la lucha por la educación pública y gratuita en el vecino país de Chile.
la ley de medios cobra una cometa de 70000$ a los medios alternativos.
la explotación de los trabajadores de Soho, una marca muy careta... y mucho mas!
viernes, 30 de septiembre de 2011
24/sep/2011 - El bondi informativo. Antena Negra
la lucha por la educación pública y gratuita en el vecino país de Chile.
la ley de medios cobra una cometa de 70000$ a los medios alternativos.
la explotación de los trabajadores de Soho, una marca muy careta... y mucho mas!
Inés Ortega dio a luz en la comisaría 5°, su hermana pidió a los jueces que busquen a su sobrino.
“Le pidieron el bebé para que lo vea el coronel y no lo devolvieron”
Por Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)LA PLATA.-
“Pido que busquen al niño porque es lo que me pidió mi hermana. Alguien lo sacó de la comisaría”, le dijo a los jueces de la Cámara Federal la hermana gemela de la desaparecida Inés Beatriz Ortega, quien dio a luz estando en cautiverio en la comisaría 5° de La Plata durante la última dictadura.
Susana Ortega señaló que la familia se enteró del nacimiento a dos meses de producirse, cuando una joven que había estado detenida-desaparecida fue a casa de sus suegros a avisar. “Dijo que mi hermana me mandaba decir que había nacido el nene y que le había puesto de nombre Leonardo”, contó la mujer.
“Le hicieron firmar un papel en blanco y le tomaron la huella dactilar de ella y la plantar del bebé. A las cuatro horas de nacer se lo pidieron para que lo vea el coronel y no se lo devolvieron. Me mandó decir que lo buscara”, agregó la hermana de la desaparecida.
La testigo señaló que recién el año pasado se enteró por el testimonio de Adriana Calvo que Inés estuvo secuestrada en la comisaría 5°. “Me causó gran dolor, porque era la comisaría de mi barrio, donde yo tenía actividades. Conocía a los policías porque iban a jugar a las cartas al club, yo les pedía que lleven a sus hijos a un teatro de títeres que hacía”, recordó Susana Ortega y, entre lágrimas, añadió: “De haber sabido hubiera hecho lo imposible por sacarla de ahí”.
Ortega contó que en presencia de Emir Camiletti —su ex marido—, Inés y el marido de ésta, Rubén Fosatti, fueron secuestrados en Quilmes. “Mientras los esperaba en un bar vio a Fosatti corriendo delante de un policía. Después, ve a mi hermana dentro de un patrullero. Se los llevaron a los dos”, declaró. Desde entonces, el matrimonio está desaparecido.
La mujer señaló además que la familia vivió el 6 de marzo de 1976 un allanamiento del Ejército en el que se detuvo a su suegro, quien luego fue liberado mediante la gestión de un coronel.
Sobre el final de la declaración, Susana Ortega dijo que “la Verdad, si no hacemos Justicia, es una anécdota”, y le pidió a los jueces que busquen a su sobrino desaparecido. El juez Leopoldo Schiffrin le contestó que el Juicio por la Verdad también abarcaba la desaparición de menores, incluso los nacidos en cautiverio.
fuente: juicio por la verdad 26/09/01-prensa APDH
Por Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)LA PLATA.-
“Pido que busquen al niño porque es lo que me pidió mi hermana. Alguien lo sacó de la comisaría”, le dijo a los jueces de la Cámara Federal la hermana gemela de la desaparecida Inés Beatriz Ortega, quien dio a luz estando en cautiverio en la comisaría 5° de La Plata durante la última dictadura.
Susana Ortega señaló que la familia se enteró del nacimiento a dos meses de producirse, cuando una joven que había estado detenida-desaparecida fue a casa de sus suegros a avisar. “Dijo que mi hermana me mandaba decir que había nacido el nene y que le había puesto de nombre Leonardo”, contó la mujer.
“Le hicieron firmar un papel en blanco y le tomaron la huella dactilar de ella y la plantar del bebé. A las cuatro horas de nacer se lo pidieron para que lo vea el coronel y no se lo devolvieron. Me mandó decir que lo buscara”, agregó la hermana de la desaparecida.
La testigo señaló que recién el año pasado se enteró por el testimonio de Adriana Calvo que Inés estuvo secuestrada en la comisaría 5°. “Me causó gran dolor, porque era la comisaría de mi barrio, donde yo tenía actividades. Conocía a los policías porque iban a jugar a las cartas al club, yo les pedía que lleven a sus hijos a un teatro de títeres que hacía”, recordó Susana Ortega y, entre lágrimas, añadió: “De haber sabido hubiera hecho lo imposible por sacarla de ahí”.
Ortega contó que en presencia de Emir Camiletti —su ex marido—, Inés y el marido de ésta, Rubén Fosatti, fueron secuestrados en Quilmes. “Mientras los esperaba en un bar vio a Fosatti corriendo delante de un policía. Después, ve a mi hermana dentro de un patrullero. Se los llevaron a los dos”, declaró. Desde entonces, el matrimonio está desaparecido.
La mujer señaló además que la familia vivió el 6 de marzo de 1976 un allanamiento del Ejército en el que se detuvo a su suegro, quien luego fue liberado mediante la gestión de un coronel.
Sobre el final de la declaración, Susana Ortega dijo que “la Verdad, si no hacemos Justicia, es una anécdota”, y le pidió a los jueces que busquen a su sobrino desaparecido. El juez Leopoldo Schiffrin le contestó que el Juicio por la Verdad también abarcaba la desaparición de menores, incluso los nacidos en cautiverio.
fuente: juicio por la verdad 26/09/01-prensa APDH
DEBATE RUCCI/TOSCO. DOS REFERENTES SINDICALES DE LA CGT. 02/73
-Rucci, ¿las diferencias que tiene con Tosco son un problema de tipo ideológico, de tipo personal, o ambas cosas a la vez?R: Quiero aclarar que cuando se trata de debatir los grandes problemas del movimiento obrero, de ninguna manera deben privar los problemas de tipo personal. Quiero decir que este aspecto queda perfectamente aclarado. La diferencia está en la forma de encarar el movimiento obrero en su conducción orgánica. Yo sostengo que el movimiento obrero sindicalmente organizado se encuentra en la Central Obrera y que las delegaciones regionales de todo el país deben a la Central Obrera todas aquellas exigencias que le imponen los estatutos. En consecuencia, creo que el compañero Tosco no está dentro de estos requisitos que, por supuesto, no son míos sino de los congresos nacionales de la entidad madre, es decir, la CGT.
-Señor Tosco, ¿qué puede decir al respecto?
T: Nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una práctica eminentemente democrática, como una democracia que surge de las bases. Sostenemos que todo compañero que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia la cúspide. Más hacia el contenido de lo que reclaman los trabajadores, los sectores populares, que a las formalidades. Por otra parte, hemos dejado bien en claro, siempre, que la CGT de Córdoba está dentro de la CGT nacional. No pretendemos ni como CGT de Córdoba, ni como Movimiento Nacional Intersindical, ni como Sindicato de Luz y Fuerza, constituir un ente paralelo a la CGT. Lo que sí reivindicamos es nuestro derecho a la crítica, nuestro derecho a ir contra el burocratismo, nuestro derecho a que surja desde las bases, ya sea desde la Capital Federal o desde el interior, el mandato a que nosotros nos debemos. Si los trabajadores de Córdoba luchan, si los compañeros, por los problemas que padecen, exigen plenarios de gremios confederados, nosotros ¿qué decidimos?, pues ir a la lucha y realizar los plenarios confederados; todo por la defensa de la clase trabajadora. Y eso es lo principal, y no estar al margen de la Central Obrera, sino tener una Central Obrera similar a la CGT de Córdoba. Y eso es lo que nos guía a nosotros.
(...)
-Rucci usted ha acusado a Tosco públicamente y en repetidas oportunidades de ser antiperonista. ¿Insiste en esa acusación?
R: Insisto.
-¿Y usted Tosco se considera antiperonista?
T: Nosotros creemos que hay sugestivos motivos por los cuales se quiere dividir al país en peronistas y antiperonistas. Con el mismo derecho nosotros señalamos que la división que debe hacerse no es así, sino entre quienes están consecuentemente con la lucha del pueblo y quienes están con la entrega.
-Pero eso ya lo dijo Perón.
T: Yo no soy antiperonista, siento un gran afecto por muchos compañeros peronistas, convivo con ellos y lucho con ellos. Y a su vez, en perspectiva, pretendo esa unidad combativa con los compañeros peronistas, con las fuerzas de izquierda y revolucionarias. Eso no está aquí, pero sí en la CGT de Córdoba, y creemos que en el plano político en general, por eso no nos detenemos en el 11 de marzo, porque la historia está más allá de esa fecha y se construirá con todos los que hemos luchado juntos: peronistas y no peronistas, radicales, marxistas, cristianos, ateos, comunistas; se construirá de esta manera como se está construyendo en Latinoamérica, pero no con alianzas que evidentemente le dan un carácter espurio a ese programa.
-Correcto, Tosco, pero usted se escapa un poco. Hace muy poco tiempo dijo: "Si nos proclamamos socialistas no podemos tener un líder como Perón". Quiere decir que usted está marginado totalmente y al decir que siendo socialista no puede tener un líder como Perón, está del otro lado.
T: Si yo le hablo de que debemos constituir una unidad combativa, la unidad popular, los líderes serán todos aquellos que la...
-A usted le gusta mucho hablar de "unidad popular"...
T: Sí, me gusta, y apoyo al gobierno de la Unidad Popular que transita hacia el socialismo en la hermana República de Chile. Y a todos los movimientos de latinoamericanos que levantan el socialismo, incluida Cuba.
-¿Y no tiene miedo a cierto tipo de ententes que han hecho durante mucho tiempo los frentes populares, como por ejemplo la Unión Democrática en 1945?
T: Bueno, usted le da ese nombre de "frente popular" a la Unión Democrática, no soy yo quien se lo está dando. Por otra parte, la historia está llena, en todos lados, de imperfecciones, y el propio pueblo va superando esas imperfecciones y va a construir la unidad popular (se llame así o no se llame así) de nuestro pueblo, para liberarnos de la explotación de la oligarquía y de las clases dominantes y del imperialismo. En eso tengo fe, para eso trabajo, con la perspectiva histórica en que está planteada en Argentina y en Latinoamérica.
-Pero dio a entender que se llamaría a la lucha. ¿Por qué, si la CGT se declara peronista, no se movilizó cuando se lo proscribió a Perón?
R: Es muy difícil poder aceptar para quien no es peronista la estrategia que tiene el peronismo dentro de los problemas políticos que se debaten en el país. Porque el peronismo no es un partido político, es un movimiento que, como lo dijo el compañero Tosco, tiene un líder, tiene mentalidad revolucionaria y si se encaja como partido político es para enfrentar la batalla dentro de un proceso y asumir el poder. Lo que implica que cuando se entra en este juego, se hace lo que conviene por la sencilla razón de que una actitud emotiva, o una actitud justificada, puede ser el factor o elemento que perturbe esa estrategia y no se logre el objetivo.
-¿Qué es la revolución para usted, Rucci?
R: La revolución es la que se plasmó en 1946 cuando el peronismo, prácticamente por sus votos, barrió la alianza nefasta de la Unión Democrática.
-Pero con eso no la define...
R: Bueno la revolución es... Es decir, la revolución, mejor dicho una revolución, creo que no es ninguna novedad saber lo que es una revolución... Una revolución puede ser cruenta o incruenta. La revolución es provocar el gran cambio que entierre esta estructura que somete a los pueblos; estructuras que someten a los trabajadores y que colocan al país en el terreno de la dependencia. Revolución es liberación; la forma de encarar la revolución, la forma de llevarla y concretarla, eso depende...
(...)
-¿Rucci Usted tiene algo que ver con esa famosa frase que se le adjudica de que Tosco es "el dirigente de la triste figura"? Ocurre que estamos portándonos como chicos buenos de colegio, cuando en realidad ustedes se han enfrentado con unas solicitadas tremendas. Además, usted dijo, Rucci, que en el movimiento peronista había "infiltrados asquerosos bolches", aludiendo directamente a Tosco y otros dirigentes...
R: No... No... Yo puedo haber dicho eso, pero de ninguna manera ese tipo de calificativos o agravios pueden haber sido dirigidos a determinadas personas del movimiento... Está dirigido este calificativo a quienes solapadamente se esconden detrás de un bombo o se infiltran en el movimiento peronista, gente que nada tiene que ver con el movimiento obrero. Me parece que he sido claro porque en ningún momento he mencionado nombres, por lo menos con ese tipo de agravios.
-¿Qué es infiltrarse en el movimiento obrero? ¿Qué haya gente que no piensa como usted?
R: No... De ninguna manera. El compañero Tosco ha dicho una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo: "El peronismo no es sectario". Incluso el Partido Comunista, en la época de Perón, tenía personería jurídica y votaba.
-Si es así, ¿por qué usted los trata como "asquerosos bolches"?
R: Porque todo aquel que atenta contra la unidad orgánica del movimiento obrero, que no es un invento de Rucci, ni un invento de Tosco, sino un invento de los trabajadores, a través de sus cuerpos orgánicos, que se han organizado y tienen una central obrera. De este modo quienes atenten contra esa unidad con slogans que nada tienen que ver con los trabajadores son infiltrados.
-Usted, Tosco, ¿atenta contra la unidad del movimiento obrero?
T: ¿Cómo? ¿De qué forma atento? Como directivos de la CGT nosotros acatamos resoluciones de los cuerpos orgánicos. Y cuando estamos en la lucha siempre hemos cumplido. La CGT de Córdoba jamás dejó de cumplir un paro... Rucci no es el dueño de la CGT. No hay máxima autoridad para nosotros. Sólo hay cuerpos orgánicos democráticamente constituidos y todas las resoluciones se dan en ese carácter, que es lo único que respetamos. Córdoba jamás ha dejado de cumplir un paro, ha hecho muchos más paros que la CGT. Porque la CGT nacional se ha limitado a una serie de paros, y nosotros creemos que se puede ir mucho más allá, como lo hemos probado.
-Tosco, ¿me permite? Nosotros creemos que Córdoba es un caso atípico dentro del movimiento obrero del país. Con todo, es posible que para la unidad del movimiento obrero, con una sutura de las 62 Organizaciones, se consiga una unidad que englobe a no peronistas como usted y peronistas como Rucci. ¿Puede funcionar en la práctica?
T: Córdoba no es una isla, ni está fuera del país ni del mundo. Creemos que con buena voluntad, con comprensión, con espíritu de lucha, se puede llegar a una unidad. Córdoba no es una isla y el "Cordobazo", al contrario, expresa la avanzada de las luchas obreras y populares argentinas que luego se dieron en Tucumán, Rosario, Malargüe, Trelew... es porque tiene ese papel, y detrás de esto -no con un sentido de subordinación sino como expresión de un proceso histórico- se va dando la lucha de todo el movimiento obrero y se va a dar en el orden nacional.
-Para usted, Rucci, ¿la CGT de Córdoba es una isla dentro del movimiento obrero?
R: Yo no diría eso. Pero la CGT de Córdoba tiene una característica muy particular. Yo soy un ferviente defensor del movimiento obrero, del debido respeto a los cuerpos orgánicos que han elegido los congresos. He dicho hace un rato que hay setenta y pico de delegaciones regionales en todo el país. Todas cumplen y consultan a la Central Obrera para tomar cualquier determinación. La única CGT y los únicos dirigentes que no han consultado jamás para tomar actitudes son los de la CGT de Córdoba. Si lo hubieran hecho, como lo hizo Mendoza, que consultó y la CGT de inmediato se puso del lado de los trabajadores de Mendoza e intervino en el conflicto e hizo todo el aporte necesario para...
-¿Le parece que era necesario que consultara, cuando la gente ya estaba en la calle?
R: ¿Cómo cuando la gente estaba en la calle? Sí, la gente de Mendoza estaba en la calle, pero el compañero Fiorentino inmediatamente se comunicó con la CGT para decir la actitud de la gente y...
-¿Para pedir permiso? ¿No será que la CGT de Córdoba es rebelde? ¿No tendrá motivos?
R: Yo no diría que es rebelde. Más bien diría, como lo señala el compañero Tosco, que su forma de conducir al movimiento no es la misma que nosotros queremos imponer a las otras delegaciones del interior del país. A pesar de que se dice lo contrario, cuando se habla de unidad, no se conciben dos centrales obreras, y nadie puede admitirlo, aunque los hechos y la forma como se llevan a cabo ciertas actitudes están demostrando que realmente quieren dos centrales obreras.
-¿No es una acusación un poco corporativista?
R: No. Es el resultado de normas que fueron legisladas por los congresos nacionales de la CGT. En el supuesto caso de que no sean útiles, será un congreso el que reformará, pero hasta el momento, ése es el estatuto de la Central Obrera y como dirigentes disciplinados a ese estatuto nos debemos ajustar.
-Esa rebeldía de la CGT-Córdoba, ¿a qué se debe? ¿A la directiva de Rucci o a un problema del Consejo Directivo?
T: A que la CGT-Córdoba interpreta el mandato de las bases. A que está ligada a las aspiraciones de los trabajadores. Quieren luchar y la CGT-Córdoba lleva a la práctica esa lucha, cosa que no hace la CGT nacional.
(...)
-¿La CGT es un factor de poder, Tosco?
T: Está encuadrada en el concepto de defensa del sistema. Para nosotros, el movimiento obrero y la CGT deben ser una palanca para transformaciones revolucionarias en esta sociedad capitalista.
-¿Rucci, entonces, está defendiendo el sistema?
T: Si entiende que es un factor de poder, la coloca dentro del sistema.
R: Cuando a un hombre dice lo que yo he dicho en los reportaje en Nueva Plana y en la revista Mayoría, indudablemente parece que estamos muy lejos de estar defendiendo el sistema.
-En esos reportajes, Rucci, usted dijo, hablando de la Juventud Peronista, que en ciertos aspectos tiene razón. ¿Qué quiere significar con eso? ¿En qué falla la JP? ¿Es una actitud paternalista, de poner la mano en el hombro...?
R: Eso de poner la mano en el hombro es un juicio suyo. El sentido de lo que dije es otro. La Juventud Peronista hace críticas a determinados dirigentes gremiales, yo me animo a admitir que ciertas críticas son valederas cuando digo que en cierta forma tienen razones.
-¿Se hace una autocrítica?
R: No en este momento, dije que soy consciente de mis responsabilidades y las he asumido íntegramente. Y me consta que mis actitudes pueden ofrecer conceptos contrarios a la honestidad y lealtad de los trabajadores.
(...)
-¿El peronismo plantea la lucha de clases?
R: Plantea la unidad de todos los sectores... No plantea la lucha de clases. Bien lo ha dicho el general Perón cuando estuvo acá. Esta no es una cuestión de partidos políticos sino que ésta es una cuestión programática nacional en la cual tienen participación todos los que estén dentro de esta filosofía en lo que respecta al socialismo. El peronismo no es un movimiento estático. Evoluciona, y dentro de esta evolución da lugar a un proceso que va a terminar en el socialismo nacional.
-¿Podría definirlo?
R: El socialismo tiene, en distintos países del mundo, diversos matices. El socialismo que yo planteo es una integración de una sociedad donde, por sobre los sectores o grupos, prive el respeto a la dignidad y priven también los fundamentos en que está basada nuestra sociedad.
T: Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, de los monopolios, para el pueblo. Socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Deben desaparecer las clases y debe existir una clase, la de quienes trabajan. Y no como ahora, que existe la de los explotados y la de los explotadores.
R: Eso no es socialismo...
(...)
