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lunes, 5 de septiembre de 2011
A 5 años de la desaparición de Julio López, continua la impunidad
COMUNICADO DE FAMILIARES Y AMIGXS DE LUCIANO ARRUGA
El día 23 de Mayo familiares y amigos de Luciano Arruga acompañados por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, lxs compañerxs de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la agrupación HIJOS Zona Oeste y nuestros abogados Juan Manuel Combi y Damián Piraino, nos reunimos con el Intendente de La Matanza Fernando Espinoza.
El motivo del encuentro era recordarle al Intendente Espinoza su promesa de cerrar el Destacamento de Lomas del Mirador en cuanto la causa presentara algún imputado, en la actualidad dos policías han sido imputados en una causa por encubrimiento; en conclusión, el destacamento debía ser cerrado para que comenzara a funcionar un espacio para la memoria cedido a familiares y amigxs de Luciano para que desarrolláramos ahí actividades sociales y culturales que nos permitieran generar lugares de contención para los y las jóvenes del barrio.
Sin embargo, y pese a las promesas, hasta el día de hoy el destacamento sigue funcionando como tal y familiares y amigxs de Luciano no hemos recibido una respuesta a tiempo y concreta de quien debía gestionar el traspaso del destacamento a un espacio para la memoria.
Si bien entendemos la importancia de la decisión política de cerrar el destacamento, por otro lado sentimos un preocupante silencio a la hora de saber cuando comenzaremos a trabajar dentro de un lugar que tiene sus paredes manchadas con sangre de un chico de 16 años que lleva 2 años y 7 meses desaparecido. Queremos transformar ese espacio de muerte por otro de vida, oportunidad, solidaridad y alegría.
En esta situación, y habiendo intentado sostener el diálogo de todas las formas posibles, Familiares y Amigxs no tenemos otra alternativa que el acampe como medida de fuerza que nos permita recibir alguna respuesta, porque sabemos que en ese destacamento estuvo secuestrado Luciano Arruga y entendemos que es motivo suficiente para el cierre YA.
Porque SEGUIMOS BUSCANDO A LUCIANO y queremos JUSTICIA, NO OLVIDAMOS Y LUCHAMOS por mantener la MEMORIA de lo que no debe ocurrir NUNCA MAS!
Es por eso es que lxs familiares y amigxs de Luciano los invitamos a participar del acampe con actividades los días Jueves 8, Viernes 9 y Sabado 10 de Septiembre frente al Municipio de La Matanza.
APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA!!!
CIERRE DEL DESTACAMENTO DE LOMAS DEL MIRADOR YA!!
LUCIANO DEJARÁ DE ESTAR CON NOSOTRXS EL DÍA QUE DEJEMOS DE EXIGIR JUSTICIA
Familiares y Amigxs de Luciano Arruga
blog: lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com
fb: Aparición con Vida de Luciano Arruga
mail:dondeestaluciano@gmail.com
A DOS AñOS DE LA LEY DE EXPROPIACION DE LA FABRICA
La larga espera de Zanon
Los trabajadores de Fasinpat exigen que se concrete la expropiación de la empresa recuperada. El dirigente ceramista Omar Villablanca contó que tienen 451 empleados y todos cobran el mismo salario.
Por Elio Brat
Desde Neuquén
Después de cumplirse diez años de gestión obrera en la fábrica neuquina de Cerámicos Fasinpat (Fábrica Sin Patrones), más conocida como Zanon, sus trabajadores siguen reclamando la efectivización de la ley de expropiación sancionada por la Legislatura de Neuquén hace dos años. Exigen que el gobierno de Jorge Sapag (MPN) cumpla la ley y la concrete a nivel judicial, donde se lleva adelante la quiebra de la ex Zanon. Página/12 habló con Omar Villablanca, secretario general del Sindicato de Obreros Ceramistas de Neuquén, sobre la demora que arrastra esta expropiación y sobre la actual situación en una de las fábricas recuperadas de la Argentina más reconocidas a nivel mundial.
–La expropiación de Zanon fue votada y sancionada el 12 de agosto de 2009. El proyecto lo impulsó el bloque del gobernador Jorge Sapag. ¿Por qué esa expropiación no se concretó?
–Uno de los factores fue que apostaron a que nos cayéramos solos. A fines de 2008 y principios de 2009 varias fábricas volvieron a cerrar con despidos especialmente en el área de la construcción. Pensaron que una fábrica como la nuestra que no tenía una espalda económica para sostenerse y sin acceso a créditos se iba a caer por su propio peso. Pero no fue así.
–¿Qué pasa ahora?
–Si bien para la comunidad de Neuquén es muy difícil que esto se retrotraiga, hemos retrocedido un par de pasos porque hay pedidos de inconstitucionalidad de la ley y no sabemos quién debe resolver: si la Justicia federal o la provincial. La situación está empantanada.
–¿Cómo se mantuvieron estos diez años?
–Lo más fuerte que tenemos es el trabajo con la comunidad y con las organizaciones sociales, políticas y gremiales. Eso nos fortalece y mueve la balanza al momento que salimos a la calle. Porque la gente sabe que estamos peleando por trabajar. Y este año hemos dado un salto enorme participando en política. Fue una apuesta muy fuerte y la comunidad respondió: hoy los ceramistas tenemos un diputado (provincial Alejandro López) que tiene una banca compartida con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, siendo nosotros el reflejo y la cara que votaron más de 12 mil neuquinos, quienes apoyaron la lucha de Zanon.
–Si la expropiación se concreta, ¿ustedes cómo quieren que quede Zanon?
–Nosotros queremos que Zanon pase a manos del Estado porque creemos que es de la comunidad. Obviamente gestionada por los trabajadores, como fue en estos primeros diez años. Allí deberá ser sostenida por el propio Estado provincial, destinando lo que nosotros y otras fábricas de cerámicos recuperadas hacemos, como Stefani, en Cutral Có, y Cerámica del Sur, aquí en Neuquén, a la obra pública.
–Para entender cómo están, ¿cuáles son las cifras?
–Cuando paralizamos la fábrica, el 26 de febrero de 2001, éramos 240 compañeros, entre los cuales había tres a cuatro mujeres. En noviembre de ese año nos echaron a todos y en marzo de 2002 la pusimos a producir. Hoy somos 451 y hay cerca de 60 compañeras trabajando. Arrancamos en marzo de 2002 con diez mil metros cuadrados de producción mensuales y hoy estamos en un promedio de 320 mil. Con un poco de inversión se podrían generar más puestos de trabajo y más producción, pero ese es el proyecto a futuro.
–¿Todos ganan igual en la fábrica?
–Sí, todos tenemos un mismo salario básico. Lo único que nos diferencia es el régimen de trabajo con los turnos. El promedio de salario en Zanon hoy es de cuatro mil pesos.
–¿Qué tan lejos está la posibilidad de desalojo y cuáles son los peligros que pueden hacer fracasar este proyecto autogestionado?
–A diez años y con el consenso que logramos es muy difícil un desalojo. Hay que recordar que hubo cinco órdenes en este tiempo que fracasaron y por eso apuestan a otro tipo de maniobras como son el ahogo económico y la dilación constante. Apostaron a desgastarnos, creyendo que Zanon se iba a caer producto de las crisis que se viven aquí y en el mundo. Muchos esperaron que nos cayéramos solos o que la crisis nos llevara puestos, pero nunca abandonamos la calle. Formar nuestra cooperativa Fasinpat fue un recurso legal, pero nuestra fuerza real estaba en nuestra organización, en nuestra pelea diaria y en la relación con la comunidad. Esa fue y es nuestra fortaleza hoy.
jueves, 1 de septiembre de 2011
El "juez revolucionario" habla del tema de la tierra y los pueblo originarios.
El Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación problematiza la relación entre las comunidades indígenas y la Justicia. En diálogo con Indymedia Pueblos Originarios, Eugenio Zaffaroni habla de la Ley de Relevamiento Territorial, de la representatividad política de los pueblos originarios y de la necesidad de un inminente “cambio civilizatorio” que ponga freno a la destrucción del ambiente.
El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro del máximo tribunal de Justicia del país desde el año 2003, asegura que vivimos en una sociedad en la que la justicia es desigual, y a la cual los pueblos originarios no tienen acceso. Sostiene que se trata de pueblos “invisibilizados, sobrevivientes de los genocidios que se practicaron, y que hoy están aislados en el territorio”.
Zaffaroni sostiene que las comunidades que están dentro del territorio argentino deberían tener una algún tipo de representación política. “Hay sectores que no reconocen al Estado y si bien muchos motivos para reconocerlo no tienen, habrá que paulatinamente ir dándoselos”, señala.
También plantea, que el problema principal radica en que se trata de un sector que “numéricamente no interesa para la representación y cuya estructura, toma de decisiones y cultura es difícil de compatibilizar con la democracia participativa”.
En este sentido, manifiesta que se debería buscar una forma práctica para que los pueblos originarios logren tener algún tipo de representatividad. “Desde las universidades deberíamos darles apoyatura legal, se plantean muchos problemas jurídicos serios, problemas de propiedad, de tierras, administrativos, de carencias no atendidas, de discriminación. Creo que una de las funciones más interesantes que podría tener nuestra universidad es apoyar a los que están en el terreno en todas estas materias”, agrega.
Deforestación
El Ministro de la Corte señala que en Argentina la deforestación y los desmontes son dos de las problemáticas más graves para las comunidades indígenas: “Se mezcla la cuestión de medioambiente con la supervivencia de pueblos originarios. El bosque natural es el supermercado del pueblo originario. Si matamos el bosque, matamos a las culturas físicamente”.
Además, señala que Argentina está atrasada en legislación ambiental y que si bien la Justicia puede resolver cuestiones provisorias, los verdaderos cambios “deben darse en el sistema”.
“La Justicia puede tratar de frenar las manifestaciones más nocivas que pueda tener esta explotación depredatoria, pero no es la Justicia lo que va a resolver esto; acá hay un problema de sistema. En el último siglo hemos destruido más el planeta que en todos los milenios anteriores y no es la Justicia la que puede cambiar un sistema”, expresa.
