martes, 28 de mayo de 2013
LA MEMORIA EN RUINAS. El kirchnerismo y los Centros Clandestinos de Detención.
El Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares por sobre el conjunto de la ex dependencias militares y policiales del Terror de Estado, a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como simples emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
Desde junio de 2011 existe una ley nacional (N° 26.691) que declara Sitios de Memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal hasta diciembre del ‘83. Claro, el articulado destaca que la ley comprende sólo los lugares sobre los que existen “pruebas suficientes sobre su funcionamiento como CCD” y que la constatación se hará sobre la base del informe de CONADEP, del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los testimonios en procesos judiciales.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el ANM, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que completen las investigaciones sobre los Sitios, actualizar su nómina, gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la baldosa y la foto”. Al 24 marzo 2013, el área de prensa de la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 60 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar y preservar los espacios, sólo han señalizado el 10 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.
Cuatro experiencias concretas ilustran la desidia que señalamos sobre los Sitios de Memoria:
BIM3
Lo ocurrido con el predio del ex Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino de desidias abonado con negocios inmobiliarios del Estado.
El accionar represivo de la Armada en la zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Hospital y Liceo Naval, el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Swift y Astilleros.
El BIM3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de detenidos desde y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
No habiendo resguardado nunca la Justicia las 9 hectáreas del lugar como prueba judicial, la Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
En julio de 2001 desde HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una alcaldía para alojar presos, a lo que se Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En octubre de 2005 HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT5 y exigíamos que el presidente Kirchner expropiara para investigarlo y darle uso educativo y cultural. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria”. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inauguar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras el Dr. Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la continuidad del proyecto inmobiliario en la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que se estima inaugurada para los primeros meses de 2014, y que está mucho más avanzada que la causa N°35 por los crímenes de la “FT5”, que duerme su siesta impune en el tribunal del hoy renunciado Juez Corazza, y tiene sólo 9 represores procesados desde septiembre de 2011.
ARANA
En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio del Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció el hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”. Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún hoy no se realizó.
La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la memoria de los sobrevivientes y la búsqueda de los familiares mucho más de lo que el Estado parece contemplar.
CAMPOMAR
El grandioso negociado que pende sobre el predio de la ex fábrica textil Campomar de Valentín Alsina, partido de Lanús, sintetiza la impunidad con tres actores: la Justicia desestima las denuncias acumuladas por un grupo de vecinos sobre el funcionamiento del predio en dictadura, una empresa privada socia del kirchnerismo realiza allí un jugoso emprendimiento inmobiliario, y el poder político local y nacional convalidan la situación de impunidad.
En julio del año pasado la presidenta anunció en videoconferencia el lanzamiento del proyecto “Nuevo Valentín Alsina”, un emprendimiento de departamentos suntuarios con que el intendente Darío Díaz Perez pretende disfrazar la vista del ingreso a su partido desde Capital Federal. La construcción es regenteada por la empresa Electroingeniería, una ex humilde firma cordobesa fundada en los ’70 por los hermanos Ferreyra que, de dedicarse a construir tableros eléctricos, pasó con el kirchnerismo a conformar el poderoso Grupo Eling SA que realiza tendidos eléctricos interprovinciales y grandes emprendimientos como Yaciretá, Termozulia y el Corredo Amazónico a Bolivia.
Auspiciada por el Banco Provincia y el municipio de Lanús, la empresa promociona el emprendimiento como “Edificios en Altura con Calidad de Vida, una importante oportunidad para adquirir un inmueble en un lugar estratégico del país. Ubicado a 15´ del Obelisco”. La inmobiliaria “Díaz Perez” de la familia del intendente ofrece los departamentos a estrenar desde 200 mil dólares.
Con este panorama, los vecinos se decidieron a investigar el pasado del predio. Establecieron que en Valentín Alsina era vox pópuli que en la ex fábrica Campomar funcionó un centro clandestino de detención, que en el predio fueron hallados dos cráneos humanos (uno entre el ‘80 y ‘82 y otro en abril del ‘84), que en ocasiones descendían en el terreno helicópteros con personal militar, que en las calles que circundan a predio se hallaron en dictadura ropas manchadas de sangre, y aportaron un testigo ex detenido desaparecido que afirma haber sido alojado en el predio en su paso por 3 CCD de la zona.
Con esa información, y el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron una medida de amparo ante la Cámara Federal de La Plata, encargada de investigar los CCD del “Circuito Camps”.
En septiembre pasado los jueces Vallefín, Compaired, Nogueira, Calitri y Alvarez otorgaron una medida cautelar para preservar el predio. Mientras incorporaron informes de la CPM, de la SDHN, el EAAF, receptaron testigos e hicieron un reconocimiento del lugar. Luego la Cámara decidió extender la cautelar, pero delimitó el alcance de la medida sólo sobre parte del predio. Allí mandaron a Gendarmería a pasar un georradar que detecta remoción del terreno, pero sin control judicial. Finalmente, los jueces a los que nunca les alcanzan las pruebas para investigar a los genocidas concluyeron en que no hay prueba suficiente para afirmar que el lugar fue un CCD y habilitaron a la empresa a continúa construyendo con el compromiso de informar a la Cámara si se encontraba algo. Sin embargo, el camarista platense Leopoldo Schiffrin opinó en disidencia que como no se agotaron los medios investigativos y existe duda razonable sobre la utilización del predio para tareas represivas en dictadura, no se justifica plenamente el levantamiento de la medida de no innovar. Los vecinos piden que se termine de investigar como se debe.
En diciembre pasado la política de la placa y la foto llegó a Valentín Alsina: en un acto con presencia del intendente, de funcionarios de las secretarías de DDHH de Nación y provincia, y de ex detenidos acólitos del gobierno K, se señalizó la Comisaría 3ra de Valentín Alsina como ex CCD y actual Sitio de Memoria. Obviamente, no hubo ni una palabra sobre Campomar, ubicada a 5 cuadras de allí. Nadie querría arruinar un acto político para perder un gran negociado.
LA ESMA
Pero sin dudas el punto cúlmine de la gestión de los espacios de Memoria como cotos del circooficialista es lo que sucede en la ex ESMA. Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos oportunamente la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año pasado en el predio por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, que realizaron, defendieron (y minimizaron el cachetazo que significó hacer) “un asado” en uno de los mayores lugares de exterminio de la última dictadura. Frente a esta canallada, acompañamos a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.