-Rucci usted cuando usted estuvo en España, se le atribuyó haber declarado que cuando regresara a la Argentina iniciaría una campaña por la erradicación de la infiltración marxista del movimiento obrero...
R: Es totalmente falso. No soy de aquellos que dicen, como mucho se ha dado en decir, que pretendo hacer discriminaciones ideológicas en la CGT, donde hay miembros que no son peronistas. Hay dirigentes comunistas que van al Comité Central Confederal y son respetados. No se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico. Aquí se trata de que esa ideología no sea el caballo de Troya para tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero. O de torcer el camino que se ha dado como objetivo.
-Pero si la gente quiere torcerlo...
R: Hay cosas que usted no tiene la obligación de saber porque no milita en el movimiento obrero. Ahí cerca se reunieron 700 delegados que se desparraman a lo largo y a lo ancho del país, 500 delegados que vinieron en representación de los trabajadores del interior del país. Y fueron ellos los que eligieron en la asamblea de la CGT a Rucci, con sus votos. Sería desmerecer mucho a los trabajadores pensar que cometieron tal error de elegir como sus dirigentes a traidores.
T: Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente por la intervención de las patronales, del Ministerio de Trabajo y de las burocracias.
-Rucci, ¿hay burocracia?
R: Yo quisiera discriminar, porque a veces las palabras están ligeramente expresadas y suenan a hueco. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindicalmente?
-Vamos a preguntárselo a Tosco.
T: La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con el criterio de reducir todo al sindicalismo; de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales; de discutir especialmente los convenios colectivos de trabajo; de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Es decir, desde el mismo término burocrático surge: gobierno de empleados. Significado gramatical que trasladada al campo sindical significa no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social.
(...)
-Vamos entonces a las conclusiones, por favor.
R: En alguna medida este programa ha pretendido ser útil a la opinión pública, para que conozca lo que yo sostengo como la verdad de lo que represento y creo en este aspecto el resultado puede ser positivo.
T: Agradezco la oportunidad de haber podido exponer ante la opinión pública y el pueblo el punto de vista que no es mío sino de la clase obrera y el pueblo de Córdoba.
-¿Cree, Rucci, que queda algo por decir?
R: Coincidir también con lo que dice el compañero Tosco, que estoy convencido de que lo que yo he expuesto no es solamente el punto de vista del pueblo de Córdoba sino que incluyo al pueblo de Córdoba en el pueblo de todo el país.
-¿Puede ser que a partir de ahora no haya más solicitadas entre ustedes?
R: Cada uno sabe de su obligación y asume las responsabilidades. Yo sé de mi obligación como secretario general de la CGT y he asumido esa responsabilidad.
T: En tanto y en cuanto sea necesario fijar las posiciones de lucha de la unidad combativa, nosotros hemos de continuar con esta misma práctica del movimiento obrero.
Córdoba es del movimiento obrero argentino y de la lucha antiimperialista latinoamericana.
fuente: agenciawalsh.org
jueves, 29 de septiembre de 2011
350 familias luchan por vivienda digna en Melchor Romero.
Desde Resistencia Cultural Barrial junto con los 12 delegados y las 350 familias que resisten y luchan hace 2 meses por su derecho a una vivienda digna y contra el desalojo en su contra en Melchor Romero La Plata (526 a 528 y 166 a 161), queremos agradecer y compartir con ustedes la nota realizada por la periodista Bibiana Parlatore de Diario Diagonales. Agradecemos la sensibilidad humana a la cual desgraciadamente no estamos tan acostumbrados a recibir, agradecemos se nos haya visitado en nuestro lugar y se nos haya dado la posibilidad de contar nuestra realidad, lo que nos pasa y por que decidimos tomar estas tierras para poder tener un lugar donde vivir con nuestras familias.
Creíamos que nos enfrentamos hace años a la falta de políticas sobre hábitat popular y a la vulneración de nuestro derecho humano y constitucional de una vivienda digna, hoy sabemos que no estamos en ausencia de políticas de hábitat popular, sino que las políticas existentes nos excluyen, nos criminalizan y acorralan.
Para la Justicia Penal somos usurpadores y no tenemos derecho ni siquiera a defendernos y a un juicio previo, se ordena el desalojo sin respetar ningún derecho, ni tener en cuenta en lo mas mínimo nuestro estado de necesidad, el cual es mas que evidente cuando la mayoría de las familias ganan un promedio de $1000 y pagan un promedio de $500 de alquiler.
Esta semana deberá la Jueza Garmendia resolver los recursos presentados contra la orden de desalojo dictada en nuestra contra. Pedimos a todos los que entiendan nuestra apremiante situación, nos den su apoyo y difundan nuestra realidad que es la de muchos que no son escuchados.
El Diario el Día de La Plata miente descaradamente en cuanto a lo que vivimos y lo que sucede en el lugar, que no nos engañen los delincuentes, los especuladores no somos nosotros.
Fuente: Resistencia Cultural Barrial
resistenciaculturalbarrial@hotmail.com
Contactos: Ramon (Delegado) 02215584234
Sebastian (RCB) 0221 154853176
Creíamos que nos enfrentamos hace años a la falta de políticas sobre hábitat popular y a la vulneración de nuestro derecho humano y constitucional de una vivienda digna, hoy sabemos que no estamos en ausencia de políticas de hábitat popular, sino que las políticas existentes nos excluyen, nos criminalizan y acorralan.
Para la Justicia Penal somos usurpadores y no tenemos derecho ni siquiera a defendernos y a un juicio previo, se ordena el desalojo sin respetar ningún derecho, ni tener en cuenta en lo mas mínimo nuestro estado de necesidad, el cual es mas que evidente cuando la mayoría de las familias ganan un promedio de $1000 y pagan un promedio de $500 de alquiler.
Esta semana deberá la Jueza Garmendia resolver los recursos presentados contra la orden de desalojo dictada en nuestra contra. Pedimos a todos los que entiendan nuestra apremiante situación, nos den su apoyo y difundan nuestra realidad que es la de muchos que no son escuchados.
El Diario el Día de La Plata miente descaradamente en cuanto a lo que vivimos y lo que sucede en el lugar, que no nos engañen los delincuentes, los especuladores no somos nosotros.
Fuente: Resistencia Cultural Barrial
resistenciaculturalbarrial@hotmail.com
Contactos: Ramon (Delegado) 02215584234
Sebastian (RCB) 0221 154853176
La ex vice del Bellas Artes dijo que no conocía el reclamo por el boleto...
La esposa del genocida apellidado Gallo, declaraba hace poco mas de 10 años en el juicio por la verdad que se realizaba el miércoles 19 de septiembre de 2001, a continuación el testimonio de una "viejita con falta de memoria..."...“Ni idea”, respondió la mujer cuando el Tribunal le preguntó si sabía que los estudiantes luchaban por el boleto, y explicó que se enteró de lo que pasó con la realización del film de Héctor Olivera: “Para mí ver la película fue algo nuevo”.
Fittipaldi de Gallo señaló que en septiembre de 1976 “fue una gran sorpresa” que los estudiantes dejaran de ir a la escuela porque estaban desaparecidos. “Les poníamos ausente porque creíamos que estaban enfermos”, aseguró.
La ex directiva agregó que sólo “por comentarios” se enteró que los chicos estaban “demorados”, expresión que repitió varias veces durante su testimonio, sin aludir a la detención ilegal y posterior desaparición forzada de los jóvenes.
La Cámara citó a Fittipaldi, quien es esposa Guillermo Gallo, rector durante la dictadura de la Universidad Nacional de La Plata —de la que depende el Bachillerato—, en la causa en la que investiga la desaparición de los estudiantes que en 1975 consiguieron el boleto estudiantil y que participaron de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Los estudiantes del Bellas Artes que desaparecieron durante la dictadura son Horacio Ungaro, Francisco López Muntaner y María Claudia Falcone. También fueron secuestradas y luego liberadas Patricia Miranda y Emilse Moller.
Fittipaldi de Gallo negó haber recibido alguna instrucción de las autoridades militares sobre cómo proceder con la conducta de los alumnos y que “jamás” una autoridad le hizo alguna pregunta sobre María Claudia Falcone. “Nosotros ignorábamos totalmente. Fue muy desgarrante lo que pasó”, agregó.
Asimismo, señaló que la única gestión que hizo por los chicos desaparecidos fue comunicar la ausencia de ellos a la Secretaría Académica de la UNLP. Y que nunca los padres de los desaparecidos fueron a preguntarle si ella tenía alguna información.
Cuando le preguntaron si sabía que había profesores del colegio que estaban desaparecidos, la mujer contestó en forma negativa, y negó recordar que la profesora desaparecida Irma Zucchi estuviese dirigiendo el Bellas Artes en 1973.
Fittipaldi señaló que durante su mandato no había asambleas de alumnos. “Si ellos querían reunirse por problemas eminentemente didácticos, los dejábamos. Distinto si era político”. Cuando se le preguntó si eso respondía a las normativas que prohibieron de la dictadura la realización de asambleas en los colegios secundarios, la ex directiva contestó: “No les cortamos ninguna manifestación, tampoco ellos lo pidieron”.
La mujer dijo que asumió el cargo de regente en junio de 1976, y que luego su puesto pasó a llamarse “vicedirectora”, sin que se alterasen las funciones.
“Yo fui incorporada cuando había marinos en la Universidad, pero yo no conocía a nadie”. Desde 1975, el Bachillerato de Bellas Artes, al igual que los otros colegios de la Universidad, dependen orgánicamente de la Presidencia de la casa de altos estudios. Antes, funcionaba como un anexo de la Facultad.
Libros de Sanidad
En otro orden, se presentó ante la Cámara el comisario retirado Carlos Navarro, quien fue señalado por tres testigos como el secretario del médico policial Néstor De Tomas, ex titular de la Dirección de Medicina Legal y de la Dirección de Sanidad de la Policía provincial durante la dictadura.
Navarro fue convocado a declarar en forma informativa, ya que según una denuncia anónima que recibió el Tribunal fue acusado de quemar los libros de Partes Médico-Legales en los que consta información sobre personas asesinadas durante la represión ilegal. El comisario, haciendo uso de su derecho, se negó a declarar ante los jueces.
La investigación sobre los Libros de Sanidad fue desarrollada por la Cámara durante el año 1999, y culminó con una denuncia por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra De Tomas, ya que él aparecía como la última persona en haber tenido los libros en su poder.
La causa contra el médico policial se inició en primera instancia, pero el año pasado el ex funcionario fue sobreseído por prescripción de la acción penal.
Guillermo Gallo.
El ex rector de la UNLP admitió vínculos con la represión ilegal.
La UNLP tienen 766 docentes y alumnos desaparecidos o muertos por la dictadura
Asunción de Guillermo Gallo como Rector de la UNLP
miércoles, 28 de septiembre de 2011
salió 30000 razones. Te la vas a perder? HIJOS LA PLATA
Salio 30.000 razones, la revista N° 2 del 2011 de HIJOS La Plata. Para conseguirla mandanos un mail a hijos_laplata@yahoo.com.ar, o a www.hijosprensa.blogspot.com
http://t.co/8CggVy8 http://t.co/a2lMQMD
30000 RAZONES Nº2
http://t.co/8CggVy8 http://t.co/a2lMQMD
30000 RAZONES Nº2
A 21 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE ANDRÉS NUÑEZ
Hoy, miércoles 28 se cumple el 21º aniversario de la desaparición forzada de Andrés Núñez, secuestrado y desaparecido por la Brigada de Investigaciones de La Plata. Familiares de Andrés y organizaciones de derechos humanos convocan al acto de colocación de una placa conmemorativa en el lugar donde estuvo secuestrado y fue torturado en 1990.Con motivo del 21° aniversario de la desaparición forzada de Andrés Núñez, el miércoles 28 de septiembre a las 16 horas se colocará una placa en su memoria en la sede de la ex Brigada de Investigaciones de La Plata, ubicada en calle 61 entre 12 y 13. Ese mismo día, por la mañana, inhumarán sus restos en el Cementerio de La Plata en una ceremonia íntima.
Andrés Núñez, un albañil de 30 años, desapareció de su casa de Villa Elvira en septiembre de 1990 y, desde entonces, su familia denunció que un grupo de policías habían ido a buscarlo a la casa de sus padres y se lo llevaron.
Fue en 1995 cuando el ex policía Daniel Ramos confesó que junto a otros agentes de la Brigada lo habían torturado y asfixiado con una bolsa para que se hiciera cargo del robo de una bicicleta. El cuerpo de Núñez fue encontrado en el establecimiento El Roble, en General Belgrano. Una pericia del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió establecer a través de los restos hallados que se trataba del cadáver del albañil.
El juicio
En diciembre, la Justicia de La Plata condenó a prisión perpetua a dos ex policías bonaerenses por torturas y el asesinato de Andrés Núñez. En el veredicto, el ex sargento Jorge González fue hallado responsable de "privación de la libertad agravada en concurso con torturas seguida de muerte" y el ex cabo Víctor Dos Santos por este último delito. En rigor, había un tercer policía imputado en el juicio, José Ramos, pero para él no se pidió condena argumentando su defensa su estado psicológico y psiquiátrico.
Además el Tribunal dispuso la investigación por irregularidades del ex juez encargado de la causa, Amilcar Vara. Los jueces del Tribunal denunciaron al sistema judicial ordenando que se investigue al ex juez Amílcar Vara, quién había tomado la causa cuando comenzó pero fue destituido en 1998 al probar irregularidades en 26 causas que él llevaba, en las que estaban implicados personal policial, una de ellas la de Miguel Bru.
Para el esclarecimiento de los hechos fue fundamental la declaración de David Guevara, quien estuvo detenido junto a Andrés Núñez la noche del 28 de septiembre de 1990, en la Brigada de investigaciones de la Plata. Guevara, de 16 años en aquella época, sufrió las mismas torturas por parte de efectivos policiales de dicha institución, para que declare un robo que no había cometido, aseveración que se certificaría posteriormente con los testimonios recabados. A diferencia de Núñez, Guevara resistió las torturas, tal como aseguró la fiscal en su alegato.
Guevara aseguró haber visto al ex juez Amilcar Vara en la Brigada de Investigaciones el día que torturaron y asesinaron a Núñez. A su vez, indicó haber visto a Núñez, de quien más tarde sabría, por dichos de otros presos, que a los efectivos se les "había ido la mano" y que lo habían matado.
Aún permanecen evadidos de la Justicia otros dos acusados: el entonces jefe de la Brigada, Luis Raúl Ponce, quien habría dado la orden de que se modificaran los libros de guardia de la Brigada para ocultar el crimen, y el policía Pablo Gerez. Con el paso del tiempo el delito puede proscribir y los imputados prófugos quedarían exentos del juicio y da la condena. Ante la posibilidad de que los imputados no sean juzgados, el abogado de la familia, Eduardo Hortel, pidió a la Suprema Corte de Justicia que la causa sea declarada de lesa humanidad para impedir su proscripción.
Fuente: Martina- Indymedia La Plata
Las voces de los compañeros. Adriana Calvo
Como experiencias terribles en este lugar tengo que contar el parto de Inés ORTEGA; Inés tenía en ese momento 16 o 17 años; era por supuesto su primer hijo, estaba muy asustada, unos días antes de su parto comenzó con contracciones y nosotras comenzamos a 11 al cabo de guardia, así se hacían llamar; después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones, y dijeron que iban a traer a un médico; varias horas después llegó una persona de barba, delgado, morocho, lo pude ver porque después tuve oportunidad de conocerlo en circunstancias muy particulares... y por otra parte sé que se trata del doctor Berges, que está con prisión preventiva ordenada por el juez PIAGGIO, porque lo reconocí con posterioridad; ese doctor nos sacó de la celda a Inés y a mí, ya que estaba yo embarazada, aunque yo no tenía contracciones; nos llevaron prácticamente a la rastra, escaleras arriba, en una escalera de cemento, donde nos golpeábamos en todos los escalones; nos tiró en el piso y en menos de tres minutos nos hizo un tacto a cada una; era sin duda un médico obstetra; dijo que estábamos perfectamente bien y nos volvieron a tirar en la celda; unos días después, comenzó el trabajo de parto de Inés ORTEGA; yo, que era la mayor, que ya había tenidos dos hijos, me encargué de estar con ella mientras las demás pedían a los gritos ayuda; estuvimos todas gritando al cabo de guardia para que viniera; Inés tenía contracciones cada vez más seguidas, yo trataba de decirle que la respiración abdominal, que el jadeo; estaba tirada en el piso, desesperada; por fin, muchas horas después, comenzó su trabajo de parto por la mañana y vinieron a buscarla muy tarde a la noche, se la llevaron al cuarto de al lado, el mismo que usaban para torturar, la subieron a la mesa y vendada, oíamos sus gritos, oíamos las risas de los guardias, oíamos los gritos del médico y por fin oímos el llanto del bebé; había nacido un varón en perfectas condiciones aunque no lo crean; lo oímos durante un día que lo tuvieron en una celda chiquita, que había al lado de la nuestra; ella nos contó después que la dejaron con su bebé; después le dijeron que el coronel lo quería ver y que se lo iban a entregar a los abuelos; Inés no volvió con nosotras, nunca más aparecieron ni Inés ni su bebé, ella le puso Leonardo y nació el 12 de marzo de 1977, y estaba en perfectas condiciones...
martes, 27 de septiembre de 2011
Ultimos 10 boletines informativos de CORREPI.
Boletín informativo nº 627
CORREPI
26.Sep.11
25 de noviembre, en Plaza de Mayo, PRESENTACIÓN del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL 2011.
Sumario: 1. Triunfo contra la criminalización de la lucha; 2. La estrategia de reformar las medidas represivas continúa; 3. Atentado incendiario contra delegado de la línea 60; 4. Más gatillo fácil; 5. La impune criminalidad policial.
Boletín informativo nº 626
CORREPI
19.Sep.11
Juicio al gatillo fácil. ¡¡Condena al vigilador privado que asesinó a Luis Bolaño!!
Sumario: 1. La represión continúa siendo política de estado; 2. Otra sentencia de la Corte IDH para que el estado argentino incumpla; 3. Estudiantes reprimidos por luchar fueron sobreseídos; 4. Catamarca: Cuatro adolescentes asesinados en una comisaría; 5. Represor de ayer, vigilador de hoy; 6. No hay fronteras para la represión estatal.
Boletín informativo nº 625
CORREPI
15.Sep.11
1. Amenazan a compañeros de CORREPI; 2. Federal, bonaerense o metropolitana: siempre el gatillo fácil; 3. “Seguridad”: Dos versiones de una sola realidad; 4. Contra la violencia del estado, organización y lucha del pueblo; 5. Caso Colman: condenado por asesino, absuelto por policía asesino; 6. Represión en la cárcel de Coronda; 7. Actividades.
Boletín informativo nº 624
CORREPI
05.Sep.11
Sumario: 1. Inseguridad, es la policía en la calle; 2. Represión y presos en marcha a la embajada de Chile; 3. Más gatillo fácil, más control social; 4. Con la ley en la mano; 5. Tercerización de la represión: otra vezla UOCRA; 6. Inglaterra: los niños primero… a la cárcel
Boletín informativo Nº 623
CORREPI
31.Ago.11
CORREPI abraza y acompaña en el dolor a sus compañeros Angélica y Omar Mansilla, padres de “Tato”, asesinado por la policía, que esta semana perdieron a su segundo hijo en un fatal accidente.
Sumario: 1. Torturas a la orden del día: San Juan y Entre Ríos; 2. Gatillos y medios de desinformación; 3. Se necesita custodia para traficar y robar; 4. Defenderse es “instigar al delito”; 5. Chile: futuro con los cabros, el poder con los pacos; 6. Jujuy: a fuerza de movilización, dos compañeros liberados. 7. Próximas actividades.