Si bien reconoce que existen novedades en el ámbito jurídico, dentro del neoconstitucionalismo latinoamericano, tales como el reconocimiento de la personería jurídica de la naturaleza en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Ecuador, Zaffaroni advierte que “la supervivencia de la especie humana depende de un cambio civilizatorio”.
Ley de Relevamiento Territorial
Con respecto a la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, promulgada en el año 2006, que suspende los desalojos por cuatro años y plantea una política de relevamienthttp://www.blogger.com/img/blank.gifo de tierras para las comunidades, Zaffaroni considera que se trata de una legislación que contribuye a la inclusión de los pueblos originarios y que además es importante para frenar la deforestación.
Sin embargo, reconoce que la implementación de la ley es compleja. “No nos olvidemos que algunas provincias tienen algunas características casi feudales todavía, en donde hay intereses muy concretos. Uno a nivel nacional puede decir muchas cosas, pero después el Estado se manifiesta en conflictividades locales”, concluye.
pueblosarg.indymedia.org
El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro del máximo tribunal de Justicia del país desde el año 2003, asegura que vivimos en una sociedad en la que la justicia es desigual, y a la cual los pueblos originarios no tienen acceso. Sostiene que se trata de pueblos “invisibilizados, sobrevivientes de los genocidios que se practicaron, y que hoy están aislados en el territorio”.
Zaffaroni sostiene que las comunidades que están dentro del territorio argentino deberían tener una algún tipo de representación política. “Hay sectores que no reconocen al Estado y si bien muchos motivos para reconocerlo no tienen, habrá que paulatinamente ir dándoselos”, señala.
También plantea, que el problema principal radica en que se trata de un sector que “numéricamente no interesa para la representación y cuya estructura, toma de decisiones y cultura es difícil de compatibilizar con la democracia participativa”.
En este sentido, manifiesta que se debería buscar una forma práctica para que los pueblos originarios logren tener algún tipo de representatividad. “Desde las universidades deberíamos darles apoyatura legal, se plantean muchos problemas jurídicos serios, problemas de propiedad, de tierras, administrativos, de carencias no atendidas, de discriminación. Creo que una de las funciones más interesantes que podría tener nuestra universidad es apoyar a los que están en el terreno en todas estas materias”, agrega.
Deforestación
El Ministro de la Corte señala que en Argentina la deforestación y los desmontes son dos de las problemáticas más graves para las comunidades indígenas: “Se mezcla la cuestión de medioambiente con la supervivencia de pueblos originarios. El bosque natural es el supermercado del pueblo originario. Si matamos el bosque, matamos a las culturas físicamente”.
Además, señala que Argentina está atrasada en legislación ambiental y que si bien la Justicia puede resolver cuestiones provisorias, los verdaderos cambios “deben darse en el sistema”.
“La Justicia puede tratar de frenar las manifestaciones más nocivas que pueda tener esta explotación depredatoria, pero no es la Justicia lo que va a resolver esto; acá hay un problema de sistema. En el último siglo hemos destruido más el planeta que en todos los milenios anteriores y no es la Justicia la que puede cambiar un sistema”, expresa.
Si bien reconoce que existen novedades en el ámbito jurídico, dentro del neoconstitucionalismo latinoamericano, tales como el reconocimiento de la personería jurídica de la naturaleza en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Ecuador, Zaffaroni advierte que “la supervivencia de la especie humana depende de un cambio civilizatorio”.
Ley de Relevamiento Territorial
Con respecto a la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, promulgada en el año 2006, que suspende los desalojos por cuatro años y plantea una política de relevamienthttp://www.blogger.com/img/blank.gifo de tierras para las comunidades, Zaffaroni considera que se trata de una legislación que contribuye a la inclusión de los pueblos originarios y que además es importante para frenar la deforestación.
Sin embargo, reconoce que la implementación de la ley es compleja. “No nos olvidemos que algunas provincias tienen algunas características casi feudales todavía, en donde hay intereses muy concretos. Uno a nivel nacional puede decir muchas cosas, pero después el Estado se manifiesta en conflictividades locales”, concluye.
pueblosarg.indymedia.org
miércoles, 31 de agosto de 2011
Pedimos vivienda, nos mandan represión y nos quieren meter presos!
LA JUSTICIA PORTEÑA BUSCA ENJUICIAR A LOS REFERENTES DE LA TOMA
Al mediodía del miércoles 24 de agosto, se realizó en el Hotel Bauen la conferencia de prensa convocada por los referentes barriales involucrados en la toma del parque Indoamericano en diciembre del 2010. Por irrisorio que parezca, el gobierno porteño los imputa como instigadores de la toma, ignorando el legítimo reclamo de las miles de personas que ocuparon el parque.
“La respuesta del gobierno ante el reclamo de vivienda digna es la represión; nos matan a los que reclamamos. Y si no nos matan, nos persiguen por luchar” dijo Diosnel Pérez, ex presidente de la junta vecinal de Villa 20 y militante del Frente Darío Santillán, quién relató conversaciones que los referentes tuvieron en reuniones en la Casa Rosada en ocasión de los hechos, donde Macri y su gabinete discutían ferozmente con Aníbal Fernández, por ver quien asumía el costo político de la represión del parque, sin darle mayor importancia al reclamo del pueblo.
“Acá lo que interesa es el parque, no la gente” decía Mónica Ruejas de Los Piletones, quién en su turno denunció el negocio inmobiliario que se pretende realizar con las tierras del Indoamericano y otros terrenos que han estado en la mira del Jefe de gobierno porteño. Asistimos a dos contracaras de la misma moneda: negocios inmobiliarios millonarios por un lado y vivienda digna para el pueblo por el otro.
Elizabeth Oviedo por su parte asegura “nos sacaron con mentiras del Indoamericano. Nos dieron un papel que no vale nada”. Ella es la viuda de Emilio Canaviri Alvarez, uno de los 3 asesinados por la policía durante la represión. “Por querer una vivienda me lo mataron a mi esposo” dice la madre de dos nenas, militante de la TPR, que contó que los cartuchos que mataron a Emilio provinieron de una escopeta de la policía metropolitana. Al cerrar su discurso no dudó: “Le decimos a la gente que siga luchando por la tierra”.
“Donde hay una necesidad el pueblo entiende que debe haber un derecho y el gobierno donde ve la necesidad quiere meter un negocio.” dijo el “Tano” Nardulli, integrante de la CCC, quien relacionó las tomas del Indoamericano con el histórico reclamo de tierra de los pueblos originarios y los recientes conflictos en Formosa (Colonia La primavera, 2010) y en Jujuy (Libertador, 2011). “El problema de la tierra aparece con los terratenientes y el latifundio antes, y ahora con la extranjerización de la tierra en todo el territorio”.
Por su parte, Alejandro “Pitu” Salvatierra, de la villa 15 declaro “es una clara persecución que busca disciplinar la protesta social (…) nos acusan de organizar la toma, yo al Tano, a Diosnel, los conocí en el parque”.
El reclamo fue respaldado por un amplio arco de apoyo entre quienes figuraron los legisladores Fabio Basteiro, Cristian Castillo, María José Lubertino, Laura García Tuñón, Gabriela Alegre, Gonzalo Ruanova, Rocío Sánchez Andía y Rafael Gentilli, (entre otros),y organizaciones como la CTA Capital, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA), la Corriente Política 17 de Agosto, Socialismo Libertario, La COMPA, el CELS, La Mella, y El Frente Popular Darío Santillán con una fuerte presencia. Muchas otras adhesiones se siguen sumando.
A 8 meses de los sucesos del parque Indoamericano, no se hizo una sola vivienda. Las causas por justicia para los ciudadanos asesinados por la metralla policial están cajoneadas, mientras avanza la criminalización de aquellos que tuvieron un rol activo y quedaron expuestos. La represión simbólica, es tan fuerte aquí como la material: se busca meter miedo a la gente que lucha, que reclama por lo que es justo. La promesa “ por 1 peso de ciudad, 1 peso de nación” hoy resuena hueca, vacía; una más entre una larga lista de promesas incumplidas.
Desde posiciones políticas diferentes, los implicados no dudaron en apostar a la unidad frente a los próximos sucesos: El 5 de septiembre deberán presentarse a declarar y convocaron a una gran movilización en apoyo.
El reclamo por el territorio y la vivienda es actualmente el conflicto más profundo que atraviesa el pueblo argentino, asediado por políticas que privilegian el acceso de capitales trasnacionales, la extracción de materias primas a bajo costo, la sojización de la tierra y los grandes negocios inmobiliarios, a expensas de la gente que habita esos territorios y vive de ellos. Los conflictos que estallaron como focos en distintos puntos del país, nos dan pistas de una realidad tan antigua como el país mismo: La tenencia de la tierra y el beneficio para unos pocos y la lucha de un pueblo para recuperar lo que le pertenece.
“Sino se resuelve el problema de la vivienda, Las ocupaciones va a seguir por mas que nosotros estemos adentro” Dijo el “Tano” aclarando que “la gente va a encontrar como resolverlo”.
“La gente no nos va a pedir permiso para seguir luchando por una vivienda digna y nosotros tampoco le vamos a pedir permiso al gobierno para seguir reclamando por los derechos que nos pertenecen” cerró Diosnel anticipando la tormenta que se viene.
Fuente: FPDS Regional Capital
“La respuesta del gobierno ante el reclamo de vivienda digna es la represión; nos matan a los que reclamamos. Y si no nos matan, nos persiguen por luchar” dijo Diosnel Pérez, ex presidente de la junta vecinal de Villa 20 y militante del Frente Darío Santillán, quién relató conversaciones que los referentes tuvieron en reuniones en la Casa Rosada en ocasión de los hechos, donde Macri y su gabinete discutían ferozmente con Aníbal Fernández, por ver quien asumía el costo político de la represión del parque, sin darle mayor importancia al reclamo del pueblo.
“Acá lo que interesa es el parque, no la gente” decía Mónica Ruejas de Los Piletones, quién en su turno denunció el negocio inmobiliario que se pretende realizar con las tierras del Indoamericano y otros terrenos que han estado en la mira del Jefe de gobierno porteño. Asistimos a dos contracaras de la misma moneda: negocios inmobiliarios millonarios por un lado y vivienda digna para el pueblo por el otro.
