Carga 16 muertos el gobierno de los DDHH
Por María del Carmen Verdú
05/08/11 - 11:31
La empresa Ledesma, de la familia Blaquier, posee más de 150 mil hectáreas en Jujuy. Se calcula que mucho menos del 1% de ese latifundio alcanzaría para resolver la acuciante falta de viviendas en la zona, que empujó a unas 700 familias a ocupar un predio de 15 hectáreas en Libertador General San Martín. Desde la ocupación, fueron víctimas de crecientes amenazas de la empresa y del Gobierno hasta que el 28 de julio, a las seis de la mañana, la represión se hizo efectiva de la peor manera. La Policía provincial, por órdenes del Gobierno, representada por un juez que intervino a pedido de la empresa, los echó a sangre y fuego.
Hubo más de sesenta heridos con proyectiles de armas de fuego; los gases causaron la intoxicación de centenares, entre ellos varios bebés, y fueron asesinados Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Con la muerte de Juan Sosa Velázquez, ingresado al hospital en estado grave, sumaron cuatro las personas muertas, a las que se agrega un policía, probablemente víctima de “fuego amigo”.
Por María del Carmen Verdú
05/08/11 - 11:31
La empresa Ledesma, de la familia Blaquier, posee más de 150 mil hectáreas en Jujuy. Se calcula que mucho menos del 1% de ese latifundio alcanzaría para resolver la acuciante falta de viviendas en la zona, que empujó a unas 700 familias a ocupar un predio de 15 hectáreas en Libertador General San Martín. Desde la ocupación, fueron víctimas de crecientes amenazas de la empresa y del Gobierno hasta que el 28 de julio, a las seis de la mañana, la represión se hizo efectiva de la peor manera. La Policía provincial, por órdenes del Gobierno, representada por un juez que intervino a pedido de la empresa, los echó a sangre y fuego.
Hubo más de sesenta heridos con proyectiles de armas de fuego; los gases causaron la intoxicación de centenares, entre ellos varios bebés, y fueron asesinados Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Con la muerte de Juan Sosa Velázquez, ingresado al hospital en estado grave, sumaron cuatro las personas muertas, a las que se agrega un policía, probablemente víctima de “fuego amigo”.
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Pese a la represión, los pobladores resistieron y se defendieron con lo poco a su alcance, mostrando que sólo la organización y la lucha dan salida a los problemas del pueblo trabajador. Apenas pudieron, las familias recuperaron el terreno, recibiendo el apoyo de muchas más, por lo que hoy el predio está habitado por más de mil familias dispuestas a defender sus derechos.
Mientras tanto, vimos y escuchamos en los medios las excusas y argumentaciones oficiales de siempre. El intendente Ale culpó al juez por haber ordenado el desalojo 24 horas antes de cerrar su juzgado por la feria de invierno, y dijo que intervino personal de seguridad de la empresa. La empresa se lavó las manos y cargó contra la Policía. El gobernador kirchnerista Barrionuevo puso los ojos en blanco y dijo algo como “qué barbaridad...”, y su jefe y antecesor, hoy presidente de la cámara de diputados, Eduardo Fellner, la gran espada kirchnerista del norte, trató de despegar de toda responsabilidad al Gobierno diciendo que los compañeros se mataron entre ellos...
Fellner, recordemos, fue quien abrió el marcador de muertos por el kirchnerismo en la represión a la protesta, con el fusilamiento policial del joven Luis Cuéllar el 10 de octubre de 2003, cuando miles de manifestantes protestaban frente a la comisaría de Libertador General San Martín por la muerte en la tortura, el 4 de octubre, de otro joven, Cristian Ibáñez.
Con los sucesos en Libertador suman 64 los muertos en la protesta desde 1995. De ellos, 16 fueron autoría del gobierno peronista de los Kirchner: Luis Cuéllar en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007, Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008 y nueve en el curso de 2010. Facundo Vargas en enero, en una movilización contra el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche; en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados, y los tres muertos del Parque Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en Formosa.
Así, los Kirchner, primeros lejos desde 1983 en materia de muertes por represión preventiva (más de 1.700 asesinados por el gatillo fácil o la tortura, a un ritmo de un asesinado por día), alcanzan un cómodo segundo lugar en el podio de represión selectiva a la protesta, superando largamente a Menem (dos muertos, Víctor Choque en Tierra del Fuego y Teresa Rodríguez en Neuquén) y Duhalde (dos muertos, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda). Sólo los opaca, por ahora, el récord del gobierno radical-frepasista de Fernando De la Rua, con 44 muertos (Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes; Aníbal Verón, José Barrios y Carlos Santillán en Salta, y 39 en todo el país, entre el 19 y 20 de diciembre de 2001).
*Militante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
De los pliegos enviados por el Ejecutivo al Senado surge una variada oferta para cubrir las vacantes en las provincias. Abundan los secretarios de juzgados con causas relevantes.
Un mix de jóvenes brillantes, veteranos de larga trayectoria y abogados de curioso historial desembarcará en los juzgados federales del interior del país, cuando el Senado preste acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo hace poco más de una semana.
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Acaso la postulación más llamativa sea la de Juan Carlos Nacul para el Juzgado Federal Nº2 de Jujuy. En el pasado, fue defensor de Mario “Malevo” Ferreyra, el ex comisario tucumano que, acechado por las imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, se suicidó frente a las cámaras de Crónica TV. Nacul incluso le dio empleo en su estudio jurídico para completar los requisitos del régimen de salidas laborales del ex policía.
Hoy, cerca de los 60 años de edad, Nacul completa su trayectoria en la justicia desembarcando en un cargo de juez. La perseverancia dio resultados: participó de más de 20 concursos del Consejo de la Magistratura.
