

Viernes 6 de mayo, gran festival en Plaza Houssay, desde las 19:00, con Chapones Di Teresa, La Pala Mecánica , La Escuela del Desaprender, La Covacha , La Que Se Viene y mucho más.

Sumario:

1. Causa Ferreyra: burócratas a juicio y policías indagados.

2. Detenciones arbitrarias y torturas en Misiones y Catamarca.

3. Situación represiva internacional y la naturaleza del estado.

4. Represión selectiva en todo el país.

5. Qom protesta, Qom represión.

CAUSA FERREYRA: BURÓCRATAS A JUICIO Y POLICÍAS INDAGADOS

Una vez más vemos como el estado se "auto regula". En la causa de Mariano Ferreyra y las demás victimas de la represión de la patota kirchnerista de la Unión Ferroviaria , esta semana se resolvió, por una parte, pedir la elevación a juicio de la patota, Fernández y Pedraza. De Ugofe y la secretaría de transportes, ni hablar. Y, por la otra, se empezó a indagar a algunos de los policía, corresponsables del ataque, pero en una causa aparte, despegados del homicidio.

Así vemos cómo las diferentes instituciones del estado funcionan para garantizar impunidad, siempre que de represión se trate. "Son parte de un plan criminal que resultó con la muerte de un manifestante y varios heridos", con ese argumento detuvieron y procesaron a los miembros de la UF. Sin embargo, en el caso de la policía, el aparato represor "oficial", y aunque se trate claramente de uno de los eslabones necesarios para que se cumpliera el plan criminal que derivó en el asesinato, para la justicia "es una responsabilidad diferente".

Se necesitaron allanamientos para obtener información que adrede la policía escondió. "Los allanamientos fueron exitosos" declaraba al inicio de la causa la actual secretaria de seguridad interior, Cristina Camaño. La única forma de que un allanamiento sea "positivo" es cuando uno encuentra lo que el otro escondía... En las comunicaciones entre los móviles, en los videos, documento irrefutable de la posición que tomó la policía durante los hechos, se pierde la hora donde se genera la muerte.

Esconder información referente al caso, borrar de las actas las conversaciones de los móviles, dejar a la patota actuar, así cuando se genere la muerte se pueden amparar en "una interna sindical" como salía en los medios y el gobierno así también puede seguir sosteniendo la mentira de que respeta los derechos humanos. Total, si a fin de cuentas son ellos mismos quienes "administran justicia" y garantizan la impunidad de los que necesiten...

DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS EN MISIONES Y CATAMARCA

Al mismo tiempo que acá, en la ciudad de Buenos Aires, estrenábamos el video “YO SABÍA”, en el marco de las actividades por los 20 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, en Catamarca y Misiones, pasaban estas cosas:

En Recreo, una pequeña ciudad catamarqueña, cinco policías fueron denunciados por torturar a tres jóvenes. “Si hablan, los vamos a hacer boleta”, les dijeron después de golpearlos y asfixiarlos con el submarino seco.

En Oberá, Misiones, Maximiliano, un estudiante chileno de diseño, denunció que la policía lo detuvo cuando salía de un boliche, y lo encerró en una celda de la comisaría 1ª. Durante la detención, y en la comisaría, fue brutalmente golpeado por los policías, que le dejaron bien claro que lo hacían porque es homosexual. En un momento, agobiado por los golpes se desmayó. Se despertó en la celda, justo para ver que los policías hacían entrar a un individuo de civil, aparentemente otro preso, que lo violó ante la mirada complaciente de los uniformados.

El martes 19, personal de la misma comisaría arrestó a Hugo Miguel Wasyluk, de 38 años, un hombre con problemas de adicción al alcohol y drogas que había discutido con su hermana. Apenas unas horas después, en medio de la noche, Hugo apareció muerto. Estaba sentado en el inodoro, con evidentes señales de golpes en el tórax y rostro.

El oficial Marcelo Chimiski, uno de los policías involucrados, trató de explicar las lesiones del preso: “Era una persona con antecedentes de violencia, por lo que el personal tuvo que defenderse y hubo golpes. Lógicamente que utilizaron la fuerza por la situación que se presentó”. Y claro, para sostener la versión del preso violento, ahí estaba la causa por atentado y resistencia a la autoridad, armadita y lista para que los jueces digan “Claro, se resistió, por eso hubo que pegarle... y se murió ... cosas que pasan...”.

El estudiante chileno llamó a una conferencia de prensa y contó a los medios que, por ser homosexual y morocho, lo golpearon y violaron en la comisaría. La familia Wasyluk, y muchísimos de sus vecinos, se movilizaron a la comisaría para denunciar que a Hugo, a Hugo también lo mató la policía...

Entonces empezaron las investigaciones, anunciadas, como siempre, “para llegar hasta las últimas consecuencias”, y el ejecutivo provincial pasó a disposición a 13 policías, cosa de mostrar que algo hace.

Cuando el jefe de la Policía de Misiones, Benjamín Roa, anunció la intervención de la comisaría, dijo: “Muchas veces el uso de la fuerza se traduce en excesos motivados por la falta de capacitación o conciencia”...

O sea, violaron a un joven y mataron a otro porque son brutos e inconscientes, no porque son represores. El argumento de que “el problema” es la falta de capacitación o cosa parecida conduce directamente a la impunidad anunciada, mucho antes que los jueces cumplan su mandato de hacerla valer. El cuento del exceso, del abuso, del loquito suelto o de la formación insuficiente nos lo vienen contando hace décadas. También en el caso de Walter, tres señores camaristas dijeron que la policía había actuado ilegalmente, pero “el comisario pudo no ser consciente de ello”.

