Diálogo abierto con Atilio Boron este martes 24 de Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100

Cátedra Che Guevara

Universidad de los Trabajadores - IMPA

Todos los martes de 19 a 21 hs. en Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100

Martes 24 de mayo

Diálogo abierto con

Atilio Boron

sobre su nuevo libro

ROSA LUXEMBURG:

"¿Reforma social o revolución?"

Martes 31 de mayo

El Che Guevara y la historia de América Latina

(próximamente enviremos los textos del Che sobre este tema para debatir ese martes 31)

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Detenido un represor a partir de testimonios de ex conscriptos

Detalles de un operativo

Carlos Tomás Macedra logró mantenerse en el anonimato durante 35 años. Ex conscriptos que declararon en la causa de Campo de Mayo lo identificaron como el asesino de Florencia Villagra y el secuestrador de Gustavo Cabezas, y fue detenido. El relato desde adentro.

Por Victoria Ginzberg

Los soldados que hicieron el Servicio Militar en 1976 con José Luis Aguas.

El 10 de mayo de 1976, Gustavo Alejandro Cabezas y Florencia María Villagra estaban repartiendo panfletos en una plaza de Martínez cuando fueron abordados por un grupo de la Sección Segunda de la Compañía Demostración de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo a cargo del teniente primero Carlos Tomás Macedra. A Gustavo lo subieron a un auto y se lo llevaron. Florencia logró desprenderse del soldado que la sujetaba y empezó a correr. Recibió un disparo en la espalda y murió. El relato del hecho figura en la declaración de José Luis Aguas, que en ese momento era un conscripto. Aguas vio y sintió cómo ella se apagaba. La agonía duró un minuto. Hasta que dejó de respirar. Al rato llegó la policía. Un agente se acercó, se agachó al lado del cuerpo e intentó sacarle el reloj y una cadenita. Aguas le mostró la pistola. “Si la tocás, te mato”, lo amenazó.

Macedra está preso. Fue arrestado hace diez días. Había logrado pasar desapercibido durante 35 años. Su nombre no figuraba en la lista de represores denunciados por los organismos de derechos humanos. No fue reconocido por los sobrevivientes, pero ahora fue mencionado por los conscriptos que están declarando en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Estos nuevos testigos permitieron acceder a datos y responsables hasta ahora ocultos y, en este caso, reconstruir en detalle el operativo en el que se secuestró a Gustavo Cabezas y se asesinó a Florencia María Villagra.

Los dos jóvenes fueron interceptados el 10 de mayo de 1976 por un grupo de uniformados en la plaza de Martínez. Eso lo narró el mismo día del hecho José Carballo, que estaba con los chicos mientras repartían o pegaban unos volantes alrededor de la plaza. Carballo, que desapareció el 3 de junio de ese año, logró evadir la patrulla del Ejército y fue a la casa de Thelma Jara de Cabezas –la mamá de Gustavo– a avisar que se habían llevado a sus compañeros.

Aguas relató ante el tribunal que abordaron a Gustavo y Florencia porque mientras patrullaban por la zona su jefe los identificó como “sospechosos”. “El chico era joven, no tendría 18 años, de pelo medio largo, de tez blanca. Y la chica de la misma edad, muy bonita de cara, tenía una campera de jean tipo Lee. Macedra los separa y comienza a interrogar. Estaban muy nerviosos y lo que decían no coincidía”, narró Aguas.

–Estos hijos de punta algo traen, fijate debajo de los autos si hay panfletos o algo que hayan tirado por ahí –le dijo Macedra a Aguas.

El conscripto vio pegatinas en algunas fachadas que hablaban de una reunión universitaria o política. Cuando miró debajo de los autos, vio una bolsa pequeña, pero intentó disimular. Debajo del camión había otra que Macedra también vio, así que no la dejó pasar. El jefe le dijo que la levantara y volviera a la plaza.

Gustavo y Florencia estaban rodeados por soldados. Macedra sacó su 45, le pegó al joven en la cabeza y le dijo: “Hijo de puta, vas a cantar todo lo que sabés”. Los conscriptos se sorprendieron, se quedaron “pasmados” (en palabras de Aguas). El chico sangraba. Lo subieron a la camioneta boca abajo. Florencia logró zafarse de la persona que la estaba sujetando y salió corriendo. Avanzó treinta o cuarenta metros, hasta que Macedra sacó su pistola y gritó: “Parate o te mato”. Tiró dos disparos hacia arriba. El tercero fue hacia el centro de la espalda de la chica, que cayó al piso. Dos soldados, que venían corriendo desde la camioneta, se quedaron paralizados a unos quince metros de Florencia. Aguas se acercó al cuerpo. Florencia jadeaba. El charco de sangre era grande.