Otro “veterano” ocupará un cargo de vocal en la Cámara Federal de San Martín. Se trata del juez de primera instancia Juan Manuel Yalj, de 63 años de edad y de fugaces apariciones mediáticas a finales del año pasado, cuando ordenó excavaciones en Campo de Mayo buscando el cadáver del asesinado ex líder del ERP Mario Roberto Santucho, o más recientemente a principios de este año, cuando investigó un choque de trenes en la localidad bonaerense de San Miguel.
Por Néstor Espósito
Fuente: Tiempo Argentino
Pese a la represión, los pobladores resistieron y se defendieron con lo poco a su alcance, mostrando que sólo la organización y la lucha dan salida a los problemas del pueblo trabajador. Apenas pudieron, las familias recuperaron el terreno, recibiendo el apoyo de muchas más, por lo que hoy el predio está habitado por más de mil familias dispuestas a defender sus derechos.
Mientras tanto, vimos y escuchamos en los medios las excusas y argumentaciones oficiales de siempre. El intendente Ale culpó al juez por haber ordenado el desalojo 24 horas antes de cerrar su juzgado por la feria de invierno, y dijo que intervino personal de seguridad de la empresa. La empresa se lavó las manos y cargó contra la Policía. El gobernador kirchnerista Barrionuevo puso los ojos en blanco y dijo algo como “qué barbaridad...”, y su jefe y antecesor, hoy presidente de la cámara de diputados, Eduardo Fellner, la gran espada kirchnerista del norte, trató de despegar de toda responsabilidad al Gobierno diciendo que los compañeros se mataron entre ellos...
Fellner, recordemos, fue quien abrió el marcador de muertos por el kirchnerismo en la represión a la protesta, con el fusilamiento policial del joven Luis Cuéllar el 10 de octubre de 2003, cuando miles de manifestantes protestaban frente a la comisaría de Libertador General San Martín por la muerte en la tortura, el 4 de octubre, de otro joven, Cristian Ibáñez.
Con los sucesos en Libertador suman 64 los muertos en la protesta desde 1995. De ellos, 16 fueron autoría del gobierno peronista de los Kirchner: Luis Cuéllar en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007, Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008 y nueve en el curso de 2010. Facundo Vargas en enero, en una movilización contra el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche; en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados, y los tres muertos del Parque Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en Formosa.
Así, los Kirchner, primeros lejos desde 1983 en materia de muertes por represión preventiva (más de 1.700 asesinados por el gatillo fácil o la tortura, a un ritmo de un asesinado por día), alcanzan un cómodo segundo lugar en el podio de represión selectiva a la protesta, superando largamente a Menem (dos muertos, Víctor Choque en Tierra del Fuego y Teresa Rodríguez en Neuquén) y Duhalde (dos muertos, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda). Sólo los opaca, por ahora, el récord del gobierno radical-frepasista de Fernando De la Rua, con 44 muertos (Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes; Aníbal Verón, José Barrios y Carlos Santillán en Salta, y 39 en todo el país, entre el 19 y 20 de diciembre de 2001).
*Militante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
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Opinión: Es indignante escuchar al Sr. Florencio Randazzo (Ministro del interior) decir en el programa 6-7-8, que de las pericias de balística se pudo determinar que las balas eran calibre 22 y por ende, intenta con este dicho desligar a la policía provincial de toda responsabilidad sobre las muerte y así a todos los políticos responsables de la represión, dejando a criterio de la "justicia" las responsabilidades sobre los asesinatos que se dieron claramente en el marco de una represión a la protesta social que exige su derecho a la tierra y la vivienda.
Opinión: Es indignante escuchar al Sr. Florencio Randazzo (Ministro del interior) decir en el programa 6-7-8, que de las pericias de balística se pudo determinar que las balas eran calibre 22 y por ende, intenta con este dicho desligar a la policía provincial de toda responsabilidad sobre las muerte y así a todos los políticos responsables de la represión, dejando a criterio de la "justicia" las responsabilidades sobre los asesinatos que se dieron claramente en el marco de una represión a la protesta social que exige su derecho a la tierra y la vivienda.
viernes, 5 de agosto de 2011
Déjà vu de Julio
La multitudinaria marcha organizada por el espacio Memoria, Verdad y Justicia y la CCC partió ayer por la tarde desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, con el objetivo de exigir el castigo para todos los responsables de las tres victimas fatales ocurridas en la toma de Libertador General San Martín, Jujuy durante la madrugada del pasado jueves, la liberación de los detenidos, y el cese de la represión policial en las protestas sociales.
nota completa: Agencia Walsh
audios relacionados: Pateando el tablero
lunes, 1 de agosto de 2011
MARTES 2 DE AGOSTO JORNADA NACIONAL DE LUCHA
La brutal represión a las familias que ocupaban un predio de 40 hectáreas en el Ingenio Ledesma en la Provincia de Jujuy, llevada adelante por la policía de la Provincia y los guardias privados de la familia Blacquier, provocó el asesinato de tres compañeros de la Corriente Clasista y Combativa: Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velásquez, más de 60 heridos y 22 compañeros detenidos.
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Hacemos responsables de estos hechos al gobierno de la Provincia de Jujuy junto con la familia Blacquier, y al gobierno nacional que los protege y que es responsable político por el asesinato de 13 luchadores populares en el último año.
Exigimos al gobierno:
·Basta de represión y asesinatos a luchadores populares.
·Libertad inmediata a todos los detenidos.
·Castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y asesinatos .
·Tierra, vivienda, trabajo, salarios dignos para todos los trabajadores ocupados y desocupados.
·Expropiación ya de las tierras a los Blaquier y entrega a las familias que las ocupan.
