El 28 de abril la presidenta Kristina, el instigador de los asesinatos de Maxi y Darío, Aníbal Fernández y el ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao designaron nuevas autoridades en el BNDG a través del Boletín Oficial. Con ello intentan dar la estocada final a la resistencia al traslado y vaciamiento de esta herramienta clave para la restitución de nuestros hermanos apropiados en la dictadura, y para determinar la identidad biológica de toda persona que la busque.
Los "nuevos" directores del "Nuevo" Banco no son Científicos del Palo.
Walter Rubén Bozzo fue perito en la Asesoría Pericial de La Plata, tiene su propio laboratorio de citogenética clínica llamado “Hereditas”, con sede en La Plata, y al igual que Herrera Piñero, es miembro de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF).
La Dra. Herrera Piñero es directora del laboratorio “Biología Molecular Diagnóstica” y luego de las empresas GENDA S.A. y MYGEN S. A. La Dra. se encuentra involucrada en actividades incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
La Dra. participó como representante de los laboratorios privados durante la discusión parlamentaria de la nueva ley del Banco.
La Dra. se presentó a un concurso cuya reglamentación redactó, beneficiada por una ley restrictiva de los derechos humanos que promovió y avalando su especialidad con un título que otorgó la Sociedad Argentina de Genética Forense, cuya Comisión Directiva integra. Además, el jurado estuvo conformado por la Dra. Mercedes Loja y Dr. Carlos Vullo, ambos miembros de la Comisión directiva de la SAGF, colegas de la institución, quienes no están en condiciones de evaluar con imparcialidad la validez del título otorgado por la Sociedad de la que son miembros.
Seguimos luchando contra el desgüace y vaciamiento del BNDG.
JUSTICIA YA! LA PLATA EXIGE EL INMEDIATO ESCLARECIMIENTODEL ATENTADO AL TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA
El día de ayer en horas de la madrugada fue perpetrado un atentado armado en el barrio platense de Hernandez, a la casa donde se encontraba un testigo de identidad reservada en una causa de Lesa Humanidad. En la misma fue herido un miembro de la Policía Federal que estaba de custodia en la puerta.
Una vez más debemos reiterar que la seguridad de los testigos, abogados y querellantes en los juicios es absoluta responsabilidad del gobierno y la justicia.
Como lo hemos denunciado repetidas veces, queda demostrado que no existe protección posible a los testigos en tanto la mayoría de los genocidas se encuentre libre o en cárceles vip, desde donde pueden planificar y hacer ejecutar amenazas,atentados,desapariciones y asesinatos como en los casos aún impunes de Jorge Julio López y SilviaSuppo.
Desde Justicia Ya exigimos el inmediato esclarecimiento de este atentado y el juicio y castigo en cárcel común y con penas de cumplimiento efectivo a todos los genocidas sean civiles o militares ya que los juicios parciales y cada vez más tardíos son funcionales a este tipo de amenazas y atentados. Esta es la única garantía posible para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.
TRES AL HILO La tardanza del Estado en materia de Juicio y Castigo tiene sus consecuencias: en la última semana se contaron las muertes de 3 represores procesados pero sin condena en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Los decesos del guardia de la ESMA Carlos Galián (alias “Pedro Bolita”) que estaba siendo juzgado en causa ESMA 3, del jerarca militar Jorge Olivera Róvere, a la espera de juicio en 4 causas, y del marino Antonio Mocellini, a punto de ser juzgado en la causa FT5 en La Plata; dan continuidad al esplendor de la impunidad biológica.
El Kioskero de la ESMA
El sábado 18 de abril se conoció la noticia de la muerte del represor de la ESMA apodado “Pedro Bolita” víctima de un cáncer. El suboficial Carlos Galián, de 69 años, había nacido en Humahuaca y sus ojos achinados le hicieron ganar entre sus camaradas de arma el mote de “Bolita”. Varios años tardó la justicia hasta dar con una foto suya entre los expedientes de la Armada con la que seis sobrevivientes pudieron identificarlo. Fue procesado en 2010, como uno de los 66 imputados en el tercer tramo de la megacausa ESMA que se está juzgando hace 2 años. Encontrarlo no fue tarea fácil, porque sólo se tenía su apodo del mayor CCD de la Armada: “Pedro Bolita”. Vivía en calle Magallanes 706, en Ciudadela Sur, Provincia de Buenos Aires, y pasó poco tiempo en prisión efectiva, porque sus abogados le consiguieron la domiciliaria en junio de 2010. La defensa había argumentado en el juicio que debía hacerse tres sesiones semanales de hemodiálisis y que “desde que se encuentra enfermo no tiene ocupación”. Desde hace tiempo los vecinos lo veían baldeando la vereda y atendiendo un kiosco en la esquina de su casa, es decir violando el beneficio que tenía. En febrero pasado esa situación se hizo insostenible y una de las querellas en el juicio lo denunció ante el tribunal. La respuesta del tribunal que lo juzga, a cargo de los Dres. Palliotti, Bruglia y Obligado, fue que “ha evidenciado una conducta totalmente contraria a las obligaciones que le fueran impuestas”, pero en lugar de enviarlo a un hospital penitenciario, decretaron su alojamiento en el Hospital Naval “Pedro Mallo”. Tal medida, alojar a militares en nosocomios de la propia fuerza, estaba prohibida por el Ministerio de Defensa desde desde 2013, tras la fuga de