El soldado le dijo a Macedra que estaba viva y que había que llamar a una ambulancia. “No, dejá, yo sé dónde le pegué”, fue la respuesta. Aguas se quedó a su lado mientras agonizaba e impidió que un policía rapiñara el cadáver. No vio qué pasó con Gustavo. Un compañero le dijo que lo habían subido a un patrullero.

Cuando llegaron al cuartel, los conscriptos comentaron entre ellos lo que había pasado. Los que se habían quedado dijeron que lo habían escuchado por radio. Que lo habían informado como un enfrentamiento. Los que acababan de llegar aseguraron que no había sido así. Era de madrugada y se fueron a dormir. A las seis de la tarde, Macedra juntó a todo el grupo. “Quiero que sepan que matar a una persona no es nada grato, yo también estoy mal por el hecho sucedido, pero gracias a las declaraciones del detenido hemos encontrado esta bandera y en un domicilio un polígono de tiro”, les dijo y desplegó una bandera del ERP. (Gustavo y Florencia militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, vinculada con Montoneros). Los soldados se mantuvieron en silencio. Macedra agregó: “Ustedes vieron que me tuve que defender, pues me disparó con el treinta y ocho que llevaba en su cartera”. Y se fue. Los conscriptos coincidieron en que lo que decía Macedra no era cierto, pero que era la versión que debían dar para no tener problemas si alguien preguntaba. Muchos estaban nerviosos y no querían salir a patrullar nunca más.

Una colimba particular

“Con esta declaración y la detención de Macedra queda comprobada la importancia de los testimonios de los que hicieron la conscripción en aquellos años. Demuestra que los oficiales y su-boficiales van presos. Tanto los querellantes como los familiares de las víctimas creemos que los conscriptos no tenían más opción que estar ahí, ellos no tienen responsabilidad, incluso hay colimbas desaparecidos, pero necesitamos que se acerquen para que nos ayuden a saber qué pasó con nuestros familiares”, dijo a Página/12 Daniel Cabezas, hermano de Gustavo, que impulsa junto con abogados y familiares de desaparecidos en Campo de Mayo una campaña para que los ex conscriptos se presenten como testigos. A diferencia de la ESMA, en Campo de Mayo hay pocos sobrevivientes y el relato de los ex soldados obligados puede revelar nombres de represores desconocidos o detalles sobre el destino de las víctimas, como en este caso.

Durante su declaración, Aguas narró que entró al Servicio Militar a principios de 1976. Fue destinado a la Escuela de Comunicaciones con asiento en Campo de Mayo y luego al Arsenal Esteban De Luca, en Boulogne. Apenas llegado, le informaron que habría un golpe de Estado. Le enseñaron a entrar en viviendas y desplazarse en patrullas por la ciudad. Golpeaban domicilios, revisaban personas, entraban a hoteles transitorios de la Panamericana, entre otras cosas. “Una vez –contó– se detuvo a una persona porque no tenía documentos y así fue que se detuvo a varias, que eran trasladadas a la comisaría de Boulogne. Casi siempre era a esa comisaría y muy rara vez a la de San Isidro y José León Suárez. Cuando pasábamos por las comisarías dentro del patrullaje, algunos policías decían que alguna persona que habíamos detenido, que no era nadie en especial, no la veríamos más. Primero creí que era una bravuconada, pero después nos dimos cuenta, cuando de- saparecieron dos compañeros de comando y servicios, cuyos nombres no recuerdo, que aquello podía ser cierto.”

Aguas reveló que durante uno de esos “patrullajes” Macedra violó a una chica que había detenido en un “control de autos”. Que él y sus compañeros estuvieron como “grupo de apoyo” en un operativo en la zona de Martínez donde murieron dos personas y que también los llevaron a un sitio donde, según les dijeron, estaba escondido Mario Roberto Santucho, el líder del ERP. Allí se limitaron a mirar, pero “cuando terminó el hecho un grupo de soldados que actuó ingresó a la casa y cuando salían, muchos de ellos vomitaban. Se rumoreaba que en el lugar se encontró un matrimonio, un bebé y otra chica más. Los soldados se preguntaban qué grupo de extremistas estábamos buscando si era una familia”.

El testigo no tuvo contacto con los sitios que, dentro de Campo de Mayo, fueron usados como centros clandestinos de detención. No vio tampoco a secuestrados pero aclaró que cuando hacían guardia, nadie quería que le tocara el puesto 6 porque desde ese lugar se escuchaban gritos de lamentos y de personas que pedían ayuda.

http://casapueblos.blogspot.com/2011/05/detenido-un-represor-partir-de.html

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Legajos desaparecidos

Como en Capital y San Isidro, en San Nicolás estudian viejos casos que pueden ayudar a encontrar jóvenes que fueron apropiados. Pero allí, hay 44 expedientes que no aparecen y un juez que se resiste a entregar dos legajos.