MARTES 2 DE AGOSTO JORNADA NACIONAL DE LUCHA 16HS MARCHA CONGRESO A PLAZA DE MAYO
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
Hacemos responsables de estos hechos al gobierno de la Provincia de Jujuy junto con la familia Blacquier, y al gobierno nacional que los protege y que es responsable político por el asesinato de 13 luchadores populares en el último año.
Exigimos al gobierno:
·Basta de represión y asesinatos a luchadores populares.
·Libertad inmediata a todos los detenidos.
·Castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y asesinatos .
·Tierra, vivienda, trabajo, salarios dignos para todos los trabajadores ocupados y desocupados.
·Expropiación ya de las tierras a los Blaquier y entrega a las familias que las ocupan.
MARTES 2 DE AGOSTO JORNADA NACIONAL DE LUCHA 16HS MARCHA CONGRESO A PLAZA DE MAYO
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
lunes, 25 de julio de 2011
Los represores votan a Del Ser.
La “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, que simpatiza con la candidatura de Eduardo Duhalde, anticipó su apoyo a Del Sel en las elecciones del domingo en Santa Fe. Revelaron que están trabajando en su campaña.
El candidato del PRO, Miguel Del Sel, tiene el respaldo de los involucrados en causas por la represión.
El candidato del PRO, Miguel Del Sel, tiene el respaldo de los involucrados en causas por la represión.
Por Diego Martínez
Los nostálgicos de la capucha anticiparon su voto para las elecciones santafesinas. Según la “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, creada por condenados y/o procesados por crímenes de lesa humanidad con el fin supremo de “lograr la libertad” de sí mismos, “la Familia Militar, de las Fuerzas de Seguridad y muchos civiles tiene tomada la decisión de votar por el candidato que representa la voluntad plenamente opositora al Gobierno”. El elegido por los seguidores de Eduardo Duhalde, que en la presentación de su fórmula abogó por “cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia” pero para los represores “ha asumido un compromiso concreto en relación con nuestros intereses finalizando definitivamente con los juicios” (Circular 12, 7/7/11), no es otro que Miguel Del Sel, el cómico a quien Mauricio Macri convenció para que se postulara en nombre del PRO, según contó el jueves ante la animadora Susana Giménez. El PRO tiene al menos otro candidato consustanciado con la causa de la impunidad: el abogado Néstor Oroño, defensor de represores santafesinos, entre otros el condenado civil de inteligencia y violador de secuestradas Horacio Américo Barcos.
Los nostálgicos de la capucha anticiparon su voto para las elecciones santafesinas. Según la “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, creada por condenados y/o procesados por crímenes de lesa humanidad con el fin supremo de “lograr la libertad” de sí mismos, “la Familia Militar, de las Fuerzas de Seguridad y muchos civiles tiene tomada la decisión de votar por el candidato que representa la voluntad plenamente opositora al Gobierno”. El elegido por los seguidores de Eduardo Duhalde, que en la presentación de su fórmula abogó por “cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia” pero para los represores “ha asumido un compromiso concreto en relación con nuestros intereses finalizando definitivamente con los juicios” (Circular 12, 7/7/11), no es otro que Miguel Del Sel, el cómico a quien Mauricio Macri convenció para que se postulara en nombre del PRO, según contó el jueves ante la animadora Susana Giménez. El PRO tiene al menos otro candidato consustanciado con la causa de la impunidad: el abogado Néstor Oroño, defensor de represores santafesinos, entre otros el condenado civil de inteligencia y violador de secuestradas Horacio Américo Barcos.
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La Uppra es el último sello de los militares y civiles que reivindican el terrorismo de Estado y que a un lustro del inicio de los procesos sigue teniendo como mascarón de proa a Cecilia Pando. La primera “circular” de la agrupación, el 13 de mayo, puede leerse en la web de la más antigua “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos” (AFyAPPA), que incluye entre sus secciones a la revista B1, ahora rebautizada como Madriz, y a la columna de reflexiones “Pensando con Cecilia”.
“Somos más de mil procesados, encarcelados, etcétera”, se presenta la Uppra, sin nombres y apellidos. “Estamos transitando una nueva etapa del conflicto iniciado en los setenta”, explican, y “queremos involucrarnos directamente” debido a “la extrema importancia que adquiere el próximo proceso electoral en razón de las consecuencias que su resultado pueda tener en el futuro de la Patria y en particular sobre el nuestro”, se sinceran en su carta de presentación. Admiten que en procesos penales son indefendibles (“sabemos que la solución del problema es de carácter esencialmente político”) y agradecen a los sellos que los precedieron: AFyAPPA, los Hijos y Nietos (HyNPPA), y los Abogados por la Justicia y la Concordia, el “apéndice para tareas sucias” de la Corporación de Abogados Católicos, según la definición del titular del CELS Horacio Verbitsky.
“La creación de la Uppra tiene por objeto lograr la libertad de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles que permanecen en cautiverio debido a supuestos ‘delitos de lesa humanidad’”, precisaron a principios de mayo los represores, que sólo omitieron a los religiosos en la enumeración. La liberación “deberá producirse en un plazo perentorio –rogaron–, mediante el pleno restablecimiento de la vigencia de la Constitución y de los Derechos y Garantías que de ella emanan”. Aseguraron que “no habrá en nuestra Patria plena vigencia del Estado de Derecho y la correlativa Seguridad Jurídica mientras perdure nuestra situación” y propusieron “apoyar a todas las organizaciones, personas y fuerzas políticas que se comprometan activamente a promover nuestra libertad y que exhiban para ello las acciones y compromisos pertinentes”.