los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central y gracias a la gestión de la flamante Policía de Seguridad Aeroportuaria. La elevación a juicio que efectuó el juez Sergio Torres en Abril de 2011 incluyó una profusa acusación para Galián: coautor de 133 casos de secuestros con violencia, de privación ilegítima de la libertad por más de un mes en 462 casos, de 607 casos de imposición de tormentos para obtener información, de 3 casos de imposición de tormentos con resultado muerte, 28 casos de sustracción-retención y ocultamiento de menores, 50 homicidios agravados por alevosía, entre otros delitos. Es que además de la actividad de los departamentos de ‘logística’, ‘inteligencia’ y ‘operativo’ ejercidos por la oficialidad, la división de tareas del GT 332 de la ESMA incluía los servicios de suboficiales que recibían las denominaciones de “Pedros”, “Verdes” y más tarde “Pablos” y “Pablitos”. Éstos generalmente eran suboficiales o estudiantes de la Escuela y su función era la custodia de los secuestrados, traslado de las comidas desde la cocina hasta el sótano o a “capucha”, vigilancia de los desplazamientos de los prisioneros al baño y participación como personal operativo en secuestros y “paseos”. Asimismo, en numerosas ocasiones tuvieron intervención en los interrogatorios donde las víctimas eran sometidas a torturas. Estas guardias respondían a un jefe; y consta en la causa que “desempeñaron tal función Víctor Francisco Cardo, Carlos Galián y Víctor Roberto Olivera, en cuyo carácter eran encargados de recibir a los prisioneros cuando ingresaban al centro clandestino y de prepararlos para ser inmediatamente torturados”. Galián compartió con el médico Jorge Luis Magnacco, además de las tareas en la maternidad clandestina de la ESMA, los paseos violatorios de la domiciliaria, que el doctor realizaba convenientemente por los Shopping de Palermo. El caso nos toca en lo particular, porque una de nuestras compañeras, María Isabel, nació en esa maternidad en marzo de 1978. Su mamá, Dora Cristina Greco, era odontóloga y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista. Cristina fue secuestrada el 1º de Octubre de 1976, llevada a la ESMA y liberada tras seis meses. Fue nuevamente secuestrada el 26 de febrero1978 en Mar Del Plata, en presencia de su hija Victoria y embarazada de 8 meses. Fue llevada nuevamente a la ESMA, donde dio a luz a Isabel en marzo de 1978. Cristina continúa desaparecida. Isabel fue sacada de la ESMA por Galián y Magnacco, y entregada por los marinos a su familia materna. Junto a su hermana Victoria lucharon todos estos años para conocer su verdad y hasta para llevar legalmente el apellido de su padre, Armando Prigione, también militante del PCML y detenido desaparecido desde los CCD “Club Atlético” y “El Banco”. En marzo de 2014 Isabel declaró por su caso y el de su mamá Cristina, cerrando un ciclo de 36 años de reconstrucción de su propia historia. Con el asesinato nunca investigado de Héctor Febres y la muerte de “Pedro Bolita” quedan guardados en un pacto de impunidad el destino y la identidad biológica de un centenar de niñ@s, hoy adultos, nacidos y apropiados desde el edificio de Avenida del Libertador al 8150, que el Estado nacional pretende hoy convertir en una Disneylandia de los Derechos Humanos. Se murió el genitor de ESMAS, el patrón de la mierda el húmedo árbitro de vidas y vuelos de la muerte se murió el palmípedo voraz, el emplumado fósil ahogado en la viscosidad de su saliva tóxica una diarrea con moscas muertas se le agolpó en la boca de comulgar y compraventa y le asfixió las órdenes los dictados de tortura y bala, de picana eléctrica se murió la bolsa de basura, el vejete extorsionador relleno de soberbia, pedazo de la bestia carnívora ahogado de tanta sangre ajena, de tanto festín putas, delirios de grandeza, oh todopoderosa cría del infierno! El General indemne
El lunes 20 de abril el Juzgado N° 3 de La Plata, a cargo del ex notario hoy subrogante Jorge Eduardo Di Lorenzo, hizo llegar a las querellas de los organismos de DD.HH. Una cédula notificando el fallecimiento el 14 de febrero pasado del genocida Jorge Carlos Olivera Róvere, a la sazón General de Brigada del Ejército y ex Subjefe del Comando del Primer Cuerpo del arma entre febrero y diciembre de 1976, épocas de noche y niebla. El General contaba 88 años, había nacido en Córdoba capital y pese a haber sido responsable de decenas de CCD en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires pasó la mayoría de sus últimas décadas en un apacible departamento de avenida Callao 1460 Piso 3º, barrio porteño de Recoleta. Fue un pez gordo de la represión en dictadura, y su caso relativiza el criterio oficialista de que “hay que ir por la complicidad civil” porque los responsables militares y policiales ya estarían juzgados plenamente. Recordemos que los dos emblemas del Terror de Estado eludieron la justicia en los últimos 15 años: Videla murió con sólo 2 condenas (por Unidad Penal 1 de Córdoba y por el Plan Sistemático de apropiación de bebés) y Massera falleció impune tras haber sido declarado por el Cuerpo Médico Forense un vegetal humano. El General Olivera Róvere afrontó un solo juicio oral ante el TOF 5 de la Ciudad de Buenos Aires, del que recibió una cadena perpetua en octubre de 2009 por 120 casos de secuestros y torturas, junto al jefe del GADA de Ciudadela, Bernardo Menéndez. Quedó pendiente su responsabilidad en tres de las grandes causas que se