En la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes” que la AEDD hizo en 2004, mientras se discutía ampliamente los futuros usos del espacio cedido por el Estado Nacional el 24 de marzo de ese año, se aportaban criterios sólidos y fundamentados para lo que se avizoraba como una utilización desmedida del predio. Los compañeros decían claramente que para revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través de su utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Asociación Meldorek-Madres de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia”, arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, el “Centro Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna el obsekuente Eduardo Jozami, el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado al ex abogado respetable Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro del cineasta oficial Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.
Alak y Fresneda pretenden continuar ahora la avanzada con un proyecto de “Puesta Museográfica” que prevé hasta la alocada idea de ubicar una fuente en el sótano del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Y los HIJOS Kapital mostraron recientemente su respeto a la historia y significación del espacio con la realización de un video en el predio, donde los propios referentes de la organización cantan loas a la presidenta disfrazados para un carnaval carioca.
El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios. Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la actual. Debate que, cada vez más, no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsekuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.
lunes, 27 de mayo de 2013
Las amenazas, la cultura y la coordinación represiva.
por Néstor Kohan
¿Ya no hay coordinación
represiva en Nuestra América? ¿Se acabó el Plan Cóndor? ¿Se disolvieron los
aparatos de inteligencia vinculados al terrorismo de estado? ¿Los grupos de
ultraderecha son un triste recuerdo del pasado? ¿Vivimos en una democracia
plena?
Cada quien
responderá esas preguntas como quiera o como pueda.
En estas líneas me
limito a hacer públicos y denunciar hechos puntuales que, ¿por qué no
admitirlo?, me generan cierta preocupación.
En Argentina
estamos acostumbrados a la vigilancia de los aparatos de inteligencia. Ya son
parte del “folclore político” doméstico. Nos escuchan los teléfonos, nos leen
los correos electrónicos, nos fotografían las asambleas, nos filman en las
movilizaciones. Todo el mundo lo sabe. Los recientes casos, tristemente
célebres, del oficial de inteligencia de la policía federal Américo Balbuena, infiltrado más de una
década en la agencia de noticias alternativa Rodolfo Walsh, así como el “proyecto X” de inteligencia de la
Gendarmería sobre organizaciones populares son tan sólo la punta del iceberg.
Es lo que apenas salió a la luz. ¿Y todo lo que no se ve? Sólo alguien
demasiado ingenuo o completamente desinformado puede imaginar que esto es
producto de la “paranoia”.
El aparato de
inteligencia y represión del estado opera a través de múltiples vías. Puede
consultarse con provecho el libro de Gerardo Yung SIDE, La Argentina secreta
(Buenos Aires, Planeta, 2006), donde aparece la descripción del modo de operar
del aparato de inteligencia argentino (dirigido y equipado directamente por la
CIA de EEUU y el MOSSAD de Israel) sobre el movimiento popular, sus militantes
y sus intelectuales. Uno de los tantos departamentos de la central de
inteligencia de Argentina está dedicado, obviamente, a la informática. Utilizan
tecnología de punta, en gran parte proveniente de Israel. Desde allí
interceptan mensajes, escuchan, miran y, ¿por qué no?, arman páginas y blogs en
la web.
En ese clima
político han aparecido últimamente una serie de páginas de Internet destinadas
a contrarrestar a las agencias de información alternativa. Se presentan como
gestionadas en forma “amateur” por individuos sueltos o viejitos reaccionarios.
Pero por la cantidad de información que manejan, el seguimiento al detalle, día
y hora, de movimientos sociales, partidos políticos e incluso individuos, sería
imposible que una o dos personas puedan mantenerlas funcionando en forma
“amateur”. Es evidente que hay un aparato detrás, una organización de
vigilancia colectiva que intenta operar con información de inteligencia sobre
la opinión pública. Quien sospeche que esto es “paranoia” que siga disfrutando
de su ingenuidad.
En una de esas
páginas, titulada CATAPULTA, me acusan con nombre y apellido, incluyendo
fotografías de mi persona y tapa de mis libros, de ser un “escritor
guerrillero” aduciendo como prueba haber publicado un libro sobre EL CAPITAL de
Karl Marx y mi participación durante una década en la Universidad Popular que
promovieron las Madres de Plaza de Mayo. Cada vez que publican artículos o
notas sobre Néstor Kohan las ubican en la sección CONOCIENDO AL ENEMIGO. En una de ellas pretenden señalarme como
“brazo político de las FARC” (referencia a la insurgencia de Colombia, hoy en
diálogos de paz en la Habana, Cuba) junto al profesor de economía Jorge Beinstein, ya que ambos
pertenecemos al Movimiento Continental Bolivariano (MCB). Véase http://www.catapulta.com.ar/?p=2629
Esta página de
ultraderecha argentina disfraza su tarea incluyendo “notas color” donde acusan
a la Iglesia del Vaticano de ser “demasiado liberal” y otras tonterías
similares, pero el eje habitual de sus informaciones son, invariablemente, el
seguimiento al detalle de las actividades de la izquierda y de las
organizaciones populares.
“Acostumbrado” a
nuestra ultraderecha criolla y a sus servicios de inteligencia siempre rodeándonos,
dejé pasar esas publicaciones, no sin cierta preocupación.
Un tiempo después
de que apareciera mi fotografía en la sección “CONOCIENDO AL ENEMIGO” de Catapulta, viajé a México a un seminario
internacional organizado por el Partido del Trabajo (un partido legal e
institucional, con representación parlamentaria) y al llegar al aeropuerto de
México oficiales de INTERPOL me retuvieron el pasaporte y me llevaron a su
oficina. No pasó nada grave. Me devolvieron el pasaporte. ¿Para qué hicieron
eso? Nunca lo supe.
Luego fui a
Santiago de Chile a presentar la edición chilena de mi último libro sobre el
pensamiento teórico del Che Guevara y sus cuadernos de lectura marxista. En el
aeropuerto de Santiago, a la hora de sellarme los documentos, comenzó un
extenso interrogatorio sobre el contenido de mis clases, los amigos chilenos
que me irían a recibir, mis contactos políticos y una serie infinita de
preguntas policiales muy detalladas. Me exigían datos sobre las universidades
que visitaría. Salí de ese interrogatorio y les pregunté a otros pasajeros si
les habían hecho preguntas. Nadie que tomó el mismo vuelo que yo había sido interrogado.
Y ahora me
encuentro, de pura casualidad, buscando información en Internet, con una nueva
y amarga “sorpresa”.