Las circulares posteriores sugieren escasa acogida. El 1º de junio informaron sobre la creación de “pelotones en cada localidad con tareas de reclutamiento y propaganda” pero nunca informaron a qué candidatos apoyan. Ante las elecciones porteñas aclararon que no apoyaban a López Murphy porque nunca mencionó “el tema de los presos políticos” y reivindicaron a Duhalde sin mencionar a su delfín, Jorge Todesca. Del Sel es el primer candidato al que apoyan explícitamente. “Hay camaradas, familiares y amigos trabajando intensamente en Santa Fe y Rosario, involucrándose en la campaña y como fiscales”, escribieron. “Las elecciones en Santa Fe serán un nuevo hito en la carrera descendente del kirchnerismo”, se esperanzan.
Fuente: Pagina 12
La Uppra es el último sello de los militares y civiles que reivindican el terrorismo de Estado y que a un lustro del inicio de los procesos sigue teniendo como mascarón de proa a Cecilia Pando. La primera “circular” de la agrupación, el 13 de mayo, puede leerse en la web de la más antigua “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos” (AFyAPPA), que incluye entre sus secciones a la revista B1, ahora rebautizada como Madriz, y a la columna de reflexiones “Pensando con Cecilia”.
“Somos más de mil procesados, encarcelados, etcétera”, se presenta la Uppra, sin nombres y apellidos. “Estamos transitando una nueva etapa del conflicto iniciado en los setenta”, explican, y “queremos involucrarnos directamente” debido a “la extrema importancia que adquiere el próximo proceso electoral en razón de las consecuencias que su resultado pueda tener en el futuro de la Patria y en particular sobre el nuestro”, se sinceran en su carta de presentación. Admiten que en procesos penales son indefendibles (“sabemos que la solución del problema es de carácter esencialmente político”) y agradecen a los sellos que los precedieron: AFyAPPA, los Hijos y Nietos (HyNPPA), y los Abogados por la Justicia y la Concordia, el “apéndice para tareas sucias” de la Corporación de Abogados Católicos, según la definición del titular del CELS Horacio Verbitsky.
“La creación de la Uppra tiene por objeto lograr la libertad de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles que permanecen en cautiverio debido a supuestos ‘delitos de lesa humanidad’”, precisaron a principios de mayo los represores, que sólo omitieron a los religiosos en la enumeración. La liberación “deberá producirse en un plazo perentorio –rogaron–, mediante el pleno restablecimiento de la vigencia de la Constitución y de los Derechos y Garantías que de ella emanan”. Aseguraron que “no habrá en nuestra Patria plena vigencia del Estado de Derecho y la correlativa Seguridad Jurídica mientras perdure nuestra situación” y propusieron “apoyar a todas las organizaciones, personas y fuerzas políticas que se comprometan activamente a promover nuestra libertad y que exhiban para ello las acciones y compromisos pertinentes”.
Las circulares posteriores sugieren escasa acogida. El 1º de junio informaron sobre la creación de “pelotones en cada localidad con tareas de reclutamiento y propaganda” pero nunca informaron a qué candidatos apoyan. Ante las elecciones porteñas aclararon que no apoyaban a López Murphy porque nunca mencionó “el tema de los presos políticos” y reivindicaron a Duhalde sin mencionar a su delfín, Jorge Todesca. Del Sel es el primer candidato al que apoyan explícitamente. “Hay camaradas, familiares y amigos trabajando intensamente en Santa Fe y Rosario, involucrándose en la campaña y como fiscales”, escribieron. “Las elecciones en Santa Fe serán un nuevo hito en la carrera descendente del kirchnerismo”, se esperanzan.
Fuente: Pagina 12
viernes, 22 de julio de 2011
Comunicado de Prensa. 19 de julio de 2011, Buenos Aires, Argentina
Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 840
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
En los últimos días amanecimos con la noticia de que no hay elementos contundentes, de acuerdo a lo analizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que indiquen Marcela y Felipe Noble Herrera sean hijos de nuestros compañeros detenidos-desaparec idos. Aunque todavía falta una instancia de prueba que será la definitiva, el grupo Clarín disparó desde sus múltiples medios contra la lucha por los derechos humanos.
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Ya no hay quien dude, aunque en algunos tribunales se sigan negando a llamar las cosas por su nombre, que la dictadura perpetró un genocidio en la Argentina, que pretendía romper con cualquier lazo fraterno y solidario. Una de las formas que adquirió ese genocidio fue la del robo sistemático de los hijos de nuestros compañeros. Cerca de 500 bebés fueron arrancados de los brazos de nuestras compañeras detenidas. Más de 300 siguen portando la identidad que sus apropiadores les asignaron, siguen sin saber por qué luchaban sus padres, qué sueños tenían para ellos.
Marcela y Felipe pueden ser los hijos de nuestros compañeros. Semanas atrás, después de una década de dilaciones y tras un abrupto cambio de postura, se hicieron los análisis para ver si efectivamente lo eran. Los resultados se cruzaron con dos familias que se esperanzaban con encontrar a los bebés- hoy hombres y mujeres- que buscaron durante años y años. La segunda parte de la evaluación concluyó la semana pasada y no aportó pruebas concluyentes. Habrá que esperar hasta que termine la feria judicial y, quizás, más también para que el peritaje continúe. Lo que no dicen los medios de la Señora Ernestina Herrera de Noble- que tanto supo codearse y fotografiarse con los genocidas que secuestraban, torturaban, asesinaban, desaparecían a nuestros compañeros y también les robaban los hijos- es que en el BNDG no están los datos de las 500 familias que buscan a los chicos, que hay poco más de la mitad; que inclusive había muchas familias que, debido a la clandestinidad a que nos habían impuesto los genocidas para cuidar la vida, no sabían que sus hijos estaban en pareja o esperaban un bebé o que hay familias que no pueden dar su ADN porque fueron totalmente masacradas, excepto el bebé apropiado. ¿A qué se debe que estemos en esta situación? A que durante décadas el Estado no hizo lo que debe hacer. No procuró identificar a los chicos y tampoco abrió los archivos. No lo hicieron tampoco Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner, que siguen cuidando los secretos bien guardados de los genocidas, aunque muchos de los funcionarios del actual gobierno se llenen la boca hablando de los derechos humanos y pretendan hacernos creer que debemos agradecerles a ellos que un puñado de los represores se estén sentando en el banquillo de los acusados por algunos de sus tantos crímenes. Permítannos recordárselos nuevamente: Si hay alguien que tiene el mérito de estar metiendo en la cárcel a los genocidas es este pueblo que luchó contra la impunidad que los gobiernos democráticos les granjearon.