instruyen en La Plata, donde estaba imputado por su ubicación en la cadena de mandos y su manejo de las patotas policiales en la zona del Circuito Camps. Estaba procesado desde marzo de 2012 por 9 casos de desapariciones en la Brigada de San Justo, desde abril de ese año por 46 casos del Pozo de Quilmes, y desde diciembre del mismo año por 33 casos del Pozo de Banfield. Pese a ser un mal año para él, en marzo de 2012 recibió del juez Arnaldo Corazza el beneficio de la domiciliaria. Pero además, estaba siendo juzgado desde 2013 en los primeros tramos de la causa por el Plan Cóndor, en la que tampoco llegó a escuchar sentencia. Si con 12 años de demora para movilizar las acusaciones, y muerto el perro se acabó la rabia, lo curioso del caso es que, además de decretar la extinción de la acción penal, el juez Di Lorenzo resolvió el sobreseimiento de Olivera Róvere invocando el artículo 336 inc 1° del Código Procesal Penal. Con esta medida, cada vez más habitual y último eslabón de una cadena de desatinos judiciales, se sella la tríada que amenaza crecientemente la viabilidad de este proceso de juzgamiento: genocida-muerto-impune. Se murió el gran gusano, el cretino, la gran hiena ahogado en su propia baba de bilis antropófaga se murió el capitán de cloacas y lavabos, el nefasto ahogado en su mar de venenos, en su gran ola de muertos. Marinero del Terror
Completando una nueva semana trágica, el jueves 16 de abril pasado, el TOF 1 de La Plata comunicó novedades en la causa “Vañek y otros”, conocida como Fuerza de Tareas 5 y que juzgará este año (esperamos) un fragmento de los crímenes de la Armada y Prefectura en nuestra zona. Allí, entre las respuestas a diversos pedidos de querellas y defensas, se consigna que el abogado defensor del reo Antonio Mocellini informó de su fallecimiento. Ante ello, el tribunal mandó a que “pasen los autos a resolver”. El capitán de Corbeta Antonio Ángel Mocellini, de 78 años, fue en dictadura 2do Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°3 entre el 16 de enero y el 22 de diciembre de 1976, y como tal integró la Fuerza de Tareas n° 5, denominación de los grupos de Tareas de la Armada en la Zona de La Plata, Berisso y Ensenada. A 9 años de anuladas las leyes de impunidad, en agosto de 2012, había sido procesado con prisión preventiva por los casos de 7 víctimas que permanecieron en cautiverio en el BIM 3, sumado a los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo. Tanto en el requerimiento fiscal como en los procesamientos de la causa FT5 quedó clara la alta jerarquía y la consecuente posición de mando de Mocellini en las patotas del BIM 3. Entre os documentos obrantes están las calificaciones de varios dependientes de esa unidad que firmaba junto a su jefe Fernández Carró, muchas de ellas referidas a “operaciones riesgosas”, es decir a allanamientos y secuestros . En el caso de los homicidios de Galván y Pampillo, ocurridos el 19 de octubre de 1976 en el marco de un operativo del BIM 3 y la Bonaerense en un edificio de calle 7 y 58, consta en la causa el sumario instruido por la propia Armada, donde se afirma que formaron parte de ese operativo los Oficiales Roberto Eduardo Fernando Guitián y Eugenio González, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Río Santiago, y que Mocellini estaba a cargo. De hecho, en su legajo personal, constan las felicitaciones al desempeño de Mocellini firmadas por Jorge Errecaborde, por entonces Comandante de la FT5, quien comunica que el capitán de Corbeta “Demostró especial aptitud para la conducción de un grupo de operaciones de combate . (…) Su expresión fluida y firme unida a un equilibrio emocional constante, pese a lo crítico de la situación, lo hacen especialmente apto (...) Coopera espontáneamente mostrándose siempre bien dispuesto para emprender cualquier tarea por dura que esta sea. Por lo expuesto califico la actuación del capitán Mocellini como EXCEPCIONAL”. Como en otros casos, pese a su caída en desgracia en septiembre de 2012, tres meses más tarde el juez Blanco le dictó la domiciliaria, por lo que no estuvo ni 2 meses en prisión común. Pero elevada la causa a juicio en marzo de 2014, el TOF N°1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a su camarada Guitián hasta que en mayo de ese año el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, le sumó un nuevo privilegio y decidió trasladarlo junto a decenas de genocidas al pabellón para madres presas de Ezeiza. El hecho de que los peores asesinos de la historia argentina recibieran las laxas condiciones de detención en pabellones pensados para alivianar la prisión a mujeres con niños pequeños, generó un escándalo público aún no subsanado. El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas. Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí. La muerte impune del prefecto Tomás Méndez en marzo pasado, sumada al deceso aún no confirmado de Mocellini, deja a la próxima causa a juzgarse en La Plata con sólo 8 marineros del terror para enfrentar el debate. Claro, 7 de ellos gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 1 se encuentran cumpliendo prisión efectiva. Se murió ahogado el decrépito rapaz el violador, el gran escupitajo del último círculo se murió de un derrame infecto el verdugo el desaparecedor, el capo del espanto en la cama de un hospital el muy secuestrador tan cama, pozo negro, alabado por ratas y malnacidos, tan rodeado de un muro de pura luz-memoria que le mordió los huesos.