Aparece una página,
claramente de la inteligencia colombiana (por la cantidad de información y de
notas diarias dedicadas a la insurgencia y al movimiento popular colombiano),
titulada Colombiaopina's Blog donde los editores
publican la siguiente nota: “CONOCER A
LOS APOLOGISTAS DE LAS FARC: NESTOR KOHAN”. Véase: http://colombiaopina.wordpress.com/2012/12/14/conocer-a-los-apologistas-de-las-farc-nestor-kohan/conocer-a-los-apologistas-de-las-farc/
Allí utilizan una
fotografía mía donde estoy dando una conferencia sobre Karl Marx en Europa.
Estos agentes de inteligencia la retocan y la trucan, al peor estilo del
stalinismo (que retocaba las fotos donde Trotsky aparecía al lado de Lenin,
borrándolo), reemplazando los símbolos de una organización política de Santiago
de Compostela (Galiza, estado español) por el escudo de las FARC-EP de
Colombia.
Fotografía original:
Fotografía trucada:
Todo el mundo sabe
que en Colombia las amenazas de muerte y los asesinatos políticos selectivos
estuvieron y están a la orden del día. El caso del profesor Renan Vega Cantor,
autor de una gran cantidad de libros sobre historia y Premio Libertador en
Venezuela ha sido uno de los más recientes (hasta donde tenemos noticias).
Renan Vega vino a la Argentina escapando de ese acoso político y esas amenazas
de muerte y recibió la solidaridad de muchísimas personalidades políticas,
intelectuales, revistas, cátedras y organizaciones estudiantiles. Lo
mencionamos porque es el más cercano y el más reciente del que tenemos memoria.
También sabemos que
la clase dominante colombiana no sólo ha amenazado, asesinado y reprimido
dentro de su propio territorio nacional. No hace demasiado tiempo el
intelectual y dirigente político Narciso Isa Conde, también integrante del
Movimiento Continental Bolivariano, recibió un atentado —afortunadamente
frustrado— en su país, República Dominicana. Como hacían los militares
argentinos de Videla o los chilenos de Pinochet, esta gente vigila, amenaza, mata
y asesina incluso más allá de sus fronteras.
Por eso dejé pasar
las (falsas) notas acusatorias de los servicios de inteligencia de CATAPULTA.
No le di mayor importancia a las “anécdotas” de INTERPOL en México y al rarísimo
e inesperado interrogatorio de la policía en Chile. Pero cuando me encuentro
ahora con esta burda maniobra de la inteligencia militar colombiana, creo que
es hora de hacerlo público. Porque acá hay una coordinación represiva. Estas
“coincidencias” no son casuales. Exactamente la misma información (falsa,
trucada) y el mismo montaje comienza a aparecer en fuerzas represivas de países
distintos.
En la acusación
fraguada, malintencionada y pérfida a la que hago referencia, los agentes de
inteligencia colombianos pretenden señalarme como “uno de
los principales ideólogos de las FARC en este momento”. ¡Qué delirio, Dios
mío! Estos fascistas no sólo son reaccionarios de ultraderecha, además tienen
graves problemas mentales. ¿Cómo se imaginan que alguien que vive en Argentina,
a miles de kilómetros de Colombia, puede ser un ideólogo de una organización de
otro país? Como se han quedado sin los viejos cuentos del “comunismo que viene
de Moscú o de Pekín”, ahora inventan ideólogos… argentinos. No puedo menos que
reírme. Parece un chiste (malo) de argentinos. Los argentinos no sólo han
puesto un Papa en el Vaticano, también controlan a las FARC de Colombia. ¡Qué
delirantes!
Y no sólo eso, me
acusan afirmando lo siguiente “y desde
las páginas electrónicas de la organización narcoterrorista “tira línea” [Néstor
Kohan] sobre lo que debe ser el
comportamiento de los terroristas en el proceso de La Habana”. ¡Qué
subestimación tiene esta gente de la insurgencia colombiana! ¿Un movimiento
social y político con miles de integrantes, que hace 60 años que lucha en su
país, necesitaría que alguien “le tire línea” sobre los problemas colombianos?
Ni siquiera tengo datos empíricos de la economía colombiana, de la propiedad de
su territorio, del desarrollo de su industria, de los niveles de su comercio
exterior. No conozco ni siquiera las provincias colombianas. ¿Cómo “tirar
línea” sin vivir ahí ni conocer a fondo un país? ¡Qué delirantes!
En su nota
macartista y fraudulenta no se ahorran nada. Me acusan de “terrorista” por
haber colaborado durante muchos años con el Movimiento Sin Tierra (MST) de
Brasil. ¿Quién en su sano juicio piensa hoy que los campesinos brasileños son
“terroristas”? ¿Detrás de estas acusaciones no estará la inteligencia de EEUU?
Los milicos de
CATAPULTA me acusan de “terrorista” y “guerrillero” por haber colaborado
durante una década con las madres de plaza de mayo (colaboración absolutamente
gratuita, agrego… para evitar malentendidos, jamás cobré un solo peso).
Los milicos de
Colombia me acusan de “terrorista” por haber trabajado junto a los campesinos
de Brasil y por sugerir que lograr la paz en Colombia es muy difícil debido al
terrorismo de estado de su clase dominante.
Como “pruebas”
incluyen dos notas mías, pequeñísimas. (Estos lúmpenes a sueldo del estado ni
siquiera se tomaron el trabajo de leer los libros míos que ellos citan como un
pecado gravísimo). Una es sobre la paz en Colombia —que ellos rechazan, pues
apuestan a la guerra y a la solución militar del conflicto— y otra es sobre una
vieja biografía del escritor Arturo Alape del que hice una reseña bibliográfica
hace 15 años.
Sobre la primera
nota, “La paz en Colombia”, ni siquiera me había enterado que la agencia de
noticias alternativa anncol la había publicado. Tuve que pinchar el link de los
fachos para enterarme… porque el original salió en una página española. Si
anncol rebotó esa nota, ¿qué problema hay? ¿Es pecado?
Sobre la segunda
nota, citan un pequeñísimo texto que escribí en los años 90 sobre una biografía
de Arturo Alape sobre Marulanda (buenísima, la recomiendo, la publicó editorial
Planeta) que un dirigente sindical argentino nos había regalado, hace como 15
años, a mi padre y a mí. Una biografía literaria que hasta incluye elementos de
ficción. La biografía se titula Tirofijo: Los sueños y las montañas.
Este texto sobre la biografía de Alape fue escrito en la década del ’90 y lo
incorporé al libro Pensar a contramano. Las armas de la crítica y la
crítica de las armas. Buenos Aires, Nuestra América, 2007.pp.289-290.