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
En los últimos días amanecimos con la noticia de que no hay elementos contundentes, de acuerdo a lo analizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que indiquen Marcela y Felipe Noble Herrera sean hijos de nuestros compañeros detenidos-desaparec idos. Aunque todavía falta una instancia de prueba que será la definitiva, el grupo Clarín disparó desde sus múltiples medios contra la lucha por los derechos humanos.
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Ya no hay quien dude, aunque en algunos tribunales se sigan negando a llamar las cosas por su nombre, que la dictadura perpetró un genocidio en la Argentina, que pretendía romper con cualquier lazo fraterno y solidario. Una de las formas que adquirió ese genocidio fue la del robo sistemático de los hijos de nuestros compañeros. Cerca de 500 bebés fueron arrancados de los brazos de nuestras compañeras detenidas. Más de 300 siguen portando la identidad que sus apropiadores les asignaron, siguen sin saber por qué luchaban sus padres, qué sueños tenían para ellos.
Marcela y Felipe pueden ser los hijos de nuestros compañeros. Semanas atrás, después de una década de dilaciones y tras un abrupto cambio de postura, se hicieron los análisis para ver si efectivamente lo eran. Los resultados se cruzaron con dos familias que se esperanzaban con encontrar a los bebés- hoy hombres y mujeres- que buscaron durante años y años. La segunda parte de la evaluación concluyó la semana pasada y no aportó pruebas concluyentes. Habrá que esperar hasta que termine la feria judicial y, quizás, más también para que el peritaje continúe. Lo que no dicen los medios de la Señora Ernestina Herrera de Noble- que tanto supo codearse y fotografiarse con los genocidas que secuestraban, torturaban, asesinaban, desaparecían a nuestros compañeros y también les robaban los hijos- es que en el BNDG no están los datos de las 500 familias que buscan a los chicos, que hay poco más de la mitad; que inclusive había muchas familias que, debido a la clandestinidad a que nos habían impuesto los genocidas para cuidar la vida, no sabían que sus hijos estaban en pareja o esperaban un bebé o que hay familias que no pueden dar su ADN porque fueron totalmente masacradas, excepto el bebé apropiado. ¿A qué se debe que estemos en esta situación? A que durante décadas el Estado no hizo lo que debe hacer. No procuró identificar a los chicos y tampoco abrió los archivos. No lo hicieron tampoco Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner, que siguen cuidando los secretos bien guardados de los genocidas, aunque muchos de los funcionarios del actual gobierno se llenen la boca hablando de los derechos humanos y pretendan hacernos creer que debemos agradecerles a ellos que un puñado de los represores se estén sentando en el banquillo de los acusados por algunos de sus tantos crímenes. Permítannos recordárselos nuevamente: Si hay alguien que tiene el mérito de estar metiendo en la cárcel a los genocidas es este pueblo que luchó contra la impunidad que los gobiernos democráticos les granjearon.
La violencia del “Campo de la Rural” en la Mesa de Enlace contra campesinos e indígenas.
El pasado 7 de junio, en Santiago del Estero, Argentina, se denunciaban públicamente los pedidos de detención y allanamiento para 12 integrantes del MOCASE-VC, por parte del Juez Tarchini Saavedra, con falsas imputaciones para legitimar la usurpación por parte de la empresa Julianes Hnos., de 10.000 has en el paraje la Flor, Dto Alberdi, afectando a más de 50 familias campesinas e indígenas.
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La primera semana de julio atacaron a tiros la comunidad “La Overa”, en el departamento Albedi, y hace dos meses, otro grupo armado por empresarios de los agronegocios, atacó a vecinos de “El Hoyo” y amenazaron a niños y niñas de la escuela primaria.
El intento de la empresa Julianes Hnos. de alambrar la posesión campesina ha continuado con mucha más violencia. Esta vez quisieron asesinar a dos pobladores, uno de ellos de 72 años de edad. Los pobladores afectados son de los parajes La Avenida, Aibalito, Sol de Mayo, Monte Rico, Santa Marina, Simbol, integrantes de la Comunidad Indígena Lule-Vilela Ashca Caycu (Pers Jur. INAI N° 662), que habían denunciado que el alambrado reduce el territorio de pastoreo en común que poseen; Tres días antes andaban camionetas en la zona empresarios de Santa Fe averiguando por el campo. Hugo Juárez es uno de los matones contratados por los Julianes, y por otros terratenientes, este ya se había presentado en la casa de la familia Salto el día 28 de junio.
contactos: 03844-15408668//03844-15459275
Fuente: www.mnci.org.ar
Opinión: Esta semana la presidenta anunciaba desde Santiago del estero las inversiones y los emprendimientos en la provincia de grupos de agro-negocios, nada dijo de esta puja por la tierra que se da desde años a esta parte. El mercado de la soja va desplazando a los pueblos a una vida de exclusión y pobreza y las empuja a vivir en villas en los conurbanos de las grandes ciudades donde serán perseguidos por ser pobres para terminar engrosando la población del sistema carcelario.
Viva los que luchan!
La primera semana de julio atacaron a tiros la comunidad “La Overa”, en el departamento Albedi, y hace dos meses, otro grupo armado por empresarios de los agronegocios, atacó a vecinos de “El Hoyo” y amenazaron a niños y niñas de la escuela primaria.