Además del quiebre de impunidad que generó la segunda desaparición forzada de Jorge julio López, todo el proceso de juzgamiento está atravesado por una contradicción. A 12 años de anuladas las leyes de impunidad sólo se procesó al 1% del real actuante en dictadura, y de ese universo de 2000 genocidas se condenó al 27%. La discusión central es que el carácter imprescriptible de los delitos de Lesa Humanidad no habilita al Estado a plantearse un horizonte de 50 años de juicios, porque la media de los imputados no llegarán vivos a la mitad de ese plazo. P.D.: Los versos en negrita y cursiva en tres partes corresponden a “La muerte de un infame” de Gabriel Impaglione. A los tres óbitos... Que en Paz No Descansen. HIJOS La Plata Abril 2015
Con el dolor que nos produce la pérdida de una militante indispensable, desde la agrupación HIJOS La Plata despedimos a María Esther Biscayard de Tello, quien falleció en la mañana del 1 de abril de 2015 en el Hospital Italiano de La Plata. Nacida en La Plata, Esther trabajó como docente y se vinculó a la lucha social desde las ideas del anarquismo. Fue militante antes de ser Madre de Plaza de Mayo. Compartió con sus hijos las tareas en Resistencia Libertaria, la organización anarquista que mantuvo viva la lucha libertaria en el auge de masas que significaron los años '70. Desde el exilio en Francia, ayudó a organizar los grupos de solidaridad con los presos políticos de Argentina. Recorrió embajadas, consulados y denunció a la dictadura genocida. La represión estatal le robó a sus tres hijos. Marcelo fue secuestrado el 9 de marzo del '76 en la sede del sindicato del Caucho de Córdoba. Pablo y Rafael en el Astillero de San Fernando donde trabajaban, en mayo del '78. Al final de la dictadura también perdió a su sobrino, “Carlón” Pereyra Rossi, secuestrado junto a Osvaldo Cambiasso en Rosario y asesinado por un grupo al mando del represor Luis Patti. El juicio por este hecho aún no comenzó. La vida le dio una nueva hija. Volvió en el ‘84, por sus nietos y para impulsar los juicios. Pero vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y después los indultos. Ahí consideró que este país no merecía que se lo respete y se fue. Pero no se quedó inactiva, siguió difundiendo la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos y el profundo humanismo de las ideas libertarias. En 2009 se radicó definitivamente en La Plata, para dar testimonio en el primer juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco Olimpo, por donde pasaron sus hijos Pablo y Rafael. Con un gesto de total humildad, y entusiasmada por nuestra propuesta porque la hacía volver un poco a la escritura, que había amado en su tarea docente, en 2013 Esther aceptó realizar el prólogo de nuestro libro “La Justicia a Cuentagotas”. Allí afirmaba: “Los crímenes de la dictadura nos obligan a la Memoria, a la búsqueda de la Verdad con la indispensable autonomía política y económica de las instituciones gubernamentales de turno. Nuestra lucha está por encima de éstas y no es una dádiva complaciente a sector alguno”. Nos quedó una tarea pendiente. Desde fines de 2014 veníamos preparando su testimonio por el caso de su hijo Marcelo, en el juicio por los CCD La Perla y La Ribera que sustancia en Córdoba. La habían citado para comienzos de abril en la modalidad de tele-conferencia. Estaba resuelta a denunciar, como nos lo recordaba siempre, que el Terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo del '76, y que el gobierno peronista anterior fue docente y no víctima de la barbarie militar. Nuevamente, los juicios que llegan tarde no son justicia. Abrazamos a las familias Biscayard y Tello en estos momentos difíciles. Y nos comprometemos a continuar la lucha que nos enseñaron las Madres, la de no olvidar, no perdonar y no reconciliarse.
María Esther en el Encuentro Nacional contra la Impunidad y la Represión - Diciembre de 2014
El 17 de marzo pasado el TOF 1 de La Plata informó la muerte impune de Tomás Méndez, oficial de prefectura que gozaba de prisión preventiva domiciliaria, y uno de los 10 represores que iría a juicio este año por los crímenes de la Armada en nuestra zona. Con ello, quedan 9 marineros del terror por juzgar, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezeiza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos. Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados.
El finado
El oficial de Prefectura Naval Argentina, Tomás Osvaldo Méndez, había nacido en diciembre de 1933 en Corrientes. Estaba casado y vivía un apacible retiro de la fuerza en su casa de calle 26 este N°4926 de Berisso. En 2012 se dispuso su prisión preventiva por considerarlo “prima facie” partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas, de las que fueron víctimas Jorge Arri, Carmello Cipollone, Julio Alberto Machado y Juan Pombo.
En el procesamiento de 2012 el juez Blanco afirmaba que “la responsabilidad que le cabe surge en virtud de que se ha acreditado que tuvo intervención directa en acciones que formaban parte del plan criminal”. De hecho, en su declaración ante la CONADEP, Cipollone, una de las víctimas que fue trasladada a la sede de Prefectura después de que lo secuestraron, manifestó que pudo reconocer a Méndez como al oficial de Prefectura que lo fotografió después de que interrogaron mediando golpes y amenazas, y que lo identificó porque le levantaron la capucha para fotografiarlo, y que lo conocía porque lo había fotografiado unos años atrás, cuando había ido sacar la licencia para conducir embarcaciones deportivas.
Del lega personal de Méndez surge una foja de calificación suscripta por el Prefecto Principal de Prefectura La Plata, Luis Rocca, referente al lapso comprendido entre el 1 de agosto de 1975 y el 31 de julio de 1976, y allí se expresa que “...integra en forma voluntaria un grupo de choque armado, donde emplea toda su capacidad”. A su vez, el por entonces Jefe de Prefectura lo califica por el período comprendido entre el 1° de agosto de 1976 y el 31 de enero de 1977, donde se indica que “…integra en forma voluntaria un grupo la fuerza de choque con eficiente actuación en la F.T.5”.
La impunidad biológica por tardanza del Estado le impedirá responder por esos crímenes.
Que en Paz No Descanse.
Vacaciones perpetuas
Pero además de Méndez, el resto de sus camaradas de arma también gozan los beneficios de la justicia de clase y a cuentagotas. El comandante de Operaciones Navales y jefe de la Fuerza de Tareas 5 (FT5), Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano.
El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013.
El único marino condenado en La Plata en 12 años de juicios, y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. A fines de 2014 se lo condenó a 12 años por participar del secuestro de los militantes montoneros María Elvira Luis, José Luis Cavalieri y Carlos Estaban Alaye en Ensenada, quienes luego pasaron por el CCD La Cacha. Aún con esas condenas a cuestas, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo.
José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R.
Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito.
El oficial de la Prefectura Eduardo Antonio Meza, imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en su casa de Berisso, zona donde actuaba en noche y niebla hace 39 años atrás.
Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva.
Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”.
Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva.
La Causa “Armada”
A comienzos de marzo de 2014 el juez Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. Hasta la muerte impune de Mendez por tardanza de la justicia, eran 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Marina con vistas a lo que luego de marzo del '76 se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura.
La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contra-almirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, también muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del '75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos.
En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago en Ensenada, aportó a la justicia en el '78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". Como era de esperar, no definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”.
Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF.
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí.
Uno de los comandantes del BIM 3, Fracassi, está ausente en la causa de La Plata. Está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense.
Cuestión de “criterios”
La problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciarias para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país.
El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme.
La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo.