Como Walter, como todos los detenidos con él en la razzia del 19 de abril de 1991, y como la casi totalidad de los muertos en comisarías, ni Maximiliano ni Hugo fueron arrestados porque habían cometido o se sospechaba que hubieran cometido un delito. Fueron, todas, detenciones arbitrarias, de esas que hace la policía porque pueden detener a cualquiera, en cualquier momento o lugar, sólo porque quieren. Y porque, para eso, los legisladores les dan herramientas como la averiguación de antecedentes y las contravenciones, y los jueces hacen la vista gorda con prácticas como las razzias o las detenciones de menores justificadas por inventos policiales como el memo 40, en 1991, o el “procedimiento de entrega del menor”, ahora.

Esta semana hubo muchas notas en los medios recordando a Walter, y no faltó el obsecuente del gobierno que deslizara que ésas eran cosas que pasaban antes, no como ahora, con el “gobierno de los DDHH”... y ocultara bajo la alfombra que, mientras él escribía eso, estaban matando a Hugo en Misiones. Y quien sabe a qué otro pibe, en alguna otra comisaría.

Porque no son errores ni excesos, ni abusos de alguno que se pasó de la raya o no estudió lo suficiente. Es una política de estado, para disciplinar y mantener el control social, que sólo podemos enfrentar organizándonos y dando la pelea.

SITUACIÓN REPRESIVA INTERNACIONAL Y LA NATURALEZA DEL ESTADO

Hacía tiempo que no era tan claro como ahora que, tanto la represión preventiva como la represión selectiva, son políticas de estado, “gobierne quien gobierne”, como decimos desde siempre en CORREPI. Podríamos agregar: se trate del estado burgués de que se trate.

El capitalismo ha operado hace mucho tiempo la subsunción real del trabajo en todo el mundo. No hay lugar de la tierra que no se rija por la lógica de las relaciones sociales capitalistas de maximización de la ganancia para la acumulación de capital.

Estas relaciones sociales de explotación están imbricadas con relaciones políticas de dominación de una clase, la burguesía, sobre otra clase mayoritaria, el proletariado. Así, las relaciones sociales de explotación conviven con todo tipo de formas de dominación políticas organizadas en forma de estados burgueses. Estados parlamentarios, teocráticos, dictatoriales, totalitarios, segregacionistas, nacionalistas, indigenistas plurinacionales, etc.; todos tienen en común ser una maquinaria que ejerce la dominación político-militar sobre las clases explotadas para evitar, mediante la represión, que éstas se rebelen contra un orden social injusto.

Las rebeliones populares en todo el mundo están mostrando esto en forma particularmente clara en la actualidad. A mayor actividad de las masas, los estados, aun cuando presenten diferentes formas, responden de la misma manera: con represión.

Los muertos por protestar en Siria, donde inclusive actúan bandas paramilitares, se cuentan por centenas. La represión también se agudiza en Yemen, en Arabia Saudita, en Djibouti, en Mauritania, en Costa de Marfil y en Burkina Faso, entre otros. En Bahrein, si no mata la policía, o el ejército nacional, o el ejército saudita que invadió para reprimir, los tribunales militares condenan a muerte a los rebeldes. En todos los países se denuncian detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. En Egipto, pese a la caída de Mubarak, se desarman viejas estructuras represivas y se crean nuevas de la misma índole. Gatopardismo puro para tratar de aplacar las revueltas. Esto nos debe hacer recordar lo que ya hace más de un siglo decía Marx: los trabajadores no pueden usar el estado burgués para otros fines, tienen que destruirlo.

En Libia la rebelión popular fue reprimida por el régimen de Kadaffi y, cuando éste no pudo asegurar el reestablecimiento del orden, intervino el imperialismo para “salvar las vidas de los civiles”, bombardeando civiles. Lo mismo que hace en Irak, Afganistán y Pakistán. Es el mismo imperialismo que, según los últimos cables de Wikileaks, financia al narcotráfico a través de la CIA o mantiene personas detenidas en la cárcel de Guantánamo donde los médicos, los Bergés y los Mengeles yanquis, participan de las torturas. El mismo imperialismo que utiliza la excusa del narcotráfico para intervenir otros países.

Esta realidad represiva no es ajena a nuestro continente. Basta repasar las atrocidades cometidas por el terrorismo de estado en Colombia donde todos los días aparecen noticias, unas más aberrantes que otras. En este país se ha abierto una “División de Estudios” dependiente del ministerio del Interior que tendrá por finalidad hacer inteligencia sobre todos los conflictos laborales y sociales. El estado mexicano, desde que lleva adelante su “guerra contra las drogas”, en unos pocos años se cobró la vida de más de 35.000 personas, ya tiene sus propias fosas de cadáveres clandestinas como Colombia y más de 3.000 desapariciones desde el año 2006.

Como se puede ver, independientemente de la forma que adopte la dominación de la burguesía a través de sus diferentes tipos de estado, el contenido es exactamente el mismo en todos los casos. A su vez, queda evidenciado que ninguna reforma es eficaz. Lo único que les queda a las masas explotadas es organizarse y luchar para destruir esa maquinaria de opresión y muerte llamada estado.

REPRESIÓN SELECTIVA EN TODO EL PAÍS

En varias localidades del departamento de Ledesma (Jujuy) se extendió la semana pasada un importante plan de lucha protagonizado por trabajadoras porteras de escuela, quienes hace años reclaman el pase a planta permanente, un aumento del sueldo y los aportes jubilatorios correspondientes. El plan de lucha incluyó tomas de varios establecimientos educativos.