Boletín informativo Nº 622
CORREPI
24.Ago.11
Sumario: 1. Otra vez, criminalizan la lucha; 2. De gatillo en gatillo; 3. Juicio al asesino de Sonia Colman; 4. Desalojos en todo el país; 5. Milico violador, vigiladrón y comipirata del asfalto; 6. En todo el mundo el mismo método: represión.
Boletín informativo nº 621
CORREPI
16.Ago.11
Sumario: 1. “Que pase el que sigue…”; 2. Represión selectiva: criminalización de la protesta; 3. Gatillo en Temperley; 4. Más policía y cámaras en las calles; 5. Represión de Inglaterra; 6. Próximas actividades.
Boletín informativo nº 620
CORREPI
09.Ago.11
Sumario: 1. Balas para todos; 2. Gatillo fácil en Villa Luro; 3. “Siempre se es culpable hasta que se demuestre lo contrario”; 4. Represión en Padua; 5. Represión a los estudiantes chilenos; 6. Juicio a los estudiantes solidarios con los trabajadores de Kraft; 7. La tercerización de la represión llega al fútbol, para todos; 8. Próximas actividades.
Boletín informativo nº 619
CORREPI
03.Ago.11
Sumario: 1. Jujuy: La masacre de El Triángulo; 2. Rodrigo Corzo: Si no hay justicia, hay escrache; 3. Más policía en la calle; 4. Trabajadores de Ex Zanón procesados; 5. Trabajadores petroleros presos en Santa Cruz; 6. Piñera y el “diálogo”; 7. Próximas actividades: Peña inauguración y Jornada contra la represión selectiva.
Boletín informativo nº 618
CORREPI
25.Jul.11
Sumario: 1. El gatillo de Garré; 2. ¿Seguridad para quién?; 3. Represión selectiva en Tucumán y Rosario; 4. Otro joven muerto en una cárcel; 5. “Yo Sabía…” sigue recorriendo el país; 6. Misiones: “servicio penitenciario infantil”; 7. Los mismos de siempre
Boletín informativo nº 617
CORREPI
19.Jul.11
Sumario: 1. La federal mata, el gobierno nacional defiende y los jueces provinciales absuelven; 2. Narcopolicías en la delegación de drogas ilícitas; 3. Violencia contra los pobres, de sur a norte; 4. Represión contra trabajadores de Tartagal, Neuquén y Bs. As; 5. En Jujuy también se persigue a los pobres que luchan; 6. Chile: Continúa la lucha por la estatización de la educación; 7. Próximas actividades.
CORREPI
26.Sep.11
25 de noviembre, en Plaza de Mayo, PRESENTACIÓN del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL 2011.
Sumario: 1. Triunfo contra la criminalización de la lucha; 2. La estrategia de reformar las medidas represivas continúa; 3. Atentado incendiario contra delegado de la línea 60; 4. Más gatillo fácil; 5. La impune criminalidad policial.
Boletín informativo nº 626
CORREPI
19.Sep.11
Juicio al gatillo fácil. ¡¡Condena al vigilador privado que asesinó a Luis Bolaño!!
Sumario: 1. La represión continúa siendo política de estado; 2. Otra sentencia de la Corte IDH para que el estado argentino incumpla; 3. Estudiantes reprimidos por luchar fueron sobreseídos; 4. Catamarca: Cuatro adolescentes asesinados en una comisaría; 5. Represor de ayer, vigilador de hoy; 6. No hay fronteras para la represión estatal.
Boletín informativo nº 625
CORREPI
15.Sep.11
1. Amenazan a compañeros de CORREPI; 2. Federal, bonaerense o metropolitana: siempre el gatillo fácil; 3. “Seguridad”: Dos versiones de una sola realidad; 4. Contra la violencia del estado, organización y lucha del pueblo; 5. Caso Colman: condenado por asesino, absuelto por policía asesino; 6. Represión en la cárcel de Coronda; 7. Actividades.
Boletín informativo nº 624
CORREPI
05.Sep.11
Sumario: 1. Inseguridad, es la policía en la calle; 2. Represión y presos en marcha a la embajada de Chile; 3. Más gatillo fácil, más control social; 4. Con la ley en la mano; 5. Tercerización de la represión: otra vezla UOCRA; 6. Inglaterra: los niños primero… a la cárcel
Boletín informativo Nº 623
CORREPI
31.Ago.11
CORREPI abraza y acompaña en el dolor a sus compañeros Angélica y Omar Mansilla, padres de “Tato”, asesinado por la policía, que esta semana perdieron a su segundo hijo en un fatal accidente.
Sumario: 1. Torturas a la orden del día: San Juan y Entre Ríos; 2. Gatillos y medios de desinformación; 3. Se necesita custodia para traficar y robar; 4. Defenderse es “instigar al delito”; 5. Chile: futuro con los cabros, el poder con los pacos; 6. Jujuy: a fuerza de movilización, dos compañeros liberados. 7. Próximas actividades.
Boletín informativo Nº 622
CORREPI
24.Ago.11
Sumario: 1. Otra vez, criminalizan la lucha; 2. De gatillo en gatillo; 3. Juicio al asesino de Sonia Colman; 4. Desalojos en todo el país; 5. Milico violador, vigiladrón y comipirata del asfalto; 6. En todo el mundo el mismo método: represión.
Boletín informativo nº 621
CORREPI
16.Ago.11
Sumario: 1. “Que pase el que sigue…”; 2. Represión selectiva: criminalización de la protesta; 3. Gatillo en Temperley; 4. Más policía y cámaras en las calles; 5. Represión de Inglaterra; 6. Próximas actividades.
Boletín informativo nº 620
CORREPI
09.Ago.11
Sumario: 1. Balas para todos; 2. Gatillo fácil en Villa Luro; 3. “Siempre se es culpable hasta que se demuestre lo contrario”; 4. Represión en Padua; 5. Represión a los estudiantes chilenos; 6. Juicio a los estudiantes solidarios con los trabajadores de Kraft; 7. La tercerización de la represión llega al fútbol, para todos; 8. Próximas actividades.
Boletín informativo nº 619
CORREPI
03.Ago.11
Sumario: 1. Jujuy: La masacre de El Triángulo; 2. Rodrigo Corzo: Si no hay justicia, hay escrache; 3. Más policía en la calle; 4. Trabajadores de Ex Zanón procesados; 5. Trabajadores petroleros presos en Santa Cruz; 6. Piñera y el “diálogo”; 7. Próximas actividades: Peña inauguración y Jornada contra la represión selectiva.
Boletín informativo nº 618
CORREPI
25.Jul.11
Sumario: 1. El gatillo de Garré; 2. ¿Seguridad para quién?; 3. Represión selectiva en Tucumán y Rosario; 4. Otro joven muerto en una cárcel; 5. “Yo Sabía…” sigue recorriendo el país; 6. Misiones: “servicio penitenciario infantil”; 7. Los mismos de siempre
Boletín informativo nº 617
CORREPI
19.Jul.11
Sumario: 1. La federal mata, el gobierno nacional defiende y los jueces provinciales absuelven; 2. Narcopolicías en la delegación de drogas ilícitas; 3. Violencia contra los pobres, de sur a norte; 4. Represión contra trabajadores de Tartagal, Neuquén y Bs. As; 5. En Jujuy también se persigue a los pobres que luchan; 6. Chile: Continúa la lucha por la estatización de la educación; 7. Próximas actividades.
3° semana del juicio a 26 genocidas del CIRCUITO CAMPS. 5° audiencia.
LAS AUDIENCIAS CONTINUARON CON LA LECTURA DE ACUSACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO PUBLICO POR LOS HECHOS DE LOS CCD PUESTO VASCO Y COT 1 DE MARTÍNEZ.
En esta causa (denominadas n° 3/SE, caratulada “Raffo, José Antonio y otros s/ desaparición forzada de personas”) son imputados en el requerimiento fiscal 9 represores: Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eros Amilcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés, Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Sólo 3 de estos 9 son procesados específicos de estos centros: Tarela, Verduri y Cabrera.
La acusación fiscal contempla 70 casos de personas que pasaron como detenidas ilegales por esos CCD. Hay varios hechos que fueron parte de la causa y en los que se declaró falta de mérito o que aún no han sido resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones, que por ello no son parte de este juicio y se promete que “deberán conformar un nuevo expediente”.
1. Rodolfo Anibal Campos
La responsabilidad de Campos se resume a su control de mando como subjefe policial, e incluye sólo 2 casos: Jorge Alberto Allega y Alcides Antonio Chiesa, detenidos en el CCD “Puesto Vasco” mientras el Coronel Campos era segundo de la Bonaerense de Camps (entre diciembre del 77 y febrero del 79).
2. Miguel Osvaldo Etchecolatz
Sobre Etchecolatz, Director General de Investigaciones, se lo acusa por sólo 20 casos de secuestros y tormentos: los de Alfredo Abuín, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Ricardo Bertoldi, Enrique Brodsky, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Eva Gitnacht de Graiver, Juan Gramano, Silvio Has, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Palli y Díaz, Carlos Parissier, Jesús Paz, Ricardo Perera (o Parera), Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano y Carlos Torbidoni, todos ellos por el CCD “Puesto Vasco”.
Se especifica en la acusación fiscal que si bien Etchecolatz comandaba la estructura formal de Investigaciones de la Policía bonaerense, es decir, todas las brigadas de investigaciones, en el esquema clandestino de represión, su mando iba más allá, teniendo injerencia, incluso, en dependencias de la estructura de la Dirección General de Seguridad, como las comisarías, y en este caso puntual la Sub-comisaría de Don Bosco, llamada “Puesto Vasco”. De hecho se citó que siempre que el Comando del 1er Cuerpo del Ejército ordenaba una operación, ésta era recibida por Camps y comunicada a Etchecoltaz, que ponía en funcionamiento la estructura represiva.
3. Norberto Cozzani
A Cozzani, cabo de Investigaciones de la Bonaerense entre del mayo del ’76 y septiembre del ‘78, se lo acusa por 18 casos de “Puesto Vasco”: Martín Alfredo Abuín, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Eva Gitnatch de Graiver, Juan Amadeo Gramano, Silvio Has, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Palli y Díaz, Ricardo Perera (o Parera), Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano y Carlos Torbidoni.
Varias víctimas identificaron a Cozzani actuando con el apodo de “Beto” en “Puesto Vasco”, así como su intervención durante los interrogatorios bajo tormentos (declaraciones testimoniales de Isidoro Miguel Graiver, Omar Amílcar Espósito, Carlos Torbidoni, Silvia Cristina Fanjul y Osvaldo Jorge Papaleo). Fanjul destacó que Cozzani “parecía el principal” y “era el más temido, era el que más se ponía fuera de sí durante los interrogatorios y se iba acelerando hasta que terminaba como en delirio”. Además, el propio represor Roberto Antonio Cabrera en declaración indagatoria confirmó la presencia de Cozzani en “Puesto Vasco”. Además, se tiene en cuenta en la acusación fiscal que en la Causa n° 44 del año ‘85, en ocasión de efectuarse una rueda de reconocimiento de personas, Silvia Cristina Fanjul, Omar Amílcar Espósito y Osvaldo Jorge Papaleo identificaron a Norberto Cozzani y señalaron que lo vieron en “Puesto Vasco”.
4. Jorge Antonio Bergés
Sobre Bergés, médico policial torturador y apropiador de bebés, se determinó que desde enero del ’76 fue asignado en comisión en la Dirección de Investigaciones, según figura en el anexo “Legajos Bergés, Etchecolatz, Belich, Wolk” de la Causa nº 4/SE.
Se lo acusó de 18 secuestros y torturas en “Puesto Vasco”, en los casos de Alfredo Abuín, Oscar Alvite, Enrique Brodsky, Juan Destéfano, Rubén Manuel Diéguez, Américo Farroni, Eva Ginatch de Graiver, Juan Gramano, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Enrique Jara Pagani, Alberto Liberman, Matilde Matraj de Madanes, Héctor Mel, Juan Miguel Paino, Juan Palli y Díaz, Araceli Russomano y Carlos Torbidoni. Y se agregaron 10 casos de “COT1 de Martínez”: Alberto Liberman, Juan Destéfano, Juan Gramano, Silvio Has, Juan Paino, Rubén Diéguez, Alejandro Iaccarino, Carlos Iaccarino, Rodolfo Iaccarino y Eduardo Villa Abrille. Si se desagregan los casos de PIL de los de tormentos, en este caso son 5 casos de secuestro y 28 de torturas.
Respecto al reconocimiento de la presencia de Bergés en los estos dos CCD, la fiscalía rescató los testimonios de Juan Ramón Nazar, Pedro Augusto Goin, Alberto Liberman, y en su participación en las sesiones de interrogatorio practicadas bajo la aplicación de tormentos, rescatan la declaración testimonial de Jacobo Timerman, quien lo identificó como el médico que lo asistía en esas ocasiones, y de Héctor Mariano Ballent en cuanto al poder que Bergés ejercía durante los interrogatorios, ya que revisaba a los detenidos y decidía si las sesiones podían continuar o no.
5. Ibérico Saint Jean
En el caso de Saint Jean, gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, se lo acusa por su responsabilidad en el sostenimiento del plan represivo y su organización, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas, durante toda su fase ejecutiva. Es decir, afirmó la fiscalía, que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.
Concretamente se le imputan 61 casos de Puesto Vasco: Martín Antonio Aberg Cobo, Alfredo Ángel Abuin, Jorge Alberto Allega, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Jorge Baquet, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Gustavo Caraballo, Alcides Antonio Chiesa, Alcides Santiago Chiesa, José Esteban Cugura, Julio Daich, Ernesto María De Estrada, Juan Destéfano, Rubén Manuel Diéguez, Flora Dybner de Ravel, Omar Amílcar Espósito, Silvia Cristina Fanjul, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Lidia Catalina Gesualdi de Angarola, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Goin, Juan Amadeo Gramano, Isidoro Miguel Graiver, Juan Graiver, Juan Carlos Guarino, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Enrique Jara Pagani, Alberto Liberman, Norma Esther Leanza de Chiesa, Dante Marra, Matilde Matraj o Natraj de Madanes, Ignacio Jorge Mazzola, Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Mariano Joaquín Montemayor, Juan Ramón Nazar, Adolfo Núñez, Juan Miguel Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Carlos Parissier, Jesús Hipólito Paz, Ricardo Aníbal Perera o Parera, Orlando Benjamín Reinoso, Jorge Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Daniel Rubinstein, Araceli Noemí Russomano de Gramano, José Ruben Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni, María Elena Varela de Guarino, Aarón Vladimisky y Pedro León Zavalía.
En el caso Ballent, también se le imputa sólo su secuestro y no tormentos, con similar criterio al sostenido en la acusación de Cabrera y Verduri.
6. Jaime Lamont Smart
Respecto a Smart se lo imputa como ministro de Gobierno de Saint Jean designado por Decreto n° 1 del 8 de abril del ’76, cargo que continuó ejerciendo hasta el 4 de septiembre del ‘79, fecha en la que fue aceptada su renuncia por Decreto n° 1.737.
Por “Puesto Vasco” se lo acusa de 61 casos: Martín Antonio Aberg Cobo, Alfredo Ángel Abuin, Jorge Alberto Allega, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Jorge Baquet, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Gustavo Caraballo, Alcides Antonio Chiesa, Alcides Santiago Chiesa, José Esteban Cugura, Julio Daich, Ernesto María De Estrada, Juan Destéfano, Rubén Manuel Diéguez, Flora Dybner de Ravel, Omar Amílcar Espósito, Silvia Cristina Fanjul, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Lidia Catalina Gesualdi de Angarola, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Goin, Juan Amadeo Gramano, Isidoro Miguel Graiver, Juan Graiver, Juan Carlos Guarino, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Enrique Jara Pagani, Alberto Liberman, Norma Esther Leanza de Chiesa, Dante Marra, Matilde Matraj o Natraj de Madanes, Ignacio Jorge Mazzola, Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Mariano Joaquín Montemayor, Juan Ramón Nazar, Adolfo Núñez, Juan Miguel Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Carlos Parissier, Jesús Hipólito Paz, Ricardo Aníbal Perera o Parera, Orlando Benjamín Reinoso, Jorge Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Daniel Rubinstein, Araceli Noemí Russomano de Gramano, José Ruben Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni, María Elena Varela de Guarino, Aarón Vladimisky y Pedro León Zavalía.
En el caso Ballent, también se le imputa sólo su secuestro y no tormentos, con similar criterio al sostenido en la acusación de Cabrera, Verduri y Saint Jean.
Para la fiscalía a Smart le cabía la responsabilidad como titular del Ministerio de Gobierno en todo lo atinente al gobierno político e institucional de la provincia, el afianzamiento del orden jurídico, la seguridad pública, la organización del régimen judicial, la actuación de la legislación general y, en particular, lo relativo al orden, prevención, y seguridad públicos; y a la organización, dirección y régimen policial. De hecho, se citó que el propio Smart en indagatoria, afirmó que “cuando acepto el cargo de Ministro de gobierno, conocía perfectamente la decisión de las fuerzas armadas, de llevar a cabo la lucha contra la subversión con independencia de las autoridades civiles que asumieron a partir del mes de marzo”. Y se trajo al debate otra declaración de Smart reflejada en la publicación del Diario La Nación del domingo 12 de diciembre de 1976, en la que manifestó “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras”.
7. Roberto Antonio Cabrera.
Oficial de la Brigada de Investigaciones de Lanús entre marzo del ’76 y marzo del ’78. Puntualmente se lo acusa a Cabrera por 30 casos de Puesto Vasco: Alfredo Abuín, Jorge Allega, Oscar Alvite, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Juan Destéfano, Rubén Diéguez, Omar Espósito, Américo Farroni, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Augusto Goin, Juan Gramano, Silvio Has, Luis Jara Pagani, Alberto Liberman, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Nazar, Juan Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Orlando Reinoso, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano, José Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni y Aarón Vladiminsky.
Además, en el caso de Héctor Mariano Ballent, se lo acusa sólo por sus secuestro en “Puesto Vasco”, no por torturas, ya que si bien lafiscalía entiende que las condiciones en las que las víctimas fueron mantenidas privadas ilegalmente de su libertad en los centros clandestinos de detención constituye el tipo penal de aplicación de tormentos, se lo acusa de esta manera “en respeto del derecho de defensa del imputado y del principio de congruencia”. Similar situación argumento la fiscalía para descartar la acusación respecto de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos por Roberto Hualde y Jorge Daniel Rubinstein, dictados además la falta de mérito a favor de Cabrera en el caso Hualde y por no haber sido indagado ni procesado por el caso de Rubinstein.
En su caso también varias víctimas reconocieron su presencia en “Puesto Vasco”, como Alberto Salomón Liberman,Osvaldo Jorge Papaleo y Héctor Mariano Ballent. Y la fiscalía destaca que el propio Cabrera reconoció al ejercer su defensa material que a partir del 18 o 20 de abril de 1.977, por orden de su superior, fue enviado a prestar servicios en la Subcomisaría de Don Bosco, que luego identificó como “Puesto Vasco”, dijo que en dicho centro clandestino estaban presentes las víctimas relacionadas con el “Caso Graiver”, así como otras tantas víctimas a las cuales identificó por su nombre y apellido, quienes estuvieron privadas ilegalmente de su libertad en dicho centro. Incluso el testigo Osvaldo Jorge Papaleo destacó la actuación de este represor, manifestando que “Cabrera quedaba a cargo del lugar cuando no estaba Rojas, era una persona importante, de carrera”.