Desde la Agrupación HIJOS La Plata queremos exponer nuestra posición sobre lo ocurrido en la movilización y acto de los 39 años del Golpe Genocida en la ciudad de La Plata. En primer término aclaramos quela realización, montaje y quema de los DOS muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazado a Hebe, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad. Por ello, deslindamos las responsabilidades de TODAS las agrupaciones y personas que fueron parte de la organización de la marcha y el acto del pasado 23 de marzo. Con ello incluimos a María Laura Bretal, Susana Grau, al PTS, al Partido Obrero, Correpi, la Federación Universitaria de la Plata, Patria Grande y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles nucleados en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. A su vez, como hace años venimos expresando, creemos que el movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada. Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar al plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios. En los ’90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Hebe de Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes, contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados. Sobre esto somos claros: nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos, y desde el “caso Meldorek-Schoklender”, nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de Derechos Humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha. Estamos convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso transformador se construya genuinamente en serio. Este año HIJOS cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar. Mucho más cuando de lo que estamos hablando, y lo que quisimos representar en la plaza San Martín de La Plata, es la afronta a la lucha de todos estos años que significa haber visto a Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida César Milani, partícipe del Genocidio en el caso del colimba Alberto Ledo, en el Operativo Independencia, en el caso de los Olivera (padre e hijo) y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran como activo partícipe del plan genocida. El sostenimiento del represor Milani al frente del Ejército no hubiera sido posible sin esta operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Que Hebe Pastor de Bonafini y su Asociación, quienes nos decían hace años que “quien cobra la indemnización del Estado se prostituye”, quienes vaciaron su “Universidad Popular” de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha, y quienes entraron a la Plaza este 24 en un colectivo estrechados en un hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se sientan horrorizados porque mostramos en un acto simbólico lo que TODA la sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse sólo por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos, y de derecha a izquierda, hace años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonizen, de izquierda a derecha, cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate. ¿El pañuelo blanco, por más símbolo de lucha que efectivamente sea, otorga inmunidad para abrazarse con los verdugos de nuestro pueblo? No creemos en la sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del verde oliva del Ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos la lucha de las Madres y las Abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Rosaria Isabella Valenzi, María Esther Tello y tantas otras compañeras de lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los años. Y si la sociedad no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla. El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que tiene un solo nombre: Represión. Y que está indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan. El discurso oficial de los Derechos Humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen permanecer (hasta con la quema de un miserable muñeco de papel) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario. Queda en evidencia con esto la profunda maleabilidad de la Memoria. Parece que un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa, queda oculta la dimensión fundamental de los DD.HH. oficialistas: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad, la desaparición de Julio Lopez, el asesinato Silvia Suppo, los más de 4300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en “democracia”, el espionaje a los que luchan, la criminalización de la pobreza y la eliminación de todo aquel que no entra en los estrechos cánones del “Proyecto Nacional” de crecimiento con exclusión. Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales. Aunque arda en la Plaza y en nuestros pechos. HIJOS La Plata Marzo de 2015
Mañana se cumplen 39 años del golpe de estado que en marzo de 1976 instalo la más feroz dictadura que conoce nuestra historia.
Una vez más estamos presentes en esta plaza, varias generaciones para mantener vivo el recuerdo y los ideales de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, el dolor de tantos compatriotas asesinados, encarcelados, torturados, perseguidos y condenados al exilio.
Marchamos para seguir exigiendo el juicio y castigo a los responsables y ejecutores del genocidio, para denunciar la impunidad de ayer y de hoy, las nuevas formas de represión y para seguir luchando por la causa por la que dieron su vida nuestros compañeros: una Argentina sin opresión, sin explotación y sin miseria.
Reivindicamos hoy, la resistencia y la heroica lucha obrera y popular que se abrió paso desde los socavones de la dictadura, la lucha de las madres, las abuelas, los familiares, los ex detenidos, los HIJOS, los organismos de derechos humanos y de las organizaciones populares.
La dictadura tuvo como objetivo imponer un modelo económico y un proyecto de país. Para lograrlo recurrió al genocidio con el fin de destruir las organizaciones obreras y populares y a través de la desaparición, el asesinato, la apropiación, las cárceles y el exilio a los luchadores, sometió por el terror al pueblo argentino.
Los países imperialistas, los terratenientes, los monopolios y los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros fueron los impulsores y beneficiarios de la política de la dictadura.
A pesar de la caída del terror fascista en el 83, las clases dominantes garantizaron la continuidad de su modelo económico basado en la explotación, el extractivismo de los recursos naturales, la extranjerización de la tierra, la sojización, la concentración de capital, etc . Esto ocurrió con los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y sigue con los Kirchner.
30000 detenidos-desaparecidos: ¡presentes!
Reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha
La lucha incansable contra las leyes de impunidad de Alfonsín y los indultos de Menem, junto a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, fueron los factores fundamentales con los que conseguimos la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida logrando la reapertura de las causas contra los genocidas. Lo decimos una vez más con orgullo: los juicios a los genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo.
Los cómplices civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Repudiamos los fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre otros, a Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-, a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia y a Alejandro Bottinelli, del staff editorial de Atlántida. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales colaboracionistas y entregadores, como Gerardo Martinez (de la UOCRA y actual representante argentino ante la OIT), y con los jueces y fiscales que fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones
Porque a pesar de la nulidad de las leyes los juicios contra los milicos genocidas, son a cuenta gota. En 9 años de juicios a los represores de la última dictadura el Estado ha condenado una cantidad ínfima de represores, continúa el desguace de las causas, a la vez que sostiene los beneficios de domiciliarias y la impunidad sobre la mayoría de las apropiaciones de hijos de desaparecidos y sobre los casos de testigos amedrentados.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 538 condenados siguen representando, a casi de 12 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por cada CCD y por sólo el 10% de las víctimas reales.
Las causas que investigan el Terrorismo de Estado previo al golpe del '76, desplegado a través de la Triple A, la CNU y demás bandas fascistas, así como la causa por los crímenes del Operativo Independencia en Tucumán, se encuentra paralizadas.