Tras tres semanas de tomas, la jueza Pérez Rojas, ordenó desalojar las escuelas. En el Normal de Libertador General San Martín, “Las golpearon, las agarraron de los pelos, las subieron a las camionetas. Hay una compañera en el hospital con varios golpes en el cuerpo”, contó un testigo. Otras cinco porteras fueron detenidas en la comisaría local y a las horas liberadas. En estos momentos, las movilizaciones y reclamos continúan.

Por otra parte, en la localidad de Roca, en Río Negro, fue descubierto un policía que, vestido de civil, se hacía pasar por reportero de un medio local, con el objetivo de tomar imágenes de los estudiantes -menores de edad- que marchaban por el centro para reclamar mejoras en las escuelas de la ciudad.

Las autoridades de la policía aseguraron que se trató de una acción individual, sin responder a mandos superiores. Sin embargo ese mismo agente fue visto durante los últimos meses en diferentes protestas, siempre cámara en mano.

El policía, de apellido Fuentes, que desempeña tareas en el área de Comunicación de la Unidad Regional II, quedó demorado por varias horas a raíz del escándalo público, y será trasladado hacia otra ciudad, mientras se instruye un sumario.

En ambos casos, se trasluce la verdadera política nacional hacia los que luchan: la represión. Ya sea con la acción directa, o con tareas de inteligencia permanentes, los distintos gobiernos provinciales, en consonancia con el nacional, apelan a la represión como única respuesta ante los genuinos reclamos populares.

(Nota: al cierre de esta edición, en plena madrugada del lunes, supimos de la represión contra los vecinos organizados de Berazategui, que hace meses resisten la instalación de la Subestación Rigolleau. Centenares de policías uniformados y de civil, a palo limpio, causaron 40 heridos, 11 de gravedad, y encarcelaron a una de las vecinas).

QOM PROTESTA, QOM REPRESION

Los que mandan en el mundo caracterizan algunas regiones como unidades geopolíticas inviables a la hora de recomendar inversiones. En otras palabras: dicen lo que interesa y lo que no, sólo en función del auspicio del capital.

La protesta de la comunidad La Primavera de los Qom formoseños se inscribe en este marco. El ninguneo y la marginación del pobre que reclama, no admite otra lectura más que la legitimación del rico que lo explota.

Pobres son los Qom, asesinados son los Qom, despojados son los Qom, los que protestan son los Qom. La semana pasada, la delegación que acampa desde hace cinco meses en Buenos Aires, decidió hacerlo sobre la misma Avda. 9 de Julio, corte que se levantó el fin de semana, asediado por movimientos de las fuerzas de seguridad dispuestos al desalojo compulsivo.

Rico es el gobierno del kirchnerista formoseño Insfrán, asesino es el estado que comparte con Cristina Fernández, explotadores son todos ellos junto a sus socios terratenientes, los que reprimen también.

La negativa a escucharlos - ni siquiera a resolver sus demandas- es la prueba más evidente de la verdadera concepción que el gobierno posee de los derechos humanos: autoproclamarse su reivindicador, al tiempo que los niega; mentir proclamando la “no represión de la protesta” mientras manda policías y gendarmes armados allí dónde se instala.

El gatopardismo de los progresistas que dicen no entender ni compartir el silencio oficial, pero siguen como si se tratara de un mero error de gestión, evidencia también la manipulación canallesca que del tema de los derechos humanos postulan.

Unos y otros, expresan claramente el conflicto: las clases antagónicas confrontan, el estado en manos del operador de turno expresa los intereses de quien domina, su estrategia es no admitir la afectación del derecho de propiedad ni admitir que se cuestione su capacidad represiva para defenderlo, sus tácticas: el silencio negador y la fuerza de seguridad cual fuerza de choque con la que -cuando no mata y encarcela- amenaza con hacerlo, sus legitimadores los "ecuánimes y atildados centroizquierdistas" que ignoran la vergüenza.

La lucha de los Qom, el único camino de los pobres, expresa la razón primera de la gestión K: acallar la protesta, negarla, ahogar el espíritu rebelde que anida en la movilización de la pobreza, a veces cooptando, otras reprimiendo. El costo se paga con vidas de pobres, con dignidad postergada. Pero eso no interesa, en sintonía con la lógica de los que mandan.

REPRESIÓN SELECTIVA EN VENEZUELA

El gobierno de Hugo Chávez Frías, a lo largo de todos estos años, ha encarcelado a cientos de luchadores populares disidentes y siguió aplicando el gatillo fácil en los barrios pobres, las torturas en las cárceles y aumentó el poder de las fuerzas de seguridad.

En estos días, Joaquín Pérez Becerra, periodista y editor de la Agencia Anncol , que difunde información de las FARC, fue aprisionado y entregado por parte de Chávez al gobierno colombiano, que tenía el dato de que llegaría a Caracas desde Alemania. El presidente Santos llamó al venezolano y las fuerzas represivas lo capturaron y deportaron a Colombia a los pocos días.

Enseguida salió el progresismo mundial a pedirle mediante solicitadas que diera marcha atrás. Con consignas como “Así no, compañero Chávez”, aún con el sostenimiento -a pesar de lo sucedido- de seguir llamando “REVOLUCIONARIO GOBIERNO VENEZOLANO”, salió a llorar el progresismo latinoamericanista. Algún intelectualoide aseguró que la decisión “los partió al medio, aunque no es una novedad absoluta, porque hubo antecedentes en los últimos tiempos. Pero este caso ya es escandaloso. Un bochorno. Supera todos los límites”.