El intento de la empresa Julianes Hnos. de alambrar la posesión campesina ha continuado con mucha más violencia. Esta vez quisieron asesinar a dos pobladores, uno de ellos de 72 años de edad. Los pobladores afectados son de los parajes La Avenida, Aibalito, Sol de Mayo, Monte Rico, Santa Marina, Simbol, integrantes de la Comunidad Indígena Lule-Vilela Ashca Caycu (Pers Jur. INAI N° 662), que habían denunciado que el alambrado reduce el territorio de pastoreo en común que poseen; Tres días antes andaban camionetas en la zona empresarios de Santa Fe averiguando por el campo. Hugo Juárez es uno de los matones contratados por los Julianes, y por otros terratenientes, este ya se había presentado en la casa de la familia Salto el día 28 de junio.
contactos: 03844-15408668//03844-15459275
Fuente: www.mnci.org.ar
Opinión: Esta semana la presidenta anunciaba desde Santiago del estero las inversiones y los emprendimientos en la provincia de grupos de agro-negocios, nada dijo de esta puja por la tierra que se da desde años a esta parte. El mercado de la soja va desplazando a los pueblos a una vida de exclusión y pobreza y las empuja a vivir en villas en los conurbanos de las grandes ciudades donde serán perseguidos por ser pobres para terminar engrosando la población del sistema carcelario.
Viva los que luchan!
jueves, 21 de julio de 2011
EL UNICO CIVIL ACUSADO POR LOS VUELOS
Otro represor que se va a su casa.
Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil procesado por su participación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura, está de vuelta en su hogar. La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó la decisión del juez federal Sergio Torres, que había ordenado su prisión preventiva en el penal de Ezeiza, y en base a los problemas de salud del ex miembro del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA le concedió el arresto domiciliario, que cumple en el piso 5º B de Blanco Encalada 1715. SEGUIR LEYENDO [+]
El abogado Torres de Tolosa, de 66 años, fue denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como su acompañante en uno de los dos vuelos en los que se arrojó a personas vivas al mar.
El abogado Torres de Tolosa, de 66 años, fue denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como su acompañante en uno de los dos vuelos en los que se arrojó a personas vivas al mar.
Fuente: Pagina12
miércoles, 20 de julio de 2011
JUZGADOS
Vesubio 14/07/11
| Zeolitti | SPF | 18 |
| Martínez | SPF | 20,5 |
| Erlán | SPF | 20,5 |
| Chemes | SPF | 21,5 |
| Maidana | SPF | 22,5 |
| Gamen | Cnel. | P.petua |
| Pascarelli | Cnel. | P.petua |
| Sáenz | Cnel. | impune |
A casi un año y medio y con solo 8 genocidas imputados por los crímenes cometidos en CCD "el Vesubio", se dió la sentencia (14/07/11) del TOF Nº4 de Comodoro Py en la causa que investigó 156 crímenes de lesa humanidad, para 7 de ellos después de la muerte del responsable de dicho CCD. Durán Sáenz jefe del Vesubio murió impune el pasado 6 de junio.
Este CCD situado en camino de cintura y Au. Richieri, partido de La Matanza, coordinaban las “tareas operativas” del Ejército, la PBA y la PFA. Allí fueron vistos, entre otros, Haroldo Conti, Raymundo Gleyzer y Héctor Oesterheld.
Circuito: Atletico, Banco, Olimpo (ABO). Diciembre/10
| Arenas | Jefe 103 | 25 años |
| Tepedino | IE | 25 años |
| Taddei | 25 años | |
| Guglielminetti | IE | 25 años |
| Del Pino | 601 | P.petua |
| Apestegui | gend. | P.petua |
| Cardozo | gend. | P.petua |
| Donocik | ex com. | P.petua |
| Falcón | cdio. | aelto. |
| Rosa | PFA | P.petua |
| Kalinec | PFA | P.petua |
| Uballes | PFA | P.petua |
| Avena | SPF | P.petua |
| González | PFA | P.petua |
| Simón | PFA | P.petua |
| Rolón | P.petua | |
| Miara | PFA | P.petua |
Fueron juzgados entre el año 2009 y el 2010 los siguientes genocidas del circuito ABO:
1-Samuel Miara, alias “Cobani”. Ex subcomisario de la PFA, jefe de la guardia de los 3 CCD. Testimonios de sobrevivientes aseguran que violó a varias detenidas y pateó a una embarazada. Condenado a 12 años en el 98 por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Perpetua.
2-Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”. Torturaba cn picanas, estaba como infiltrado en la Facultad de Derecho. Perpetua.
3-Julio Héctor (César) Simón, PFA, alias “Turco Julián”. Conocido por sus víctimas por su antisemitismo. Llevaba un llavero con una esvástica. Relató su experiencia como torturador ante las cámaras de TV y ya tiene dos condenas en su haber: una por la desaparición de la familia Poblete y otra por los secuestros de un grupo de militantes montoneros que regresaron al país en el marco de su operación de Contraofensiva. Recibió así su tercera condena. Perpetua.
4-Raúl González, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”. Proveniente de la PFA, era el segundo jefe en los campos y participaba de interrogatorios. Perpetua.
5-Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”. Como adjuntor principal del SPF tuvo participación en la organización y dirección de El Olimpo. Perpetua.
6-Eufemio Jorge Uballes, PFA, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”. Ex subcomisario de la PFA. Era uno de los encargados del “traslado” de los detenidos. Los relatos de los sobrevivientes lo recuerdan haciéndoles decir “Heil, Hitler” mientras los torturaba. Perpetua.