En La Plata hay sólo 61 genocidas condenados desde que se reabrieron los juicios, la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Ramón Camps, más las responsabilidades de las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además, quedan por concluir unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluyen nada más que a 90 represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, en suma, en La Plata no habrá más que 150 genocidas llevados a juicio en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
Hoy, a 39 años del golpe genocida tenemos que decir que más allá de sus discursos y del maquillaje, el gobierno de los Kirchner no es distinto a los anteriores. El nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército revela, definitivamente, hasta donde llega la verdad sobre su política de DDHH.
Milani denunciado en 1984, en el informe de la Conadep de La Rioja por su participación en el Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo y en el secuestro y tortura de Pedro Olivera y de su hijo Ramón Alfredo. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que se negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia debida. La familia de Ledo acompañada por una gran movilización popular presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Seguiremos todos los pasos para lograr que se juzgue y castigue a Milani y a todos los responsables.
La defensa a ultranza por parte del gobierno a Milani solo puede explicarse en la necesidad de un control centralizado sobre todo el aparato de inteligencia, que como quedó evidenciado con el Proyecto X y las revelaciones que salieron a luz luego de la muerte de Nisman tiene por labor fundamental al espionaje interno, que es el mismo rol que han cumplido desde la dictadura hasta ahora. Los servicios de inteligencia fueron la base de la represión dictatorial, luego en la masacre de La Tablada, en el asesinato a Darío y Maxi, en la de Carlos Fuentealba, en el de Mariano Ferreyra y en tantos otros. La Nueva ley de inteligencia está claramente direccionada hacia la consolidación de esto.
Con el ascenso del “sheriff” Alejandro Granados a la cartera provincial de seguridad, el gobernador Daniel Scioli busca profundizar la política de mano dura hacia los sectores populares inundando de policías el territorio bonaerense. En ese sentido, aprobaron, vía decreto, el proyecto para que los municipios puedan crear sus policías locales, iniciativa que ya comenzó en la La Plata de la mano de los Bruera. Este proyecto, copiado al macrismo y al massismo, no tienen otra finalidad que hacernos creer que la misma policía del gatillo fácil, que a su vez es parte del negocio del narcotráfico y la trata de personas, es la única garantía de seguridad a la que la población puede apostar.
FUERA MILANI, BERNI Y GRANADOS
DESMANTELAMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS DE INTELIGENCIA DESTINADOS A ESPIAR Y CRIMINALIZAR A LOS QUE LUCHAN.
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
La recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos es una necesidad y un derecho del presente. Es una responsabilidad del Estado y no puede depender de la voluntad individual de cada joven.
El traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y su tercerización, no sólo abre la puerta a un gran negociado, sino que acota el acceso al derecho a la identidad .
Del mismo modo afirmamos: la memoria popular es una construcción colectiva y por eso denunciamos la manipulación del gobierno nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta coherente con su política de reconciliación con los genocidas. Hace pocos días en La Plata el gobierno con la anuencia de las organizaciones de DDHH cooptadas, inauguró un espacio para la memoria en la Comisaría 5°. Al igual que en el CCD Arana la policía sigue estando en el lugar, la misma bonaerense que es la principal sospechada por el segundo secuestro y desaparición de López, que desapareció a Luciano Arruga, la de miles de casos de gatillo fácil es la que va a cuidar y convivir en un “espacio para la memoria”. La desaparición de López, Arruga, Bru, Nuñez y otras evidencian las continuidades en las prácticas mafiosas de la Bonaerense. La distorsión de la memoria de los desaparecidos de la Comisaría 5° quedó plasmada el mismo día cuando le fue impedido violentamente el paso a la Asamblea de Inundados de Parque Castelli al momento de su escrache a las autoridades presentes por la impunidad de la que gozan por el crimen social de las inundaciones de abril de 2013.
LA MEMORIA ES DEL PUEBLO Y NO DE LOS GOBIERNOS
NO AL TRASLADO DEL BANCO DE DATOS GENÉTICOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS
A 102 meses del secuestro del compañero la Causa López interpela lo intolerable que resulta para la sociedad que un ex detenido-desaparecido durante la dictadura y testigo en una causa de lesa humanidad, haya sido nuevamente desaparecido, pero interroga también sobre la voluntad y la capacidad investigativa de la Justicia Federal.
Esta causa señala las responsabilidades encubridoras del Poder Político, que comenzó ninguneando la gravedad del caso, para pasar a solicitar su esclarecimiento en abstracto y luego silenciar nuestro pedido de justicia.
Continúan impunes los casos de amedrentamientos a varios testigos en juicios de Lesa Humanidad. Y si llegó a juicio el asesinato de la compañera Silvia Suppo, fue para convalidar la versión del homicidio en ocasión de robo, deslindando del hecho las implicancias políticas del caso.
A 6 años de la desaparición de Luciano Arruga, haber encontrado su cuerpo es una victoria de la lucha popular. Sabemos que a Luciano la policía lo tenía marcado desde hacía tiempo, que lo venía hostigando para que saliera a robar y que él se negaba. Y NO creemos en la teoría del “accidente” o la “cadena de irregularidades”: hacemos responsables a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
A LUCIANO LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN
JUSTICIA POR SILVIA SUPPO Y LUCIANO ARRUGA
La política de recomposición y ampliación del aparato represivo tiene sus resultados a la vista: en 32 años de “democracia” hay más de 4340 muertos en manos del Estado (con las modalidades del gatillo fácil y las torturas en centros de detención). De ellos, más de 200 son casos de desaparición forzada, y casi la mitad se dieron en los gobiernos K. El sector al que se golpea con esta política de Control Social es siempre el mismo: los jóvenes, pobres e hijos de trabajadores.