Los “antecedentes” son que Hugo Chávez en los últimos meses entregó a 8 luchadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC a Colombia. Los “límites” que superó, es que en el caso de Becerra, es un periodista que difunde información de los que luchan. O sea que el progresismo justifica las deportaciones anteriores, pero esta última les parece inconcebible.

Como siempre, en un estado con ricos y pobres, los gobiernos deben reprimir a los que luchan y a los que apoyan a los que luchan.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110,http://www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o enhttp://www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en http://www.fmentransito.org.ar.

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REIVINDICAMOS LAS LUCHAS DE AYER Y HOY. 16 AÑOS CONSTRUYENDO, EN LUCHA, EN LA CALLE.

Fuente: Indymedia La Plata. paneles_23_marzo.jpg, image/jpeg, 609x850
En este otoño de 2011 la agrupación HIJOS La Plata cumple 16 años de existencia como organismo de Derechos Humanos independiente del Estado y de los gobiernos. En este camino supimos nuclearnos los hijos e hijas de compañeros y compañeras desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y también jóvenes comprometidos con la lucha contra la impunidad en nuestro país. En todo este tiempo trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, en la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y en la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.

Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Si bien el concepto de “Derechos Humanos” nació históricamente de la liberalidad burguesa e intentó funcionar como controlador de la omnipotencia de los estados totalitarios, con el tiempo se transformó también en una herramienta de lucha para que los sectores populares canalicen no sólo la demanda de respeto a la vida y la dignidad más básica en el marco democrático, sino la exigencia y la puesta en manifiesto de las contradicciones que existen en la base de toda conflictividad social.
Si entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia de para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Nuestra organización surgió en La Plata en dos homenajes a los desaparecidos de las facultades de Arquitectura y Humanidades, pero se fogueó al calor de las luchas estudiantiles universitarias contra la reforma menemista de la Ley de Educación Superior. En ese año ’95, con plena vigencia de las leyes de impunidad y los indultos, la sociedad argentina estaba conmocionada por las declaraciones del genocida Scilingo, que relataba los “vuelos de la muerte”. También el general Balza reconocía institucionalmente y sin consecuencias la participación del Ejército en torturas y desapariciones. Pero el pueblo respondía y los piquetes asomaban a la luz pública, y en el sur del país, un ex detenido en la dictadura le asestaba una golpiza a Astiz, que se paseaba impunemente de vacaciones.

Este último hecho, entre otros, nos animó a darnos cuenta de que los represores son de carne y hueso, que están entre nosotros, y que eso no puede ser. Esto motivó lo que es quizás el mayor aporte que HIJOS ha hecho a la dinámica de la protesta social en el país: el escrache. Con ello construimos una herramienta nueva, en la calle, con los vecinos, en el propio barrio del genocida y dimos un salto sobre el cerco de la impunidad. Los HIJOS sumamos al reclamo de los distintos organismos de Derechos Humanos la reivindicación de la lucha revolucionaria de los desaparecidos, pero también pusimos el acento en la reconstrucción del tejido social y en la generación de la condena social a los represores para que la sociedad toda sienta como propia la herida abierta producto del terrorismo de estado.

Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 44 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 44 juicios estuvieron procesados unos 200 represores y hubo similar número de condenas, y 16 absoluciones por un universo de 700 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue castigado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes.
En La Plata funcionaron durante la dictadura 12 CCD, coordinados por la Policía Bonaerense y las Fuerzas Armadas. De esos miles de represores, sólo 19 fueron condenados en casi 8 años desde la reapertura de las causas, en juicios parciales, la mayoría con condenas mínimas.
Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.

La situación de vulnerabilidad que viven los testigos en los juicios a los genocidas es producto de la improvisación con que se encaró el proceso de reapertura de las causas. La impunidad que presentan los casos de Jorge Julio Lopez, Luis Gerez, Juan Puthod, Silvia Suppo y Victor Martinez no parecen ser tema para el gobierno y sus organizaciones subsidiarias. Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la única política efectiva de protección a las víctimas del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna “Cárcel común, perpetua y efectiva”. La exposición indefinida de las víctimas a un horizonte incierto de juzgamiento no hace más que perpetuar la situación de impunidad que los propios procesos judiciales parciales y cansinos vienen generando.
La continuidad del esquema represivo es palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy han asesinado con el gatillo fácil a más de 3.139 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Más de la mitad de los casos corresponden a los gobiernos de los Kirchner.
La justicia selectiva utiliza jueces y fiscales para encarcelar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo. El aparato judicial al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. El mismo al que nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores de hoy. Los luchadores populares son perseguidos, amenazados y agredidos, como la represión al pueblo Qom en Formosa, la vía libre a las patotas sindicales en el asesinato de Mariano Ferreyra, la arremetida de la Federal en el conflicto social en Villa Soldati, o los casos de los militantes Roberto Martino, Raúl Lescano, y Fernando Esteche, presos y condenados en causas armadas por ser referentes de sus organizaciones.