Elizabeth Oviedo por su parte asegura “nos sacaron con mentiras del Indoamericano. Nos dieron un papel que no vale nada”. Ella es la viuda de Emilio Canaviri Alvarez, uno de los 3 asesinados por la policía durante la represión. “Por querer una vivienda me lo mataron a mi esposo” dice la madre de dos nenas, militante de la TPR, que contó que los cartuchos que mataron a Emilio provinieron de una escopeta de la policía metropolitana. Al cerrar su discurso no dudó: “Le decimos a la gente que siga luchando por la tierra”.
“Donde hay una necesidad el pueblo entiende que debe haber un derecho y el gobierno donde ve la necesidad quiere meter un negocio.” dijo el “Tano” Nardulli, integrante de la CCC, quien relacionó las tomas del Indoamericano con el histórico reclamo de tierra de los pueblos originarios y los recientes conflictos en Formosa (Colonia La primavera, 2010) y en Jujuy (Libertador, 2011). “El problema de la tierra aparece con los terratenientes y el latifundio antes, y ahora con la extranjerización de la tierra en todo el territorio”.
Por su parte, Alejandro “Pitu” Salvatierra, de la villa 15 declaro “es una clara persecución que busca disciplinar la protesta social (…) nos acusan de organizar la toma, yo al Tano, a Diosnel, los conocí en el parque”.
El reclamo fue respaldado por un amplio arco de apoyo entre quienes figuraron los legisladores Fabio Basteiro, Cristian Castillo, María José Lubertino, Laura García Tuñón, Gabriela Alegre, Gonzalo Ruanova, Rocío Sánchez Andía y Rafael Gentilli, (entre otros),y organizaciones como la CTA Capital, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA), la Corriente Política 17 de Agosto, Socialismo Libertario, La COMPA, el CELS, La Mella, y El Frente Popular Darío Santillán con una fuerte presencia. Muchas otras adhesiones se siguen sumando.
A 8 meses de los sucesos del parque Indoamericano, no se hizo una sola vivienda. Las causas por justicia para los ciudadanos asesinados por la metralla policial están cajoneadas, mientras avanza la criminalización de aquellos que tuvieron un rol activo y quedaron expuestos. La represión simbólica, es tan fuerte aquí como la material: se busca meter miedo a la gente que lucha, que reclama por lo que es justo. La promesa “ por 1 peso de ciudad, 1 peso de nación” hoy resuena hueca, vacía; una más entre una larga lista de promesas incumplidas.
Desde posiciones políticas diferentes, los implicados no dudaron en apostar a la unidad frente a los próximos sucesos: El 5 de septiembre deberán presentarse a declarar y convocaron a una gran movilización en apoyo.
El reclamo por el territorio y la vivienda es actualmente el conflicto más profundo que atraviesa el pueblo argentino, asediado por políticas que privilegian el acceso de capitales trasnacionales, la extracción de materias primas a bajo costo, la sojización de la tierra y los grandes negocios inmobiliarios, a expensas de la gente que habita esos territorios y vive de ellos. Los conflictos que estallaron como focos en distintos puntos del país, nos dan pistas de una realidad tan antigua como el país mismo: La tenencia de la tierra y el beneficio para unos pocos y la lucha de un pueblo para recuperar lo que le pertenece.
“Sino se resuelve el problema de la vivienda, Las ocupaciones va a seguir por mas que nosotros estemos adentro” Dijo el “Tano” aclarando que “la gente va a encontrar como resolverlo”.
“La gente no nos va a pedir permiso para seguir luchando por una vivienda digna y nosotros tampoco le vamos a pedir permiso al gobierno para seguir reclamando por los derechos que nos pertenecen” cerró Diosnel anticipando la tormenta que se viene.
Fuente: FPDS Regional Capital
UNA HISTORIA DE INJUSTICIAS
El 9 de septiembre, como parte de la campaña "La Galle a la Calle", realizaremos, a las 17 hs. una radio abierta y acto frente a las Embajada de Brasil (Cerrito 1350), y a partir de las 19 hs. un festival-acto en el Obelisco.
www.lagallealacalle.blogspot.com
Compañera-militante de H.I.J.O.S, hija de desaparecido. Tras 22 años de exilio, regresa en 1998 al país para denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de su padre; escrachar a cuanto milico impune se topaba.
A inicios del 2002 es detenida en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. En una causa llena de irregularidades técnicas legales, o más bien una farsa circense típica de los poderes judiciales. Los condenaron en primera instancia a 16 años, por la apelación por parte de la fiscalía les aumentaron la pena a 30 años de prisión. Después de cinco largos años cumpliendo el absurdo de la condena en el terrible penal de Carandirú en Brasil, logra ser trasladada a Argentina.
En noviembre del 2006, por un tratado bilateral (Brasil-Argentina) sobre condenados, regresa al país trasladada. Sin antecedentes penales, ni causa alguna en Argentina, llega con algo menos de un mes para obtener el beneficio de salidas transitorias (semi-libertad), derecho amparado por ley, que correspondería en diciembre de 2006. Después de largas burocracias, en diciembre de 2007 se falló en contra de su derecho a las salidas, gracias a la opinión del fiscal Oscar Hermelo, con un pasado colaboracionista con la E.S.M.A. y el mismo grupo de tareas 3.3.2. que secuestró a su padre.
Se enfrenta en segunda instancia a una sala de la Cámara de Casación Penal, donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar (ilegalmente) la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. Por supuesto, en diciembre de 2008 se le volvió a negar dicho beneficio.
Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de su abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009, tres magistrados a favor fundamentando igual al fiscal y cuatro en contra de sus salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa.
Se pretende que continúe encerrada por 7 años más, por venganza política.
“Sabemos cómo las injusticias están a la orden del día en estas mafias jurídicas, que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando luchadores sociales y a la población más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras tierras.
Aunque encerrada, me considero una mujer libre, mis ideas y prácticas cotidianas, hacen que mis fuerzas de resistencia continúen batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio la carrera de sociología en la U.B .A. (Universidad de Buenos Aires), soy parte del C.U.E. (Centro Universitario Ezeiza) dentro de la unidad. Intento junto a mis compañeras que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario, por un servicio penitenciario militarizado.
Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa…”
Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año Karina debería acceder a su libertad condicional, al cumplir el tercio de su pena, el 26 de noviembre del 2011. La resolución de esta injusticia, está en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.
Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra Ley de Ejecución Penal a una pena establecida de acuerdo con un Código Penal ajeno al nuestro reclamamos que se haga justicia con Karina, que lleva esperando la libertad durante nueve años de encierro en durísimas condiciones.
Necesitamos tu adhesión y difusión para lograr su liberación.
Podes mandar la adhesión a: lagallealacalle@gmail.com
Es tiempo de marcha
Tenemos hambre de justicia.
En noviembre, la calle aguarda a la Galle.
Libertad a los compañeros y compañeras.
www.lagallealacalle.blogspot.com
Compañera-militante de H.I.J.O.S, hija de desaparecido. Tras 22 años de exilio, regresa en 1998 al país para denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de su padre; escrachar a cuanto milico impune se topaba.
A inicios del 2002 es detenida en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. En una causa llena de irregularidades técnicas legales, o más bien una farsa circense típica de los poderes judiciales. Los condenaron en primera instancia a 16 años, por la apelación por parte de la fiscalía les aumentaron la pena a 30 años de prisión. Después de cinco largos años cumpliendo el absurdo de la condena en el terrible penal de Carandirú en Brasil, logra ser trasladada a Argentina.
En noviembre del 2006, por un tratado bilateral (Brasil-Argentina) sobre condenados, regresa al país trasladada. Sin antecedentes penales, ni causa alguna en Argentina, llega con algo menos de un mes para obtener el beneficio de salidas transitorias (semi-libertad), derecho amparado por ley, que correspondería en diciembre de 2006. Después de largas burocracias, en diciembre de 2007 se falló en contra de su derecho a las salidas, gracias a la opinión del fiscal Oscar Hermelo, con un pasado colaboracionista con la E.S.M.A. y el mismo grupo de tareas 3.3.2. que secuestró a su padre.
Se enfrenta en segunda instancia a una sala de la Cámara de Casación Penal, donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar (ilegalmente) la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. Por supuesto, en diciembre de 2008 se le volvió a negar dicho beneficio.
Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de su abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009, tres magistrados a favor fundamentando igual al fiscal y cuatro en contra de sus salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa.
Se pretende que continúe encerrada por 7 años más, por venganza política.
“Sabemos cómo las injusticias están a la orden del día en estas mafias jurídicas, que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando luchadores sociales y a la población más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras tierras.
Aunque encerrada, me considero una mujer libre, mis ideas y prácticas cotidianas, hacen que mis fuerzas de resistencia continúen batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio la carrera de sociología en la U.B .A. (Universidad de Buenos Aires), soy parte del C.U.E. (Centro Universitario Ezeiza) dentro de la unidad. Intento junto a mis compañeras que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario, por un servicio penitenciario militarizado.
Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa…”
Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año Karina debería acceder a su libertad condicional, al cumplir el tercio de su pena, el 26 de noviembre del 2011. La resolución de esta injusticia, está en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.
Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra Ley de Ejecución Penal a una pena establecida de acuerdo con un Código Penal ajeno al nuestro reclamamos que se haga justicia con Karina, que lleva esperando la libertad durante nueve años de encierro en durísimas condiciones.
Necesitamos tu adhesión y difusión para lograr su liberación.
Podes mandar la adhesión a: lagallealacalle@gmail.com
Es tiempo de marcha
Tenemos hambre de justicia.
En noviembre, la calle aguarda a la Galle.
Libertad a los compañeros y compañeras.
martes, 30 de agosto de 2011
Comunicado de Prensa. 30 de agosto del 2011
La Multisectorial Chau Pozo realizará el próximo 15 de septiembre un acto y una marcha al Pozo de Banfield, al cumplirse 35 años de La Noche de los Lápices y cinco años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave y querellante en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Como cada aniversario de la Noche de los Lápices, saldremos a las calles para reivindicar la lucha de los compañeros estudiantes desaparecidos por la dictadura genocida y que fueron mantenidos en cautiverio en el Pozo de Banfield, centro clandestino de detención, tortura y exterminio que fue cerrado gracias a la lucha de la Multisectorial Chau Pozo. Demandaremos juicio y castigo a todos los genocidas, le exigiremos al Gobierno la aparición con vida YA! del compañero López, y reclamaremos el cese de la represión y la criminalización de la protesta y la pobreza.