8. Sergio Verduri.
Oficial de la Dirección de Investigaciones entre enero del ’76 y marzo del 77, y entre el ’77 y el 79 en la Brigada de Investigaciones de Lanús.
A Sergio Antonio Verduri se lo acusa por 31 casos de “Puesto Vasco”: Alfredo Abuín, Jorge Allega, Oscar Alvite, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Juan Destéfano, Rubén Diéguez, Omar Espósito, Américo Farroni, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Goin, Juan Gramano, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Jara Pagani, Alberto Liberman, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Nazar, Juan Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Orlando Reinoso, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano, José Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni y Aarón Valdimisky.
En el caso de Ballent, similares concepto que en la imputación a Cabrera, llevaron a la fiscalía a acusar a Verduri sólo por el delito de privación de la libertad, y no por tormentos.
Se citó en la audiencia que el testigo Osvaldo Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales que estaba a cargo en “Puesto Vasco”, y que el propio Verduri manifestó en indagatoria que en marzo del ‘77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones Lanús y en abril del mismo año se le ordenó que debía prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco, cada vez que le fuera requerido, siendo por lo tanto su función allí esporádica. En ese sentido, expresó que quien estaba a cargo de la dependencia mencionada podía indicarle que actuara como “oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”. Asimismo, se afirmó que Verduri mencionó en la indagatoria que en “Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman, Papaleo, Ballent, Silvio Has, Juan Destéfano, el Doctor Miralles y otros cuyos nombres no recordaba.
9. Eros Amilcar Tarella.
Según su legajo personal, hizo una larga carrera como oficial de Investigaciones de la Bonaerense entre junio del ‘59 y diciembre del ’90.
A Tarela se lo acusa por 22 casos de Puesto Vasco (Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Juan Amadeo Gramano, Osvaldo Papaleo, Lidia Papaleo de Graiver, Orlando Benjamín Reinoso, Julio César Miralles, Carlos Torbidoni, Alfredo Abuín, Jorge Allega, Oscar Alvite, Alberto Bujía, Juan Destéfano, Rubén Dieguez, Omar Espósito, Silvio Has, Luis Jara Pagani, Juan Paino, Araceli Russomano, José Slavkin, Jacobo Timerman y Aarón Vladiminsky), y por 13 casos del “COT de Martínez” (Rafael Perrota, Aarón Vladiminsky, Silvio Has, Juan Paino, Rubén Diéguez, Alejandro Iaccarino, Carlos Iaccarino, Rodolfo Iaccarino, Jacobo Timerman, Carlos Miralles, Luisa Villar Riat de Miralles, Alberto Bujía y Eduardo Villa Abrille).
La acusación destaca que se desempeñó en la Bonaerense en diferentes dependencias, sin tener asiento fijo. De hecho, se citó que varios testigos, entre ellos Torbidoni, Liberman y Ballent, reconocieron a Tarela como el agente que se hacía llamar “Capitán Trimarco”, tanto en “Puesto Vasco” como en “COTI Martínez”.
Además, se inlcuye en la acusación a Tarela su participación en el secuestro de Pablo Díaz en septiembre del ’76, tras lo cual padeció un prolongado cautiverio en distintos CCD, así como en los casos de Pedro Augusto Goin, Alberto Salomón Liberman y Héctor Mariano Ballent, detenidos en “COTI Martínez” y “Puesto Vasco”.
En esta causa (denominadas n° 3/SE, caratulada “Raffo, José Antonio y otros s/ desaparición forzada de personas”) son imputados en el requerimiento fiscal 9 represores: Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eros Amilcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés, Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Sólo 3 de estos 9 son procesados específicos de estos centros: Tarela, Verduri y Cabrera.
La acusación fiscal contempla 70 casos de personas que pasaron como detenidas ilegales por esos CCD. Hay varios hechos que fueron parte de la causa y en los que se declaró falta de mérito o que aún no han sido resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones, que por ello no son parte de este juicio y se promete que “deberán conformar un nuevo expediente”.
1. Rodolfo Anibal CamposLa responsabilidad de Campos se resume a su control de mando como subjefe policial, e incluye sólo 2 casos: Jorge Alberto Allega y Alcides Antonio Chiesa, detenidos en el CCD “Puesto Vasco” mientras el Coronel Campos era segundo de la Bonaerense de Camps (entre diciembre del 77 y febrero del 79).
2. Miguel Osvaldo EtchecolatzSobre Etchecolatz, Director General de Investigaciones, se lo acusa por sólo 20 casos de secuestros y tormentos: los de Alfredo Abuín, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Ricardo Bertoldi, Enrique Brodsky, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Eva Gitnacht de Graiver, Juan Gramano, Silvio Has, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Palli y Díaz, Carlos Parissier, Jesús Paz, Ricardo Perera (o Parera), Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano y Carlos Torbidoni, todos ellos por el CCD “Puesto Vasco”.
Se especifica en la acusación fiscal que si bien Etchecolatz comandaba la estructura formal de Investigaciones de la Policía bonaerense, es decir, todas las brigadas de investigaciones, en el esquema clandestino de represión, su mando iba más allá, teniendo injerencia, incluso, en dependencias de la estructura de la Dirección General de Seguridad, como las comisarías, y en este caso puntual la Sub-comisaría de Don Bosco, llamada “Puesto Vasco”. De hecho se citó que siempre que el Comando del 1er Cuerpo del Ejército ordenaba una operación, ésta era recibida por Camps y comunicada a Etchecoltaz, que ponía en funcionamiento la estructura represiva.
3. Norberto CozzaniA Cozzani, cabo de Investigaciones de la Bonaerense entre del mayo del ’76 y septiembre del ‘78, se lo acusa por 18 casos de “Puesto Vasco”: Martín Alfredo Abuín, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Eva Gitnatch de Graiver, Juan Amadeo Gramano, Silvio Has, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Palli y Díaz, Ricardo Perera (o Parera), Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano y Carlos Torbidoni.
Varias víctimas identificaron a Cozzani actuando con el apodo de “Beto” en “Puesto Vasco”, así como su intervención durante los interrogatorios bajo tormentos (declaraciones testimoniales de Isidoro Miguel Graiver, Omar Amílcar Espósito, Carlos Torbidoni, Silvia Cristina Fanjul y Osvaldo Jorge Papaleo). Fanjul destacó que Cozzani “parecía el principal” y “era el más temido, era el que más se ponía fuera de sí durante los interrogatorios y se iba acelerando hasta que terminaba como en delirio”. Además, el propio represor Roberto Antonio Cabrera en declaración indagatoria confirmó la presencia de Cozzani en “Puesto Vasco”. Además, se tiene en cuenta en la acusación fiscal que en la Causa n° 44 del año ‘85, en ocasión de efectuarse una rueda de reconocimiento de personas, Silvia Cristina Fanjul, Omar Amílcar Espósito y Osvaldo Jorge Papaleo identificaron a Norberto Cozzani y señalaron que lo vieron en “Puesto Vasco”.
4. Jorge Antonio BergésSobre Bergés, médico policial torturador y apropiador de bebés, se determinó que desde enero del ’76 fue asignado en comisión en la Dirección de Investigaciones, según figura en el anexo “Legajos Bergés, Etchecolatz, Belich, Wolk” de la Causa nº 4/SE.
Se lo acusó de 18 secuestros y torturas en “Puesto Vasco”, en los casos de Alfredo Abuín, Oscar Alvite, Enrique Brodsky, Juan Destéfano, Rubén Manuel Diéguez, Américo Farroni, Eva Ginatch de Graiver, Juan Gramano, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Enrique Jara Pagani, Alberto Liberman, Matilde Matraj de Madanes, Héctor Mel, Juan Miguel Paino, Juan Palli y Díaz, Araceli Russomano y Carlos Torbidoni. Y se agregaron 10 casos de “COT1 de Martínez”: Alberto Liberman, Juan Destéfano, Juan Gramano, Silvio Has, Juan Paino, Rubén Diéguez, Alejandro Iaccarino, Carlos Iaccarino, Rodolfo Iaccarino y Eduardo Villa Abrille. Si se desagregan los casos de PIL de los de tormentos, en este caso son 5 casos de secuestro y 28 de torturas.
Respecto al reconocimiento de la presencia de Bergés en los estos dos CCD, la fiscalía rescató los testimonios de Juan Ramón Nazar, Pedro Augusto Goin, Alberto Liberman, y en su participación en las sesiones de interrogatorio practicadas bajo la aplicación de tormentos, rescatan la declaración testimonial de Jacobo Timerman, quien lo identificó como el médico que lo asistía en esas ocasiones, y de Héctor Mariano Ballent en cuanto al poder que Bergés ejercía durante los interrogatorios, ya que revisaba a los detenidos y decidía si las sesiones podían continuar o no.
5. Ibérico Saint JeanEn el caso de Saint Jean, gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, se lo acusa por su responsabilidad en el sostenimiento del plan represivo y su organización, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas, durante toda su fase ejecutiva. Es decir, afirmó la fiscalía, que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.
Concretamente se le imputan 61 casos de Puesto Vasco: Martín Antonio Aberg Cobo, Alfredo Ángel Abuin, Jorge Alberto Allega, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Jorge Baquet, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Gustavo Caraballo, Alcides Antonio Chiesa, Alcides Santiago Chiesa, José Esteban Cugura, Julio Daich, Ernesto María De Estrada, Juan Destéfano, Rubén Manuel Diéguez, Flora Dybner de Ravel, Omar Amílcar Espósito, Silvia Cristina Fanjul, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Lidia Catalina Gesualdi de Angarola, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Goin, Juan Amadeo Gramano, Isidoro Miguel Graiver, Juan Graiver, Juan Carlos Guarino, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Enrique Jara Pagani, Alberto Liberman, Norma Esther Leanza de Chiesa, Dante Marra, Matilde Matraj o Natraj de Madanes, Ignacio Jorge Mazzola, Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Mariano Joaquín Montemayor, Juan Ramón Nazar, Adolfo Núñez, Juan Miguel Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Carlos Parissier, Jesús Hipólito Paz, Ricardo Aníbal Perera o Parera, Orlando Benjamín Reinoso, Jorge Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Daniel Rubinstein, Araceli Noemí Russomano de Gramano, José Ruben Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni, María Elena Varela de Guarino, Aarón Vladimisky y Pedro León Zavalía.
En el caso Ballent, también se le imputa sólo su secuestro y no tormentos, con similar criterio al sostenido en la acusación de Cabrera y Verduri.
6. Jaime Lamont SmartRespecto a Smart se lo imputa como ministro de Gobierno de Saint Jean designado por Decreto n° 1 del 8 de abril del ’76, cargo que continuó ejerciendo hasta el 4 de septiembre del ‘79, fecha en la que fue aceptada su renuncia por Decreto n° 1.737.
Por “Puesto Vasco” se lo acusa de 61 casos: Martín Antonio Aberg Cobo, Alfredo Ángel Abuin, Jorge Alberto Allega, Oscar Alvite, Miguel Anchorena, Jorge Baquet, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Gustavo Caraballo, Alcides Antonio Chiesa, Alcides Santiago Chiesa, José Esteban Cugura, Julio Daich, Ernesto María De Estrada, Juan Destéfano, Rubén Manuel Diéguez, Flora Dybner de Ravel, Omar Amílcar Espósito, Silvia Cristina Fanjul, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernárdez, Lidia Catalina Gesualdi de Angarola, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Goin, Juan Amadeo Gramano, Isidoro Miguel Graiver, Juan Graiver, Juan Carlos Guarino, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Enrique Jara Pagani, Alberto Liberman, Norma Esther Leanza de Chiesa, Dante Marra, Matilde Matraj o Natraj de Madanes, Ignacio Jorge Mazzola, Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Mariano Joaquín Montemayor, Juan Ramón Nazar, Adolfo Núñez, Juan Miguel Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Carlos Parissier, Jesús Hipólito Paz, Ricardo Aníbal Perera o Parera, Orlando Benjamín Reinoso, Jorge Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Daniel Rubinstein, Araceli Noemí Russomano de Gramano, José Ruben Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni, María Elena Varela de Guarino, Aarón Vladimisky y Pedro León Zavalía.
En el caso Ballent, también se le imputa sólo su secuestro y no tormentos, con similar criterio al sostenido en la acusación de Cabrera, Verduri y Saint Jean.
Para la fiscalía a Smart le cabía la responsabilidad como titular del Ministerio de Gobierno en todo lo atinente al gobierno político e institucional de la provincia, el afianzamiento del orden jurídico, la seguridad pública, la organización del régimen judicial, la actuación de la legislación general y, en particular, lo relativo al orden, prevención, y seguridad públicos; y a la organización, dirección y régimen policial. De hecho, se citó que el propio Smart en indagatoria, afirmó que “cuando acepto el cargo de Ministro de gobierno, conocía perfectamente la decisión de las fuerzas armadas, de llevar a cabo la lucha contra la subversión con independencia de las autoridades civiles que asumieron a partir del mes de marzo”. Y se trajo al debate otra declaración de Smart reflejada en la publicación del Diario La Nación del domingo 12 de diciembre de 1976, en la que manifestó “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras”.
Oficial de la Brigada de Investigaciones de Lanús entre marzo del ’76 y marzo del ’78. Puntualmente se lo acusa a Cabrera por 30 casos de Puesto Vasco: Alfredo Abuín, Jorge Allega, Oscar Alvite, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Juan Destéfano, Rubén Diéguez, Omar Espósito, Américo Farroni, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Augusto Goin, Juan Gramano, Silvio Has, Luis Jara Pagani, Alberto Liberman, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Nazar, Juan Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Orlando Reinoso, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano, José Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni y Aarón Vladiminsky.
Además, en el caso de Héctor Mariano Ballent, se lo acusa sólo por sus secuestro en “Puesto Vasco”, no por torturas, ya que si bien lafiscalía entiende que las condiciones en las que las víctimas fueron mantenidas privadas ilegalmente de su libertad en los centros clandestinos de detención constituye el tipo penal de aplicación de tormentos, se lo acusa de esta manera “en respeto del derecho de defensa del imputado y del principio de congruencia”. Similar situación argumento la fiscalía para descartar la acusación respecto de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos por Roberto Hualde y Jorge Daniel Rubinstein, dictados además la falta de mérito a favor de Cabrera en el caso Hualde y por no haber sido indagado ni procesado por el caso de Rubinstein.
En su caso también varias víctimas reconocieron su presencia en “Puesto Vasco”, como Alberto Salomón Liberman,Osvaldo Jorge Papaleo y Héctor Mariano Ballent. Y la fiscalía destaca que el propio Cabrera reconoció al ejercer su defensa material que a partir del 18 o 20 de abril de 1.977, por orden de su superior, fue enviado a prestar servicios en la Subcomisaría de Don Bosco, que luego identificó como “Puesto Vasco”, dijo que en dicho centro clandestino estaban presentes las víctimas relacionadas con el “Caso Graiver”, así como otras tantas víctimas a las cuales identificó por su nombre y apellido, quienes estuvieron privadas ilegalmente de su libertad en dicho centro. Incluso el testigo Osvaldo Jorge Papaleo destacó la actuación de este represor, manifestando que “Cabrera quedaba a cargo del lugar cuando no estaba Rojas, era una persona importante, de carrera”.
Oficial de la Dirección de Investigaciones entre enero del ’76 y marzo del 77, y entre el ’77 y el 79 en la Brigada de Investigaciones de Lanús.
A Sergio Antonio Verduri se lo acusa por 31 casos de “Puesto Vasco”: Alfredo Abuín, Jorge Allega, Oscar Alvite, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Juan Destéfano, Rubén Diéguez, Omar Espósito, Américo Farroni, Eva Gitnacht de Graiver, Pedro Goin, Juan Gramano, Silvio Has, Roberto Hualde, Luis Jara Pagani, Alberto Liberman, Matilde Matraj (o Natraj de Madanes), Héctor Mel, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Nazar, Juan Paino, Juan Palli y Díaz, Osvaldo Papaleo, Orlando Reinoso, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano, José Slavkin, Jacobo Timerman, Carlos Torbidoni y Aarón Valdimisky.
En el caso de Ballent, similares concepto que en la imputación a Cabrera, llevaron a la fiscalía a acusar a Verduri sólo por el delito de privación de la libertad, y no por tormentos.
Se citó en la audiencia que el testigo Osvaldo Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales que estaba a cargo en “Puesto Vasco”, y que el propio Verduri manifestó en indagatoria que en marzo del ‘77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones Lanús y en abril del mismo año se le ordenó que debía prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco, cada vez que le fuera requerido, siendo por lo tanto su función allí esporádica. En ese sentido, expresó que quien estaba a cargo de la dependencia mencionada podía indicarle que actuara como “oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”. Asimismo, se afirmó que Verduri mencionó en la indagatoria que en “Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman, Papaleo, Ballent, Silvio Has, Juan Destéfano, el Doctor Miralles y otros cuyos nombres no recordaba.
9. Eros Amilcar Tarella.Según su legajo personal, hizo una larga carrera como oficial de Investigaciones de la Bonaerense entre junio del ‘59 y diciembre del ’90.
A Tarela se lo acusa por 22 casos de Puesto Vasco (Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Juan Amadeo Gramano, Osvaldo Papaleo, Lidia Papaleo de Graiver, Orlando Benjamín Reinoso, Julio César Miralles, Carlos Torbidoni, Alfredo Abuín, Jorge Allega, Oscar Alvite, Alberto Bujía, Juan Destéfano, Rubén Dieguez, Omar Espósito, Silvio Has, Luis Jara Pagani, Juan Paino, Araceli Russomano, José Slavkin, Jacobo Timerman y Aarón Vladiminsky), y por 13 casos del “COT de Martínez” (Rafael Perrota, Aarón Vladiminsky, Silvio Has, Juan Paino, Rubén Diéguez, Alejandro Iaccarino, Carlos Iaccarino, Rodolfo Iaccarino, Jacobo Timerman, Carlos Miralles, Luisa Villar Riat de Miralles, Alberto Bujía y Eduardo Villa Abrille).
La acusación destaca que se desempeñó en la Bonaerense en diferentes dependencias, sin tener asiento fijo. De hecho, se citó que varios testigos, entre ellos Torbidoni, Liberman y Ballent, reconocieron a Tarela como el agente que se hacía llamar “Capitán Trimarco”, tanto en “Puesto Vasco” como en “COTI Martínez”.
Además, se inlcuye en la acusación a Tarela su participación en el secuestro de Pablo Díaz en septiembre del ’76, tras lo cual padeció un prolongado cautiverio en distintos CCD, así como en los casos de Pedro Augusto Goin, Alberto Salomón Liberman y Héctor Mariano Ballent, detenidos en “COTI Martínez” y “Puesto Vasco”.
jueves, 22 de septiembre de 2011
REPRESORES JUZGADOS EN EL JUICIO CIRCUITO CAMPS
CASOS CASA MARIANI-TERUGGI, 5TA, BRIGADA y ARANA
| GENOCIDA | CARGO | CASA.30 | Cria.5ª | Bda. | ARANA | APROP. |
| CAMPOS | SUB JEFE PBA | 5 | 5 | 39 | 41 | |
| ETCHECOLATZ | Dir.Gral.INV. | 5 | 32 | 53 | 33 | *1 |
| GUALLAMA | CABO-CHOFER(ETCHECOLATZ) | 5 | *1 | |||
| GARCIA | OFICIAL UNIDAD REGIONAL | 5 | 12 | *1 | ||
| ALMEIDA | CABO (COMISARIA 5ª) | 92 | **4 | |||
| LUJAN | OFICIAL UNIDAD REGIONAL | 20 | ||||
| ARIAS DUVAL | 5 | 10 | ||||
| PATRAULT | 15 | |||||
| COZZANI | 5 | |||||
| PAEZ | JEFE Bda. 76/77 | 71 | 37 | |||
| FERRIOLE | JEFE Bda. 78/79 | 7 | ||||
| CORRALES | SUBJEFE Bda. 77/79 | 7 | 8 | |||
| SVEDAS | SUBJEFE Bda. 77 | 50 | 17 | |||
| KEARNEY | JEFE Bda. 77 | 32 | 55 | |||
| MACHUCA | OFICIAL DE BRIGADA | 48 | 23 | |||
| ARGUELLO | CABO DE BRIGADA | 80 | 63 | |||
| SITA | SARGENTO DE BRIGADA | 46 | 24 | |||
| LENCINAS | OFICIAL D. I. Y BRIGADA | 24 | ||||
| GRILLO | OFICIAL D. I. Y BRIGADA | 75 |
**A Almeida se lo acusó de 92 casos en el CCD comisaria 5ª, mas la apropiación de Abdala, Gatica-Caracoche, Baratti-De La Cuadra y Fosatti-Ortega.