En nuestra provincia es clara la política de Derechos Humanos del kirchnerismo a través de las iniciativas retrógradas de la gestión Scioli-Casal como solución policial a los problemas sociales. Con la excusa de la “inseguridad” se intenta bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ampliar las horas de detención a merced de los verdugos de uniforme, e implantar un Código Contravencional que recorta las libertades de todos los que no entran en su esquema de sociedad. Las cárceles y comisarías han eclosionado por el endurecimiento de la legislación penal, y siguen siendo depósitos de personas sin el menor respeto a derechos y garantías. El 70 % de los presos bonaerenses no tiene juicio iniciado, y cumplen condenas anticipadas a la sentencia judicial, cuando la estadística de absolución es de 1 sobre cada 3 juicios. Además se ha comprobado no sólo que los agentes penitenciarios bonaerenses torturan, sino que redoblan ese accionar impune sobre los que lo denuncian. En los últimos años hubo más de 4 mil causas contra miembros del Servicio Penitenciario Federal por esos abusos. De ellas sólo 7 tuvieron sentencias condenatorias.

La política económica neoliberal del crecimiento con base en la exclusión y el saqueo continúa intacta. Los servicios, las tierras y los recursos naturales siguen extranjerizados. El 40 % de los trabajadores cobran salarios en negro y la mayoría de los blanqueados perciben parte en iguales condiciones, los aumentos que se dieron por decreto fueron absorbidos por la inflación. Mientras tanto no se democratiza la participación sindical, no se genera trabajo genuino ni se universalizan los planes sociales, y se desfinancian las escuelas, los hospitales y la masa salarial de sus trabajadores.

Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.

En la medida que organicemos, en la medida que contagiemos, tendemos más legitimidad en el sentir popular, pero no necesariamente en una institucionalidad formal. Y aquí digamos las cosas como son: la legitimidad de una lucha no está destinada a coagularse en una mera institucionalización de políticas públicas, sino a revitalizar la capacidad de convocar a la población o de reflejar una realidad o presionar desde una serie de valores que ya han sido asimilados y apoyados por una parte importante del Pueblo.

Los HIJOS somos retoños legítimos de los mejores hijos de este pueblo y la “legalidad” no nos sustenta. Vemos cómo muchos combativos, perseguidos y encarcelados en su tiempo, están hoy en espacios de poder y defienden la “legalidad” tanto como se han olvidado de la legitimidad, así como también otros, que siempre estuvieron en la vereda opuesta, aprovechan estos espacios para defender una legalidad de humanismo reformista.

Asi como en estos 16 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Menem, De la Rua, Kirchner, Ibarra, Macri, Solá, Scioli o Cristina Fernández, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo.

A los compañeros que se reagruparon en “H.I.J.O.S. de La Plata”, y que ven en el actual gobierno una posibilidad de cambio, queremos expresarles que estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso hacia “lo nuevo” se construya genuinamente en serio.

Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales sea resuelto. Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.

HIJOS La Plata - 16 años de lucha
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos
Juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga.
Restitución de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados por los genocidas
Libertad a los presos políticos. Desprocesamiento de los más de 4 mil luchadores procesados por luchar.

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FIRMAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN PRISION DE LA CONDENA A 15 AÑOS A LA QUE FUE CONDENADO JULIO CESAR GRASSI

La Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la condena al cura Julio César Grassi por abuso sexual y corrupción de menores sin embargo el sacerdote goza de libertad aún con la confirmación de la pena de 15 años de prisión resuelta por los camaristas que revisaron el proceso judicial.
El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, expresó que El fallo confirmó que los abusos se cometieron y que por esta razón hubiera preferido una condena más dura.
Juan Pablo Gallego, abogado querellante quien representó en el proceso a “Gabriel”,(abusado sexualmente por el cura, confirmó que recurrirá a la Suprema Corte para pedir la detención del sacerdote acusado por abuso.
El apoderado del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) sostuvo que la condena validó la acusación que sostuvo durante ocho años que Grassi era un peligroso pedófilo. “No podemos aceptar que no vaya a prisión después de una condena en dos instancias”.
De acuerdo con la interpretación del ministro de Seguridad y Justicia provincial, Ricardo Casal, la decisión sobre la libertad de Grassi es de competencia del Tribunal de origen: “La Justicia de primera instancia debería revocar la excarcelación y ordenar su detención ”, explicó el ministro.
No obstante el dictamen de Casación, que acredita la responsabilidad del sacerdote, sus integrantes rechazaron por incompetencia el pedido de detención de Grassi.
En los fundamentos, los camaristas de la Sala II de Casación, Jorge Hugo Celesia, Fernando Luis María Mancini y Carlos Alberto Mahiques, sostienen que su competencia en la resolución sobre eventuales pedidos de libertad de condenados presos, es cuando las penas se aplicaron de manera equivocada. En este caso, hubo una confirmación para la pena aplicada en el juicio oral, al que Grassi ya había llegado en libertad.
Según el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Morón, el sacerdote abusó del chico –por entonces menor de edad y bajo tutela– en dos ocasiones.
Por ese caso y otros supuestos 15 hechos similares, Grassi enfrentó un juicio en libertad que se inició el 20 de agosto de 2008 y en el que declararon 130 testigos. El 10 de junio de 2009 el Tribunal de Morón lo encontró culpable y lo condenó a 15 años de prisión. Esa fue la sentencia confirmada por Casación.

Teniendo en cuenta lo expuesto los abajo firmantes solicitamos el cumplimiento de la condena en prisión común del cura Julio Cesar Grassi, entendiendo que su libertad además de ser un peligro para la sociedad, manifiesta una desigualdad de derechos y obligaciones ante la ley contradiciendo el artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley .

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Cuestionan a la UNLP por la retención de tierras de pueblos originarios

El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel calificó al Rectorado de actuar como "terratenientes". Avanza el juicio por la restitución de las propiedades.

El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel calificó al Rectorado de actuar como terratenientes. Avanza el juicio por la restitución de las propiedades.