Las reuniones organizativas se realizan todos los miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural La Toma (República Árabe Siria 75, estación de Lomas de Zamora).
Contacto: (011)1557067707
Como cada aniversario de la Noche de los Lápices, saldremos a las calles para reivindicar la lucha de los compañeros estudiantes desaparecidos por la dictadura genocida y que fueron mantenidos en cautiverio en el Pozo de Banfield, centro clandestino de detención, tortura y exterminio que fue cerrado gracias a la lucha de la Multisectorial Chau Pozo. Demandaremos juicio y castigo a todos los genocidas, le exigiremos al Gobierno la aparición con vida YA! del compañero López, y reclamaremos el cese de la represión y la criminalización de la protesta y la pobreza.
Las reuniones organizativas se realizan todos los miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural La Toma (República Árabe Siria 75, estación de Lomas de Zamora).
Contacto: (011)1557067707
30/08 DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
A 30 AÑOS DE LUCHA DE FEDEFAM
Este 2011 estamos cumpliendo 30 años desde que dimos por conformada la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desparecidos FEDEFAM. Surgimos como una necesidad ante el flagelo de las desapariciones forzadas que se cometían selectiva y masivamente en varios países de nuestro continente, en el marco de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Llevada a cabo en los países en que se instalaron las dictaduras auspiciadas por el gobierno norteamericano como fueron Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Haití, Nicaragua, entre otros, pero también en los países donde aparentemente se vivía una democracia, entre ellos Colombia, México, Venezuela, Perú y en otros tantos donde existían conflictos internos como en El Salvador, Guatemala, Honduras. En todos se aplico la desaparición forzada y otros graves delitos como el genocidio, masacres, torturas, exilios forzados, persecución, encarcelamiento, etc.
No fue sencillo. Perdimos en la lucha contra este flagelo a decenas de compañeras que fueron asesinadas, desparecidas, como en Guatemala, Argentina y Perú donde las fundadoras fueron desaparecidas, torturadas y otros cientos obligadas al exilio. Un video de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora expresa el grito de desesperación que se hacia en su momento a los medios de comunicación para que recogieran las denuncias de los casos que se presentaban de las desapariciones forzadas. Trataron de acallar, no sólo de acallar a nuestros familiares detenidos desaparecidos, sino también nuestro trabajo. Pero calcularon mal su estrategia de terror: nunca imaginaron que las madres, hijas, abuelas, hermanas y todos los familiares mantendríamos no únicamente la memoria sino que recogeríamos sus demandas por una sociedad de Paz con Justicia Social, que lucharíamos tantos años y que no nos cansaríamos.
Hoy ratificamos nuestro compromiso de lograr erradicar este crimen que ofende a la humanidad. Recordamos que en aquellos años la desaparición forzada no estaba catalogada como delito. Trataron de hacernos creer que nuestros familiares se lo merecían por “ser delincuentes”.
Todo estaba en nuestra contra: la prensa corporativa, sistemas de justicia indiferentes y complacientes, médicos que se prestaban a los robos de bebés, empresarios que veían con muy buenos ojos que exterminaran y desaparecieran a nuestros familiares. Veíamos con preocupación que la desaparición forzada iba en aumento y cada vez en más países. En cada Congreso teníamos como principio acudir a los países en conflicto como forma de solidaridad. En alguno debido al conflicto armado no nos permitieron llegar, como fue en el Salvador en 1986. A debimos regresar varias veces como Perú, Colombia, México.
En los dos últimos se han incrementado en los últimos 5 años las desapariciones forzadas, pero también en Honduras a pesar de que dichos países han firmado y ratificado la Convención que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Recientemente, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia y la existencia de más de 3000 fosas comunes aun sin exhumar. El Grupo de Trabajo Sobre desapariciones Forzadas GTSDF de la ONU recientemente visitó México y declaró que las denuncias que presentaron los familiares y Organismos de Derechos Humanos no coinciden con la cantidad que tiene registrado el gobierno Mexicano. Aproximadamente en 4 años son más de 4000 detenidos- desaparecidos, o sea, que se triplicó esta práctica en lo que va del gobierno de Felipe Calderón.
En Honduras, después del secuestro de Manuel Zelaya, se incrementaron las victimas de desapariciones forzadas de 184 a 300.
Reconocemos que en otros países no se ha aplicado en estos últimos años, pero la impunidad se mantiene. Argentina es el país con más juicios y condenas a los responsables de esto delitos de lesa humanidad, pero ahí lamentablemente fue desparecido Julio López en plena Democracia.
Brasil esta tímidamente comenzando a hablar sobre lo ocurrido en el periodo del Terrorismo de Estado; Chile está cambiando su rumbo liderado por los estudiantes; Guatemala por fin está conociendo la justicia con procesamientos y condenas a algunos de los principales perpetradores pero aun no se ha logrado concretar la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente; Uruguay continúa con la nefasta Ley de Caducidad vigente a pesar de la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto nos hace ver que los culpables siguen aplicando sus conocimientos, que a pesar de que ya no están en el poder, tiene poder para mandar desaparecer a quienes pretenden enjuiciarlos.
Dentro de las estadísticas de las desapariciones forzadas con las que contamos figuran las siguientes:
- Argentina 30.001
- Bolivia 180
- Brasil 160
- Colombia 57.000
- Chile 1.200
- Ecuador 12
- El Salvador 20.000
- Guatemala 45.000
- Haití 12.000
- Honduras 300
- México 4.000
- Nicaragua 10.444
- Panamá 207
- Perú 20.000
- Uruguay 190 - 200
- Paraguay 300
- Venezuela 4.000
Es un total 204.994 detenidos desaparecidos desde que nace la desaparición forzada en América Latina en 1960 y, lamentablemente, a pesar de los avances que hemos logrado, sigue su práctica. Reconocemos que estamos en deuda con algunos países a los cuales no hemos logrado llegar por diversas razones. Entre estos países están nuestras queridas compañeras de Honduras y Paraguay.
Esta lucha no ha sido sencilla: han tratado de varias formas de que se mantenga la Impunidad. Los gobiernos han impulsado sus leyes de perdón, sus leyes de amnistía, sus comisiones de la verdad que se quedan en nada, fiscalías que son obsoletas: propuestas van y vienen y los familiares seguimos incansables porque hemos resistido. Nuestra lucha está basada en levantar los principios de Dignidad, reivindicando a nuestros hombres y mujeres que lucharon por sus pueblos. No fue una lucha individual. Fue colectiva porque colectivo fue nuestro trabajo en todas nuestras acciones de protesta que hemos impulsado: huelgas de hambre, protestas callejeras, plantones, huelgas de hambre ante la ONU, OEA y así logramos que se tomara en cuenta nuestra lucha.
Hoy el mundo recoge una de las actividades que nació con nuestra Federación como es la declaración del 30 de Agosto como "Día Internacional del Detenido Desaparecido". Valoramos con suma alegría que uno de los principales objetivos de nuestra lucha se ha cumplido: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Hoy es necesario que se reconozca el comité que velará para que se cumpla su mandato y sea efectiva la implementación de la convención en los Estados Parte que permita prevenir más desapariciones. Este es un logro que obtuvimos en la 61ª Asamblea General de Naciones Unidas el 6 de diciembre de 2006, con su pronta ratificación que fue una meta para las organizaciones de América Latina, Asia y África y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
Hemos logrado unir nuestro sentimientos de una sola voz, una sola lucha, un solo dolor con los familiares de Asia Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas, Los familiares de África que están coordinados en un organismo que lucha contra esta práctica.
Para FEDEFAM ha sido pieza fundamental el apoyo recibido por los Grupos de Apoyo de Ginebra, de EE.UU. América Latina Francia, Holanda, Alemania en si en muchos países que también han hecho suyo este dolor que hemos transformado que decía nuestro querido padre Juan Vives: dolor que se transformado en fortaleza de lucha por que esta inspirado en la dignidad de nuestros detenidos desaparecidos. No podemos olvidar a nuestros asesores, orientadores que han hecho suyo este gran trabajo que aun con todos sus obstáculos que hemos salvado, SEGUIMOS EXISTIENDO.
A 30 años de lucha ratificamos nuestro compromiso hasta que nunca más se detenga y desaparezca a nadie en el mundo.
FEDERACION LATIENOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES
DE DETENID@S- DESAPARECID@S
Caracas, Venezuela. 29 de agosto de 2011
Comunicado de Prensa de ICAED sobre el Día Internacional Del Desaparecido 2011
30 de agosto 2011 - Hoy, la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) se une a las familias de los desaparecidos y toda la comunidad internacional para dar tributo a miles en el mundo de los desaparecidos. "Para ellos y por ellos y sus familias que sufren, nuestra Coalición existe para llamar a las puertas de todos los Estados instándolos a que firmen, ratifiquen y apliquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (La Convención)", dijo María Aileen D. Bacalso, persona encargada de la ICAED y la Secretaria General de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Los cuarenta y un miembros de las organizaciones de la ICAED de todo el mundo están llevando a cabo diversas formas creativas de homenajear a los desaparecidos. De esta manera, reiteran sus llamadas a sus respectivos gobiernos para ratificar finalmente la Convención contra la desaparición forzada y reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas. Este Comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del tratado contra la desaparición en los Estados Partes. La ICAED considera que la Convención es una herramienta muy poderosa para poner fin al delito de desaparición forzada y contra la impunidad.
Hasta la fecha, 88 Estados han firmado este tratado y otros 29 son Parte, con sólo 12 de ellos que reconocen todas las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada. Bacalso señaló además que: "El número de Estados Partes en la Convención palidece en comparación con la extensión global del crimen, por lo tanto, la intensificación de la campaña y de cabildeo para obtener el apoyo amplio de la Convención es imprescindible. Así pues, los Estados que son fieles a la universalidad, indivisibilidad e independencia de los derechos humanos, deben acelerar el proceso de firmar y ratificar este importante tratado que establece el derecho a la verdad y el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. " A medida que la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, la ICAED se compromete a intensificar sus esfuerzos en los planos nacional, regional e internacional para concretar su mandato de hacer campaña para que las ratificaciones de Estados posible y garantizar la aplicación universal de la Convención.