Como los fachos no leen libros gordos, porque es mucho trabajo, se tomaron de
ese texto donde comparo a las FARC-EP de Colombia con el EZLN de México,
trazando analogías y diferencias. Sí, también viajé a México y participé en un
encuentro del zapatismo (EZLN) en 1996. ¡Qué pecado mortal!
¡Néstor Kohan
defiende la rebeldía del pueblo colombiano! ¡Gravísimo! ¡Llamen a la
Inquisición! También defiende a los campesinos de Brasil y a los indígenas de
México y estuvo muchos años junto a las madres de plaza de mayo. Podrían haber
agregado otros “pecados mortales”. Tuve el honor de conocer a Fidel Castro y a
Hugo Chávez. También pude entrevistar a Evo Morales. Michael Löwy (brasileño,
de inspiración trotskista-guevarista) prologó dos libros míos. Armando Hart
Dávalos (cubano, fundador del Movimiento 26 de julio junto a Fidel) prologó
otro texto mío. Osvaldo Bayer (argentino y anarquista) también prologó un libro
mío. ¿Y qué? ¿Piensan identificar, marcar y amenazar de muerte a todos ellos?
Soy amigo de muchos marxistas de España, Francia e Italia. ¿Piensan cruzar el
mar e ir a “marcarlos” al otro lado del agua?
En las acusaciones
de estos militares y agentes de inteligencia hay solo un dato cierto. Formo
parte del Movimiento Continental Bolivariano… Es verdad. ¡Y a mucha honra! Es más, acabo de escribir un libro entero
dedicado a Simón Bolívar y nuestra independencia (Una lectura latinoamericana).
¿Está mal? ¿Tanto miedo le tienen al fantasma de Simón Bolívar?
Como parte del Movimiento
Continental Bolivariano hemos compartido un montón de clases y seminarios de
estudio con la bandera de Simón Bolívar detrás nuestro (y del Che Guevara, ya
que nuestra Cátedra de Formación Política lleva su nombre). Clases donde han
participado muchos jóvenes estudiantes, trabajadores de fábricas recuperadas,
piqueteros, y militantes populares compartiendo el conocimiento con profesores,
escritores, intelectuales y pensadores como Osvaldo Bayer, Vicente Zito Lema,
Atilio Boron, Jorge Beinstein, Claudio Katz, el embajador de Palestina en
Argentina y varios dirigentes piqueteros. También participaron profesores
brasileños, uruguayos, bolivianos, cubanos, venezolanos y chilenos. Las
fotografías de esas clases y debates con estos profesores e intelectuales están
en Internet. Nunca las ocultamos. ¡Todas clases públicas! ¿Piensan “marcarlos”
y callarlos a todos?
Más allá de lo
personal, quiero hacer una reflexión mínima sobre las preguntas del comienzo.
¿Desapareció el Plan Cóndor? ¿Ya no hay coordinación represiva a escala
continental? ¿Los servicios de inteligencia y los aparatos de “seguridad” (qué
palabra engañosa…) no se pasan información, no coordinan la vigilancia, no
articulan el seguimiento y la represión?
Sus concepciones,
que lamentablemente no quedaron recluidas en el pasado, continúan operando con objetivos
precisos:
(1) Aniquilar por
la fuerza a todo movimiento social rebelde, desde los tímidos movimientos
urbanos y rurales que sólo se proponen reformas puntuales, hasta la
insurgencia. TODOS SON ENEMIGOS. Para ellos todos son “terroristas”.
(2) Aislar a los
rebeldes: el famoso “sacarle el agua al pez” que en los ’60 promovieron los
franceses en Argelia y los norteamericanos en Vietnam, doctrinas que luego se
aplicaron a rajatabla en Nuestra América. Que los rebeldes se queden solitos,
aislados, sin que nadie opine, sin que nadie hable, sin que nadie vea nada.
(3) Golpear a la
cultura de la rebeldía y al pensamiento crítico, considerados como “núcleo
central del adoctrinamiento subversivo-terrorista” (según el teórico militar
argentino Osiris G. Villegas: Guerra
revolucionaria comunista [Buenos
Aires, Pleamar, 1963; primera edición de la Biblioteca del Oficial del Círculo
Militar Argentino, 1962]). La cultura es el germen de las revoluciones… por eso
en ese espacio hay que vigilar, amedrentar, golpear y si es posible, aniquilar.
(4) Demonizar, satanizar y generar TERROR entre
la juventud, el estudiantado, la intelectualidad, los periodistas, las
abogadas, los profesores y las profesoras. ¡Qué nadie hable! ¡Qué los
escritores no se animen a escribir! ¡Qué nadie investigue nada! ¡Qué los libros
no circulen ni se lean!
(5) Sentar las
bases de los futuros asesinatos selectivos. En Colombia lo vienen haciendo
desde hace décadas. La Triple A argentina (Alianza Anticomunista Argentina) comenzó
igual, señalando futuras víctimas. Amenazando. “Identificando”. Marcando.
No quiero ser
pesimista. Tengo ganas, tengo deseos que las cosas cambien. No me gusta la
cultura “dark” ni hago el culto de la melancolía. Pero tampoco soy ingenuo.
No creo que los
aparatos de represión de este continente se hayan transformado en dulces monjitas o inocentes carmelitas
descalzas. En Argentina, con formas “democráticas” desapareció Julio Lopez,
testigo contra los asesinos militares. Hasta el día de hoy… “nadie sabe nada”.
No creo en la
sonrisa hipócrita del presidente Obama. Cuanto más sonríe, más golpes de estado
hay. ¿Qué pasó en Honduras? ¿Y en Paraguay? ¿Se desmantelaron las nuevas bases
militares estadounidenses en Colombia? No, no le creo a Obama. Es un rubio
disfrazado de afrodescendiente. Es más de lo mismo. Su multiculturalismo es una
mercancía de shopping que nada tiene que ver con el totalitarismo de su american way of life que nos pretende
imponer de mil maneras, cada día más sutiles, vigilancia, control y represión
incluida.
No le creo al
presidente Santos ni al ex presidente Uribe. Parece que entre ellos están
peleados. La página de inteligencia militar que me “marca”, me señala y amenaza,
critica a Santos, seguramente a favor de Uribe. No conozco esa interna política
de Colombia ni me interesa. Los nazis también se peleaban entre ellos pero a la
hora de matar, asesinaban todos juntos.
Cuando me encuentro
ante estas publicaciones amenazantes me acuerdo de algunos viejos, queridos y
admirados desde mi adolescencia.