El acampe de la comunidad qom de Formosa en la 9 de Julio y la iniciativa del Gobierno nacional sobre la reglamentación de la ley de Tierras, han reavivado una discusión que sintetiza ambas problemáticas en un derecho: el de los pueblos originarios ha vivir en sus lugares ancestrales.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retiene bajo su poder 6144 hectáreas, en la provincia de Misiones, pertenecientes a la comunidad indígena mbya-guaraní, la cual viene reclamando hace décadas la restitución de sus tierras. Pese al pedido de estos pueblos, las distintas presidencias del Rectorado se han negado a desprenderse de los terrenos. “La Universidad no quiere devolverle las tierras a las comunidades. Es una universidad pública, una universidad nacional, y actúa igual que los terratenientes: le niegan el derecho a los pueblos originarios”, indicó a Hoy el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien además aseguró que ha mantenido “reuniones en la Universidad” y que “con distintas excusas tratan de impedir que las tierras pasen a las comunidades”.
La casa de altos estudios adquirió las propiedades a partir de la donación de la empresa Celulosa Argentina SA en el año 1992. En 1999 la institución educativa acordó con el Ministerio de Ecología de Misiones que las tierras se convirtieran en reserva privada de la Universidad por un período de 20 años. Durante 2001 las comunidades mantuvieron reuniones con la gestión de la UNLP de ese momento, a cargo de Alberto Dibbern y, recién en 2005, con la presidencia de Gustavo Azpiazu, el Rectorado presentó una propuesta formal que consistía en la cesión de 700 hectáreas para las comunidades y 700 hectáreas para la UNLP; el resto, alrededor de 4.700 hectáreas, en cogestión entre ambas partes. La iniciativa tenía más que ver con un carácter de negociaciones empresariales que con la rectificación de derechos, por lo que los mbya la rechazaron y llevaron el reclamo a la Justicia (ver recuadro). “Las propuestas (de la UNLP) siempre fueron un reconocimiento parcial, nunca un reconocimiento pleno, porque hablaban de un condominio, cuando en realidad esto es propiedad de las comunidades, y por esto se está peleando en el juicio”, dijo a Hoy la abogada Estela Maris Martínez, asesora del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y patrocinante de las comunidades en el juicio, junto al doctor Julio César García. “Queremos que nos reconozcan como pueblos originarios. Esas tierras pertenecen a nosotros. A partir de ahí podremos disfrutar nuestro territorio”, señaló a Hoy Catri Duarte, uno de los caciques de la comunidad que habita dichos terrenos y miembro de Apy Ñeychyro, organización tradicional indígena.
“Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad”, asegura el escritor uruguayo Eduardo Galeano en una de sus tantas cartas a los pueblos indígenas. La falta de derechos en comunidades como la de los quom o mbya son la muestra clara que tal concepto es ignorado y bastardeado tanto para el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, como para el Gobierno de Cristina Fernández.

Nicolás Salas

Qué representan las tierras para los mbya

El lugar en cuestión se encuentra en el Valle del Arroyo de Kuña Piru, sobre el cual se asientan cinco comunidades en la actualidad. La vegetación y el ecosistema brindan a los pueblos originarios los recursos necesarios para su subsistencia. “Vivimos del mismo monte. De ahí sacamos para hacer artesanías y lugar para plantar y poder sobrevivir”, afirmó el cacique Duarte, quien además alertó a este medio sobre la presencia de “colonos” en la zona donde están desmontando y realizando plantaciones. “Hay gente que se ha introducido ahí haciendo desmontes, sobre lo que la Universidad no tiene ningún control, y estas son decisiones que hasta el día de hoy la UNLP no quiere asumir. Son empresas que se han metido ahí”, agregó Adolfo Pérez Esquivel.

La judicialización y la posición de la UNLP

Tras la negativa de los pueblos a negociar sus derechos, la disputa entre las partes pasó a manos de la Justicia. “En el año 2009 se realizó una audiencia conciliatoria en el ámbito judicial; y la UNLP con el Estado nacional ni siquiera se presentó a la audiencia”, afirmó la abogada Estela Maris Martínez, patrocinante de las comunidades en el juicio que los mbya llevan a cabo contra la Universidad Nacional de La Plata y el Estado nacional. A su vez, Martínez advirtió que el Estado nacional tuvo “una estrategia dilatoria” al iniciar una “demanda de excepción de incompetencia” sobre el Juzgado Federal de Posadas, cuestión que fue revocada.
“Se formó una comisión para definir la cantidad de tierras. Sobre finales de 2007 fue la ultima reunión, las comunidades cortaron el diálogo y judicializaron el tema. Iniciaron una demanda contra la UNLP y el Estado nacional”, indicó a Hoy el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNLP, Julio Mazzotta. Asimismo, el funcionario universitario sostuvo que “a nosotros nos notificaron con tres días de anticipación sobre la audiencia, cuando nos tendrían que haber notificado con diez días, era imposible. Teníamos consejo superior, la persona que tenía que viajar era yo y es imposible organizar para poder viajar”.

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El delito de genocidio

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Eduardo Luis Duhalde, pidió que los crímenes cometidos en El Vesubio, espacio que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura militar, sean enmarcados legalmente como parte de un “genocidio”. El pedido fue elevado ante el Tribunal Oral Federal 4 al finalizar los alegatos en la causa donde el organismo participa como querellante, al considerar que “el mundo civilizado condena el genocidio como una negación de la existencia de grupos humanos”. En el último tramo del juicio que se sigue a quienes actuaron en ese centro clandestino, el tribunal sostuvo que los crímenes de la dictadura “estuvieron perfectamente dirigidos a quienes se consideraban enemigos políticos” y consideró que esas acciones formaron parte de “un plan sistemático de extermino orientado a destruir una parte de la sociedad argentina”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-167456-2011-05-03.html

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“¿Por qué no citan a Bergoglio?”