Este año es el primero que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conmemora oficialmente del Día Internacional de los Desaparecidos. En 2010, la ONU llamó a su sistema y otras organizaciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil a celebrar el Día a partir de 2011. Reconociendo la magnitud global de la delincuencia como se reafirmó en los informes anuales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU se une a las familias de los desaparecidos que han sido la conmemoración de este día desde hace ya casi tres décadas.
Firmado por: MARY AILEEN D. BACALSO
Punto Focal, ICAED
Este 2011 estamos cumpliendo 30 años desde que dimos por conformada la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desparecidos FEDEFAM. Surgimos como una necesidad ante el flagelo de las desapariciones forzadas que se cometían selectiva y masivamente en varios países de nuestro continente, en el marco de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Llevada a cabo en los países en que se instalaron las dictaduras auspiciadas por el gobierno norteamericano como fueron Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Haití, Nicaragua, entre otros, pero también en los países donde aparentemente se vivía una democracia, entre ellos Colombia, México, Venezuela, Perú y en otros tantos donde existían conflictos internos como en El Salvador, Guatemala, Honduras. En todos se aplico la desaparición forzada y otros graves delitos como el genocidio, masacres, torturas, exilios forzados, persecución, encarcelamiento, etc.
No fue sencillo. Perdimos en la lucha contra este flagelo a decenas de compañeras que fueron asesinadas, desparecidas, como en Guatemala, Argentina y Perú donde las fundadoras fueron desaparecidas, torturadas y otros cientos obligadas al exilio. Un video de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora expresa el grito de desesperación que se hacia en su momento a los medios de comunicación para que recogieran las denuncias de los casos que se presentaban de las desapariciones forzadas. Trataron de acallar, no sólo de acallar a nuestros familiares detenidos desaparecidos, sino también nuestro trabajo. Pero calcularon mal su estrategia de terror: nunca imaginaron que las madres, hijas, abuelas, hermanas y todos los familiares mantendríamos no únicamente la memoria sino que recogeríamos sus demandas por una sociedad de Paz con Justicia Social, que lucharíamos tantos años y que no nos cansaríamos.
Hoy ratificamos nuestro compromiso de lograr erradicar este crimen que ofende a la humanidad. Recordamos que en aquellos años la desaparición forzada no estaba catalogada como delito. Trataron de hacernos creer que nuestros familiares se lo merecían por “ser delincuentes”.
Todo estaba en nuestra contra: la prensa corporativa, sistemas de justicia indiferentes y complacientes, médicos que se prestaban a los robos de bebés, empresarios que veían con muy buenos ojos que exterminaran y desaparecieran a nuestros familiares. Veíamos con preocupación que la desaparición forzada iba en aumento y cada vez en más países. En cada Congreso teníamos como principio acudir a los países en conflicto como forma de solidaridad. En alguno debido al conflicto armado no nos permitieron llegar, como fue en el Salvador en 1986. A debimos regresar varias veces como Perú, Colombia, México.
En los dos últimos se han incrementado en los últimos 5 años las desapariciones forzadas, pero también en Honduras a pesar de que dichos países han firmado y ratificado la Convención que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Recientemente, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia y la existencia de más de 3000 fosas comunes aun sin exhumar. El Grupo de Trabajo Sobre desapariciones Forzadas GTSDF de la ONU recientemente visitó México y declaró que las denuncias que presentaron los familiares y Organismos de Derechos Humanos no coinciden con la cantidad que tiene registrado el gobierno Mexicano. Aproximadamente en 4 años son más de 4000 detenidos- desaparecidos, o sea, que se triplicó esta práctica en lo que va del gobierno de Felipe Calderón.
En Honduras, después del secuestro de Manuel Zelaya, se incrementaron las victimas de desapariciones forzadas de 184 a 300.
Reconocemos que en otros países no se ha aplicado en estos últimos años, pero la impunidad se mantiene. Argentina es el país con más juicios y condenas a los responsables de esto delitos de lesa humanidad, pero ahí lamentablemente fue desparecido Julio López en plena Democracia.
Brasil esta tímidamente comenzando a hablar sobre lo ocurrido en el periodo del Terrorismo de Estado; Chile está cambiando su rumbo liderado por los estudiantes; Guatemala por fin está conociendo la justicia con procesamientos y condenas a algunos de los principales perpetradores pero aun no se ha logrado concretar la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente; Uruguay continúa con la nefasta Ley de Caducidad vigente a pesar de la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto nos hace ver que los culpables siguen aplicando sus conocimientos, que a pesar de que ya no están en el poder, tiene poder para mandar desaparecer a quienes pretenden enjuiciarlos.
Dentro de las estadísticas de las desapariciones forzadas con las que contamos figuran las siguientes:
- Argentina 30.001
- Bolivia 180
- Brasil 160
- Colombia 57.000
- Chile 1.200
- Ecuador 12
- El Salvador 20.000
- Guatemala 45.000
- Haití 12.000
- Honduras 300
- México 4.000
- Nicaragua 10.444
- Panamá 207
- Perú 20.000
- Uruguay 190 - 200
- Paraguay 300
- Venezuela 4.000
Es un total 204.994 detenidos desaparecidos desde que nace la desaparición forzada en América Latina en 1960 y, lamentablemente, a pesar de los avances que hemos logrado, sigue su práctica. Reconocemos que estamos en deuda con algunos países a los cuales no hemos logrado llegar por diversas razones. Entre estos países están nuestras queridas compañeras de Honduras y Paraguay.
Esta lucha no ha sido sencilla: han tratado de varias formas de que se mantenga la Impunidad. Los gobiernos han impulsado sus leyes de perdón, sus leyes de amnistía, sus comisiones de la verdad que se quedan en nada, fiscalías que son obsoletas: propuestas van y vienen y los familiares seguimos incansables porque hemos resistido. Nuestra lucha está basada en levantar los principios de Dignidad, reivindicando a nuestros hombres y mujeres que lucharon por sus pueblos. No fue una lucha individual. Fue colectiva porque colectivo fue nuestro trabajo en todas nuestras acciones de protesta que hemos impulsado: huelgas de hambre, protestas callejeras, plantones, huelgas de hambre ante la ONU, OEA y así logramos que se tomara en cuenta nuestra lucha.
Hoy el mundo recoge una de las actividades que nació con nuestra Federación como es la declaración del 30 de Agosto como "Día Internacional del Detenido Desaparecido". Valoramos con suma alegría que uno de los principales objetivos de nuestra lucha se ha cumplido: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Hoy es necesario que se reconozca el comité que velará para que se cumpla su mandato y sea efectiva la implementación de la convención en los Estados Parte que permita prevenir más desapariciones. Este es un logro que obtuvimos en la 61ª Asamblea General de Naciones Unidas el 6 de diciembre de 2006, con su pronta ratificación que fue una meta para las organizaciones de América Latina, Asia y África y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
Hemos logrado unir nuestro sentimientos de una sola voz, una sola lucha, un solo dolor con los familiares de Asia Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas, Los familiares de África que están coordinados en un organismo que lucha contra esta práctica.
Para FEDEFAM ha sido pieza fundamental el apoyo recibido por los Grupos de Apoyo de Ginebra, de EE.UU. América Latina Francia, Holanda, Alemania en si en muchos países que también han hecho suyo este dolor que hemos transformado que decía nuestro querido padre Juan Vives: dolor que se transformado en fortaleza de lucha por que esta inspirado en la dignidad de nuestros detenidos desaparecidos. No podemos olvidar a nuestros asesores, orientadores que han hecho suyo este gran trabajo que aun con todos sus obstáculos que hemos salvado, SEGUIMOS EXISTIENDO.
A 30 años de lucha ratificamos nuestro compromiso hasta que nunca más se detenga y desaparezca a nadie en el mundo.
FEDERACION LATIENOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES
DE DETENID@S- DESAPARECID@S
Caracas, Venezuela. 29 de agosto de 2011
Comunicado de Prensa de ICAED sobre el Día Internacional Del Desaparecido 2011
30 de agosto 2011 - Hoy, la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) se une a las familias de los desaparecidos y toda la comunidad internacional para dar tributo a miles en el mundo de los desaparecidos. "Para ellos y por ellos y sus familias que sufren, nuestra Coalición existe para llamar a las puertas de todos los Estados instándolos a que firmen, ratifiquen y apliquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (La Convención)", dijo María Aileen D. Bacalso, persona encargada de la ICAED y la Secretaria General de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Los cuarenta y un miembros de las organizaciones de la ICAED de todo el mundo están llevando a cabo diversas formas creativas de homenajear a los desaparecidos. De esta manera, reiteran sus llamadas a sus respectivos gobiernos para ratificar finalmente la Convención contra la desaparición forzada y reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas. Este Comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del tratado contra la desaparición en los Estados Partes. La ICAED considera que la Convención es una herramienta muy poderosa para poner fin al delito de desaparición forzada y contra la impunidad.
Hasta la fecha, 88 Estados han firmado este tratado y otros 29 son Parte, con sólo 12 de ellos que reconocen todas las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada. Bacalso señaló además que: "El número de Estados Partes en la Convención palidece en comparación con la extensión global del crimen, por lo tanto, la intensificación de la campaña y de cabildeo para obtener el apoyo amplio de la Convención es imprescindible. Así pues, los Estados que son fieles a la universalidad, indivisibilidad e independencia de los derechos humanos, deben acelerar el proceso de firmar y ratificar este importante tratado que establece el derecho a la verdad y el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. " A medida que la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, la ICAED se compromete a intensificar sus esfuerzos en los planos nacional, regional e internacional para concretar su mandato de hacer campaña para que las ratificaciones de Estados posible y garantizar la aplicación universal de la Convención.
Este año es el primero que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conmemora oficialmente del Día Internacional de los Desaparecidos. En 2010, la ONU llamó a su sistema y otras organizaciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil a celebrar el Día a partir de 2011. Reconociendo la magnitud global de la delincuencia como se reafirmó en los informes anuales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU se une a las familias de los desaparecidos que han sido la conmemoración de este día desde hace ya casi tres décadas.