El fiscal de San Nicolás Juan Patricio Murray.

Por Irina Hauser

La fiscalía federal de San Nicolás, que encabeza Juan Patricio Murray, investiga 66 expedientes de guarda y adopción que tramitaron durante la última dictadura, con la sospecha de que al menos algunos de ellos pudieron haber escondido la entrega de hijos de desaparecidos. Es el mismo tipo de rastreo que, como reveló Página/12, están realizando el juez Norberto Oyarbide en los juzgados de menores de Capital Federal y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el juzgado (de la fallecida Ofelia Heft) que dio en adopción a Marcela y Felipe Noble Herrera, mientras la Corte Suprema bonaerense arma una base de datos de consulta permanente sobre procesos de adopción durante el terrorismo de Estado. El caso de San Nicolás pone en evidencia no sólo las irregularidades en los trámites originales de guarda, sino los mecanismos del propio Poder Judicial para, aún hoy, impedir la reconstrucción de historias de vida y la restitución de la identidad de los chicos apropiados. Tan es así que de los expedientes que están en la mira hay 44 que no aparecen, y hasta le abrieron una causa a un juez por resistirse a entregar dos legajos.

El ex juzgado de menores (ahora de responsabilidad penal juvenil) de San Nicolás funciona en una casa. Los expedientes de guardas que ya no están en uso fueron quedando amontonados en una habitación al fondo. “Prácticamente a la intemperie, sucios, con manchas de humedad, rotos”, describía un informe de un grupo de especialistas de Abuelas de Plaza de Mayo, que participaron en esta investigación. “Cuando un joven quiere iniciar una búsqueda sobre su origen biológico esta información es fundamental, dato que los empleados (judiciales) no pueden desconocer”, resaltaba el documento. Tanto Abuelas como la fiscalía que asumió la pesquisa parten de la idea de que el recorrido y las anomalías en los papeles que dan cuenta de guardas y adopciones durante la dictadura podrían facilitar el hallazgo de chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados. A su vez, esta información ayudará a establecer la responsabilidad de los jueces en las apropiaciones, a las que procuraron dar aspecto de legalidad.

El equipo de investigaciones de Abuelas pidió al juzgado de San Nicolás 66 expedientes que debieron haber tramitado allí. La respuesta fue que sólo había 22 y el resto era imposible encontrarlos. La mayoría de los que aparecieron son del período 1976-1979, cuando el juez a cargo era Carlos Marchetti, el mismo que la semana pasada la Cámara Federal de Rosario ordenó volver a investigar por las irregularidades advertidas en la adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien había sido entregado a personas conocidas del magistrado, y recuperó su identidad en 1995.

Marchetti había dado en guarda a Manuel a una prima de su primo. Nunca publicó edictos ni solicitadas para intentar hallar a su familia biológica y el único papel que daría cuenta de “citaciones cursadas a los familiares” sería falsa: estaba firmada supuestamente por el principal Jorge Russo, que dijo que no conocía a Marchetti, y además por su rango no podía rubricar ese trámite. Los adoptantes figuraban como casados –aunque no lo eran– y se obviaron los informes socioambientales propios de una adopción. En 1977, a una pareja de San Nicolás que preguntaba por el chiquito, el juez les dijo: “Muerto el perro se acabó la rabia”. Reconstruir todo esto no fue sencillo ya que faltaba lo fundamental para poder empezar: había sido arrancada la hoja del libro índice que es la que permite identificar el expediente de guarda. En muchos de los casos que están bajo investigación sucedió lo mismo. Faltan esa y otras páginas.

Manuel Goncalves se convirtió en el impulsor de la investigación contra Marchetti, el juez civil de Lomas de Zamora Juan Delfín Castro y otros funcionarios judiciales que posibilitaron la supresión de su identidad. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo los había sobreseído con el increíble argumento –revertido por la Cámara– de que la culpa había sido de Ana, la mamá de Manuel, que como forma de protegerse y protegerlo había cambiado su nombre y el de su bebé.