Estela de la Cuadra, hija de la primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo recordó que el cardenal declaró que hace diez años supo del robo de bebés cuando en realidad su padre le pidió ayuda en plena dictadura. La fiscalía pidió que se cite a Bergoglio.

Por Alejandra Dandan

Licha de la Cuadra era Alicia Zubasnabar de la Cuadra, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer, durante casi cuatro horas, el Tribunal Oral Federal 6 escuchó el testimonio de una de sus hijas, que llegó a la audiencia con una enorme valija de viaje. Adentro de la valija, Estela de la Cuadra tenía papeles que uno a uno sacó durante todo el relato, papeles con los que las Abuelas documentaron la búsqueda desesperada de sus nietos con originales de las solicitadas, las cartas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Primatesta y al ahora cardenal Jorge Bergoglio. Estela, que aún sigue buscando a Ana, la hija de su hermana, volvió a preguntarle al Tribunal lo que pregunta en cada uno de los juicios: “¿Cómo es que Bergoglio dice que hace sólo diez años sabe del robo de bebés?”. Y preguntó varias veces: “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana de la Cuadra?”. El fiscal Martín Niklison recogió el mensaje al final de la audiencia y acompañado por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y de María Isabel Chorobick de Mariani pidió al Tribunal esa misma citación.

Estela declaró en nombre de sus padres, que empezaron con la búsqueda de su hija y de su nieta, pero ahora están muertos. Elena de la Cuadra cayó secuestrada el 23 de febrero de 1977, con un embarazo de cinco meses. Con ella se llevaron a otros compañeros y a su pareja, Carlos Baratti. “Los vecinos dicen que sale primero una mujer embarazada, un hombre alto y otras personas. Por supuesto que con el tiempo sabíamos que esa mujer embarazada es mi hermana Elena de la Cuadra.”

Elena estuvo en la Comisaría 5ª de La Plata, convertida en centro clandestino. Para entonces, eran una de las familias perseguidas de la zona. La patota se había llevado a uno de sus hermanos, Roberto José, militante del Partido Comunista Marxista Leninista, compañero de la pareja de Elena y obrero de YPF. La escena del secuestro es una de las imágenes que muestran el rol que Licha ocupó poco después, entre los familiares de los desaparecidos: “La patota llegó a buscarlo a la casa de mamá”, dijo Estela. Allanaron la casa y como él no estaba se llevaron a la madre. “Cuando Licha llega al hall de entrada, mi hermano estaba apoyado contra el portero eléctrico, apretado por la patota.

–¿Este es tu hijo? –preguntaron a la mujer.

–No –dijo ella–. Yo nunca vi a esta persona.

En ese momento, su hijo la miró. Desde algún otro lado alguien corría diciendo que era quien era, la patota le encontró los documentos y lo identificó.”
La búsqueda

Dos días después del secuestro de Elena, y ya entrenados en la búsqueda, los padres presentaron hábeas corpus. Contactaron al obispo Serra, que los mandó a ver al secretario del vicariato castrense, Emilio Graselli: “Graselli dice que Elenita estaba bien, que estaba en los alrededores de La Plata. Mis padres le pidieron precisiones, pero él les dijo que no: ‘Va a ser peor para ella, ustedes van empezar a dar vueltas, y eso es peor’”. También les dijo que volvieran, que si Elena pasaba a disposición del Poder Ejecutivo entonces, quizá, podía ayudarlos.

Desde ese momento hasta comienzos de julio de 1977 –cuando se produjo el nacimiento de Ana– e incluso después, la familia recibió mensajes por abajo de la puerta de la casa o al teléfono con noticias de Elena y del nacimiento de la niña. Uno de los mensajes –supieron años después– se los dejó Adriana Calvo, ex detenida-desaparecida. En julio les dejaron uno de los papelitos que Estela guardó y ayer sacó de su enorme valija: el “16/6 la señora tuvo una nena, que no saben donde está la nenita, los padres están bien, de la Cuadra”.

Licha empezó a reunirse con las Madres en la Plaza los jueves mientras su marido daba vueltas en la vereda, alrededor. Parte de la familia se había disgregado. Además de los dos hijos desaparecidos, otros dos emigraron a Italia. El 6 de diciembre, los visitó un servicio: “No sé si eran servicios o algo así –dijo Estela–. Le dicen a papá que Elena está mejor, que ahora se la trata bien, que está junto con la nena, liberada, pero oh casualidad –explicó enseguida–, ese mismo 6 de diciembre la patota levanta a mi marido y a mi hijo mayor, para llevarlo al circuito del Atlético, Banco, Olimpo”.
Bergoglio

La familia De la Cuadra mantenía una relación histórica con la Iglesia. Una parte de la familia, fundadores del pueblo de Balcarce, había donado campos a la Iglesia. Y por entonces ellos tenían relación con Pedro Arrupe, general de la Compañía de Jesús, que había estado en Argentina y se había ido a Japón becado por los De la Cuadra. En ese contexto, el padre de Estela les pidió a los hijos que estaban en Italia que lo busquen para pedirle por la niña. Los hermanos lo hicieron. Tuvieron una audiencia en Roma. Arrupe les dijo que no había problema: “Que iba a conectarse con el provincial de los jesuitas, Bergoglio, en una reunión próxima en Buenos Aires”.