CCD Comisaría Quinta de la Plata
Durante el lapso comprendido entre el 5 de abril de 1976 y el 7 de febrero de 1978 funcionó en la comisaría 5º de la ciudad de La Plata un Centro Clandestino de Detención y Torturas.
En ese período la dependencia oficial continuó con sus funciones legales, particularmente en las oficinas que se encuentran al frente del edificio, ubicando a los detenidos desaparecidos en las dependencias traseras y utilizando algún lugar ubicado subiendo unas escaleras para diferentes propósitos, como por ejemplo exámenes médicos (ver testimonio de Adriana Calvo fs. 102/129) y tortura con picana eléctrica (ver testimonio de Jorge Julio López fs. 54/68 del anexo de declaraciones de juicio por la verdad).
Asimismo se encuentra acreditado por distintos testimonios que el patio de la Comisaría fue utilizado para torturar detenidos con el método del “cepo” dejándolos durante días a la intemperie, incluso mojándolos con agua salada. (testimonio de Adriana Calvo)
Se encuentra acreditado en la causa que existieron al menos tres calabozos colectivos y alguno individual.
De los calabozos colectivos uno estuvo destinado al alojamiento de mujeres, al menos durante el lapso en que estuvo detenida Adriana Calvo, luego existen constancias de que fue ocupado por hombres y mujeres simultáneamente (declaración de María Cristina Bustamante en juicio por la verdad).
Ese lugar se componía de cinco pequeños compartimentos de dos (2) metros por un (1) metro de superficie, de los cuales cuatro eran celdas y el último una letrina. Todos daban a un pasillo común donde las detenidas pasaban la mayoría del tiempo juntas, salvo por las noches en que las puertas de las pequeñas celdas eran cerradas por la guardia. La puerta, que daba al patio, era una reja con una chapa metálica que no llegaba a cubrirla totalmente y tenía pequeños agujeros por los que las detenidas podían mirar a los carceleros. En este espacio llegó a haber diecisiete mujeres detenidas, es decir más de cuatro por celda. (testimonio de Adriana Calvo)
Otro de los espacios colectivos, ampliamente descripto por los sobrevivientes, era un calabozo para hombres que daba a un baño al que eran llevadas las mujeres y en el que se podían comunicar con sus compañeros a través de la mirilla de la puerta que daba a este calabozo. Esta situación ha sido relatada por Adriana Calvo, Miguel Laborde, Carlos de Francesco, entre otros, en las declaraciones a las que ya hice referencia.
Las condiciones de vida en este espacio eran absolutamente deplorables. Las descripciones son contestes en cuanto a que era un lugar no muy amplio (seis metros por cuatro metros) en el que se alojaron hasta veintisiete personas, por lo que las paredes condensaban la humedad propia de la respiración de los detenidos formando charcos en el suelo en el que debían dormir. Asimismo, este hacinamiento generaba un olor descripto como nauseabundo por Calvo, De Francesco y otros detenidos, al punto que, tal como lo relata este último testigo, los carceleros no podían disimular el asco al entrar en el lugar.
Asimismo funcionó un tercer calabozo un poco más pequeño en el que había menos detenidos y al que eran trasladados los detenidos del calabozo grande cuando éste era desinfectado, y viceversa. Poco se sabe respecto de dicho lugar porque el grupo de detenidos (que era el dependiente del Segundo Grupo de Tareas) no tuvo sobrevivientes y las referencias fueron aportadas por los demás detenidos y detenidas, que al cruzarse con este grupo (en los baños u otras circunstancias) intercambiaron alguna información con ellos.
Existen también constancias de una celda individual, como de castigo, en la que por ejemplo estuvo aislado Guillermo Araquistain a causa del deterioro en su estado de salud (declaración de De Francesco).
Por otra parte, cabe resaltar que la comida era por demás escasa (Laborde recordó haber estado cuatro días sin comer) y llegaba en una camioneta que salía de la comisaría y volvía al muy poco tiempo con la olla. Muchos detenidos afirman que esa comida provenía del Seminario que se encuentra próximo a la Comisaría Quinta y que dicha aseveración se debía a que un detenido (Baccini) que había sido seminarista dijo reconocer la comida, por ser típica de dicha institución.
El cuadro de hacinamiento, falta de higiene y alimentos, y algunos claros episodios de torturas físicas se completaba con la obligación de permanecer con los ojos cubiertos, las manos atadas y en silencio (orden desobedecida por los detenidos cuando los carceleros no los veían).
CCD Brigada de Investigaciones de La Plata.
La Brigada de Investigaciones de La Plata, que funcionó en una antigua casa -que hoy ya no existe- ubicada en la calle 55 entre 13 y 14 de esta ciudad, cumplió un papel clave durante la etapa de terrorismo de Estado como Centro Clandestino de Detención. Dicha dependencia era también conocida como “Robos y Hurtos” (ver declaración testimonial de Miguel Alejandro Iademarco, agregada al cuaderno de prueba n° 1) o como “La Central” o “La Casita” (declaración testimonial de Adriana Calvo en “Juicios por la Verdad”).
Respecto a la estructura edilicia, la Brigada contaba con dos grandes sectores en los que eran alojados los detenidos desaparecidos, conforme consta en las declaraciones testimoniales brindadas por Silvia María Almarza -fojas 1.190/1.193 del Anexo “Juicios por la Verdad”- y de Adriana Archenti –obrante en la causa nº 2.035/SU del Juicio por la Verdad, la que deberá ser oportunamente agregada- y conforme con el croquis de la dependencia, que obra agregado en la Causa n° 1/SU –cuya copia certificada también deberá agregarse oportunamente-.
En ese sentido corresponde señalar que el primer sector, más cercano a la puerta de entrada principal al edificio y separado de ésta por un pasillo, consistía en un patio cubierto que poseía, en al menos tres de sus lados, habitaciones que eran utilizadas como celdas. La otra zona de alojamiento era un patio abierto, también rodeado de celdas, que se encontraba en el fondo de la dependencia, separado del patio cerrado por otro pasillo. En este último sector se encontraba la sala de torturas.
La parte "administrativa" de la dependencia se hallaba, aparentemente, en el sector delantero de la casa.
La Brigada de Investigaciones de La Plata dependía operativamente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y tenía por “función oficial” –que hacía las veces de fachada de sus tareas clandestinas- la de repartición dedicada a investigaciones en áreas específicas, tales como delitos contra la propiedad.
La referida relación de dependencia ha quedado comprobada en las Causas n° 13/85 y n° 44/86, así como a través de los testimonios brindados por funcionarios que se desempeñaron en la Dirección General de Investigaciones (declaraciones testimoniales de Gabriel González , de José Félix Madrid, de Luis Marcelo Vera obrantes en la Causa n° 1170/SU, que corre agregada a la Causa n° 11/SE).
En cuanto al rol que le cupo dentro del aparato organizado de poder, la Brigada de Investigaciones de La Plata funcionaba como lugar de admisión de personas secuestradas por los denominados “grupos de tareas”, y de derivación hacia otros centros clandestinos de detención (declaración testimonial de Adriana Calvo obrante a fojas 2.226/2.252 del “Anexo Juicios por la Verdad”).
En tal sentido, Ricardo Raúl Monzón –quien prestó funciones en el Cuerpo de Infantería de esta ciudad en el año 1.977 y concurrió a Arana en alguna oportunidad- destacó que el primer lugar al que conducían a los secuestrados era la Brigada de Investigaciones La Plata y que desde allí se hacían las derivaciones a distintos lugares, entre ellos a Arana (causa 1999/SU, que corre agregada a causa Arana).
En definitiva, la práctica habitual consistía en ingresar a la persona secuestrada a la Brigada, luego someterla a un interrogatorio y posteriormente trasladarla, en término de horas o pocos días, hacia otros centros clandestinos de detención (declaraciones de Luis Franco Larralde - “Anexos Legajos CONADEP C.C.D. Arana” Cuerpo 3-, de Graciela Liliana Marcioni - agregada a Causa n° 11/SE-, de Norberto Oscar Oslé -agregada a Causa n° 11/SE-, de Luis Velasco -“Juicios por la Verdad”, y declaración en Causa n° 2507/07 agregada a Causa n° 11/SE-, de Adriana Calvo - en Juicios por la Verdad”- y de Blanca Rosini - en “Juicios por la Verdad”-).
De todos modos, si bien la Brigada funcionaba como centro de registro de detenidos, no debe soslayarse que allí también se practicaban interrogatorios bajo la aplicación de tormentos, tal como resulta de las elocuentes manifestaciones realizadas por Luis Velasco, quien mencionó que “…cuando llegamos a la Central […]fuimos golpeados por los guardianes repetidas veces y sobre todo en esa primera noche a base de golpes se nos impidió dormir, cada vez que nos dormíamos nos despertaban a golpes...” ( “Juicios por la Verdad”), por Alberto José Canziani, al expresar que en la Brigada “…al interrogarlo, le tiraron agua, lo pusieron en un colchón y le pasaron la picana…” “…estuvo unos dos meses en la Brigada y que allí se torturó…” (Causa n° 12/SE), y por Osvaldo Alberto Lovazzano (Causa n° 12/SE y declaración en Causa n° 11/SE).
A su vez, los tormentos resultaban de las propias condiciones de detención imperantes en la Brigada de Investigaciones de La Plata. En efecto, las víctimas permanecían confinadas en estado aberrante. Así, además de ser interrogadas bajo la aplicación de tormentos, permanecían encapuchadas y con las manos atadas (declaración de Luis Velasco, en “Juicios por la Verdad”, y declaración en Causa n° 2507/07 agregada a Causa n° 11/SE, de Gabriela Gooley –en “Juicios por la Verdad” y María Cristina Bustamante – también en “Juicios por la Verdad” Causa nº 70/SU).
CCD Destacamento de Arana.
La Sala II de la Cámara Federal de esta ciudad, al confirmar los procesamientos en el marco de la Causa n° 11/SE, concluyó en que existieron al menos, cuatro lugares de detención clandestinos en la zona de Arana, incluido el Destacamento. En ese sentido, distinguió:
a) el Destacamento de Arana, conocido también como “El Campito”;
b) el denominado “Campo de Arana” o “La Casona”, que se encontraba en donde hoy está el Regimiento n° 7 de Infantería- asentado en lo que en su tiempo fue la estancia llamada “La Armonía”;
c) otro centro clandestino cercano al Aeropuerto de Arana, “Cuatrerismo” -calle 610 y 16, a unos 500 metros de la calle 7, a poca distancia del aeropuerto local, en un descampado ubicado sobre la misma mano del aeropuerto-, y
d) el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Arana” -donde hoy están los terrenos del Vivero “Ferrari Hermanos”, por detrás del Destacamento.
El Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Destacamento de Arana estaba ubicado en la calle 640 y 131 del partido de La Plata.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la ya citada resolución que confirmó los procesamientos en el marco de la Causa nº 11/SE, realizó una descripción exhaustiva de la estructura edilicia del Destacamento, que vale la pena citar en sus partes pertinentes: “…sobre la calle 640 se halla la puerta principal del Destacamento de Arana. A la izquierda de la puerta, se halla un portón que, según relatos de ex detenidos, era usado para el ingreso de estos, accediéndose a un garaje. El garage posee una entrada al Destacamento, donde se pasa a un pasillo paralelo a la calle 640. Apenas se ingresa en ese pasillo, hacia la derecha se encuentra una puerta en la que se ingresa al cuarto donde funcionaba el lugar de torturas; a su vez, de manera contigua a esta sala, siempre del lado derecho, se halla otra habitación que era utilizada para los interrogatorios. Volviendo al principio del pasillo, del lado izquierdo, enfrente de las salas antes descriptas, había un baño con una bañera, lavatorio e inodoro y a continuación se encuentra una habitación en la que al momento de los hechos había dos duchas, y que actualidad es utilizado como depósito. Ahora bien, siguiendo de manera recta por ese pasillo, pasando la sala de interrogatorio a la derecha y el baño a la izquierda, se abría un hall de 2 x 2 m y, luego, continuando en línea recta, se encontraban a la izquierda dos celdas chicas (de 1 x 2 m aprox.) que tenían una ventanita sobre la pared del fondo y un camastro de cemento sobre la pared izquierda; a fines del año 1977, detrás de estas celdas se construyeron tres celdas más, construcción que obligó a cerrar las ventanas originales. Luego, venía una letrina y, detrás de ésta, una celda un poco más grande que las otras. En frente a las celdas chicas, letrina y celda grande había una habitación, y, un poco más al fondo, estaba la cocina. Retrocedamos al centro del pasillo antes descrito, entre el baño y la primera celda pequeña. Aquí, se abre un hall que conduce a un pasillo que desemboca a la parte trasera de la construcción donde existe una puerta. Son coincidentes los testimonios analizados en que la mayoría de los detenidos desaparecidos ingresaban por esta puerta”.
A su vez, quienes permanecieron en cautiverio en el Destacamento de Arana identificaron el lugar, de manera conteste, por los ruidos que allí podían escuchar. Al respecto, en oportunidad de realizar una inspección en dicha dependencia -fojas 56 del cuerpo 1 de los “Anexos Legajos CONADEP C.C.D. Arana”, que corre agregado a la Causa n° 11/SE-, se dejó asentado que “…puede escucharse el ruido del tren que pasa por el costado izquierdo -si se mira desde el mismo edificio-, el sonido de los álamos, de los aviones y del ómnibus que pasa por el lugar…”.
En igual sentido, Walter Docters manifestó, en oportunidad de declarar ante la CONADEP, que “…se oían con frecuencia el paso de aviones, ladridos y tránsito de automotores por una ruta…” (Legajos CONADEP C.C.D. Arana” -cuerpo 2-).
Por otra parte, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en la resolución ya referida afirmó que el Destacamento de Arana dependía de la Brigada de Investigaciones de La Plata.
En efecto, del análisis de los elementos incorporados a la causa resulta que hasta el año 1.970 y, nuevamente, a partir del año 1.980 el Destacamento de Arana perteneció a la Comisaría 5º pero, durante los diez años intermedios –que abarcan la etapa en que con toda certeza el Destacamento funcionó como CCD- no existió la mencionada relación de dependencia, sino que por el contrario en ese período el Destacamento de Arana estuvo bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de La Plata, tal como surge del párrafo tercero de la resolución de Cámara antes citada.
En esta última se valoran, entre otros elementos probatorios del tópico en cuestión, un Informe del Departamento de Organización y Doctrina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el Inspector Carlos O. Guado, con fecha 27 de julio de 2.006. Allí se comunica al Director de Personal de Regímenes Policiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que “…el Destacamento Arana, dependiente de la Comisaría 5º, fue suprimido mediante Resolución 23.065/70 de fecha 29/10/70). Posteriormente se registró la creación de Destacamento Arana, dependiente de la Comisaría de La Plata, seccional 5ta. mediante Resolución nº 41.148 de fecha 8 de julio de 1980...” (Causa nº 11/SE).
Asimismo, resulta elocuente destacar que en la Resolución nº 41.148 consta que el inmueble en el que iba a ser instalado el Destacamento de Arana integraba el patrimonio policial y que en el mismo “…funciona hasta el presente la Sección Cuatrerismo, dependiente de la Brigada de Investigaciones de La Plata…” (Causa n° 11/SE).
De la misma forma, los testimonios brindados por varios funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -que actuaron en el Destacamento de Arana en la época que se investiga-, afirmaron que éste estaba subordinado a la Brigada de Investigaciones de La Plata (declaraciones de Mario Mijín -en Juicios por la Verdad”-; Luis Marcelo Vera - Causa n° 1.170/SU, agregada a la Causa n° 11/SE). Dicha subordinación no sólo era de carácter formal, sino que existía una estrecha conexión en las actividades ilegales y clandestinas de ambas reparticiones.
Esta aserción también se ve corroborada por el hecho de que, tal como surge de autos, el Destacamento de Arana era custodiado por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Ello ha sido reconocido por los propios funcionarios, quienes señalaron que prestaron funciones de manera alternada en ambas dependencias (Mario Mijín -en Juicios por la Verdad”-; Luis Marcelo Vera - Causa 1.170/SU- y Carlos Bordalonga - Causa n° 11/SE-).
En ese sentido debe recalcarse que Mario Mijín afirmó que, generalmente guardias de la Brigada de Investigaciones de La Plata utilizaban un Jeep de dicha dependencia para recoger comida desde la Jefatura de Policía y luego trasladarla a la Brigada y al Destacamento de Arana (en Juicios por la Verdad).
Ello también se desprende de lo expresado por Julio César Argüello, quien en oportunidad de ejercer su defensa material afirmó que como chofer de la Brigada de Investigaciones de La Plata concurría al Destacamento de Arana a llevar comida, papeles, y agregó que “…todo ello porque Arana era una sub-dependencia de la Brigada…” (Causa n° 11/SE).
A su vez, resulta elocuente señalar que, Jorge O. Rodríguez –quien se desempeñó en ambos centros-, manifestó que el Jefe era Kearney y el Subjefe era Trotta (Causa n° 11/SE).
De la misma forma, María Cristina Gioglio declaró que, hallándose secuestrada en el Destacamento de Arana, y en oportunidad de haber sido conducida al despacho del funcionario a cargo del mismo, pudo ver un oficio dirigido a Miguel Kearney. Además, agregó que las guardias estaban a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, entre los cuales identificó a Roberto Grillo, Mario Jaime, Mario Mijín y Daniel Lencinas (Causa n° 11/SE).
Por otra parte, el testigo José Horacio Perello -hijo de los dueños del Almacén de Ramos Generales ubicado a pocos metros del Destacamento-, reconoció la presencia en dicho establecimiento de Jaime, Lencinas, Kearney y Trotta (en Juicios por la Verdad).
En cuanto al rol del Destacamento Policial de Arana durante la etapa de Terrorismo de Estado, debe señalarse que muchas de las personas secuestradas que eran conducidas en primer término a la Brigada de Investigaciones La Plata para su registro –o bien que provenían de otros CCD-, eran trasladadas a Arana, donde se las sometía a interrogatorios bajo la aplicación de atroces tormentos (declaraciones de Luis Franco Larralde - Anexos Legajos CONADEP C.C.D. Arana, Cuerpo 3-, de Graciela Liliana Marcioni - Causa n° 11/SE-, de Norberto Oscar Oslé - Causa n° 11/SE-, de Luis Velasco –en Juicios por la Verdad, y declaración brindada en Causa n° 2507/07 agregada a Causa n° 11/SE-, de Adriana Calvo - en Juicios por la Verdad- y de Blanca Rosini – también en Juicios por la verdad).