Los 66 expedientes que Abuelas y la fiscalía de Murray rastrean se corresponden con niños que son hallados y entregados al juzgado como “NN”. Los documentos fueron requeridos al actual juez de esa dependencia, José Emilio Luciano. La primera respuesta del magistrado fue que las causas de guarda con fines de adopción habían sido remitidas a juzgados civiles. Sin embargo, allí informaron que los datos de los libros del juzgado de menores eran inexactos. No fue el único entuerto que tuvieron las Abuelas y la fiscalía con el juez Luciano. Cuando pidieron la búsqueda de los papeles de un caso específico que había sido señalado por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) como el de un probable hijo de desaparecidos, tanto su juzgado como el de la jueza civil Amalia Fernández Balbis contestaron que no los encontraban. El 21 de marzo último fueron intimados por la Suprema Corte bonaerense a “efectuar una exhaustiva búsqueda”, “con la celeridad que el caso amerita”. Para ese entonces, Luciano ya tenía abierta una causa por resistencia a la autoridad por negarse a dar los expedientes de dos menores hijos de desaparecidos. Murray pidió la indagatoria de Luciano a fines del año pasado, pero hasta ahora el juez Villafuerte Ruzo no le hizo lugar.

Luciano fue secretario de Marchetti en el Juzgado Penal Número 3 de San Nicolás entre 1979 y 1984. Allí tramitó la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en la que fue sobreseído hacia finales de la dictadura el ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Luciano luego devino fiscal y, finalmente, juez de menores. Marchetti se fue a la actividad privada. Es abogado personal de Naldo Brunelli, secretario general de la UOM local quien, según fuentes judiciales, tiene un hijo adoptivo dado en guarda por Marchetti en 1977.

Los 44 expedientes faltantes siguen sin aparecer. Como informó este diario, según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, el 30 por ciento de los 104 nietos que pudieron recuperar su identidad “fueron robados por procedimientos de guarda y adopción”, lo que demuestra la importancia de poder sacarlos a la luz.

Agencia de Noticias DH: agenciadenoticiasdh@gmail.com

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La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó un recurso de apelación por la acción penal a miembros de la CNU.

Fallo completo

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó un recurso de apelación presentado contra la decisión que confirmó la vigencia de la acción penal contra los miembros de la agrupación Concentración Nacional Universitaria (CNU), investigados por el homicidio de militantes políticos antes del golpe militar de 1976.

Las defensas de los imputados plantearon la prescripción de la acción, lo que fue rechazado en ambas instancias.

Para los camaristas, “los delitos por los cuales el Fiscal Federal ha requerido instrucción habrían sido una multiplicidad de asesinatos ocurridos en los años 1975 y 1976 y cometidos por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) contra militantes peronistas de izquierda, delitos que se llevaron a cabo a través de recursos estatales y de acuerdo con la política que descendía de los escalones más altos del gobierno nacional”.

Para justificar la categoría de crímenes de lesa humanidad para estos hechos, los jueces indicaron que “ha quedado claro a partir del relato efectuado que existen razones, generadas por la prueba reunida en esta causa, para pensar que los integrantes de la CNU tuvieron intervención en la multiplicidad de delitos denunciados, los cuales fueron cometidos por ellos de manera planificada, a través de la utilización de recursos materiales y humanos del Estado, y de acuerdo con una política, alentada o tolerada por el aparato estatal, de persecución a militantes del peronismo de izquierda y de su eliminación”.

“En tales condiciones, los hechos denunciados pueden calificarse como crímenes contra la humanidad, respecto de los cuales, como sabemos, el instituto de la prescripción no procede”, concluyeron los magistrados.

Fuente: www.cij.gov.ar

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El Congreso docente rechazó los términos de la multa y decidió seguir con el paro