Firmado por: MARY AILEEN D. BACALSO
Punto Focal, ICAED
CORREPI. Boletín informativo Nº 622
Boletines Informativos - Boletines Inf. 2011
Sumario:
1. Otra vez, criminalizan la lucha
2. De gatillo en gatillo
3. Juicio al asesino de Sonia Colman
4. Desalojos en todo el país
5. Milico violador, vigiladrón y comipirata del asfalto
6. En todo el mundo el mismo método: represión.
OTRA VEZ, CRIMINALIZAN LA LUCHA
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”
El artículo 213 bis fue introducido en el código penal por el “gran demócrata” Arturo Illia (UCR) en 1964, y fue modificado con un aumento de pena a cargo de Perón diez años después, en el paquete de “leyes antisubversivas”.
Este mismo artículo es el que se busca aplicar a Roberto Martino y a otros 6 militantes que fueron detenidos el 17 de mayo de 2009, bajo la acusación de prepotencia ideológica, por denunciar al Estado sionista de Israel, en un acto organizado por el gobierno de la ciudad.
Los militantes habían sido sobreseídos, pero la DAIA lo apeló el sobreseimiento y logró que se renovara la imputación por esa figura.
Este hecho se enmarca dentro de reiterados avances en la criminalización de la lucha que viene llevando adelante el gobierno contra distintos militantes del campo popular.
Es el caso de Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, dirigentes universitarios y militantes del PTS, quienes fueron juzgados por participar de cortes de calle en apoyo a la lucha por la reincorporación de 160 despedidos de los trabajadores de Kraft-Terrabusi y contra la represión desatada contra ellos. Los tres fueron absueltos el último 10 de agosto, porque el fiscal Brunnet no pudo sostener la acusación.
Rubén Saboulard (Asambleas del Pueblo) y Oscar Kuperman (CUBa-MTR), fueron juzgados por cortes de calle en 2009. El fiscal López tuvo que admitir que no eran suficientes las pruebas, y fueron absueltos el último 24 de mayo.
El 27 de junio, era el turno del juicio contra Oscar “Neno” Abella, de la Agrupación Ferroviaria 4 de Octubre, acusado por UGOFE por pintar “Pedraza asesino” en el hall de Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra.
Uno de los testigos en su contra era el comisario Jorge Ferreyra, quien era, el 20 de octubre de 2010, jefe de la División Roca, dependencia policial que realizó un importante aporte para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.
El 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento por la fiscalía. El comisario “testigo”Ferreyra, cumple su rol de señalar y criminalizar trabajadores constantemente, como lo hizo contra los militantes de Causa Ferroviaria y del Partido Obrero por la movilizacion del 23 de diciembre de 2010; contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año y contra nueve ferroviarios por el corte del 25 de enero de 2011.
La absolución de los compañeros Calcagno, del Corro, Oribe, Saboulard, Kuperman y Abella son prueba de que, a fuerza de organización y lucha independientes y sin ninguna confianza en esta justicia, se puede lograr que un militante social sea arrancado de las garras represoras del estado burgués que defiende los intereses de los capitalistas. Lo mismo debemos hacer con los compañeros del FAR, por el camino de la organización y la lucha.
DE GATILLO EN GATILLO
Nuevamente vemos, en casos concretos, como el estado, por medio de sus fuerzas de seguridad, busca que el pueblo aprenda quién manda.
El primero de los casos nos lleva a Córdoba, donde el policía Enrique Bravo fusiló, en 2004, a Martín “Piru” Quintana, que venía de trabajar y se había sentado en el jardín de una casa a tomar algo.
La injusta justicia sólo castigó con 3 años de prisión, que nunca cumplirá, porque encima son en suspenso, al policía que mató a un hombre desarmado que volvía de trabajar. Eso sí, le prohibió, por 7 años, usar armas de fuego, aunque seguirá teniendo su puesto (ahora en cuestiones administrativas) en la policía de Córdoba.
En segundo lugar, tenemos un caso que generó polémica. El agente de la policía Metropolitana David Alejandro Barrios fue detenido hace unos días, después de haber asesinado a Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, dentro de un colectivo de la línea 79 en Avellaneda.
Pese a que el policía dice que estos dos muchachos, junto tres pibes de entre 10 y 12 años, que escaparon, estaban robando a los pasajeros en el colectivo, las únicas balas disparadas fueron las suyas. Se encontraron dos armas más en el colectivo, de las cuales una no tenía balas y la otra no funcionaba pues le faltaban piezas.
El relato de un testigo cuenta cómo, después que los tres chicos salieron corriendo asustados, y que los cuatro proyectiles disparados por Barrios dieran en el cuerpo de los dos jóvenes, éste remató a sangre fría a uno de ellos que estaba agonizando en el suelo.
Al enterarse, los funcionarios porteños naturalizaron y convalidaron la versión del policía: “Se secuestraron armas dentro del colectivo y está todo muy claro”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, mientras que el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la “valentía y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte.”
Por tratarse de un efectivo de la ciudad (igual que hicieron cuando en Liniers la metropolitana desalojó a los puesteros, con la brutalidad de la UCEP hacia la gente de la calle, o con los conflictos que le demandan por límites jurisdiccionales al gobierno porteño) los organismos K decidieron, esta vez sí, denunciar el gatillo fácil y hablar de lo inadmisible del hecho.
Finalmente, el asesino David Alejandro Barrios fue puesto en libertad, y será seguramente felicitado por sus compañeros, verdugos de pobres.
Por último tenemos el caso del policía federal Javier Villarreal, que, en uno de esos “tiroteos” con disparos de un solo lado, y sin un rasguño en el policía, mató a un joven, cuyos aparentes 2cómplices”, como sucede en estos casos, desparecieron sin que nadie –más que el policía- los viera.
Solo tres casos más, que plasman la impunidad con que las distintas policías desenvuelven su violencia hacia el pueblo, y son amparadas por la justicia del sistema.
JUICIO AL ASESINO DE SONIA COLMAN
23 de diciembre de 2007, mucho calor. Se acercan las fiestas y muchos tratan de conseguir unos pesos que siempre faltan. La esquina de ruta 26 y Valentín Gómez, en el populoso barrio de Del Viso, en el Gran Buenos Aires, es un hormiguero de gente que va y viene.
Una mujer, Sonia Colman, está tratando de vender utensilios para la parrilla, para hacer el asado, entre los autos, a la gente que pasa. Un patrullero frena de golpe, el oficial de la policía bonaerense Oscar Benítez desciende y dispara su escopeta, según declara, contra un Fiat en el que iban dos jóvenes. Uno de los perdigones del arma impacta en el corazón de la vendedora ambulante y la mata en el acto.
Los dos jóvenes, supuestos ladrones sobre los que disparaba el oficial, estaban desarmados.
El próximo martes 30 de agosto, a las 10:00, empieza el juicio contra el policía Oscar Benítez, en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro. Son sus acusadores, y exigen perpetua, el viudo de Sonia, Antonio Espasa y sus tres hijas, patrocinados por CORREPI.
El asesino, pese a la claridad y simpleza del hecho, nunca estuvo preso. Los cuatro fiscales que se sucedieron en la larga instrucción de la causa demoraron todo lo posible su indagatoria, a la que sólo se llegó a fuerza de presión con la lucha organizada. El actual fiscal, que no se animó a acusar por homicidio calificado por la condición de policía del criminal, sí tiene agallas, en cambio, para proponer una “acusación alternativa”. Por homicidio simple (8 a 25 años), pero “si V. E. le parece excesivo, entonces acuso por homicidio culposo”, sin intención, con una pena absurda, excarcelable.
CORREPI, familiares y amigos de Sonia Colman nos movilizaremos ese día y durante todo el juicio a los Tribunales de San Isidro, para exigir justicia, y que Benitez no sea otro de los asesinos a sueldo del estado que luego de matar quede libre. ¡Tiene que pudrirse en la cárcel!
¡Basta de impunidad y Gatillo Fácil!
¡Justicia para Sonia y para los más de 3.200 asesinados por las fuerzas represivas del estado!
DESALOJOS EN TODO EL PAÍS
El último 5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por efectivos de la policía de Tucumán. Se encontraban ocupando un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial, desde hacía un mes. Los policías ingresaron con caballos, y reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando como saldo varias personas heridas y detenidas.
Las familias, con la apremiante necesidad de una vivienda digna, fueron desalojadas mediante una orden judicial emitida por la subrogante de la Fiscalía I, Nora Wrexler.
Por otra parte, la policía federal mantiene sitiadas a decenas de familias que se encuentran ocupando, desde el 17 de julio, un terreno lindero a la estación de trenes Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita. La toma está motivada por la situación de emergencia habitacional que padecen las 1.714 personas que viven en el “Playón de Chacarita”.
Por orden del juez Norberto Oyarbide, la policía produjo un cerco vallado con el fin de impedir que se instalen baños químicos o se ingrese comida a la toma (ni alimentos, ni agua, ni leche para los chicos). Las fuerzas de seguridad no permiten entrar ni salir a nadie.
Mientras tanto, los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar por “usurpación” a los militantes sociales que se pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo por los hechos ocurridos durante la toma del Parque Indoamericano, en 2010.
En consecuencia, se reabrirá la causa contra los referentes de las organizaciones que participaron en la toma, mientras siguen impunes los crímenes de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez, asesinados durante la represión estatal en aquellas jornadas de diciembre pasado.
Así responden los gobiernos a las necesidades reales del pueblo. Los problemas habitacionales continúan en ascenso. La represión y la criminalización de la protesta, también.
MILICO VIOLADOR, VIGILADRÓN Y COMIPIRATA DEL ASFALTO
En plena época electoral, atravesada por la conflictividad social que desatan la pobreza, el desempleo y la inflación, la agenda de la campaña política se centra en lo que ellos llaman “seguridad”. “Es lo que la gente pide” dicen los candidatos y sus alcahuetes de turno. Sin embargo, cuando pedimos salud, educación y vivienda, la única respuesta que recibimos es un palazo en la cabeza, para mantenernos a raya, para obligarnos a vivir conformes con sólo migajas de las riquezas que generamos con nuestro trabajo.