Jean-Paul Sartre,
por ejemplo, en medio de la histeria colonialista francesa y europea, se animó
a defender los derechos a la rebeldía y a la insurgencia del pueblo de Argelia.
No eran demonios, tenían derechos, dijo Sastre fumando su pipa. No merecían ser
torturados, violados, asesinados. Sartre se puso en contra a todo el mundo,
pero continuó defendiendo a los rebeldes. ¡Y bien que hizo!
Bertrand Russell,
viejito, arrugado, completamente canoso, admirador de Leibniz, amante de la
matemática y la lógica simbólica, se sobrepuso a las amenazas y no dejó un
minuto de condenar la injusta guerra de Vietnam. Incluso lo metieron preso,
pero siguió ejerciendo la solidaridad con la gente humilde y los pueblos rebeldes,
brutalmente quemados y arrasados por el NAPALM de los marines norteamericanos.
Eric Hobsbawm, viejito
judío rodeado de la flema y la neblina inglesa, al hablar de la insurgencia
colombiana y el pueblo de Marulanda, no dudó en escribir que “En Colombia se vive la movilización
campesina más grande de todo el hemisferio occidental”.
No los nombraba como “terroristas” sino como campesinos movilizados.
Noam Chomsky, neurótico
obsesivo fascinado por las estructuras del lenguaje y las formas de racionalidad
humana, escribió en su libro Estados Canallas. El imperio de la fuerza en
los asuntos mundiales (Cambridge, South End Press, 2000; Buenos Aires,
Paidos, 2001) que la insurgencia colombiana no constituye una banda de
delincuentes, secuestradores, bandoleros y forajidos y, menos que nada, una
“narcoguerrilla terrorista” sin ideología. ¿También lo van a marcar e identificar
como “apologista de las FARC”? ¿También lo van a amenazar? ¿Van a ir a
fotografiarlo hasta su casa en Estados Unidos?
Al enterarme que
estos milicos, policías y aparatos de inteligencia me señalan con nombre,
apellido y fotografías, me cuesta dormir. Mentiría si dijera que no tengo
miedo. Sería una bravuconada tonta. Sólo alguien delirante puede no aferrarse
al principio de realidad. Si quieren generar miedo, lo logran. La cuestión es
qué hacemos nosotros con nuestros miedos. ¿Nos sometemos? ¿Nos anulamos como
sujetos? ¿Dejamos de ser quienes somos? ¿Dejamos de escribir? ¿Abandonamos las
clases de formación política? ¿Nos callamos la boca frente a la larga mano del
terrorismo de estado?
Max Horkheimer
decía “La lealtad a la filosofía
significa no permitir que el miedo disminuya nuestra capacidad de pensar”.
Y tiene razón. Todavía hoy tiene razón. Hegel, otro gigante del pensamiento, en
su Fenomenología del espíritu escribió
que “Solo si se pone en juego la vida, se
conserva la libertad”. Y nuestro querido Rodolfo Walsh cerraba su carta a
los mugrientos asesinos, terroristas de estado: “sin esperanza de ser escuchado,
con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho
tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”. Por la misma época
de Rodolfo Walsh, en plena dictadura militar de Videla, mi padre fue amenazado
de muerte, tuvo que irse de la casa y andar escondido. Nunca dejó de ser quiera
era. No pudieron con él.
Así que no
dejaremos de hacer lo que hacemos. Seguiremos estudiando y escribiendo,
continuaremos con las clases itinerantes de formación política, no dejaremos de
investigar ni de denunciar los crímenes del terrorismo de estado.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
jueves, 23 de mayo de 2013
ciclo de CHARLAS - 2013
Compañeros,
los invitamos a participar del ciclo de charlas que estaremos realizando:
* 23/5 a las 16 hs. en la Facultad de Periodismo
"10 años de Kirchnerismo y su falsa política de DDHH"
* 29/5 a las 18 hs. en la Legislatura de Bs. As.
"Sitios de Memoria y Museos de DDHH"
* 7/6 a las 19 hs. en el local de CORREPI (Carlos Calvo 2499)
"Presentación del libro La Justicia a Cuentagotas"
Los esperamos! Gracias por ayudarnos a difundir
HIJOS La Plata
jueves, 2 de mayo de 2013
LO QUE EL AGUA NOS MOSTRÓ
En una sociedad donde se nos acostumbró a armarnos de nuestro memorial colectivo a través de los distintos crímenes que (siempre por acción y a veces por omisión) se descargan sobre nuestro pueblo, la desidia que el Estado de clases practica en ese remate de calamidades tiene varios signos distintos. Pero desde las "24 horas por Malvinas" y el "Programa Alimentario Nacional" podemos decir que perdimos la inocencia.
Parte de esa amplia indiferencia la encontramos en el proceso de reapertura de las causas a los genocidas (360 represores condenados en 10 años), pero particularmente en la política oficial de restitución de identidad de hijos de desaparecidos: sólo la quinta parte de los casos denunciados resueltos, condena de algunos apropiadores en ausencia de paradero de varios de los jóvenes apropiados y utilización política del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Mientras aún con el agua al cuello y avalado por el ministro Casal, el criminal subsecretario Albarracín leía la lista de personas fallecidas en este crimen social que significaron las inundaciones en La Plata , se mencionó a Lucila Ahumada (se dijo “Lucía”), una de las Abuelas de Plaza de Mayo de nuestra ciudad. La conmoción en medio de la bronca se disparó al cielo. Su nieto Ramón fue parte de HIJOS cuando combatíamos la impunidad del Menemato. Su hijo Daniel Inama, y su nuera, Noemí Macedo (embarazada de 6 meses), eran militantes revolucionarios y fueron secuestrados en noviembre del ‘77 y llevados al CCD “Club Atlético”. La pareja y su bebé están desaparecidos. Ese fue el origen de la búsqueda de Lucila, que concluyó encerrada por la desidia oficial: sin su nieto apropiado y sin escapatoria bajo 1,70 m de Proyecto Nacional.
Pero la desidia oficial golpeó también en uno de los archivos que mayor aporte a la memoria popular y colectiva hizo en nuestra ciudad, el de Chicha Mariani. Allí vimos al declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO convertido en una masa hedionda de legajos de represores, expedientes, biblioratos, material sobre la nieta Clara Anahí, fotografías de Diana y Daniel, grabaciones de los juicios, recortes periodísticos, diarios, revistas y libros.