Viernes 20/05 – 09:30

Después de conocida la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de multar a la ADOSAC y AMET con 700 mil y 50 mil pesos respectivamente, se formó un Congreso provincial en Pico Truncado donde los delegados con mandatos de sus asambleas por mayoría decidieron desoír la intimación, plantear una apelación y continuar por el paro indefinido.
Como lo informáramos ayer, la Subsecretaría de Trabajo multó a la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) al pago de 700 mil pesos por los días de paro, al no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el organismo y de la misma manera actuó con AMET (Escuelas Técnicas) gremio al que le impuso una punición de 50 mil pesos. En ambos casos, la multa fue rechazada.
El Congreso Docente que se llevó a cabo en la localidad de Pico Truncado en la tarde de ayer decidió sostener la medida de fuerza por tiempo indeterminado, que ingresa al día 35, recurrir a la Justicia interponiendo una apelación y continuar con la planificación de medidas de protesta, considerándose entre ellas el bloqueo de los accesos a los organismos encargados de viabilizar las inscripciones de los docentes suplentes para cubrir los cargos acéfalos por huelga.
Por su parte los padres han comenzado a generar reclamos ante las autoridades educativas, presentando requerimientos de normalización ante el Consejo Provincial de Educación, tal como sucedió en la tarde de ayer con 14 padres de la cuenca carbonífera que acudieron al CPE y al gremio de la ADOSAC, donde entregaron un petitorio en el cual llaman a las partes a una rueda de conciliación que resuelva el reinicio de las clases.
Los alumnos del nivel polimodal han comenzado a tomar protagonismo a nivel provincial y en localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, las Heras, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, se fundaron distintos movimientos de alumnos autoconvocados que se reúnen, realizan sentadas en los establecimientos, para hoy está prevista una marcha en zona norte, realizan asambleas, invitan a padres, docentes y reclaman por los medios radiales, que tanto el gobierno como el gremio, resuelvan la situación porque esto lleva irremediablemente a la pérdida del año lectivo, con el mayor daño puesto en los cursos que deben articular contenidos con los niveles mayores de la educación, por ejemplo, los de EGB a polimodal o aquellos que terminan el secundario y pasan a la universidad.
Otro de los factores que rebela a padres, alumnos y docentes, es la decisión de las autoridades del CPE de poner en marcha el acuerdo 078, por el cual los docentes y directivos en huelga pueden ser sustituídos por docentes suplentes y en algunos casos idóneos.
Los alumnos sostienen que a nadie le importa la calidad de educación que reciban, los padres en su mayoría están de acuerdo con encontrarle una salida al conflicto pero piensan que no es adecuado tomar docentes sin currículum, sin pasar por determinados filtros que aseguren la calidad de la educación y toman esta medida más como una salida política al conflicto que como un hecho educativamente redituable. Los docentes, por su parte, han visto incrementada su plantilla de paro, porque los Directivos de algunos colegios se niegan a recibir personal en estas condiciones, señalando que los mismos no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la reglamentación y porque no saben en manos de quién están poniendo a los chicos; en tanto ven que la responsabilidad institucional de ellos al frente de las escuelas se ven sensiblemente debilitadas. “No sabemos si el que ingresa tiene antecedentes o no, si llegó ayer y de dónde vino y nos piden que lo pongamos al frente de un grado con 40 chicos y nos hagamos responsables de que esa persona actúe decorosamente. Es inaudito e incomprensible que se piense en términos políticos y no de Educación”, manifestó ayer uno de los directores de escuelas consultados en la ADOSAC.
El gobierno provincial, decidido a no ceder en la coyuntura, considera que ADOSAC está traccionando a través de sus representantes más radicalizados y que lleva adelante una lucha sin otro objetivo que el político. Lo culpa de no acatar la conciliación obligatoria ni el fallo de la Justicia y por tal motivo cierra las puertas de cualquier acercamiento con la cúpula gremial.
El conflicto continúa, todos pueden contar cómo comenzó, pero nadie puede asegurar cómo terminará. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Sin respuesta

Hoy venció la segunda prórroga que le pidió el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para resolver la situación de los jóvenes condenados a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad, investigar las torturas que sufrieron, y la muerte de Ricardo David Videla Fernández. La recomendación del organismo incluye indemnizarlos como víctimas de violación de derechos humanos. Si el Estado no responde, ni resuelve, el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, Lucas Matías Mendoza en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz; César Alberto Mendoza y Claudio David Núñez en la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa; y Saúl Cristián Roldán Cajal y Diego Arce en la Cárcel de Almafuerte, Cacheuta, en Mendoza, continúan esperando sin, siquiera, tener una sola salida transitoria. Ricardo David Videla Fernández, fue el primero de los menores cuya condena a perpetua motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, murió con un cinturón al cuello el 21 de junio de 2005, en una celda del módulo 11 A de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza. Según el Servicio Penitenciario, los guardias lo encontraron colgado de su cinturón. La pericia probó todo lo contrario: las marcas en el cuello indicaron que fue ahorcado desde atrás jalando con un cinturón. Unos días antes, Videla Fernández había escrito dos cartas en las que pedía el cambio de prisión porque tenía miedo de que lo mataran. La denuncia ante la Comisión por los casos de Claudio Núñez, Lucas y César Mendoza, fue realizada por la defensora general de la Nación, la Doctora Stella Maris Martínez. Los tres fueron condenados a penas de reclusión / prisión perpetua, por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad. El 26 de abril pasado, Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías y Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de la Nación. Asistieron también representantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, quienes leyeron una carta escrita por Lucas Mendoza, condenado por el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal a la pena de Prisión Perpetua por hechos cometidos cuando tenía dieciséis años de edad y alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Allí, Lucas cuenta: “Me resulta difícil explicar con palabras, lo que siento, lo que pienso, hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía, me mataron en vida, hoy con treinta años y un hijo de cuatro, con casi ceguera avanzada por desprendimiento de retina "ojo izquierdo producto de un golpe", ojo derecho, por cicatriz de toxoplasmosis. La mayoría de los elementos que hace a una vida normal, uso de celulares, internet, etc., los conozco de forma indirecta, por comentarios. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada. Toda mi posibilidad de socialización está limitada a mi familia y a los internos con los que comparto el encierro. No voy a eludir la responsabilidad de los hechos que me trajeron a la cárcel, solamente quiero destacar que era menor, que no tenía la suficiente madurez como para medir las consecuencias de mi comportamiento. Este es uno de los motivos para que los menores reciban un trato penal diferente”. La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo 37 inciso a): “No se impondrán la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años”. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene menores de edad condenados a la pena máxima. Recomendaciones que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino, el 18 de noviembre de 2010. http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=5732&Itemid=130