7-Eduardo Emilio Kalinec,alias “Doctor K”. Ex oficial ayudante de la PFA. Lo condenaron por intervenir en la custodia de los detenidos y de participar en interrogatorios y tormentos aplicados en los centros Atlético, Banco y Olimpo. Siguió en funciones hasta hace apenas 6 años, cuando comenzó a ser juzgado. Perpetua.
8-Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”. Fue señalado como miembro de los grupos de tareas del circuito que dependía de la Superintendencia de Seguridad de la PFA. Saltó a la fama porque fue vinculado con el juez Norberto Oyarbide en el escándalo sobre la protección de prostíbulos. Antes había pasado por el Departamento de Leyes Especiales (juego clandestino) durante tres años, y durante ese lapso fue investigado por su presunto enriquecimiento ilícito. Perpetua.
9-Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”. Guardia, diestro en las artes marciales. Los sobrevivientes lo señalaron como partícipe de los “traslados”. Ex custodio de Albano Harguindeguy, reconocido como violador. El tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo. Fue absuelto.
10-Luis Juan Donocik, alias “Polaco Chico”. Comisario retirado de la PFA. Integraba el grupo de guardias denominados “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de llevarlos a la sala de torturas. Antes de retirarse tuvo a su cargo la comisaría 48ª. Vinculado con la empresa de seguridad privada Segar SA. Perpetua.
11-Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortés”. Ex gendarme. Se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los CCD para que no hablaran de los crímenes con nadie. Durante los 90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de GNA. Perpetua.
12-Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”. Ex gendarme. Se lo recuerda con gomina y tacos, por su complejo de petiso. Obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. Fue uno de los pocos que habló durante la instrucción: dijo que en el centro sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Perpetua.
13-Raúl Antonio Guglielminetti,alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”. Ex agente civil de inteligencia del Ejército. Actuó como represor en al menos seis CCD y a principios de los 80 se dedicó a los secuestros extorsivos. Fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Detenido en agosto de 2008. 25 años.
14-Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”. Integró las “patotas” que aplicaban tormentos. Se ofrecía como confesor para impartir castigos y absoluciones. En abril de 2007 fue extraditado desde España, donde vivió durante 20 años. 25 años.
15-Enrique José Del Pino, alias “Miguel”. Capitán del Ejército del Batallón de Inteligencia 601, había comenzado su carrera en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Adel Vilas, en Tucumán. Luego pasó a ser jefe del GT que operaba en El Banco y El Olimpo. Fue detenido en 2007 luego de estar un año y medio prófugo. Perpetua.
16-Carlos Alberto Roque Tepedino,Pieza fundamental en la estructura de inteligencia del Ejército. Del 75 al 77 fue director de Inteligencia interior de la SIDE. Del 78 al 79 condujo el Batallón de Inteligencia 601. Se retiró en el 81, pero hasta el final de la dictadura se desempeñó como director general de Seguridad Interior. En democracia, “prestó servicios” como adscripto al Departamento de Informática en el comando del Ejército. 25 años.
17-Mario Alberto Gómez Arenas, Fue jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal del 79 al 81. En 2008 fue condenado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén junto a dos de sus ex subordinados. 25 años.
La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras: ¿por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos?
HIJOS LA PLATA
CORREPI - Boletín informativo nº 617
19 de julio de 2011
Sumario:
1.La federal mata, el gobierno nacional defiende y los jueces provinciales absuelven.
2.Narcopolicías en la delegación de drogas ilícitas.
3.Violencia contra los pobres, de sur a norte.
4.Represión contra trabajadores de Tartagal, Neuquén y Bs. As.
5.En Jujuy también se persigue a los pobres que luchan.
6.Chile: Continúa la lucha por la estatización de la educación.
7.Próximas actividades.
SEGUIR LEYENDO [+]
VIOLENCIA CONTRA LOS POBRES, DE SUR A NORTE
Comallo, Río Negro, a 80 km . de Bariloche. Una comunidad mapuche que resiste, como puede, la usurpación territorial que realiza un empresario de apellido Chechile(*), socio de un camarista. Con la inestimable ayuda del juez provincial Calcagno, la custodia y protección de la policía provincial y los servicios de una patota armada, entraron al Lonco mapuche y agredieron a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas y humildes bienes. La razón, la propiedad de todas esas tierras, con vistas a emprendimientos comerciales.
La Overa, a 250 km . de la ciudad capital de Santiago del Estero. Veinte familias campesinas organizadas en el MOCASE, fueron atacadas por el empresario Suárez, a través de una patota que cuenta con la bendición de la policía local y la protección del organismo estatal INTA, que tiene al hermano del empresario agresor como alto directivo. La razón, desalojar al campesinado para desmontar, alambrar y cambiar la cultura agraria de la región.
Plaza Independencia, pleno centro de San Miguel de Tucumán. Con la presidenta Cristina de Kirchner en el escenario, una patota de encapuchados vinculados al gobernador K Alperovich, atacó las carpas de los médicos autoconvocados que luchan por condiciones de trabajo y vida dignos y que resistieron la pretensión oficialista de "no afear" el acto de la independencia.
A lo largo y ancho del país, los gobiernos argentinos actúas en defensa de los intereses de la clase que representan. Cuando no lo hacen con sus fuerzas regulares, lo hacen con sus fuerzas de choque, y, en todos los casos, con la justicia y otros organismos responsables que legitiman mirando para otro lado.
Represión tercerizada, diseño represor para los tiempos que corren. De la Patagonia al Norte, del mar a la cordillera, en el campo y la ciudad, paisaje argentino en las rutas de la democracia burguesa.