Por eso, semana tras semana, seguimos denunciando que el rol principal de las fuerzas de “seguridad” es someternos, y no protegernos. Y que, para el pueblo trabajador, inseguridad es más policía en la calle. En este sentido, para que no dejemos que nos engañen, continuamos denunciando que la criminalidad policial está a la orden del día, con la connivencia del poder político.
El caso más aberrante se dio en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Un ex militar, suboficial retirado de la Armada Argentina, de 45 años y de quien no trascendieron más datos, violó y embarazó a una nena de 11 años, hija de su pareja. Estuvo prófugo durante algunos días, luego de que la mamá de la nena hiciera la denuncia. “Apareció” en Bahía Blanca y está detenido.
Por otra parte, el 10 de agosto, el vigilador de la empresa de seguridad Securitas S.A., Roberto Emilio Maciel (40), fue detenido luego de un allanamiento en su domicilio. En su poder se encontraron relojes y joyas por un valor aproximado de 900.000 pesos que había robado de dos casas del country que “vigilaba” en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Por último, el comisario Juan Constantino Vesiroglio, de la seccional 1ª de La Plata, fue sorprendido el 12 de agosto junto con cuatro cómplices en un galpón de esa ciudad, donde escondían el camión que habían robado horas antes. La banda de piratas del asfalto se había hecho de 26 mil kilos de pollo que, se especula, iban a ser vendidos en supermercados del sur del Gran Buenos Aires.
EN TODO EL MUNDO EL MISMO MÉTODO: REPRESION
En Honduras, España, Inglaterra y la India, por distintos conflictos esta semana se sucedieron hechos de represión al pueblo, como demostración de que no importa el color político que tenga el gobierno como circunstancial administrador del estado.
Como en Jujuy y en Formosa, en Honduras se suceden los asesinatos a integrantes de comunidades que reclaman tierras para poder vivir. Ya son 14 los muertos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por los terratenientes dueños de las tierras ocupadas, en complicidad con la policía y los militares que el dictador Porfirio Lobo envió para “pacificar”.
En los últimos meses, se calcula que 16 hondureños son asesinados cada día por integrantes del grupo Cobra (brigada de elite de la policía hondureña), el ejército y grupos de choque paraestatales. Estos chacales tienen particular preferencia por los jóvenes militantes, ya que, en su inmensa mayoría, los muertos y desaparecidos tienen entre 14 y 25 años.
Esta semana, los estudiantes hondureños se movilizaron en Tegucigalpa contra la privatización de la educación. Como en Chile, la represión no se hizo esperar. El saldo fue de dos estudiantes desaparecidos y varias decenas de heridos y detenidos.
En España, a la movilización contra los ajustes del gobierno de Zapatero, se sumaron las protestas por la visita del Papa Benedicto XVI, sobre todo debido al marco en el que se desarrolla, con una crisis económica que golpea directamente a la clase trabajadora española, con niveles de desempleo que, en cifras oficiales, llegan al 25 %.
Cien millones de euros fue el costo que el pueblo trabajador de España tuvo que pagar en seguridad, alojamiento y traslado de la comitiva y las actividades de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud). La manifestación laica, que nucleaba jóvenes laicos, homosexuales, feministas y a los Indignados, fue desalojada por la policía de la Puerta del Sol, a la que habían podido acceder luego de peleas con los fieles a Ratzinger. El resultado fue de 7 heridos y varios detenidos.
En Londres siguen los coletazos de la pueblada producida por el asesinato a manos de la policía de Mark Duggan y la reiterada persecución y discriminación que sufren los habitantes pobres de las barriadas obreras, muchos de ellos inmigrantes. El primer ministro, David Cameron, prometió implementar la política de “tolerancia cero”. Para ello, solicitó el asesoramiento de William Bratton, quien implementara la misma política en EEUU y la “exportó” a Latinoamérica.
Ya se otorgaron a los “bobbies” más facultades para reprimir, con la amplaición de sus poderes para hacer detenciones arbitrarias. Otras medidas son los recortes de ayuda económica a los padres de los jóvenes “revoltosos” y el toque de queda.
El saldo de la represión fue de 5 muertos y 1.600 detenidos, a los que se les está juzgando sumariamente, con tribunales trabajando en fines de semana. En este marco, rápidamente se condenó a 4 años de prisión a dos jóvenes de 20 y 22 años por incitar a realizar disturbios por Facebook.
Finalmente,, en la India, hubo más de 1.000 detenidos en una protesta contra la corrupción. Resulta que para iniciar una huelga de hambre en señal de protesta, en la India hay que pedir autorización. Si, de todos modos, uno no acata la negativa, va preso, como le ocurrió al activista Anna Hazare, que fue detenido en presencia de 500 seguidores.
Como podemos ver, no importa el color político que detente el gobierno que administre el estado, ni tampoco son relevantes las diferencias culturales que pueda haber de un pueblo a otro. La lógica que se impone en todos casos es la misma: si hay protesta, si se quieren defender las conquistas del pueblo arrancadas mediante la lucha, hay represión.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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Visitá nuestro local en Carlos Calvo 2499 y Alberti, Monserrat.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
Sumario:
1. Otra vez, criminalizan la lucha
2. De gatillo en gatillo
3. Juicio al asesino de Sonia Colman
4. Desalojos en todo el país
5. Milico violador, vigiladrón y comipirata del asfalto
6. En todo el mundo el mismo método: represión.
OTRA VEZ, CRIMINALIZAN LA LUCHA
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”
El artículo 213 bis fue introducido en el código penal por el “gran demócrata” Arturo Illia (UCR) en 1964, y fue modificado con un aumento de pena a cargo de Perón diez años después, en el paquete de “leyes antisubversivas”.
Este mismo artículo es el que se busca aplicar a Roberto Martino y a otros 6 militantes que fueron detenidos el 17 de mayo de 2009, bajo la acusación de prepotencia ideológica, por denunciar al Estado sionista de Israel, en un acto organizado por el gobierno de la ciudad.
Los militantes habían sido sobreseídos, pero la DAIA lo apeló el sobreseimiento y logró que se renovara la imputación por esa figura.
Este hecho se enmarca dentro de reiterados avances en la criminalización de la lucha que viene llevando adelante el gobierno contra distintos militantes del campo popular.
Es el caso de Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, dirigentes universitarios y militantes del PTS, quienes fueron juzgados por participar de cortes de calle en apoyo a la lucha por la reincorporación de 160 despedidos de los trabajadores de Kraft-Terrabusi y contra la represión desatada contra ellos. Los tres fueron absueltos el último 10 de agosto, porque el fiscal Brunnet no pudo sostener la acusación.
Rubén Saboulard (Asambleas del Pueblo) y Oscar Kuperman (CUBa-MTR), fueron juzgados por cortes de calle en 2009. El fiscal López tuvo que admitir que no eran suficientes las pruebas, y fueron absueltos el último 24 de mayo.
El 27 de junio, era el turno del juicio contra Oscar “Neno” Abella, de la Agrupación Ferroviaria 4 de Octubre, acusado por UGOFE por pintar “Pedraza asesino” en el hall de Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra.
Uno de los testigos en su contra era el comisario Jorge Ferreyra, quien era, el 20 de octubre de 2010, jefe de la División Roca, dependencia policial que realizó un importante aporte para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.
El 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento por la fiscalía. El comisario “testigo”Ferreyra, cumple su rol de señalar y criminalizar trabajadores constantemente, como lo hizo contra los militantes de Causa Ferroviaria y del Partido Obrero por la movilizacion del 23 de diciembre de 2010; contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año y contra nueve ferroviarios por el corte del 25 de enero de 2011.
La absolución de los compañeros Calcagno, del Corro, Oribe, Saboulard, Kuperman y Abella son prueba de que, a fuerza de organización y lucha independientes y sin ninguna confianza en esta justicia, se puede lograr que un militante social sea arrancado de las garras represoras del estado burgués que defiende los intereses de los capitalistas. Lo mismo debemos hacer con los compañeros del FAR, por el camino de la organización y la lucha.
DE GATILLO EN GATILLO
Nuevamente vemos, en casos concretos, como el estado, por medio de sus fuerzas de seguridad, busca que el pueblo aprenda quién manda.
El primero de los casos nos lleva a Córdoba, donde el policía Enrique Bravo fusiló, en 2004, a Martín “Piru” Quintana, que venía de trabajar y se había sentado en el jardín de una casa a tomar algo.
La injusta justicia sólo castigó con 3 años de prisión, que nunca cumplirá, porque encima son en suspenso, al policía que mató a un hombre desarmado que volvía de trabajar. Eso sí, le prohibió, por 7 años, usar armas de fuego, aunque seguirá teniendo su puesto (ahora en cuestiones administrativas) en la policía de Córdoba.
En segundo lugar, tenemos un caso que generó polémica. El agente de la policía Metropolitana David Alejandro Barrios fue detenido hace unos días, después de haber asesinado a Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, dentro de un colectivo de la línea 79 en Avellaneda.
Pese a que el policía dice que estos dos muchachos, junto tres pibes de entre 10 y 12 años, que escaparon, estaban robando a los pasajeros en el colectivo, las únicas balas disparadas fueron las suyas. Se encontraron dos armas más en el colectivo, de las cuales una no tenía balas y la otra no funcionaba pues le faltaban piezas.
El relato de un testigo cuenta cómo, después que los tres chicos salieron corriendo asustados, y que los cuatro proyectiles disparados por Barrios dieran en el cuerpo de los dos jóvenes, éste remató a sangre fría a uno de ellos que estaba agonizando en el suelo.
Al enterarse, los funcionarios porteños naturalizaron y convalidaron la versión del policía: “Se secuestraron armas dentro del colectivo y está todo muy claro”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, mientras que el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la “valentía y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte.”
Por tratarse de un efectivo de la ciudad (igual que hicieron cuando en Liniers la metropolitana desalojó a los puesteros, con la brutalidad de la UCEP hacia la gente de la calle, o con los conflictos que le demandan por límites jurisdiccionales al gobierno porteño) los organismos K decidieron, esta vez sí, denunciar el gatillo fácil y hablar de lo inadmisible del hecho.