La función predominante del Destacamento de Arana –como centro de aplicación de tormentos y eliminación de personas-, se impone tras el análisis de los diversos elementos probatorios recolectados en la presente investigación. Así, Graciela Liliana Marcioni describió al Destacamento como “casa de la tortura” y resaltó que era “un lugar absolutamente espantoso” (Causa n° 11/SE).
Por su parte, José Horacio Perello –vecino del Destacamento- afirmó que era habitual escuchar durante la noche música muy fuerte y gritos provenientes del Destacamento de Arana (en Juicios por la Verdad).
Respecto a estas prácticas, es dable agregar que Juan Carlos Urquiza –funcionario de la policía- al brindar testimonio ante la CONADEP, manifestó que en el Destacamento de Arana se torturaba y se mataba gente y que allí “actuaban la SIDE y la COT (Comando de Operaciones Tácticas)” (declaración en Causa n° 1.170/SU).
En tal sentido Urquiza puso de resalto que en los aledaños del Destacamento se quemaban cadáveres. En efecto, también resulta del testimonio de varios sobrevivientes que en el Destacamento Policial de Arana se llevaban a cabo fusilamientos de detenidos clandestinos cuyos cuerpos, en algunos casos, eran incinerados en los fondos del establecimiento y luego allí mismo enterrados. Al respecto cabe tener en cuenta que V.S. dispuso excavaciones en el sitio antes mencionado que, hasta el momento, han tenido resultado positivo (ver causa n° 11/6 caratulada: “Incidente Equipo Argentino de Antropología Forense s/ solicitud trabajos en CCD Arana” y declaración de Marta Noemí Úngaro – en Juicios por la Verdad).
Por otra parte Urquiza, al declarar en el marco del “Juicio por la Verdad”, manifestó que, como chofer de Verdún -Subdirector de la Dirección General de Investigaciones-, concurrió en alguna oportunidad al Destacamento de Arana y, a veces, tenía asiento allí como “personal de apoyo”. Destacó que allí los detenidos estaban encapuchados y vio cómo Verdún y Nogara intervenían en los interrogatorios (Causa n° 11/SE).
En cuanto a la modalidad implementada para inflingir tormentos, son contestes los testimonios colectados en esta investigación, al sostener que ellos consistían en la aplicación de picana eléctrica, “submarino”, golpes, simulacros de fusilamientos, “teléfono” y –como ya ha sido mencionado- era habitual que la utilización de música a un volumen elevado a los fines de encubrir los gritos de las personas durante dichas sesiones (Jorge Alberto Rolando - “Legajos CONADEP causa 11 CDD Arana” -cuerpo 3-; Miguel Alejandro Iademarco - Causa n° 11/SE-; Rafael Barbieri –Causa n° 11/SE-; Alberto Liberman - Causa n° 11/SE-; Eduardo Kirilovsky – en Juicios por la verdad; Analía Maffeo – en Juicios por la verdad-; Adriana Calvo – en Juicios por la Verdad”-; Mario Rubén Féliz - Causa n° 11/SE -).
Asimismo, la permanencia en el Destacamento de Arana de los detenidos en condiciones de detención infrahumanas –estaban encapuchados o vendados, maniatados de pies y manos con sogas o esposas, alojados en espacios reducidos, sin bañarse, imposibilidades de comunicarse, sentados en el suelo, sin provisión de alimentos y agua por varios días, escuchando los gritos de sufrimiento de otros detenidos-, implican el sometimiento a tormentos (Norberto Oscar Oslé - Causa n° 11/SE; Néstor Busso – en Juicios por la Verdad-; Jorge Alberto Rolando -Legajos CONADEP causa 11 CDD Arana -cuerpo 3-; Juan Carlos Urquiza - Causa n° 11/SE -; Carlos Bordalonga –Causa n° 11/SE-; Alberto Liberman - Causa n° 11/SE-; Adriana Calvo – en Juicios por la Verdad-; Mario Féliz - Causa n° 11/SE -; Atilio Gustavo Calotti - Causa n° 11/SE-).
lunes, 19 de septiembre de 2011
CIRCUITO CAMPS, 1° Y 2° AUDIENCIA.
QUÉ SE TRATÓ EN LAS PRIMERAS AUDIENCIAS
EN CAUSA COMISARÍA 5TA, Y POR LOS HECHOS DE LA CASA MARIANI-TERUGGI SE LEYERON LAS IMPUTACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO PUBLICO SOBRE LOS 8 REPRESORES ACUSADOS.
(recordemos que en el camino quedaron impunes , jefe de la Comisaría, Juan Fiorillo, Jefe de la Unidad Regional La Plata y Rodolfo González Conti, jefe de la Dirección General de Seguridad, porque tuvieron la mala idea de morirse antes de que comenzara este demorado juicio).
1. Rodolfo Aníbal Campos, Coronel del Ejército Argentino, ostentando el cargo de subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el 11 de diciembre de 1977 hasta el 5 de febrero de 1979. Acusado de Privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, se le atribuyen los siguientes hechos. Privó ilegalmente de la libertad y consecuentemente aplicó tormentos en 5 casos: Lidia Delia Fernández, Cristina Bustamante, Alberto Canziani, José Fernando Fanjul Mahía y Osvaldo Lovazzano, quines permanecieron detenidas ilegalmente en la Comisaría 5º de La Plata.
Como prueba de la existencia de los hechos y de la responsabilidad penal del imputado, se afirmó que ocupaba uno de los peldaños más altos de la cadena de mandos y porque, tal como ha sido acreditado en las causass 13/85 y 44/86 de la Cámara Federal porteña y en las causas 2251/06 y 2506/07 del TOCF N°1 de La Plata, el funcionamiento de éste y otros centros clandestinos de detención obedeció a un plan criminal destinado a eliminar a quienes representaran o pudiera representar cualquier tipo de oposición a los intereses ideológicos, económicos y culturales del régimen. Campos ocupaba el alto cargo de subjefe policial en su carácter de coronel del Ejército Argentino, que había intervenido la Policía bonaerense en su alegada “lucha contra la subversión”, que no fue otra cosa que el plan criminal de eliminación de personas ya mencionado.
2. Miguel Osvaldo Etchecolatz. Director General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979
Se lo acusa de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en 32 casos: Abachián, Juan Carlos; Abdala, José; Abdala, José Sabino; Adamow, Fernando Eustaquio; Alconada, Domingo Roque; Álvarez, Segundo Ramón; Araquistain, Guillermo; Arteta de Cassataro, Elba Zulema; Baratti, Héctor Carlos; Bobadilla, Juan Carlos; Bonín, Eduardo Roberto; Bustamante, Cristina; Campano, Pedro Simón; Canziani, Alberto; Fernández, Lidia Delia; Cassino, José Alberto; Castro Sotelo, Miguel Ángel; Ciancio, Luis Alberto; Colalargo, Mabel; Cordero, Fernando Raúl; De Francesco, Carlos; De la Cuadra, Elena; De la Cuadra, Roberto José; Di Salvo, Pedro Alfredo; Dillon de Ciancio, Patricia; Dimovich de Leguizamón, Nélida; Falabella de Abdala, Susana; Falivene, Roberto (Nando o Fernando); Féliz, Mario y Fernández, Hugo.
Como prueba de su responsabilidad penal se apuntó que Etchecolatz tuvo a su cargo toda la estructura OFICIAL LEGAL de Investigaciones de la Policía bonaerense, es decir, todas las brigadas de investigaciones respondían a su mando. Pero en el esquema clandestino de represión, su mando iba más allá, teniendo injerencia, incluso, en dependencias de la estructura de la Dirección General de Seguridad, como las comisarías, y en el caso puntual de autos, la comisaría 5ta de La Plata. Tal extremo ha sido plenamente acreditado a esta altura, tanto en la causa n° 44 como en Juicio por la Verdad y en Causa Etchecolatz de 2006.
Prueba de ello es el traslado constante de detenidos desde y hacia la comisaría 5ta y con origen o destino en la Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana.
Hay probados los casos de al menos 18 personas trasladadas desde la Comisaría 5ta al Pozo de Banfield, sede de la brigada de Investigaciones de esa localidad, relatado por Adriana Calvo. También ello se observa en los casos de los secuestrados que provenían de la Brigada de Investigaciones de La Plata o el Destacamento de Arana (dependiente de esa Brigada), que son la mayoría. Para ser más claros: la mayor parte de los secuestrados que pasaron por la Comisaría 5ta provenían de otros centros clandestinos de detención dependientes de la Dirección de Investigaciones que dirigía Etchecolatz. Y eran derivados también a dependencias de esa repartición. Por ello resulta lógico concluir, como ya ha sido expresado, que la Comisaría 5ta fue, dentro del esquema represivo, un centro clandestino de "depósito" de personas, donde los secuestrados -que padecían torturas como en cualquier otro centro clandestino- pasaban horas, días o meses aguardando un nuevo traslado y, en muy pocas ocasiones, la libertad. En este esquema, la responsabilidad de Etchecolatz resulta concluyente. Pero si hay un testimonio que complica las alegaciones de Etchecolatz es el de Jorge Julio López en el debate oral de la causa 2251/06 (caso por el que el imputado ya ha sido condenado), quien sostuvo que el imputado estaba presente durante la tortura con picana que recibió en la planta alta de la seccional y precisó que Etchecolatz se jactaba de usar mayor tensión eléctrica de la que había utilizado días antes con él en Arana, donde la picana se conectaba a baterías de automóviles y tenía menor tensión que la conectada a la red eléctrica. Además se lo acusa de la sustracción, retención, ocultamiento y hacer incierto la identidad de una niña menor de diez años, en el caso de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, nacida en la comisaría 5º durante el cautiverio de su madre, del poder de sus padres, la retuvo en esa condición y la ocultó posteriormente. Asimismo, y a través de esa conducta hizo incierto su estado civil, ya que en virtud de haber sido ocultada a sus padres, no pudo ser inscripta de acuerdo a su identidad. Además formó parte del ataque a la casa donde vivía la familia Mariani Teruggi, sustrajo del poder de sus padres a Clara Anahí Mariani Teruggi, quien en ese momento tenía 3 meses de edad, y posteriormente la retuvo y la ocultó en esas condiciones. Etchecolatz fue condenado en el juicio a Etchecolatz en 2006 por el homicidio calificado de Diana Teruggi, madre de la niña, ocurrido en la misma ocasión en que fue secuestrada la beba. Y esee homicidio fue el hecho que precedió inmediatamente a la sustracción de Clara Anahí y que fue el chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama, quien disparó desde un techo vecino a la vivienda atacada contra Diana Teruggi –que llevaba en brazos a su hija- tras recibir la orden de un superior, tal como lo relataron la concubina y la hijastra de Guallama, Mabel Susana Suárez y Viviana Cantín, Estas testigos aseguraron también que Guallama había subido a los techos junto a Etchecolatz.
A ello debe agregarse que los policías Néstor Ramón Buzzato y Cecilio Reinaldo Gómez, quienes participaron del operativo, en la causa 1885/SU indicaron que Etchecolatz y el jefe policial Ramón Camps estuvieron durante el ataque en los techos de las casas vecinas a la vivienda de la familia Mariani-Teruggi. En idéntico sentido se pronunció el custodio de Camps, Enrique Alberto Gil, quien refirió que le pareció haber visto que Etchecolatz estaba junto a Camps “en un alero” o “un techito” del porch de una casa lindera, lugar desde donde bajaron cuando arribó una ambulancia. Pero, además, el propio Etchecolatz refirió aber participado del ataque en su declaración indagatoria en , episodio que definió como un “enfrentamiento cruento”, respecto a lo cual, y como se expresara anteriormente, ha quedado absolutamente desvirtuado – la naturaleza de cruento enfrentamiento – por la evidencias físicas recogidas en el sitio, como asimismo los diversos testimonios oportunamente citados y valorados. (No se informó el secuestro de una sola arma dentro de la casa y todas las balas disparadas se acreditó que fueron hechas por armas policiales y/o militares, incluso hiriendo a efectivos de la fuerza policial.
Sobre el momento en que se produjo la sustracción de la niña y el modo, lo prueban las declaraciones de Oscar Antonio Ruiz, José Celonio Torres, Carlos Ángel Leotta y Florentina Fernández.
3. Hugo Alberto Guallama. Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1977, con los grados de agente, cabo y cabo 1ro, y que, al menos en 1976, fue chofer del director general de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Se lo acusa de asesinar a Diana Teruggi mediante disparos de arma de fuego y otras armas de grueso calibre y divesos explosivos, aptos para crear un peligro común, el 24 de noviembre de 1976 en la vivienda de la calle 30 N°1134 de La Plata. En el mismo episodio, el imputado participó de los homicidios de los otros habitantes de la casa: Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris. Como prueba de la existencia de los hechos y de la responsabilidad de Guallama, se afirmó que en su legajo personal no figura que fue chofer de Etchecolatz, pero ello se verifica a través de los testimonios obrantes en la causa de Mabel Susana Suárez y Viviana Cantín en abril de 2005 y de la declaración que en abril de 1999 prestó María Isabel Chorobik de Mariani en Juicio por la Verdad. Admás Nilda Emma Eloy declaró que Guallama estaba parado junto a Miguel Etchecolatz el día de su secuestro, y Jorge Julio López en el debate oral de la causa Etchecolatz, en la cual refirió que Etchecolatz estaba acompañado por Guallama, a quien menciona como chofer, la noche de su secuestro. Además, se apuntó que en su declaración indagatoria Etchecolatz reconoció haber concurrido al ataque junto a su chofer, aunque alegó no recordar el nombre. No obstante ello, en su declaración indagatoria Guallama manifestó que a la época de los hechos era chofer de Miguel Osvaldo Etchecolatz, aunque dijo que el 24 de noviembre de 1976 estaba de franco y, por ello, no concurrió al ataque. No hay en la causa pruebas de que aquél día Guallama estuviera de franco. Más bien, todo lo contrario, como se desprende de:
- La felicitación que recibió Guallama seis días después del ataque a la casa Mariani-Teruggi, el 30 de noviembre de 1976, a raíz de lo cual fue premiado con la Orden San Miguel Arcángel por eliminar “elementos extremadamente peligrosos” de la sociedad. En el mismo documento aparecen premiados con la “Medalla Herido en Servicio” los policías Gómez y Buzatto, ambos heridos durante el ataque a la vivienda.
- Las declaraciones de Cantín y Suárez, quienes relatan lo que el mismo imputado les contó sobre su rol durante el ataque al domicilio de la familia Mariani-Teruggi, indicando que Guallama disparó desde un techo, en el que se encontraba junto a Camps y Etchecolatz, contra una mujer que corría con una beba en brazos.
Sobre la sustracción, retención y ocultamiento de una niña menor de diez años, se agregó que con la prueba colectada durante la instrucción de esta causa, quedó acreditado que el día 24 de noviembre de 1976, Guallama facilitó la sustracción, retención y ocultamiento de la niña Clara Anahí Mariani de tres meses de edad, asesinando a la madre de la niña, cuando intentaba huir del ataque que sufrieron los moradores de la casa de calle 30 nº 1134.
Además, se afirmó que con la prueba reunida durante la instrucción ha quedado acreditado que Hugo Alberto Guallama, junto a un grupo parcialmente indeterminado de personas, privó ilegalmente de la libertad a Nilda Emma Eloy el 1º de octubre de 1976, aproximadamente a la medianoche, en su casa de calle 56 nº 892, entre 12 y 13. Prueba de ello fue la sentencia en el juicio a Etchecolatz de 2006. La participación de Guallama en la privación ilegal de la libertad de Nilda Eloy surge del reconocimiento que Eloy en la Secretaría de esta Unidad Fiscal, al ver casualmente la foto del imputado sobre el escritorio del secretario Hernán Schapiro, y especificó que “el sujeto de la fotografía y Etchecolatz permanecieron parados en el patio de la casa de la declarante” y aclaró que “mientras el resto del grupo se encontraba disperso por toda la casa, Etchecolatz y Guallama permanecieron todo el tiempo parados en el patio”. Posteriormente, la madre de la denunciante, Nilda Emma Funes, prestó testimonio y relató el secuestro de su hija, dado que lo presenció, y coincidió en el relato de los hechos. Respecto de Guallama, declaró que “hace dos o tres días vio la fotografía que le mostró su hija y al ver a esa persona en la foto aún puesta de cabeza la reconoció inmediatamente como la persona que describió” como de contextura física delgada, morocha y con cabello corto tupido. (No casualmente similar al morocho y de pelo corto tupido Guallama).
4. Carlos García. Integrante de la “patota” que operaba en el CCD que funcionó en la Comisaría Quinta. El Oso García ingresó en la fuerza policial como cadete en 1960, comenzó a desempeñarse en la División Delitos contra la Propiedad con el grado de Oficial Principal Seg. el 1° de marzo de 1975. El 10 de agosto de 1976, con el mismo grado, fue asignado a la Brigada de Martínez. El 11 de marzo de 1977, con el mismo grado, García pasó a revistar en la Brigada de San Martín. Pero un mes y medio después, el 29 de abril de 1977, fue trasladado a la Unidad Regional de La Plata. Cinco meses después de esa fecha, el 23 de septiembre de 1977, fue ascendido a subcomisario “por méritos extraordinarios”. El 2 de febrero de 1978 fue designado jefe del Comando Radioeléctrico, mientras seguía revistando en la Unidad Regional de La Plata. Cinco meses más tarde, el 3 de agosto de 1978, fue trasladado a Cañuelas (el legajo no precisa en qué destino), pero el 29 de noviembre de ese mismo año retornó a La Plata, a revistar en la Seccional 3ra. A comienzos del año siguiente, el 31 de enero de 1979, pasó a prestar funciones en la Dirección General de Asuntos Judiciales, hasta que el 16 de julio de 1980 se incorporó al 35° curso para Jefes. El 7 de enero de 1981 fue incorporado a la Brigada de Investigaciones de Mercedes. El 1° de diciembre de ese mismo año fue designado jefe de la Brigada de Investigaciones de Junín, cargo en el que se desempeñó hasta el 6 de julio de 1982, cuando regresó como jefe a la Brigada de Investigaciones de Mercedes.
Sobre privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos, se lo acusa en sólo 12 casos: Héctor Carlos Baratti, Pedro Alfredo Di Salvo, Hugo Fernández, Lidia Delia Fernández, Segundo Ramón Álvarez, Analía Maffeo, Gustavo Pérez Monsalvez, Eduardo Roberto Bonín, Humberto Luis Fraccaroli, Luis Velasco, Georgina Martínez y Blanca Noemí Rossini, en el período en Comisaría 5ta. Prueba de ello se leyó parte de su legajo policial, del que se desprende que García prestó funciones al mando del comisario Juan Fiorillo durante 1977, época en la que estuvo adscrito a la Unidad Regional La Plata. Además, en la foja de calificaciones del período comprendido entre el 1° de octubre de 1977 y el 31 de agosto de 1978, que obra en el anexo documental del legajo del imputado, es el comisario Juan Fiorillo, como jefe de la Unidad Regional La Plata, quien califica con puntaje de 10 (sobresaliente) la competencia, el rendimiento y la conducta de García.