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Hostigamiento y persecución contra un denunciante de comisaria sexta de La Plata

(AW) Alejandro Alonso denunció haber sido víctima de torturas en octubre de 2010, por parte de efectivos de la Comisaría 6ta de Tolosa. En la causa, a cargo del Dr. Fernando Cartasegna, no se ha imputado a nadie la comisión de estos delitos, ni citado a declaración indagatoria a mas de 7 meses de producidos los hechos.

COMISION POR LA MEMORIA

Comunicado de prensa

GRAVE PERSECUCION POLICIAL, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS CONTRA JOVEN QUE DENUNCIARA A LA COMISARIA SEXTA DE LA PLATA POR TORTURAS.

Se agrava la persecución policial contra joven que denunció torturas de la comisaría 6ta. Falta de respuesta de los funcionarios judiciales y del Gobierno de la Provincia.

Manifestamos nuestra más profunda preocupación y reclamamos a los órganos judiciales y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se tomen medidas para garantizar la vida y la libertad de HECTOR ALEJANDRO ALONSO.

Alejandro Alonso denunció haber sido víctima de torturas en octubre de 2010, sindicando como supuestos autores a agentes policiales de la Comisaría 6ta de Tolosa. La víctima fue golpeada en la calle, lo pasearon en un patrullero mientras lo amenazaban con pegarle un tiro y arrojarlo al Río de la Plata, luego en la comisaría de Tolosa fue sometido a TORTURAS COMO SUBMARINO SECO, SUBMARINO HUMEDO, y UNA BRUTAL GOLPIZA por parte de una veintena de oficiales. En ese momento Alonso contaba con 17 años de edad.

Estos hechos fueron denunciados el día 6 de octubre de 2010 ante la Unidad Funcional Nº 4 de La Plata, a cargo del Dr. Fernando Cartasegna, quien hasta la fecha continua tramitando la causa caratulada como "Severidades, vejaciones y /o apremios ilegales" siendo que se trata del delito de torturas, asimismo no se ha imputado a nadie la comisión de estos delitos, ni citado a declaración indagatoria a mas de 7 meses de producidos los hechos.

La gravedad de la situación ha llevado a la Organización Mundial Contra la Tortura a solicitar a los Estados Nacional, Provincial y Municipal medidas de protección y de reparación a la víctima, como asimismo una pronta y exhaustiva investigación, apartando del cargo a los funcionarios responsables.

Los hechos de persecución y hostigamiento se han agravado a partir de una orden de allanamiento del 5 de mayo de 2011 solicitada por el mismo fiscal Cartasegna que entiende en la causa de torturas, quien, conociendo los padecimientos sufridos por la victima en manos de la policía avaló este allanamiento en el marco de una causa donde se lo menciona falsamente. El mismo fue extremadamente violento, con roturas en muebles, ropas, puertas. El día 8 de mayo varios autos particulares vidrios polarizados pasaron frente a su domicilio durante el día y la noche, con personal policial de civil. El 11 de mayo de 2011 a las 2,00 hs. un automóvil VWPolo gris con vidrios polarizados se detuvo frente a la casa de la victima y sacaron dos fotos.

Desde la denuncia de torturas la policía, además de constantes persecuciones y hostigamiento, le ha imputado más de una decena de causas, le han realizado varios allanamientos, lo mantuvieron 20 días detenido por una causa armada lo amenazan a él y a su familia, patrulleros de civil lo persiguen y se detienen en la puerta de su casa.

Las torturas padecidas han dejado secuelas graves en el joven, como pérdida de memoria, de la audición del oído derecho y gran temor.