(*)Roberto Raúl Chechile: Arquitecto, de General Roca, empresario exportador de pelo de guanaco silvestre con propiedades en el sector de la educación privada, inmobiliarios y la ganadería en las provincias de Neuquén y Río Negro. Es gerente de La Constancia SRL, firma que integra con su esposa y Raúl Oscar Fernández. Antes tuvo Villa Pehuenia SRL, inscripta en Roca, pero en 2003 transfirió el paquete accionario a Eduardo Balbarrey. En el Alto Valle es conocido por ARCH SRL, firma que actualmente continúa integrando en partes iguales con Cristina Fernández Laino. En VLA la familia es propietaria de la escuela privada De los Andes, un gimnasio y cancha de fútbol y varios complejos de cabañas.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 21 de julio, 20:30, en el Centro Cultural y Social “Estación Esperanza”, Int. Giménez 950 de la ciudad de Rafaela, proyección del documental “YO SABIA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA ”, con compañeros invitados de CORREPI y CADH Rosario.
Sumario:
1.La federal mata, el gobierno nacional defiende y los jueces provinciales absuelven.
2.Narcopolicías en la delegación de drogas ilícitas.
3.Violencia contra los pobres, de sur a norte.
4.Represión contra trabajadores de Tartagal, Neuquén y Bs. As.
5.En Jujuy también se persigue a los pobres que luchan.
6.Chile: Continúa la lucha por la estatización de la educación.
7.Próximas actividades.
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VIOLENCIA CONTRA LOS POBRES, DE SUR A NORTE
Comallo, Río Negro, a 80 km . de Bariloche. Una comunidad mapuche que resiste, como puede, la usurpación territorial que realiza un empresario de apellido Chechile(*), socio de un camarista. Con la inestimable ayuda del juez provincial Calcagno, la custodia y protección de la policía provincial y los servicios de una patota armada, entraron al Lonco mapuche y agredieron a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas y humildes bienes. La razón, la propiedad de todas esas tierras, con vistas a emprendimientos comerciales.
La Overa, a 250 km . de la ciudad capital de Santiago del Estero. Veinte familias campesinas organizadas en el MOCASE, fueron atacadas por el empresario Suárez, a través de una patota que cuenta con la bendición de la policía local y la protección del organismo estatal INTA, que tiene al hermano del empresario agresor como alto directivo. La razón, desalojar al campesinado para desmontar, alambrar y cambiar la cultura agraria de la región.
Plaza Independencia, pleno centro de San Miguel de Tucumán. Con la presidenta Cristina de Kirchner en el escenario, una patota de encapuchados vinculados al gobernador K Alperovich, atacó las carpas de los médicos autoconvocados que luchan por condiciones de trabajo y vida dignos y que resistieron la pretensión oficialista de "no afear" el acto de la independencia.
A lo largo y ancho del país, los gobiernos argentinos actúas en defensa de los intereses de la clase que representan. Cuando no lo hacen con sus fuerzas regulares, lo hacen con sus fuerzas de choque, y, en todos los casos, con la justicia y otros organismos responsables que legitiman mirando para otro lado.
Represión tercerizada, diseño represor para los tiempos que corren. De la Patagonia al Norte, del mar a la cordillera, en el campo y la ciudad, paisaje argentino en las rutas de la democracia burguesa.
(*)Roberto Raúl Chechile: Arquitecto, de General Roca, empresario exportador de pelo de guanaco silvestre con propiedades en el sector de la educación privada, inmobiliarios y la ganadería en las provincias de Neuquén y Río Negro. Es gerente de La Constancia SRL, firma que integra con su esposa y Raúl Oscar Fernández. Antes tuvo Villa Pehuenia SRL, inscripta en Roca, pero en 2003 transfirió el paquete accionario a Eduardo Balbarrey. En el Alto Valle es conocido por ARCH SRL, firma que actualmente continúa integrando en partes iguales con Cristina Fernández Laino. En VLA la familia es propietaria de la escuela privada De los Andes, un gimnasio y cancha de fútbol y varios complejos de cabañas.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 21 de julio, 20:30, en el Centro Cultural y Social “Estación Esperanza”, Int. Giménez 950 de la ciudad de Rafaela, proyección del documental “YO SABIA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA ”, con compañeros invitados de CORREPI y CADH Rosario.
martes, 19 de julio de 2011
Quiénes son los candidatos a jueces federales del interior
El abogado del malevo ferreyra fue propuesto para el juzgado de jujuy.
De los pliegos enviados por el Ejecutivo al Senado surge una variada oferta para cubrir las vacantes en las provincias. Abundan los secretarios de juzgados con causas relevantes.
Un mix de jóvenes brillantes, veteranos de larga trayectoria y abogados de curioso historial desembarcará en los juzgados federales del interior del país, cuando el Senado preste acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo hace poco más de una semana.
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Acaso la postulación más llamativa sea la de Juan Carlos Nacul para el Juzgado Federal Nº2 de Jujuy. En el pasado, fue defensor de Mario “Malevo” Ferreyra, el ex comisario tucumano que, acechado por las imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, se suicidó frente a las cámaras de Crónica TV. Nacul incluso le dio empleo en su estudio jurídico para completar los requisitos del régimen de salidas laborales del ex policía.
Hoy, cerca de los 60 años de edad, Nacul completa su trayectoria en la justicia desembarcando en un cargo de juez. La perseverancia dio resultados: participó de más de 20 concursos del Consejo de la Magistratura.
Otro “veterano” ocupará un cargo de vocal en la Cámara Federal de San Martín. Se trata del juez de primera instancia Juan Manuel Yalj, de 63 años de edad y de fugaces apariciones mediáticas a finales del año pasado, cuando ordenó excavaciones en Campo de Mayo buscando el cadáver del asesinado ex líder del ERP Mario Roberto Santucho, o más recientemente a principios de este año, cuando investigó un choque de trenes en la localidad bonaerense de San Miguel.
Por Néstor Espósito
Fuente: Tiempo Argentino
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