Ni siquiera los 89 años de edad de Chicha y sus 37 años de una lucha por encontrar a su nieta pudieron doblegarla. Hubo que convencerla para que salga a la terraza porque no quería dejar sus cosas bajo el agua. También llovieron voluntarios del barrio y de las organizaciones de DDH a emprender una tarea titánica. Atrás vinieron los “especialistas” de Archivos y Comisiones de la Memoria , a confirmar una evaluación abierta de lo que se perdió o se salvó, no sólo para Chicha sino para la lucha contra la impunidad en nuestra ciudad. Otra vez la desidia: sin su nieta apropiada y con el trabajo de una vida arruinado.
La práctica de la solidaridad individual con los inundados, combinada con el más rancio punterismo barrial bruerista-camporista y la presencia de Gendarmería y Ejército que nos propone el Estado, desnuda su propia improvisación en el tema. Y si alguno se subió a la lancha del oportunismo para salvar su pequeña conciencia, o seleccionó y embaló las culpas oficiales para blanquearlas en la fosa común de la caridad, deberá entender que jamás se podrá indultar nuestro olvido de este crimen social.
HIJOS LA PLATA
miércoles, 17 de abril de 2013
LA BICICLETA DEL SISTEMA JUDICIAL
A 37 años del golpe genocida, los represores se siguen paseando libremente por las calles con complicidad judicial. La imagen del genocida Magnacco haciendo Shopping en el Patio Bullrich es superada por otro caso de ribetes surrealistas.
Recientemente el TOF1 de La Plata revocó el arresto domiciliario de un militar imputado en las causas Campo de Mayo y La Cacha luego de comprobar que se paseaba libremente en bicicleta desde el geriátrico donde lo había ubicado generosamente el juez Blanco en la instrucción del expediente por aquel CCD de La Plata. Se trata del militar retirado Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex miembro de una de las patotas del área represiva 113 que actuaban en los CCD del Comando del Primer Cuerpo durante el terrorismo de Estado, y que será juzgado este año junto a otros 15 genocidas en La Plata. El juez federal Carlos Rozansky debió bajar de las hermenéuticas discusiones de la “Justicia Legítima” para enfrentar el mamarracho que sus colegas Blanco-Corazza- and-company realizan con las causas a los genocidas en nuestra ciudad. Lo que Rozansky destacó en su resolución como “negligencia de parte del Juzgado de Instrucción” es en realidad una desidia que incluye la situación de la mitad de los represores procesados en todo el país.
El genocida Hidalgo Garzón está procesado en causa Cacha desde el 3 de marzo de 2010. El juez Blanco le dictó la preventiva por 127 casos de secuestro y torturas. El 28 de diciembre de 2010, mismo día en que la defensa del genocida lo pidió, Blanco lo mandó a un geriátrico. El 17 de mayo de 2012 (17 meses después y por efecto de la fuga del genocida Wolk) Corazza decidió ponerle Gendarmería a un grupo de genocidas, incluido Hidalgo Garzón.
El 16 de Enero de 2013 Catalina Ovando De Sanctis, una joven apropiada en Campo de Mayo y querellante en el juicio por ese CCD, lo vió andando en bicicleta por la calle, lo denunció a través de Abuelas, y se descubrió que en el geriátrico no había gendarmes, ni policías, ni médicos, ni mucho más que una empleada “colaboradora” en todo el edificio.
El 12 de marzo pasado, Hidalgo Garzón fue condenado a 15 años de cárcel por el TOF 1 de San Martín por la apropiación de Catalina en el juicio Campo de Mayo 3. Pero hasta entonces se pasó la mayor parte del tiempo como procesado con régimen domiciliario de geriátrico abierto y ciclismo. Hasta que la niña que él apropió hace 37 años lo cruzó en uno de sus paseos.
La imagen señala la falta de voluntad con que la Justicia lleva adelante las causas contra los genocidas, y muestra que si no fuera por la atenta tarea de las víctimas, el pretendido proceso de juzgamiento no sería mucho más que otra bicicleteada del sistema Judicial.
HIJOS LA PLATA
jueves, 11 de abril de 2013
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
LA
JUSTICIA A CUENTA GOTAS
Miércoles 27 de MARZO
FaHCE - UNLP
(Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata)
martes, 2 de abril de 2013
A 37 años del último golpe genocida
DOCUMENTO DE LA MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA.
A pocas horas de cumplirse 37 años del golpe genocida del 24 de Marzo de 1976 nos convocamos para afirmar que nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos lucharon por un país sin opresión ni explotación.El terrorismo de estado instaurado por la dictadura cívico militar, tuvo como antecedentes a la Triple A, el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país.
La dictadura instaurada en marzo del 76 fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y sectores importantes de la Iglesia que vieron peligrar sus privilegios.
Las clases dominantes cumplían a rajatabla los dictados de las metrópolis imperialistas, un nuevo orden económico mundial hacía necesario disciplinar a quienes protagonizaban el ascenso de luchas y de conciencia popular. Sindicatos arrancados a la burocracia traidora, miles de delegados, luchas por salarios y condiciones de trabajo, universidades en dónde se discutía la articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, secundarios organizados en cuerpos de delegados y centros de estudiantes que protagonizaron luchas como la hoy emblemática por el boleto secundario; las villas y los barrios organizados, sectores del arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso con los reclamos populares.
La respuesta fue el golpe genocida. Más de 600 CCD, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos fueron los métodos para disciplinar y cerrar el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70, e imponer un modelo económico de hambre y saqueo.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!!
JUICIOS A LOS GENOCIDAS
A través de estos 37 años nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos-desaparecidos, la resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino.
Este 24 de marzo nos encuentra en una coyuntura compleja: a 10 años de anuladas las leyes de impunidad gracias a la lucha de todo el pueblo, son a la vez 10 años de kirchnerismo que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado.
Logramos un importante triunfo en el juicio a parte de los genocidas del Circuito Camps. Por primera vez, se reconoció el genocidio perpetrado por la dictadura. Por primera vez, 68 represores son llevados a juicio por delitos cometidos contra cerca de 800 compañeros y compañeras que permanecieron detenidos-desaparecidos en la ESMA. Se trata del juicio más grande de la historia del Derecho. Están en marcha otros juicios a genocidas y esto sin lugar a dudas es un importante triunfo contra la impunidad.
Por otro lado, en una década se perdió gran parte de la posibilidad de hacer justicia. La cantidad de genocidas muertos impunes es similar a los condenados. Esto confirma la estrategia de la “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como último recurso ante el lento avance de los juicios. Hace pocos días Martinez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso departamento del edificio Kavanagh sin recibir condena.