Solicitamos a los órganos judiciales, al Estado Provincial y subsidiariamente al Nacional, responsable del cumplimiento de los tratados internacionales, que investiguen las torturas y se brinde protección al joven, para proteger su vida y que esta democracia no se cobre otra víctima de la violencia policial.

Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. 011-1531772269.

Roberto F. Cipriano García, Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. 0221-156017695.

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA

Director
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Telefóno: 0221-15-6017695

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"Nosotros no salimos a matar, fue un accidente"

(AW) El sargento Millanao intentó librar de culpa con estas palabras al agente Colombil acusado por el asesinato de Diego Bonefoi en junio de 2010.

Millanao: "No salimos a matar, fue un accidente". El Sargento Alfredo Millanao, quien compartió con Colombil el operativo durante el cual Diego Bonefoi fue asesinado, intentó exculpar a su compañero de fuerza. Dijo que perseguían a dos personas distintas, a unos 30 o 40 metros, cuando escuchó un disparo. Según su testimonio ante el Tribunal, Colombil le dijo: "se me escapó" un tiro. "Nosotros no salimos a matar, fue un accidente", afirmó. Enumeró los incumplimientos en la preparación y aporte de material para la realización de tareas de seguridad. Otros dos policías brindaron su testimonio, en un mismo sentido.

Millanao, sargento de la Policía, brindó su testimonio ante el Tribunal que juzga al cabo Sergio Colombil, y aseguró que el acusado de dar muerte a Bonefoi le dijo que se le "escapó" el tiro que terminó con la vida del joven.
Durante su testimonio intentó desvincular al imputado, y explicó que "no salimos a matar". Millanao confirmó que las armas del grupo de cuatro policías que actuaron ya estaba cargadas, porque venían de un procedimiento anterior por un robo en una Iglesia del barrio El Frutillar. Justificó que no descargaron las armas, ya que requiere "medidas de seguridad". Luego de ese operativo, según su relato, observaron al grupo que comenzaron a perseguir. Entre ellos estaba Bonefoi. Según el testimonio, los perseguidos comenzaron a correr y a tirar mochilas y otros elementos.
El sargento de la Policía indicó que corrió a otra persona, y que se encontraba a unos "30 o 40 metros" de la persecución que lideraba Colombil.
En varias oportunidades, el Fiscal de Cámara Carlos López contrapuso el testimonio con lo dicho por el sargento pocas horas después del hecho, durante la instrucción.
Durante varios minutos, el testigo detalló el lugar del inicio del procedimiento, así como las condiciones climáticas y de visibilidad, ambas escasas.
Según indicó, mientras corría a uno de los integrantes del grupo en la plaza del Barrio Boris Furman -con el arma en su cartuchera-, escuchó un disparo, y al acercarse al lugar pudo observar a Colombil y el cuerpo de Bonefoi en el piso.
"Cuando llegué Colombil miraba hacia mi, y el pibe estaba caído y sangrando. Pensé que lo había reducido", dijo, ya agregó que el policía acusado "tenía el garrote en la mano, y me decía 'se me escapó'".
El fiscal de Cámara le recordó que en esa oportunidad Colombil también le dijo "le pegué en la cabeza".
"No salimos a matar, fue un accidente", insistió, pero admitió que no observó que los perseguidos portaran armas. "Al que más cerca tenía no le vi ni las manos", agregó.

Fuente: El Mensajero

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Tres nuevos heridos

Por Irina Hauser

A cinco meses de la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano, siguen apareciendo personas que fueron heridas con perdigones de plomo durante aquel operativo. Sus testimonios y la evidencia de los orificios que les dejaron las balas en el cuerpo son fundamentales en la investigación judicial, a cargo del fiscal Sandro Abraldes, porque confirman que los disparos no provenían de armas tumberas sino de escopetas compatibles con las que usan tanto la Policía Metropolitana como la Policía Federal, protagonistas del feroz despliegue. Un dato clave es que estos testigos fueron baleados casi a la misma hora y en puntos muy próximos de donde cayeron muertos Rosemarie Churapuña y Bernardo Salgueiro. Se conocieron, además, imágenes tomadas por cámaras de la Autopista 7 que comprometerían a la policía porteña en el asesinato de la chica.

Churapuña y Salgueiro fueron asesinados ese 7 de diciembre a la nochecita, cuando las policías desataron la represión. Los mataron en dos extremos del Indoamericano distantes entre sí y sin embargo les extrajeron perdigones prácticamente iguales. Ninguno de los dos participaba de la toma, estaban mirando. A él lo mataron en el ingreso a la villa 20. A ella, a 250 metros del cruce entre la Autopista 7 y Castañares. Desde un comienzo, la policía intentó instalar la teoría de que los plomos provenían de armas de fabricación casera accionadas en el enfrentamiento con ocupas y vecinos. El testimonio de Wilson Fernández Prieto fue el primero en contradecir esa versión: tiene un orificio de bala en el hombro izquierdo, otra le arrancó parte de la oreja derecha y dijo que pudo ver a policías disparar desde el puente de Escalada (donde había federales y metropolitanos) hacia donde estaba él, también en la villa 20. Poco después denunció seguimientos e interrogatorios policiales irregulares.