En nuestra ciudad: Omar Cigarán, asesinado por el policía Diego Walter Flores en febrero de 2013; Braian Mogica, asesinado por la espalda por el custodio de Scioli Gabriel Yuguet en noviembre de 2013; Ismael Perusato y Mauricio Andrada, fusilados por el integrante del grupo Halcón Cristian Duarte en febrero de 2014; son sólo una muestra de la impunidad con que se maneja la Policía Bonaerense y del aparato de encubrimiento político y judicial de los crímenes de Estado.
NINGÚN PIBE NACE CHORRO
JUSTICIA POR ISMAEL SOSA
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y DE CRIMINALIZAR A LOS JÓVENES
JUSTICIA POR TODOS LOS CASOS.
El asesinato de numerosos luchadores populares, la sanción de la ley antiterrorista, la criminalización de la protesta, con presos políticos y miles de procesados, los trabajadores de Las Heras condenados a cadena perpetua, persecución a los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de su cultura, el espionaje a las organizaciones y militantes obreros, estudiantiles y populares, la represión a las movilizaciones de desocupados, militarización de los barrios con la criminalización de la pobreza, la complicidad del Estado con los distintos grupos narcos que operan en el país han sido la marca de la política en materia de libertades públicas del gobierno kirchnerista. El último año, la militarización de los conflictos obreros que comenzó con Gestamp y Emfer, el ataque a los ferroviarios del Sarmiento y a su conducción y se profundizó con las 18 represiones en la Panamericana dirigidas por Berni contra los obreros de Lear demuestra claramente a quienes defiende el gobierno.
ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS
DESPROCESAMIENTO A LOS MÁS DE 5.000 PROCESADOS POR LUCHAR
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS FERROVIARIOS DEL SARMIENTO
Denunciamos la complicidad de todos los estamentos del Estado con la trata de personas. Centenares de mujeres permanecen desaparecidas víctimas del negocio de la trata.
A 39 años, se sigue criminalizando el aborto. Miles de mujeres mueren al año en abortos clandestinos y otras son apresadas. El gobierno k continuó su negativa a otorgar el elemental derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Con la visita al Papa, Cristina reafirmó la intromisión de la iglesia en los cuerpos de las compañeras.
Continúan los asesinatos a las mujeres, muere una cada 30 horas víctima de femicidio.
JUSTICIA PARA POR MARITA VERON, SANDRA AYALA GAMBOA, MARIANA CONDORÍ, EL CUADRUPLE CRIMEN Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
NI UN FEMICIDIO MÁS.
INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA
EDUCACION SEXUAL PARA ELEGIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.
Denunciamos que la impunidad, el silencio y la violencia estructural que instaló la dictadura militar, también están presentes en la permanente invisibilización de la opresión, persecución y criminalización de la comunidad de tortilleras, maricones, bisexuales, travestis, trans y personas intersex que en la ciudad de La Plata se hacen presentes en con la criminalización de la comunidad trans y travesti en la zona roja. La violencia policial y la creciente militarización del espacio público se apoya en un sector de vecinos para justificar su accionar y privatizar el espacio público con alarmas y cámaras, reforzando la estigmatización social, multiplicando la homolesbotransfobia. La memoria no es privilegio heterosexual y en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa.
EXIGIMOS LA INMEDIATA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
TRABAJO GENUINO Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODES.
¡DESAPARECIDES LGBTTTI PRESENTES!
A 39 años, el imperialismo norteamericano sigue amenazando con golpes e intervenciones como recientemente lo hizo Obama a Venezuela, a la que consideró un “peligro para Estados Unidos”, denunciamos la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y al resto de la región.
Los Kirchner sigue pagando religiosamente la deuda externa e ilegitima y fraudulenta. Las grandes empresas reciben enormes beneficios con la devaluación, el salario cayó frente a la inflación y se avanzó en la liquidación de conquistas obreras, aumenta la desocupación y el trabajo en negro, continúa el impuesto al trabajo.
Ni la represión ni las patotas ni los procesamientos de los k pudieron frenar las luchas.
NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA FRAUDULENTA E ILEGÍTMA
NO A LOS ACUERDOS CON CHEVRON Y CHINA
SOLIDARIDAD CON VENEZUELA
FUERA YANQUIS DE AMÉRICA LATINA, FUERA INGLESES DE MALVINAS
BASTA DE IMPUNIDAD, AJUSTE Y REPRESIÓN K
SALARIO = A CANASTA FAMILIAR
A pocos meses de este fin de ciclo K dos argentinas se diferencian cada vez más claramente: Una la de las clases dominantes, con sus políticas, sus jueces y fiscales, la que se pelea por garantizar mejor el modelo de explotación y expoliación, la que debate si es mejor utilizar la picana o pistola eléctrica o directamente la 9 mm y la itaka, la que compite sobre las formas que aseguren a los grandes capitales extranjeros, del campo y de la ciudad, para que la sigan juntando con la pala, la que viene de la mano de unos u otros imperialismos, la que tranza con Chevron, la que permite y la que no dice nada sobre la instalación de base militar china en nuestro territorio, la de los pagadores seriales de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, en fin la argentina de los K, los Scioli, los Macris, los Massa, los Carrió y todas sus variantes.