Sólo el 23% de los 1.900 procesados fue llevado a juicio, y un 19% de los procesados fue condenado. En 7 años de juicios apenas 360 genocidas fueron condenados, y sólo una quinta parte de los jóvenes apropiados recuperaron su verdadera identidad.
Hay más de 60 represores prófugos, la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, les permiten pasearse tranquilos aunque estén condenados, como el partero de la ESMA Héctor Magnacco, o planificar cualquier estrategia de desquite si las causas avanzan, se nos ríen en la cara paseando libremente pese a estar condenados.
El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “La Cacha”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. En 10 años el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, sólo activaron la impunidad. El juicio sólo será contra 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Desde el espacio Justicia Ya La Plata denunciamos la instrucción de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
Este mismo juez es el que tiene a cargo la investigación sobre la segunda desaparición del compañero Jorge Julio López, causa que a la fecha sigue totalmente paralizada.
Ahora nos quieren meter el chamuyo de que quieren democratizar la justicia, pero no escuchamos hablar sobre el estado de defección de la justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio aparato de Terror cometió durante la última dictadura. Es aquí donde la Justicia y el gobierno están de acuerdo: la impunidad.
Desde aquí exigimos el inmediato apartamiento de Blanco y Cotter de las causas de lesa humanidad y el juicio político por contribuir e intentar perpetuar la impunidad.
Nuevamente el gobierno pretende cambiar el sentido de lo que deben ser espacios para la memoria. A principios de este año, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la ESMA se realizó un festejo, asadito mediante, del Ministerio de Seguridad y DDHH de la Nación. La organización corrió por cuenta de nuestro viejo conocido Julio Alak, aquel que utilizaba patotas y la policía para golpear y encarcelar a compañeros que estaban realizando pintadas o pegatinadas con el pretexto de mantener a la ciudad limpia, mientras que se paseaban impunes frente a su propia nariz los secuestradores de López.
Por esta razón desde esa plaza en donde se hacemos vivo el recuerdo y el motivo de lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos decimos:
LA MEMORIA ES DEL PUEBLO!!!!!!!!!!
JUICIO Y CASTIGO. CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS
CAUSA LOPEZ
A 78 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López volvemos a denunciar la inacción que padece la causa, la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro
Seis años y medio de impunidad, silencio oficial y estancamiento de la investigación, y cuatro años de impunidad en el caso de Silvia Suppo, con el intento de cambiar la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo, son sólo dos ejemplos de las condiciones en que los sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar de los juicios, y una muestra de que la protección a los testigos es sólo una manifestación de buena voluntad por parte del Estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina de sus fuerzas de seguridad.
La causa judicial de López es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer su desaparición, una prueba descarnada de las maniobras de de encubrimiento e impunidad de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN.
CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN
A poco de cumplirse 30 años de finalizada la dictadura las libertades democráticas siguen siendo avasalladas por los sucesivos gobiernos, y en estas 3 décadas se registraron más de 3.800 casos de gatillo fácil, más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales, y más de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares.
En estos últimos años se ha incrementado el gatillo fácil, la criminalización contra la protesta y la pobreza, y la represión.
A 10 años de la asunción de Néstor Kirchner, y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, denunciamos que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay cerca de 1400 genocidas procesados, y más de 5000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga y a la movilización popular.
A esto se suma la ley antiterrorista, instrumento legal propuesto por la presidenta Cristina Fernández para profundizar la persecución a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino.
En las últimas semanas, ha salido a la luz la comprobación de las prácticas de espionaje llevadas adelante por el gobierno nacional a través de la gendarmería y las fuerzas represivas del Estado. Según documentos de la propia gendarmería, el espionaje y la infiltración son prácticas habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y estudiantiles combativas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.
A 37 años del último golpe de estado, el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales utilizan los mismos métodos que la dictadura vigilando y espiando a los luchadores políticos y sociales, armando causas y reprimiendo la protesta social.
Exigimos el inmediato desmantelamiento del Proyecto X y de todos los centros de inteligencia de las FFAA y la Policía. Anulación de todas las causas armadas por la gendarmería.
En el último periodo se ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores, amparados por los gobiernos nacional y provinciales. Así se han cobrado la vida de seis miembros de la comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero. Estos crímenes fueron amparados por los gobiernos de Gildo Insfran, Capitanich y Zamora que cuentan con el apoyo del gobierno nacional.
La represión encabezada por Berni contra los trabajadores de la línea 60 y los desocupados que cortaron la Panamericana y fueron llevados al ex Centro CD de Campo de Mayo, continuó con la represión en Bariloche, contra la pueblada de Junín, a los camioneros de Lomas de Zamora, y Capital en Parque Centenario y la Sala Alberdi.
La existencia de presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, no sólo es una violación a los DDHH, sino convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el movimiento popular.
El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza, nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy.
La cárcel se usa como control social, más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, que no han sido juzgados ni condenados, la mayoría de ellos pobres y excluidos.
La juventud en los barrios sigue siendo víctima del gatillo fácil, de la impunidad de las fuerzas de seguridad y de la connivencia entre el poder político, la policía, el narcotráfico y las redes de trata.
Se han militarizado los barrios obreros y populares. Por la política de “seguridad democrática” de Garré se instala en los barrios y villas al Ejército, la Marina, la Aeronáutica, profundizando el modelo ya iniciado con la incorporación de Prefectura y Gendarmería.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan la reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social, utilizando el aparato represivo de la dictadura impune: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales. No son casos aislados, ni “excesos. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo
Honrar la lucha por los DDHH pasa por continuar las tareas que lo constituyeron como un actor independiente y crítico del Estado violador de derechos y no sólo la continuidad de la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas. Sino también por la denuncia de todas las violaciones de DDHH de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de los funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con su defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, su silencio sobre la represión actual, y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria.
Desde aquí denunciamos que el día martes un grupo de militantes que organizaba este acto fue interceptado por Control Urbano, secuestrándoles afiches de la Multisectorial y abriendo una causa por contravención, exigimos el cierre de la misma y devolución de lo secuestrado.
Asimismo nos solidarizamos con los compañeros de la CEPA y la CCC que fueron víctimas de vigilancias y amedrentamientos y hacemos responsable al gobierno nacional de cualquier hecho que se suceda.
Volvemos a gritar bien fuerte una frase insignia de esta Multisectorial: Si tocan a uno, tocan a todos.
Basta de persecución, represión y asesinatos a los luchadores populares!
INMEDIATA LIBERTAD A LOS PRESOS DE BARILOCHE Y CORRAL DE BUSTOS!!!!