Hace algunas semanas, la fiscalía de Abraldes dio con otros tres jóvenes heridos en Soldati, en la misma jornada y en horarios próximos, al analizar la lista de pacientes que habían ingresado para atenderse en los hospitales cercanos, explicaron allegados a la causa. Los peritos de Gendarmería evaluaron las heridas que presentan dos de ellos, con orificios de entrada y salida (los proyectiles no están) y dijeron que son propias de municiones de plomo compatibles con escopetas policiales.

José Ronald Meriva Guzmán vive en la villa 20 y estaba llegando del trabajo cuando vio gente corriendo por la avenida Escalada, algunos lanzando piedras, hacia la entrada a su barrio. Bajó por el terraplén, pegado a un cementerio de autos, y en paralelo veía policías “de negro”. Al voltearse hacia el puente sintió “un calor” en la pierna. Un perdigón se la había atravesado. Guzmán dijo que, cerca, vio a un hombre herido en la oreja, que sería Wilson. En un punto cercano mataron a Salgueiro. La querella que representa a su familia llevó a declarar el lunes a un hombre que estaba junto a él. No sólo dijo que vio a la policía gatillar: mostró que él recibió un tiro en la pierna.

Miguel Angel Montoya se encontraba en la otra punta del predio. Estaba, dijo, en la casa de un amigo suyo en Los Piletones, cuando recibió el aviso de que habían herido a un conocido. Salió, escuchó escopetazos y cruzó la Autopista 7, donde vio un camión hidrante, además de agentes policiales arriba y al costado. También vio a tres o cuatro uniformados dentro del Indoamericano tirando bombas de gas hacia la gente, que devolvía con piedras. Fue cerca de las 20.30, precisó. “Escuché un disparo. Dos balas me pegaron en el cuerpo (en la pierna y sobre la cintura) y otra me agujereó la remera”, recordó ante la fiscalía. Montoya aceptó hacer una reconstrucción en el lugar y se situó en un punto muy cercano a donde asesinaron a Churapuña. Una de las pruebas fuertes que corroboran este relato y complican a la Policía Metropolitana sobre su accionar en ese sector del parque es una filmación de las cámaras de la autopista, que registra el avance de un grupo de sus agentes en dirección a ese punto y a la hora señalada por Montoya. El otro hombre herido debía declarar el lunes último, pero faltó.

Abraldes les pidió a los jefes de la Federal y de la Metropolitana que informen qué policías integraban tanto el grupo del puente de Escalada como el que está filmado llegando a la autopista. Hasta ahora sólo fueron señalados dos hombres de la policía porteña. En la causa aún no hubo llamados a indagatoria por los homicidios y heridos. También se investiga un tercer asesinato, el de Emiliano Canaviri, que ocurrió dos días después, cuando ocupaba un predio lindero al Indoamericano.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-168445-2011-05-19.html

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Los nombres del 601

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) presentó ayer una lista con los nombres y responsabilidades específicas de 915 civiles y 108 suboficiales que prestaron servicios en el Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura militar. La presentación se hizo en el marco de la investigación a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, “Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino y otros sobre privación ilegítima de la libertad”. Como resultado de esta última entrega, ascendió a 6030 el número de agentes de inteligencia civiles y militares identificados, luego de que esta información permaneciera archivada y con carácter secreto durante 27 años. Con anterioridad se presentaron los nombres de 712 espías provenientes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) a pedido del juez federal de Bahía Blanca Eduardo Testoni, en la causa “Investigación de delito de lesa humanidad (Armada Argentina). A partir del decreto presidencial 4/2010, promovido desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, se abrieron los archivos que contienen información calificada como “secreto de Estado” entre 1976 y 1983. En enero del año pasado, el ANM entregó al juez federal Ariel Lijo un primer listado con nombres y funciones que revistaban 1599 civiles y 345 militares en el Batallón porteño 601, y de 2535 agentes civiles de inteligencia que se desempeñaron en distintos destacamentos y secciones de inteligencia del país. El Batallón 601 reunió personal de todos los servicios de inteligencia y Di Lello es uno de los primeros avocados a investigar su rol.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-168462-2011-05-19.html

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