Existe un testimonio del ex policía de la comisaría 5ta Lino Ojeda, quien prestó servicios en esa dependencia entre 1975 y 1978, afirmó en 2001 en Juicio x la Verdad que García formaba parte del grupo de tareas integrado por policías y comandado por el comisario Juan Fiorillo, que ingresaba y sacaba a los detenidos. El testigo precisó que Fiorillo tenía una oficina contigua al portón de la comisaría sobre la calle 24 y que fue designado jefe de la Unidad Regional de La Plata, lo que coincide con el derrotero de aquél otrora imputado en las dependencias policiales. También dijo Ojeda que a García le decían el “Gordo”, cuando en realidad el apodo del procesado era el parecido apodo “el Oso”, que presumiblemente se debía a las dimensiones físicas del imputado. Ojeda refirió además que el grupo integrado por García vestía generalmente de civil y que mantenía reuniones con Fiorillo, el único uniformado del grupo, en el despacho de éste, próximo al portón de la calle 24.
Pero además el imputado García fue reconocido por una de sus víctimas en el centro clandestino de la comisaría 5ta. Blanca Noemí Rossini lo reconoció por fotografías durante la declaración testimonial y lo incluyó entre los policías de “mayor importancia” (sic) que actuaba en los fondos de la comisaría 5°. Concretamente, dijo que “no les daba la comida sino que parecía que tenía alguna función de mayor importancia. Además, sobre el delito de sustracción, retención y ocultamiento de una niña menor de diez años, se le atribuye al Oso García la apropiación de Clara Anahí Mariani, de 3 meses de edad al momento del suceso, del poder de sus padres, el día 24 de noviembre de 1976. Prueba de la existencia del hecho y de la responsabilidad penal del Oso García, se citó en la audiencia una carta remitida al tribunal por el represor Hugo Alberto Guallama, en la que señala que en el operativo “estuvieron presentes Etchecolatz, González Conti, Forastiero y Fiorillo” y que “de este último, de haber desaparecido una menor, sería el responsable pues lo vieron cargar un bulto en su coche envuelto en una frazada, participando junto a él su jefe de Brigada un oficial que le decíamos “El Oso” y era su apellido García”. En esa declaración Guallama agregó que en la jefatura se oyeron comentarios sobre que Fiorillo “se había llevado una criatura envuelta en una frazada”. También indicó que García era el segundo jefe de Fiorillo y que “andaba por la calle como especialista para combatir la subversión”. Además el testigo Oscar Antonio Ruiz reconoció a García como la persona que se llevó a Clara Anahí de la casa de calle 30. Dijo que “en medio del estruendo que se produjo en el barrio por el bombardeo a la casa de Mariani” él se encontraba en el domicilio de la calle 51 N° 1770 mirando a través de la ventana de un dormitorio que da a la calle. Refirió haber visto que se estacionó un carro de asalto azul y que “en determinado momento aparece un policía morocho, excedido de peso, cree que bastante alto, cerca de un metro ochenta, quizá de unos cuarenta o cuarenta y cinco años, con un arma tipo escopeta en una mano y en la otra mano llevaba un bebito envuelto en algo blanco, que podía ser una manta o una sábana. Esta persona estaba muy nerviosa, parecía un tigre enjaulado, y le entrega el bebé a alguien que estaba en el carro de asalto y allí se pone a mirar a todos lados como si le fuera a pasar algo y en ese momento ve al dicente que tenía la ventana abierta. Allí lo apunta con el arma, lo insulta y le dice que se meta adentro de la casa. Además, Ruíz indicó que la persona que le apuntó “tenía una voz muy estridente, como un barítono y que era panzón, morocho y estaba muy nervioso. Expresa que no puede asegurar que el bebé estuviera vivo, pero por el cuidado y la forma en que se entregó y como lo tenían, su impresión era que estaba vivo. Manifiesta que por la forma del bebé, era muy chiquito, pero al estar envuelto, no podía verlo bien”. Ruiz reconoció en una fotografía a la persona que llevaba en brazos al bebé y que le apuntó: “que la persona fotografiada en la placa con el número 2, es la que más se parece a la persona que vio y describió en su declaración, recordando el ceño fruncido y también nuevamente los insultos que le propinaba, así como también que la edad de la persona en la foto podría ser un poco más joven que al momento del hecho y de cuando la vio”. Según consta en el acta, la fotografía con el número 2 corresponde a Carlos García, con matrícula individual 4362734. Además, la propia abuela de Clara Anahí, Maria Isabel Chorobik contó en una declaración en el Juicio por la Verdad que en aquellos años del Terrorismo de Estado, el comisario Sertorio le aconsejó que buscara a Clara Anahí en “la Regional”, con lo cual cobra sentido con todo lo averiguado durante la instrucción de esta causa hoy en juicio, en cuanto a que las personas que se llevaron a la beba son Fiorillo (días después designado subjefe de la Unidad Regional) y su lugarteniente, Carlos García (quien poco tiempo después pasó a revistar en la Unidad Regional).
Sobre los delitos de homicidios calificados, se le atribuyen al Oso García los casos de la casa de calle 30: Diana Teruggi, Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris.
5. Domingo Almeida. Formó parte del personal policial de la Comisaría 5ta entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1983. Primero como Cabo, y desde 1980 como sargento.
Se lo acusa de sólo 92 casos de secuestros y torturas: Abachian, Juan Carlos; Abdala, José; Adamow, Fernando Eustaquio; Alconada, Domingo Roque; Almarza, Guillermo; Álvarez, Segundo Ramón; Araquistain, Guillermo; Arrázola, Juan Carlos; Arteta de Cassataro, Elba Zulema; Bachini, Héctor Federico; Baratti, Héctor Carlos; Bobadilla, Juan Carlos; Bonetto, José Roberto; Bonafini, Jorge Eduardo; Bonín, Roberto; Bustamante, Cristina; Calvo, Adriana Leila; Campano, Pedro Simón; Canziani, Alberto José; Cassino, Alberto; Castro Sotelo, Miguel Ángel; Ciancio, Luis Alberto; Colalargo, Mabel; Cordero, Fernando Raúl; De Francesco, Carlos Alberto; De la Cuadra, Elena; De la Cuadra, Roberto José; Di Salvo, Pedro Alfredo; Dillón de Ciancio, Patricia; Dimovich de Leguizamón, Nélida; Falabella de Abdala, Susana; Falivene, Roberto; Fanjul Mahía, José Fernando; Favero, Claudia Inés; Favero, Luis Eugenio; Féliz, Mario; Fernández de Mercader, Silvia Anahí; Fernández, Lidia Delia; Fernández, Hugo; Fossatti, Rubén Leonardo; Fracarolli, Humberto Luis; García de Cassino, Clarisa; Garín de De Angelis, María Adelia; Gil Montenegro, Juan; González de Mora, Silvia Amanda; Gooley, Gabriela; Hauché, Susana; Huchansky de Simón, Patricia; Iademarco, Miguel; Iglesias, Juan Miguel; Laborde, Miguel Ángel; López, Jorge Julio; Lovazzano, Osvaldo; Mainer, María Magdalena; Marcioni, Graciela Liliana; Marini, Hugo Pablo; Mayor, Julio; Menescardi de Odorisio, Inés; Mercader, Mario Miguel; Mobili de Bonetto, Ana María; Moncalvillo, Domingo Héctor; Montesinos, Leonardo Amador; Muñoz Barreiro, Silvia; Mora, Juan Carlos; Odorisio, Roberto Miguel; Ortega de Fossatti, Inés Beatriz; Oslé, Norberto Oscar; Peralta, Juan Carlos; Pérez Monsalvez, Gustavo; Reboredo, Alfredo M.; Ricoy, Eduardo Gustavo; Rolando, Jorge Alberto; Sagués de Perdighé, Graciela; Santucho, Mónica; Sanz, María Hebelia; Sartori, Héctor José; Simón, Carlos Francisco; Troncoso de Bobadilla, María Adela; Tucci, María del Carmen; Velasco Blake, Luis; Villarroel, Cristina; Williams, Carlos Guillermo; Wlichky de Martínez, Diana B.; Maffeo, Analía; Rossini, Blanca Noemí; Aleksoski, José David; Cano, Efraín Guillermo; Cicero de Sobral, Elsa Liliana; Sobral, Guillermo; Otero, Mario Higinio; Martínez, Georgina y Manchiola de Otaño, Mirta Graciela.
Prueba de su responsabilidad penal se citó en la audiencia que en la instrucción de la causa quedó acreditado que Almeida tenía acceso a los calabozos y realizaba diferentes tareas en la comisaría 5ta, lo que lo convierte en responsable de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas de las que resultaron víctimas las personas que estuvieron allí secuestradas. La víctima Blanca Noemí Rossini identificó a Almeida, en dos fotografías, como uno de los cuatro policías que una noche ingresó al calabozo que ella ocupaba junto a otras secuestradas. Los policías eligieron a una víctima, odontóloga, de la siguiente manera: “Se decían entre ellos si una u otra de las detenidas les gustaban, contestándose que sí o que no”, aseguró Rossini. Y prosiguió: “la chica se tuvo que ir con ellos, volviendo a la madrugada aproximadamente, en un estado lamentable, no golpeada sino anímicamente muy mal, con signos de haber llorado mucho, aunque no dijo nada”. Rossini precisó que Almeida estaba vestido de policía y los que lo acompañaban estaban vestidos de civil. La defensa que ensayó Almedia se corresponde con la que realizaron buena parte de los policías que declararon en Juicio por la Verdad entre 1999 y 2002. La “tesis del área restringida”: que los calabozos los coordinaba exclusivamente la Brigada de Investigaciones y no los efectivos de la 5ta. Pero vrias declaraciones de los policías y de compañeros sobrevivientes dan cuenta del pleno conocimiento que tenían los numerarios de la comisaría 5ta sobre lo que ocurría con los prisioneros y de su aporte al sostenimiento de ese centro clandestino. Por ejemplo, el policía Omar Raúl Piacentini señaló “la mayoría de las mujeres extremistas, como se las llamaba en ese momento, estaban la mayoría embarazadas y hubo nacimientos y todo dentro de la Comisaría, hubo muertos también...”. Y explicó el caso concreto del cuerpo de una mujer, que fue sacado en un auto por los propios policías de la comisaría, quienes ingresaron a la celda y lo retiraron. Piacentini aclaró que “teníamos prohibido llamarnos por nombre y jerarquía, teníamos todos distintos apellidos y se manejaba mucho con el Ejército”. Y añadió que los prisioneros eran torturados. También refirió Piacentini que la seguridad de los calabozos era una tarea propia del personal de la Comisaría. Estas declaraciones coinciden con las de las víctimas respecto de la participación activa de los policías del plantel de la comisaría 5ta. Por ejemplo la de Adriana Calvo que dijo que: “nosotros estábamos a cuidado de los policías de la Quinta, esto no me cabe la menor duda, como les dije por el agujerito de la chapa, nosotros veíamos el patio y veíamos el patio y los veíamos de uniforme...y les veíamos la cara además, aunque ellos no lo sabían y estaban de uniforme...entonces se reclamaban unos a otros que ahora te toca a vos y en realidad preferían estar atrás, atrás era con nosotros...o sea que esto que yo he escuchado de algunos personajes que han citado y de ellos no han tenido nada que ver, y que no tenían acceso a los calabozos, es absoluta mentira...en realidad estaban mucho más ellos que la patota que venía sólo una vez por semana, pero los policías eran los encargados de traernos la comida cuando la traían, de hacer requisas, de golpearnos cuando estaban de mal humor, es cierto que no tenían la autoridad que tenía la patota sobre nosotros, los encargados de nuestra custodia eran los policías y eran exactamente los mismos que trabajaban en la Comisaría...”. Además, las propias inspecciones oculares realizadas por la Cámara Federal del circuito en el marco del Juicio por la Verdad y por el TOF N°1 de La Plata desbarataron la hipótesis de que los calabozos funcionaban separados de la Comisaría. De una simple inspección del plano de la comisaría se concluye que ninguno de los policías podía estar ajeno a lo que ocurría en el centro clandestino de detención, por la cercanía y porque, además, en las supuestas dependencias oficiales se torturaba y se producían nacimientos como el de Leonardo Fossatti, sobre la mesa de la cocina. También a Almeida se lo acusa de sustracción, retención y ocultamiento de cuatro niños menores de diez años, en este caso de los niños José Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche, Ana Libertad Baratti y Leonardo Fossatti, y a partir de dicha conducta participó también en la alteración del estado civil de los dos primeros y en el hacer incierto el estado civil de los últimos dos, quienes en virtud de haber sido ocultados a sus padres, no pudieron ser inscriptos de acuerdo a sus respectivas identidades.
6. Horacio Elizardo Luján. Jefe de la Unidad Regional de La Plata entre el 13 de mayo y el 30 de diciembre de 1976, fecha en la cual fue nombrado Director de Seguridad “Zona Interior”. El 29 de abril de 1977 solicitó su pase a retiro voluntario, que fue aceptado el 31 de mayo de 1977.
Fue acusado en la audiencia de sólo 20 casos de secuestros y torturas: Roque Alconada, José David Aleksoski, Guillermo Araquistain, Héctor Federico Bachini, Efraín Guillermo Cano, Miguel Ángel Castro Sotelo, Elsa Liliana Cicero de Sobral, Mabel Colalargo, Carlos De Francesco, Silvia Amanda González de Mora, Jorge Julio López, María Magdalena Mainer, Mirta Graciela Manchiola de Otaño, Julio Mayor, Domingo Héctor Moncalvillo, Juan Carlos Mora, María Hebelia Sanz, Mónica Santucho, Guillermo Sobral y María del Carmen Tucci. Como prueba se recordó que Luján estuvo a cargo del organismo que controlaba a las comisarías de esta jurisdicción platense en el segundo semestre de 1976. El registro de los detenidos se realizaba en las comisarías, subcomisarías o destacamentos y era elevado a la unidad regional de la zona. Por eso, se dijo, no puede sostenerse que el titular del órgano de control de las comisarías desconociera que en la seccional 5ta. funcionaba un conspicuo centro clandestino de detención y que no ingresaban detenidos comunes pues, tal como se comprobó de manera fehaciente en el “Juicio por la Verdad” que lleva adelante la Cámara Federal de circuito, efectivos de distintos rangos estaban al tanto de su existencia. El poder de decisión de Luján quedó evidente al momento de presentar su descargo en la declaración indagatoria. Narró que “aproximadamente en octubre o noviembre (de 1976) se hizo presente una persona” en su despacho “que era la esposa de Waldemar Faraggi, diciéndole que tenía conocimiento que en la jurisdicción de la unidad regional de La Plata estaba detenido su esposo en calidad de ilegal”. Dijo que “desconocía la situación y se comprometió a averiguar y darle alguna información”. Concurrió ante el director de Seguridad de ese momento, que era Gené (hoy fallecido) y preguntó sobre el tema. Gené le respondió que el detenido era “un capitalista de juego detenido a disposición del jefe de policía”. Ante esta situación le pidió a Gené que hable con Camps y le pregunte qué resolución iba a tomar, pues si en veinticuatro horas no tenía resultados, iba a liberar al detenido con riesgo de su cargo. Al no tener respuesta y habiendo averiguado que el detenido estaba en la Comisaría 2°, Luján dispuso su libertad, y según supo después volvió a su domicilio en San Nicolás. Dijo que nunca dio órdenes de detención, ni secuestro, ni torturas, lo que desconocía totalmente”. Sin embargo, Luján también aseguró que en septiembre u octubre de 1976 fue entrevistado por el coronel Enrique Rospide, integrante del equipo de asesores militares de Ramón Camps, quien “le señaló que por disposición de Camps se iban a decretar algunas áreas restringidas en comisarías, entre ellas la comisaría 5ta. A partir de ese momento pasaba a ser un área restringida exclusivamente para militares, sin poder de contralor de Luján, ni del personal subalterno. Nuevamente la remanida “tesis del área restringida” para deslindar su responsabilidad en la del personal militar.
7. Alejandro Agustín Arias Duval. Coronel del Ejército Argentino desde el 31/12/75. Con ese grado se desempeñó en el Batallón de Inteligencia 601 hasta el 15/12/76, fecha en la cual fue designado como jefe del Destacamento de Inteligencia 101 en la ciudad de La Plata, dependiente del Comando en Jefe del Ejército, Jefatura II Inteligencia. En su legajo consta que uno de los superiores jerárquicos que califican a Arias Duval en el período 75/76 fue el General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, titular de la Zona I del Comando del Ejército del cual dependía la Comisaría 5ta de La Plata. Recién en 1979 Arias Duval pasó a desempeñarse, en comisión, en la Policía Federal, en Buenos Aires. Pese a su alto mando en la estructura represiva, se lo acusa de sólo10 casos de secuestros y torturas: Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Héctor Hugo Malnatti Salazar, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Héctor Ramírez y Eduardo Esteban Mingo. Como prueba de la existencia de los hechos y de su responsabilidad penal se destacó en la audiencia la relación de Arias Duval, en su carácter de jefe del Destacamento 101 de Inteligencia, con el CCD que funcionó en la Comisaría quinta de La Plata –y, en general, con todo el circuito represivo denominado “circuito Camps”- se explica a partir de la vinculación que durante la etapa del terrorismo de Estado tuvo la Policía de la Provincia de Buenos Aires con las Fuerzas Armadas y, en particular, con el Ejército y sus áreas dedicadas a la realización de las denominadas tareas de inteligencia, que se llevaban a cabo en el ámbito de aquello que se denominó comunidad informativa, en la que participaba no sólo el Ejército, sino las otras dos fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad bajo su comando operacional (constituidas por seguimientos o bien por secuestros y torturas a través de las cuales se extraía información a las víctimas).
Se recordó aquí que la ciudad de La Plata, sede de la Comisaría 5ta, se hallaba incluida en la órbita del comando de la Zona I, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, subzona 11, que tenía como comando a la X Brigada de Infantería y como órgano de inteligencia al Destacamento 101 de La Plata, cuyo máximo responsable, a partir de fines de 1976, fue Alejandro Agustín Arias Duval. A su vez se mencionó en la audiencia que está probada la relación existente entre el Destacamento de Inteligencia 101 con el área operacional 113, que tuvo actuación operativa directa en los centros clandestinos de esta ciudad, incluso los que funcionaron en el interior de dependencias de la Policía, como lo revela, por ejemplo, el libro de guardia de la Comisaría 8va. de esa época, secuestrado por la Cámara Federal de esta ciudad en el marco del Juicio por la Verdad, cuyo contenido fue ventilado además durante el juicio oral y público en la causa Etchecolatz, en los casos de Nora Formiga, Elena Arce Sahores y Margarita Delgado. Es evidente que si la jefatura del área 113 se encontraba en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, las operaciones de inteligencia tendría que proveerlas el área especializada más cercana orgánica y fácticamente, o sea, el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata que, por lo demás, se hallaba en pleno centro de la ciudad (calle 55 Nro 617/619, e/7 y 8), a pocas cuadras de la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 e/13 y 14), de la Comisaría 5ta (diagonal 74 e/23 y 24) y del propio Regimiento 7 (19 e/50 y 54). Por otra parte, se señaló que el derrotero de Arias Duval en el área de inteligencia no comienza con la Jefatura del Destacamento 101, sino que antes de ello prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, órgano principal de inteligencia del arma Ejército. Esta dependencia funcionó –como todas las áreas de inteligencia de cada comando de zona- como centro de recepción y remisión de información, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército.