Finalmente, el asesino David Alejandro Barrios fue puesto en libertad, y será seguramente felicitado por sus compañeros, verdugos de pobres.
Por último tenemos el caso del policía federal Javier Villarreal, que, en uno de esos “tiroteos” con disparos de un solo lado, y sin un rasguño en el policía, mató a un joven, cuyos aparentes 2cómplices”, como sucede en estos casos, desparecieron sin que nadie –más que el policía- los viera.
Solo tres casos más, que plasman la impunidad con que las distintas policías desenvuelven su violencia hacia el pueblo, y son amparadas por la justicia del sistema.
JUICIO AL ASESINO DE SONIA COLMAN
23 de diciembre de 2007, mucho calor. Se acercan las fiestas y muchos tratan de conseguir unos pesos que siempre faltan. La esquina de ruta 26 y Valentín Gómez, en el populoso barrio de Del Viso, en el Gran Buenos Aires, es un hormiguero de gente que va y viene.
Una mujer, Sonia Colman, está tratando de vender utensilios para la parrilla, para hacer el asado, entre los autos, a la gente que pasa. Un patrullero frena de golpe, el oficial de la policía bonaerense Oscar Benítez desciende y dispara su escopeta, según declara, contra un Fiat en el que iban dos jóvenes. Uno de los perdigones del arma impacta en el corazón de la vendedora ambulante y la mata en el acto.
Los dos jóvenes, supuestos ladrones sobre los que disparaba el oficial, estaban desarmados.
El próximo martes 30 de agosto, a las 10:00, empieza el juicio contra el policía Oscar Benítez, en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro. Son sus acusadores, y exigen perpetua, el viudo de Sonia, Antonio Espasa y sus tres hijas, patrocinados por CORREPI.
El asesino, pese a la claridad y simpleza del hecho, nunca estuvo preso. Los cuatro fiscales que se sucedieron en la larga instrucción de la causa demoraron todo lo posible su indagatoria, a la que sólo se llegó a fuerza de presión con la lucha organizada. El actual fiscal, que no se animó a acusar por homicidio calificado por la condición de policía del criminal, sí tiene agallas, en cambio, para proponer una “acusación alternativa”. Por homicidio simple (8 a 25 años), pero “si V. E. le parece excesivo, entonces acuso por homicidio culposo”, sin intención, con una pena absurda, excarcelable.
CORREPI, familiares y amigos de Sonia Colman nos movilizaremos ese día y durante todo el juicio a los Tribunales de San Isidro, para exigir justicia, y que Benitez no sea otro de los asesinos a sueldo del estado que luego de matar quede libre. ¡Tiene que pudrirse en la cárcel!
¡Basta de impunidad y Gatillo Fácil!
¡Justicia para Sonia y para los más de 3.200 asesinados por las fuerzas represivas del estado!
DESALOJOS EN TODO EL PAÍS
El último 5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por efectivos de la policía de Tucumán. Se encontraban ocupando un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial, desde hacía un mes. Los policías ingresaron con caballos, y reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando como saldo varias personas heridas y detenidas.
Las familias, con la apremiante necesidad de una vivienda digna, fueron desalojadas mediante una orden judicial emitida por la subrogante de la Fiscalía I, Nora Wrexler.
Por otra parte, la policía federal mantiene sitiadas a decenas de familias que se encuentran ocupando, desde el 17 de julio, un terreno lindero a la estación de trenes Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita. La toma está motivada por la situación de emergencia habitacional que padecen las 1.714 personas que viven en el “Playón de Chacarita”.
Por orden del juez Norberto Oyarbide, la policía produjo un cerco vallado con el fin de impedir que se instalen baños químicos o se ingrese comida a la toma (ni alimentos, ni agua, ni leche para los chicos). Las fuerzas de seguridad no permiten entrar ni salir a nadie.
Mientras tanto, los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar por “usurpación” a los militantes sociales que se pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo por los hechos ocurridos durante la toma del Parque Indoamericano, en 2010.
En consecuencia, se reabrirá la causa contra los referentes de las organizaciones que participaron en la toma, mientras siguen impunes los crímenes de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez, asesinados durante la represión estatal en aquellas jornadas de diciembre pasado.
Así responden los gobiernos a las necesidades reales del pueblo. Los problemas habitacionales continúan en ascenso. La represión y la criminalización de la protesta, también.
MILICO VIOLADOR, VIGILADRÓN Y COMIPIRATA DEL ASFALTO
En plena época electoral, atravesada por la conflictividad social que desatan la pobreza, el desempleo y la inflación, la agenda de la campaña política se centra en lo que ellos llaman “seguridad”. “Es lo que la gente pide” dicen los candidatos y sus alcahuetes de turno. Sin embargo, cuando pedimos salud, educación y vivienda, la única respuesta que recibimos es un palazo en la cabeza, para mantenernos a raya, para obligarnos a vivir conformes con sólo migajas de las riquezas que generamos con nuestro trabajo.
Por eso, semana tras semana, seguimos denunciando que el rol principal de las fuerzas de “seguridad” es someternos, y no protegernos. Y que, para el pueblo trabajador, inseguridad es más policía en la calle. En este sentido, para que no dejemos que nos engañen, continuamos denunciando que la criminalidad policial está a la orden del día, con la connivencia del poder político.
El caso más aberrante se dio en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Un ex militar, suboficial retirado de la Armada Argentina, de 45 años y de quien no trascendieron más datos, violó y embarazó a una nena de 11 años, hija de su pareja. Estuvo prófugo durante algunos días, luego de que la mamá de la nena hiciera la denuncia. “Apareció” en Bahía Blanca y está detenido.
Por otra parte, el 10 de agosto, el vigilador de la empresa de seguridad Securitas S.A., Roberto Emilio Maciel (40), fue detenido luego de un allanamiento en su domicilio. En su poder se encontraron relojes y joyas por un valor aproximado de 900.000 pesos que había robado de dos casas del country que “vigilaba” en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Por último, el comisario Juan Constantino Vesiroglio, de la seccional 1ª de La Plata, fue sorprendido el 12 de agosto junto con cuatro cómplices en un galpón de esa ciudad, donde escondían el camión que habían robado horas antes. La banda de piratas del asfalto se había hecho de 26 mil kilos de pollo que, se especula, iban a ser vendidos en supermercados del sur del Gran Buenos Aires.
EN TODO EL MUNDO EL MISMO MÉTODO: REPRESION
En Honduras, España, Inglaterra y la India, por distintos conflictos esta semana se sucedieron hechos de represión al pueblo, como demostración de que no importa el color político que tenga el gobierno como circunstancial administrador del estado.
Como en Jujuy y en Formosa, en Honduras se suceden los asesinatos a integrantes de comunidades que reclaman tierras para poder vivir. Ya son 14 los muertos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por los terratenientes dueños de las tierras ocupadas, en complicidad con la policía y los militares que el dictador Porfirio Lobo envió para “pacificar”.
En los últimos meses, se calcula que 16 hondureños son asesinados cada día por integrantes del grupo Cobra (brigada de elite de la policía hondureña), el ejército y grupos de choque paraestatales. Estos chacales tienen particular preferencia por los jóvenes militantes, ya que, en su inmensa mayoría, los muertos y desaparecidos tienen entre 14 y 25 años.
Esta semana, los estudiantes hondureños se movilizaron en Tegucigalpa contra la privatización de la educación. Como en Chile, la represión no se hizo esperar. El saldo fue de dos estudiantes desaparecidos y varias decenas de heridos y detenidos.
En España, a la movilización contra los ajustes del gobierno de Zapatero, se sumaron las protestas por la visita del Papa Benedicto XVI, sobre todo debido al marco en el que se desarrolla, con una crisis económica que golpea directamente a la clase trabajadora española, con niveles de desempleo que, en cifras oficiales, llegan al 25 %.
Cien millones de euros fue el costo que el pueblo trabajador de España tuvo que pagar en seguridad, alojamiento y traslado de la comitiva y las actividades de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud). La manifestación laica, que nucleaba jóvenes laicos, homosexuales, feministas y a los Indignados, fue desalojada por la policía de la Puerta del Sol, a la que habían podido acceder luego de peleas con los fieles a Ratzinger. El resultado fue de 7 heridos y varios detenidos.
En Londres siguen los coletazos de la pueblada producida por el asesinato a manos de la policía de Mark Duggan y la reiterada persecución y discriminación que sufren los habitantes pobres de las barriadas obreras, muchos de ellos inmigrantes. El primer ministro, David Cameron, prometió implementar la política de “tolerancia cero”. Para ello, solicitó el asesoramiento de William Bratton, quien implementara la misma política en EEUU y la “exportó” a Latinoamérica.
Ya se otorgaron a los “bobbies” más facultades para reprimir, con la amplaición de sus poderes para hacer detenciones arbitrarias. Otras medidas son los recortes de ayuda económica a los padres de los jóvenes “revoltosos” y el toque de queda.
El saldo de la represión fue de 5 muertos y 1.600 detenidos, a los que se les está juzgando sumariamente, con tribunales trabajando en fines de semana. En este marco, rápidamente se condenó a 4 años de prisión a dos jóvenes de 20 y 22 años por incitar a realizar disturbios por Facebook.
Finalmente,, en la India, hubo más de 1.000 detenidos en una protesta contra la corrupción. Resulta que para iniciar una huelga de hambre en señal de protesta, en la India hay que pedir autorización. Si, de todos modos, uno no acata la negativa, va preso, como le ocurrió al activista Anna Hazare, que fue detenido en presencia de 500 seguidores.
Como podemos ver, no importa el color político que detente el gobierno que administre el estado, ni tampoco son relevantes las diferencias culturales que pueda haber de un pueblo a otro. La lógica que se impone en todos casos es la misma: si hay protesta, si se quieren defender las conquistas del pueblo arrancadas mediante la lucha, hay represión.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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viernes, 19 de agosto de 2011
REVOLUCIÓN ESTUDIANTIL CHILE 2011
Video que recoge experiencias, reflexiones y proyecciones de estudiantes desplazados por el modelo educativo chileno en Argentina, respecto a las actuales luchas estudiantiles que se están llevando a cabo en el país.
Realizado por la Asamblea de Estudiantes Chilenos en La Plata.
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