APERTURA PÚBLICA DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO X
AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES
TRATA Y COMPLICIDAD JUDICIAL
El fallo de Marita produjo una gran indignación y movilización popular desnudó la complicidad del poder político, el aparato policial y el judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país, y representó un golpe contra la política nacional de querer esconder el tema.
Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia de generó siguen creciendo.
Hay 500 mujeres que mueren anualmente, en su mayoría pobres, producto de la penalización del aborto.
JUSTICIA PARA POR MARITA VERON, SANDRA AYALA GAMBOA, EL CUADRUPLE CRIMEN Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
NI UN FEMICIDIO MÁS.
EDUCACION SEXUAL PARA ELEGIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.
INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA
IMPUNIDAD Y MODELO ECONÓMICO
El genocidio no fue llevado a cabo solamente por las fuerzas armadas y los grupos de tarea, fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Rocca - Techint, los Ledesma-Blaquier, la Mercedes Benz , la Ford , Martinez de Hoz, los Menendes Betty y La Sociedad Rural, burócratas sídicales como Rodriguez del SMATA y Gerardo Martinez de la UOCRA que entregaron a compañeros, la cúpula de la Iglesia que bendijo el genocidio; el poder judicial que los amparó y los políticos que los avalaron junto a los grandes medios de comunicación lavándole la cara a los genocidas.
Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria.
La dictadura tuvo como objetivo instalar un modelo económico y social de superexplotación que fue profundizado en las décadas siguientes. Fue precisamente este modelo el que hace 1 año produjo la masacre de once. Centenares de heridos y 52 trabajadores pagaron con sus vidas el régimen de las privatizaciones ferroviarias, la malversación de los fondos públicos en beneficio de los Roggio, Cirigliano y companía, y de los funcionarios que hacen de intermediarios. Los privatizadores receptores de estos subsidios son los mismos que sostuvieron a los Videla, Alfonsín, Menem, De la Rua y a los K. No sorprende, entonces el operativo de impunidad que cubre el crimen de Once. La trama que mato a 52 trabajadores es la misma que se manifestó en el crimen de Mariano Ferreyra. Es la alianza del Estado, los privatizadores y la burocracia sindical que han dejado al transporte en ruinas, con trenes de mas de 100 años, donde se viaja en pésimas condiciones y que en defensa de sus beneficios enfrentan a los que defienden los intereses del pueblo trabajador. Venimos hoy a reclamar el fin de la impunidad.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE
INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES BAJO CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS
CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO Y NEGOCIOS DEL PODER
El juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra, está en su tramo final, las pruebas y testimonios de cientos de testigos contra Pedraza y su patota no dejan duda de que se trató de un plan criminal organizado para aleccionar a los trabajadores tercerizados. La exculpación del aparato policial, que sigue siendo juzgado por abandono de persona, quedo refutada en el debate oral y público, donde se demostró con claridad la colaboración policial con la patota ferroviaria. El pedido de perpetua a Pedraza y Fernández es una victoria incuestionable, lograda por la movilización popular, pero no puede ser bastardeada como un canje que admita relegar la responsabilidad político criminal de la policía. La característica fundamental del operativo que asesino a Mariano fue precisamente la colaboración de la represión institucional con la represión tercerizada, de un lado quienes tienen el "monopolio de la fuerza", del otro los "grupos de tareas", quienes se arrogan la función de llenar el vacío que dejan los primeros. Exigimos que se juzgue la responsabilidad criminal de la policía y de sus jefes políticos, Aníbal Fernández y Nilda Garré,
PERPETUA A PEDRAZA Y A SU PATOTA
JUICIO Y CASTIGO A LOS EMPRESARIOS, A LOS RESPONSABLES POLICIALES Y POLÍTICOS DEL CRIMEN DE MARIANO
JUSTICIA POR MARIANO FERREYRA
AJUSTE K
La impunidad del aparato represivo de la dictadura, así como el de la desaparición de Julio, el gatillo fácil, la crimnalización y militarización de la protesta y la pobreza, la Ley Antiterrorista, el proyecto X y la represión directa no son casualidades. No podemos dejar de vincularlas con la situación económica mundial y nacional.
Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros estas sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos.
El gobierno K sigue aplicando como variable de ajuste la inflación, que sumado a los topes salariales, el impuesto al salario, el IVA y los tarifazos, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación, para el gobierno contar con un plan social de miseria o trabajar dos horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo.
Se sigue pagando la deuda externa ilegítima, deuda fraudulenta y producto de estafas que no fue contraída por el pueblo argentino y que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras no se toca la renta minera, financiera y del juego.
Este es el modelo, mayor explotación, sueldos despreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la megaminería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen.
El Gobierno Nacional ajusta a las provincias, y hasta ahora, los gobiernos provinciales pretenden descargarlo sobre los trabajadores estales. Así paso con el medio aguinaldo y ahora con las propuestas salariales por debajo de la inflación y en cuotas.
Saludamos y apoyamos la lucha de los docentes y estatales que recorre la provincia y la Argentina. El no inicio de las clases fue un golpe a esta política y ya llevamos 1 mes de paros y movilizaciones multitudinarias. Para avanzar y lograr derrotar la política de ajuste del gobierno nacional y provincial es necesario la unidad de todos los docentes y estatales en las calles, nacionalizando el conflicto con un paro general de todas las centrales.
Con la presencia y con la ausencia de los 30.000 compañeros y de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos.
A 37 años las banderas por las que dieron su vida los 30000 compañeros detenidos desaparecidos siguen vigentes, levantamos cada vez más alto esas banderas, y llamamos a continuar construyendo el camino para conquistar la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo.
EXIGIMOS AL GOBIERNO:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA. JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS
INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.
APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SUS SECUESTROS Y DESAPARICIÓNES
JUICIO Y CONDENA A LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.
JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO, CARLOS FUENTEALBA, LAZARO DUARTE Y DEMÁS MÁRTIRES POPULARES
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN
ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA
APERTURA PÚBLICA DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO X
AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES
BASTA DE GATILLO FACIL
NO A LA BAJA DE EDAD DE LA IMPUTABILIDAD
NINGÚN PIBE NACE CHORRO
JUSTICIA PARA POR MARITA VERON, SANDRA AYALA GAMBOA, EL CUADRUPLE CRIMEN Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
NI UN FEMICIDIO MÁS.
EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR
INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES BAJO CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE
REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
AHORA Y SIEMPRE
AHORA Y SIEMPRE
AHORA Y SIEMPRE
MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA.
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