La reunión se haría uno o dos meses más tarde. Arrupe le pediría a Bergoglio que se ocupe de la situación. “Mis hermanos le comentan el resultado del encuentro a mi padre, pasa el tiempo y mi padre intenta ver a Bergoglio, hasta que finalmente es recibido por Jorge Bergoglio. Acá –dijo Estela– tengo la notita. Bergoglio le dio una carta a mi padre en la que le dice, claramente, al obispo auxiliar de La Plata que interceda y se ocupe del caso.”

Con esa carta, Mario Piqui –el arzobispo de La Plata– recibió al padre de Estela. “Voy a ir a ver al vicegobernador”, le dijo y en ese encuentro supo que la niña había nacido y había sido regalada. “Espere un poco”, le dijo al padre de Estela. “En diciembre, con el cambio de jefatura, va a subir alguien que fue alumno mío y no me va a negar una gauchada.” Lo hizo, pero el resultado fue la misma contestación: que la tenía “un matrimonio bien, no hay vuelta atrás, eso es lo último que se tiene”.

El año pasado, Bergoglio declaró como testigo en la causa ESMA, en el marco de la investigación por el secuestro de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics. La abogada Myriam Bregman le preguntó si sabía del robo de niños. Bergoglio –recordó Estela en la audiencia– dijo que lo supo hace diez años.

“Yo creo haber demostrado con las cartas que mandamos a la Conferencia Episcopal en el año ’79 el conocimiento y la preocupación que había; también hay documentos respecto de cómo se divulgaron las noticias de la desaparición de personas y de los niños: nadie puede decir que no conoce”, indicó. La negación, dijo, “es inmoral, eso es burlarse de las cosas que estos hombres y mujeres hicieron. El no sabe dónde están, pero qué pasó y cuál es el mecanismo tiene mucho para decir y acá está la carta de mi padre”. En ese contexto, pidió que lo citen, preguntó de viva voz a la Fiscalía si lo haría y luego al Tribunal. La presidenta María del Carmen Roqueta esperó los tiempos del ritual judicial, y cuando la Fiscalía formalizó el pedido, explicó que iban a analizarlo.

Estela también se exilió pasado unos meses. Recuperó a su hijo un día después del secuestro; su marido, Gustavo Fraire, continúa desaparecido.

En diciembre de 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Carlos Baratti: había sido enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle. Estela está convencida de que sus restos ahora van a servir para seguir buscando a su hija. “Los ojos expertos en la lectura de los huesos dicen que fue muy torturado en momentos muy cercanos a ser tirado al mar, que fue tirado vivo, y que una cosa son las heridas de cuando te tiran del avión y que otra son las heridas vivas que estaban cicatrizando antes del avión.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-167453-2011-05-03.html

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Soja sí, indígenas no.

(AW) Reproducimos un excelente artículo de compañero Darío Aranda en el que analiza la política agrícola del gobierno y su relación con el eterno ninguneo a los pueblos originarios.

Buenos Aires, 1 de mayo de 2011 (http://darioaranda.wordpress.com/)

Por Darío Aranda

Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.

A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supra legal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.

Extranjerización

Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?

El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?

No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.

Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.

La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.

Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.

Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.

Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

"Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (...) Hay modelos a mirar, como Brasil", había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.

El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.

Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los "agricultores familiares".

Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.

El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como "la iniciativa más importante de la historia provincial". Una gran diversidad de sectores advierte que será la "sojización" de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la "inversión" y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.

El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el "fondo inversor" Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. "Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos", denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.

El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.

"Corrimiento de la frontera agropecuaria", festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).

Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento "Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino", contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).

"La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida", denuncia la Redaf en su informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. "Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña", recuerda el informe.

El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.

A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.

125

La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.

"Se trata de un modelo basado en la extrema ‘zojización', motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios'. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras", explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado "Del paro agrario a las elecciones de 2009".

En el apartado "El conflicto agrario, características y proyecciones", los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.

Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).

Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.

"Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo' le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad", afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.

No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.

Estado cómplice

La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. "Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones".

Denuncia que todos los conflictos son "disimétricos". Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, "donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder". Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: "Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina".

El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 "La violencia rural en la Argentina de los agronegocios", donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.

"Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (...) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración", explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.

Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. "La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal

El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra "Eli" Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.

La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.

La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por "compatriotas", y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.

País serio

"No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento", remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, "hablaría de un país poco serio".

Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.

Aviso

Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.

Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.

Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.

Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: "Son las contradicciones del modelo".

Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el "Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016", proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.

La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.

Decisiones

A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.

A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.

Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.

"El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión", afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.

Unidos contra los Qom

Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.

La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.

No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. "Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene", explicó Félix Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".

Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.

La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que "no hay orden (de Presidencia) para negociar" con los Qom. "Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones", afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.

"Distinta vara" suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.

A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.

Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.

El cómodo oficio de ocultar

"Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda". Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.

La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.

Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.

En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.

El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.

El "periodismo militante" de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.

El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.

El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado "Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras". Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: "Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios".

El último párrafo no deja dudas. "(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos".

Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.

El cable de Télam no fue firmado por el redactor.

"Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también", dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. "Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda".

Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. "¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (...) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros."

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El juego a la derecha

Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, "le hacés el juego a la derecha".

La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser "funcional a la derecha".

A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.

No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea -y este Gobierno ha tomada varias-) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.

"No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas", advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: "(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder".

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Derechos Humanos

Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.

Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.

Pero su genocidio aún es negado.

"Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente", explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.

La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.

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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.

A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.

En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.

En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.

Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.

La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.

Para los pueblos originarios no hubo un "nunca más".

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