Porque no tenemos nada que ver con ninguno de los bandos de esta Argentina de explotadores y opresores, es que no tomamos parte en sus disputas cuando por arriba polarizan la situación política. Por eso, no marchamos el 18 f, en una movilización de reivindicación de Nisman, un fiscal al servicio de la Cía y el Mossad ni el 1M. Salimos a la calle el 25 de febrero con una posición propia denunciando tanto al gobierno k, como a los sectores de la Justicia y el Congreso que organizaron el 18 f. Tanto a unos como a otros los denunciamos de ser garantes de la impunidad, de negarse a disolver los servicios de inteligencia y el aparato represivo
La otra Argentina, la que hoy se expresa en esta plaza, la que lucha por el desmantelamiento del aparato represivo, la de los cuerpos de delegados que van tomando en sus manos la dirección de las luchas de los trabajadores ocupados que han irrumpido en la escena política nacional, recuperando su histórico papel protagónico, como lo han sido los petroleros de Las Heras, los docentes de la Patagonia, los trabajadores de Fate, de Terrabusi, del Astilleros Río Santiago, los de Lear, la que cada día se suma a los que se movilizan y con cada conquista estimula por nuevos reclamos. La de los trabajadores desocupados que persisten en sus demandas, la de los estudiantes, la de los docentes con los SUTEBAS opositores la cabeza, los trabajadores de la salud, los judiciales, los estatales, los jubilados. La de la heroica resistencia de los Qom, la de los pueblos que luchan contra las megaminería y la contaminación del agua, la que le dice no a Monsanto y sus venenosos agroquímicos, la que repudia el pago de la deuda externa, la de los campesinos, la de las asambleas de inundados luego del crimen social del 2 de abril, la que lucha contra los femicidios y por los derechos de las mujeres, la de la lucha contra la discriminación por opción sexual, la de quienes luchan contra la trata, la de los organismos de DDHH que se mantienen independientes del estado y no bajan las banderas por juicio y castigo hasta ver al último genocida preso, las que luchan contra las violaciones a los DDHH de ayer y de hoy, en definitiva la que mantiene vivos los ideales de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y continúan con su lucha por un país donde sean posibles el pan, el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda, una niñez y una vejez protegidas, una juventud con futuro, justicia y plena vigencia de los derechos humanos.
Por esa Argentina dieron su vida nuestros 30.000 detenidos desaparecidos.
Por esa Argentina nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que el país que soñaron y soñamos se haga realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación.
Las causas de sus luchas, que son las nuestras, siguen vigentes.
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS APARICIÓN CON VIDA YA! DE JORGE JULIO LÓPEZ RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO Y DE ESPIONAJE. NI SIDE-NI AFI. NO AL PROYECTO X- NO A LA LEY ANTITERRORISTA FUERA MILANI, BERNI Y GRANADOS BASTA DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO EN LA CAUSA AMIA. COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LA POBREZA NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD TRANS Y TRAVESTI BASTA DE VIOLENCIA DE GENERO BASTA DE AJUSTE A LOS TRABADORES Y TRABAJADORAS SALARIO=A LA CANASTA FAMILIAR. BASTA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES 30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES 30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES 30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES AHORA Y SIEMPRE AHORA Y SIEMPRE AHORA Y SIEMPRE
Organismos de DDHH
HIJOS LA PLATA
CENTRO POR LOS DDHH HERMANOS ZARAGOZA
AEDD ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
CEPRODH CENTRO DE PROFECIONALES POR LOS DDHH
LIBERPUEBLO LA PLATA
PAN Y ROSAS
APEL ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA
DESDE EL FUEGO
COLECTIVO DE ABOGADOS Y ABOGADAS POPULARES LA CIEGA
HLI (HAGAMOS LO IMPOSIBLE)
LAS ROJAS
COORDINADORA ANTIRREPRESIVA LGBTTTIBQ LA PLATA
CORREPI
CATEDRA LIBRE VIRGINIA BOLTEN
CASA DE LA MUJER AZOCENA VILLAFLOR
Organizaciones gremiales
CTA AUTÓNOMA LA PLATA, ENSENADA.
SUTEBA LA PLATA
SUTEBA ENSENADA
ASOMA ASOCIACIÓN DE MEDIEROS Y AFINES.
LA TIZA SUTEBA LA PLATA
TRIBUNA DOCENTE
LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA
AGRUPACION EL FRENTE NO DOCENTES
AGRUPACION MARRON SUTEBA
EDUCADORES POPULARES BARTOLINA SISA
LA PROA ARS
AGRUPACION MARRON DEL ASTILLEROS
JUNTA INTERNA ATE IOMA
JUNTA INTERNA ATE DESARROLLO SOCIAL
CUERPO DE DELEGADOS ATE PRODUCCION
JUNTA INTERNA ATE ARBA SECCIONAL LA PLATA DE LA AEFIP
JUNTA INTERNA ATE EDUCACIÓN
CORRIENTE DE SALUD SALVADOR MAZZA
TRIBUNA DE SALUD
AGRUPACION BORDO DE SALUD
ESTATALES CLASISTAS
CCC ESTATALAES
TRIBUNA ESTATAL
JUDICIALES EN LUCHA
JUDICIALES CLASISTAS
CCC DESOCUPADOS
BRECHA SINDICAL
POLO OBRERO
PLENARIO DE TRABAJADORAS
AGRUPACION MARRON CLASISTA
FRENTE DE ARTISTAS
MOVIMIENTO TERRITORIAL FPDS-CN
ARTE AL ATAQUE
COLECTIVO GARABATOS
Organizaciones y centros estudiantiles:
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE LA PLATA
CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CS. MÉDICAS,
CENTRO DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL
CENTRO DE ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES
CENTRO DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CENTRO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS VETERINARIAS
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS EXACTAS
CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARTE DE BERISSO
CEPA CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR ANTIIMPERIALISTA
MUS MOVIMIENTO DE UNIDAD SECUNDARIO.
CONTRAIMGEN
CAUCE
YA BASTA
TINTA ROJA
C.O.M.U.NA COLECTIVA EN MOVIMIENTO POR UNA UNIVERSIDAD NUESTROAMERICANA
LA RETAGUARDIA
Organizaciones políticas
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (PTS)
FRENTE POPULAR
PTP PARTIDO DEL TRABAJO Y EL PUEBLO
UP UNIDAD POPULAR
PATRIA GRANDE
PS PARTIDO SOCIAL.
PCR PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO
CORRIENTE DE ORGANIZACIONES DE BASE LA BRECHA
NUEVO MAS
PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES DE BASE)
IZQUIERDA SOCIALISTA
JCR JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA
JUVENTUD DEL PTS
UNION DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO UJS
FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN CORRIENTE NACIONAL
BRIGADA DEL FPDS-CN EN VENEZUELA DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
MARCHA GUEVARISTA
SURCOS