De hecho, el Batallón 601 tenía por debajo de su estructura la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” que eran periféricos a este y la información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón. Desde allí se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas detenidas a interrogatorios para extraer la mayor cantidad de información. Recordemos con hechos recientes, que en la sentencia dictada en la denominada causa de la Contraofensiva (TOF Nro 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caratulada “Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal”, de 18 de diciembre de 2007) se destaca que: “Paralelamente, había un denominador común para cada una de las zonas y dependencias con jurisdicción, constituida por los centros de inteligencia. Las distintas dependencias tenían como centro de recepción y remisión de información, el llamado Batallón de Inteligencia 601, lugar en donde la mayoría de los aquí acusados han prestado funciones, ocupando cargos jerárquicos al momento de los hechos”. Y se agrega que “Esa dependencia era un lugar estratégico para las tareas y objetivos propuestos en la estructura militar. Es decir, la materialización de los fines y objetivos propuestos radicaba en la realización de actividades de inteligencia destinada a sindicar a todas aquellas personas que se encontraban vinculadas con actividades enmarcadas como contrarias a esos objetivos; dichas actividades eran las calificadas como “subversivas”. Y más adelante se lee en esa sentencia que: “El Batallón de Inteligencia 601, ha constituido un engranaje de relevancia en la estructura militar configurada en el período comprendido entre los años 1976 y 1983, que ha servido para implementar en ese período acciones ilegales sistemáticas que constituyeron, como ya se ha analizado, delitos de extrema gravedad, lo que ha contribuido a que se actúe de una forma en donde la impunidad era el eje preponderante en cuanto a la política de estado implementada en esos años. Así, se ha demostrado cómo esa repartición ha sido un núcleo central en cuanto a las operaciones de inteligencia llevadas a cabo durante el período señalado a lo largo y a lo ancho del país, ya que signó las actividades tanto de la central de operaciones, como los grupos de tareas, dependientes de aquel, a partir de la recolección de la información de inteligencia, para que luego se produjeran los procedimientos aberrantes que culminaron con el secuestro de las víctimas”. Está claro a esta altura que en nuestra región la “Comunidad Informativa” tuvo uno de sus mayores exponentes, además del Destacamento 101 del Ejército, en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Este organismo tenía un rol protagónico en el esquema represivo del “Circuito Camps” y constituía, sin dudas, uno de los muchos puntos de enlace entre las Fuerzas Armadas y la policía. El caso del ataque a la casa de la familia Mariani-Teruggi revela a las claras este eslabonamiento entre el aparato represivo del Ejército y de la Policía y, más precisamente, entre sus áreas de inteligencia. Antes del ataque a la casa, el Batallón 601 ya contaba con información previa sobre la víctima, tal como se desprende de la nota remitida a la DIPBA, en la que se lee: “SE HA TOMADO CONOCIMIENTO DANIEL MARIANI DNI Nº 4980087, DOMICILIADO EN CALLE 10 Nº 787, PISO 13 DPTO “B” LA PLATA PCIA. BS.AS, EL CAUSANTE FUE BECADO EN EL AÑO 1972 A CHILE SE DESEMPEÑA EN EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES SE CREE ESTAR CONECTADO CON ACCIONAR SUBVERSIVO QUE DESARROLLARÍA ACTIVIDADES EN EL MENCIONADO CONSEJO”. Recordemos que Daniel Mariani finalmente fue asesinado en agosto de 1977. Asimismo se recordó en las audiencias que existen informes de inteligencia labrados a partir del 29 de noviembre de 1976, cinco días después del ataque, sobre la ginecóloga Esperanza Gurevich y el odontólogo Tomás Fusini, quienes atendían a Diana Teruggi. Resulta sugestivo que las fuerzas represivas se informaran sobre cuál había sido el estado de salud de la madre de la niña secuestrada y aún desaparecida y que, entre otras cosas, consignaran lo siguiente: “La Dra. Gurevich asistió a Diana Teruggi de Mariani durante todo el período que durara la gestación de aquella, hasta culminar con el alumbramiento (...) y prosiguiendo con un tratamiento luego del parto” (fs. 1436). No quedan dudas para esta fiscalía que el Estado terrorista se valió de la inteligencia militar y policial para facilitar la concreción –por parte de autores aún ignorados- de la apropiación de la hija del matrimonio Mariani-Teruggi. Pero además se ha acreditado que el Destacamento 101, comandado por Arias Duval, también tuvo una intrínseca relación con el sistema de centros clandestinos de detención que operaba en la zona, concretamente los de la Brigada, el Destacamento de Arana y la comisaría 5ta de La Plata. Mientras el primero era un centro de distribución y el segundo de tortura, la seccional fue un centro de depósito, tal como ha quedado esclarecido en la causa Camps, en el Juicio por la Verdad y en las investigaciones de esta causa que está en juicio. De hecho, si se examina la lista de víctimas de esta causa, puede observarse el traslado de los prisioneros de Arana a la comisaría 5ta. y viceversa. Son esclarecedores de ello los casos de Araquistain, Rolando, Bachini, Bonetto, Calvo, Fanjul Mahía, Luis Eugenio y Claudia Inés Favero, Fernández de Mercader, González de Mora, Mayor, Sanz, Gooley, Huchansky de Simon, Iademarco, Oslé, Laborde, Marcioni, Marini, Menescardi de Odorisio, Mobili de Bonetto, Mora, Odorisio, Peralta, Reboredo, Sagués de Perdighé, Santucho, Simon, Velasco, Villarroel, entre otros.
Desde esta perspectiva organizacional, entonces, la responsabilidad penal de Alejandro Agustín Arias Duval, surge evidente. El imputado, en su calidad de titular del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército con asiento en la Ciudad de La Plata, ha proporcionado a la estructura represiva clandestina medios necesarios para cumplir con sus propósitos, realizando de esa manera una cooperación necesaria sin la cual el aparato organizado de poder no habría podido adquirir el funcionamiento que tuvo.
8. Luis Vicente Patrault. Prestó servicios en la comisaría 5ta. de La Plata desde su ingreso como agente, en el año 1957. Durante el período aquí investigado, se desempeñó en la misma dependencia, como Sargento entre el 1° de enero de 1976 y el 1° de enero de 1978, fecha ésta última en la que fue designado Sargento 1°, cargo que ocupó hasta el 1° de enero de 1982. Tenía acceso a los calabozos y realizaba diferentes tareas en la comisaría 5ta, lo que lo convierte en responsable de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas de las que resultaron víctimas las personas que estuvieron allí secuestradas.
Acusado por tan sólo 15 Casos de secuestros y torturas: Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Liliana Triana, Graciela Miriam Lezana Piñeyro, Héctor Hugo Malnatti Salazar, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Héctor Ramírez y Eduardo Esteban Mingo.
La acusación se basa en los testimonios prestados por las víctimas Jorge Julio López, Carlos Alberto De Francesco, Miguel Angel Laborde, Hugo Pablo Marini y Blanca Noemí Rossini, en cuanto al contacto que el imputado tuvo con los detenidos en la Comisaría Quinta de La Plata, en función de su cargo y las funciones que desarrollaba. Por ejemplo, Jorge Julio López expresó que: “Otras personas que también torturaban en la Comisaria Quinta eran el Tío o Patrú, Gorosito que miraba los calabozos, Bravo, un tal Orellano”. Al serle exhibido varios legajos de Policía, reconoció una de las placas fotográficas en el legajo de Luis Vicente Patrault, manifestando que lo reconocía, y que a dicha persona le decían “el Tío” o Patrú. Además, Carlos Alberto De Francesco, en oportunidad de referirse a uno de los oficiales “más benévolos” de la comisaría Quinta, a quien le decían el Tío, sostuvo que “este hombre facilitó el contacto entre cónyuges. Cuando venían las esposas a higienizarse a ese baño que quedaba puerta por medio con la celda, él permitía que se comunicaran con sus esposas y, en alguna ocasión se vio forzado a actuar con severidad porque había algún oficial delante y nos dio algún golpe, pero simulaba pegarnos más de lo que nos pegaba.” En idénticos términos, Miguel Ángel Laborde declaró que “el tío, parecía alguien más bonachón, nos permitía charlar con nuestras mujeres, cuando nuestras mujeres venían a bañarse”. También sostuvo, refiriéndose a la comida, que “en algunas ocasiones esa comida era repartida en platos de latas con cucharas, por algunos de los Policías, particularmente uno que le decían “El Tío”. Agregó, además, que los que solían traer la olla de comida eran quienes les abrían la puerta que separaba el baño de la celda, señalando nuevamente al “Tío” como el responsable de esta tarea. Por su parte, Hugo Pablo Marini, en su declaración testimonial recordó como personal que prestaba servicios en la Comisaría Quinta a una persona que llamaban “el tío”, a la vez que afirmó haber visto la cara al “tío”. Manifestó que la mencionada persona, a veces, quería que lo vieran para que lo recordaran como un tipo bueno, a la vez que lo describió de una apariencia robusta, rechonchona, de un metro setenta y cinco aproximadamente, y cree que tenía bigote, con pelo castaño claro. A Marini le fueron exhibidas las fotografías del personal de la Comisaría 5ta de La Plata, agregadas a la presente causa como prueba documental, a partir de la solicitud del propio testigo y en el marco de su declaración testifical, manifestando reconocer a la persona fotografiada en una de las placas, como uno de los policías que estaban en la Comisaría 5ta, que tenía trato con los presos, les abría la puerta para ir al baño o cuando venía la comida traía las ollas, tratándose –según se deja constancia allí- de Luis Vicente Patrault.
Además, se destacó en la audiencia que varios de los mentados testimonios ubican a Patrault viviendo en Arana. Es así que, Piacentini, Villalba y Ojeda señalaron en sus respectivos testimonios que “el tío” vivía en Arana. Otros, sin recordarlo como “el Tío”, sí sostuvieron que en la comisaría Quinta se desempeñaba un policía de apellido Patrault que “vivía en Arana”. Ello, conforme surge del testimonio de Edgardo Ruben Budo, Julio Cesar Pascuale, Héctor Romero, Juan Ramón Rodas y Oscar Abel Córdoba, todos ellos en declaraciones del Juicio por la Verdad. De todo ello, se resumió en las audiencias que Patrault tenía un acabado conocimiento de la situación en la que se encontraban los detenidos, como asimismo, de las condiciones de detención en las que estaban.
Los testimonios citados por la acusación fiscal, sumados a los reconocimientos fotográficos y a las constancias del legajo personal del “Tío” Patrault, dan acabada cuenta del desempeño de Patrault en la Comisaría Quinta durante la época investigada en este juicio, esto es, el cumplimiento de vigilancia y tareas afines respecto de los detenidos ilegalmente en los fondos del local de la 5ta.
LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN CON LA LECTURA DE ACUSACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO PUBLICO SOBRE LOS REPRESORES DE LOS CCD BRIGADA DE INVESTIGACIONES Y ARANA.
EN CAUSA COMISARÍA 5TA, Y POR LOS HECHOS DE LA CASA MARIANI-TERUGGI SE LEYERON LAS IMPUTACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO PUBLICO SOBRE LOS 8 REPRESORES ACUSADOS.
(recordemos que en el camino quedaron impunes , jefe de la Comisaría, Juan Fiorillo, Jefe de la Unidad Regional La Plata y Rodolfo González Conti, jefe de la Dirección General de Seguridad, porque tuvieron la mala idea de morirse antes de que comenzara este demorado juicio).
1. Rodolfo Aníbal Campos, Coronel del Ejército Argentino, ostentando el cargo de subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el 11 de diciembre de 1977 hasta el 5 de febrero de 1979. Acusado de Privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, se le atribuyen los siguientes hechos. Privó ilegalmente de la libertad y consecuentemente aplicó tormentos en 5 casos: Lidia Delia Fernández, Cristina Bustamante, Alberto Canziani, José Fernando Fanjul Mahía y Osvaldo Lovazzano, quines permanecieron detenidas ilegalmente en la Comisaría 5º de La Plata.
Como prueba de la existencia de los hechos y de la responsabilidad penal del imputado, se afirmó que ocupaba uno de los peldaños más altos de la cadena de mandos y porque, tal como ha sido acreditado en las causass 13/85 y 44/86 de la Cámara Federal porteña y en las causas 2251/06 y 2506/07 del TOCF N°1 de La Plata, el funcionamiento de éste y otros centros clandestinos de detención obedeció a un plan criminal destinado a eliminar a quienes representaran o pudiera representar cualquier tipo de oposición a los intereses ideológicos, económicos y culturales del régimen. Campos ocupaba el alto cargo de subjefe policial en su carácter de coronel del Ejército Argentino, que había intervenido la Policía bonaerense en su alegada “lucha contra la subversión”, que no fue otra cosa que el plan criminal de eliminación de personas ya mencionado.
2. Miguel Osvaldo Etchecolatz. Director General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979
Se lo acusa de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en 32 casos: Abachián, Juan Carlos; Abdala, José; Abdala, José Sabino; Adamow, Fernando Eustaquio; Alconada, Domingo Roque; Álvarez, Segundo Ramón; Araquistain, Guillermo; Arteta de Cassataro, Elba Zulema; Baratti, Héctor Carlos; Bobadilla, Juan Carlos; Bonín, Eduardo Roberto; Bustamante, Cristina; Campano, Pedro Simón; Canziani, Alberto; Fernández, Lidia Delia; Cassino, José Alberto; Castro Sotelo, Miguel Ángel; Ciancio, Luis Alberto; Colalargo, Mabel; Cordero, Fernando Raúl; De Francesco, Carlos; De la Cuadra, Elena; De la Cuadra, Roberto José; Di Salvo, Pedro Alfredo; Dillon de Ciancio, Patricia; Dimovich de Leguizamón, Nélida; Falabella de Abdala, Susana; Falivene, Roberto (Nando o Fernando); Féliz, Mario y Fernández, Hugo.
Como prueba de su responsabilidad penal se apuntó que Etchecolatz tuvo a su cargo toda la estructura OFICIAL LEGAL de Investigaciones de la Policía bonaerense, es decir, todas las brigadas de investigaciones respondían a su mando. Pero en el esquema clandestino de represión, su mando iba más allá, teniendo injerencia, incluso, en dependencias de la estructura de la Dirección General de Seguridad, como las comisarías, y en el caso puntual de autos, la comisaría 5ta de La Plata. Tal extremo ha sido plenamente acreditado a esta altura, tanto en la causa n° 44 como en Juicio por la Verdad y en Causa Etchecolatz de 2006.
Prueba de ello es el traslado constante de detenidos desde y hacia la comisaría 5ta y con origen o destino en la Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana.
Hay probados los casos de al menos 18 personas trasladadas desde la Comisaría 5ta al Pozo de Banfield, sede de la brigada de Investigaciones de esa localidad, relatado por Adriana Calvo. También ello se observa en los casos de los secuestrados que provenían de la Brigada de Investigaciones de La Plata o el Destacamento de Arana (dependiente de esa Brigada), que son la mayoría. Para ser más claros: la mayor parte de los secuestrados que pasaron por la Comisaría 5ta provenían de otros centros clandestinos de detención dependientes de la Dirección de Investigaciones que dirigía Etchecolatz. Y eran derivados también a dependencias de esa repartición. Por ello resulta lógico concluir, como ya ha sido expresado, que la Comisaría 5ta fue, dentro del esquema represivo, un centro clandestino de "depósito" de personas, donde los secuestrados -que padecían torturas como en cualquier otro centro clandestino- pasaban horas, días o meses aguardando un nuevo traslado y, en muy pocas ocasiones, la libertad. En este esquema, la responsabilidad de Etchecolatz resulta concluyente. Pero si hay un testimonio que complica las alegaciones de Etchecolatz es el de Jorge Julio López en el debate oral de la causa 2251/06 (caso por el que el imputado ya ha sido condenado), quien sostuvo que el imputado estaba presente durante la tortura con picana que recibió en la planta alta de la seccional y precisó que Etchecolatz se jactaba de usar mayor tensión eléctrica de la que había utilizado días antes con él en Arana, donde la picana se conectaba a baterías de automóviles y tenía menor tensión que la conectada a la red eléctrica. Además se lo acusa de la sustracción, retención, ocultamiento y hacer incierto la identidad de una niña menor de diez años, en el caso de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, nacida en la comisaría 5º durante el cautiverio de su madre, del poder de sus padres, la retuvo en esa condición y la ocultó posteriormente. Asimismo, y a través de esa conducta hizo incierto su estado civil, ya que en virtud de haber sido ocultada a sus padres, no pudo ser inscripta de acuerdo a su identidad. Además formó parte del ataque a la casa donde vivía la familia Mariani Teruggi, sustrajo del poder de sus padres a Clara Anahí Mariani Teruggi, quien en ese momento tenía 3 meses de edad, y posteriormente la retuvo y la ocultó en esas condiciones. Etchecolatz fue condenado en el juicio a Etchecolatz en 2006 por el homicidio calificado de Diana Teruggi, madre de la niña, ocurrido en la misma ocasión en que fue secuestrada la beba. Y esee homicidio fue el hecho que precedió inmediatamente a la sustracción de Clara Anahí y que fue el chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama, quien disparó desde un techo vecino a la vivienda atacada contra Diana Teruggi –que llevaba en brazos a su hija- tras recibir la orden de un superior, tal como lo relataron la concubina y la hijastra de Guallama, Mabel Susana Suárez y Viviana Cantín, Estas testigos aseguraron también que Guallama había subido a los techos junto a Etchecolatz.
A ello debe agregarse que los policías Néstor Ramón Buzzato y Cecilio Reinaldo Gómez, quienes participaron del operativo, en la causa 1885/SU indicaron que Etchecolatz y el jefe policial Ramón Camps estuvieron durante el ataque en los techos de las casas vecinas a la vivienda de la familia Mariani-Teruggi. En idéntico sentido se pronunció el custodio de Camps, Enrique Alberto Gil, quien refirió que le pareció haber visto que Etchecolatz estaba junto a Camps “en un alero” o “un techito” del porch de una casa lindera, lugar desde donde bajaron cuando arribó una ambulancia. Pero, además, el propio Etchecolatz refirió aber participado del ataque en su declaración indagatoria en , episodio que definió como un “enfrentamiento cruento”, respecto a lo cual, y como se expresara anteriormente, ha quedado absolutamente desvirtuado – la naturaleza de cruento enfrentamiento – por la evidencias físicas recogidas en el sitio, como asimismo los diversos testimonios oportunamente citados y valorados. (No se informó el secuestro de una sola arma dentro de la casa y todas las balas disparadas se acreditó que fueron hechas por armas policiales y/o militares, incluso hiriendo a efectivos de la fuerza policial.
Sobre el momento en que se produjo la sustracción de la niña y el modo, lo prueban las declaraciones de Oscar Antonio Ruiz, José Celonio Torres, Carlos Ángel Leotta y Florentina Fernández.
3. Hugo Alberto Guallama. Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1977, con los grados de agente, cabo y cabo 1ro, y que, al menos en 1976, fue chofer del director general de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Se lo acusa de asesinar a Diana Teruggi mediante disparos de arma de fuego y otras armas de grueso calibre y divesos explosivos, aptos para crear un peligro común, el 24 de noviembre de 1976 en la vivienda de la calle 30 N°1134 de La Plata. En el mismo episodio, el imputado participó de los homicidios de los otros habitantes de la casa: Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris. Como prueba de la existencia de los hechos y de la responsabilidad de Guallama, se afirmó que en su legajo personal no figura que fue chofer de Etchecolatz, pero ello se verifica a través de los testimonios obrantes en la causa de Mabel Susana Suárez y Viviana Cantín en abril de 2005 y de la declaración que en abril de 1999 prestó María Isabel Chorobik de Mariani en Juicio por la Verdad. Admás Nilda Emma Eloy declaró que Guallama estaba parado junto a Miguel Etchecolatz el día de su secuestro, y Jorge Julio López en el debate oral de la causa Etchecolatz, en la cual refirió que Etchecolatz estaba acompañado por Guallama, a quien menciona como chofer, la noche de su secuestro. Además, se apuntó que en su declaración indagatoria Etchecolatz reconoció haber concurrido al ataque junto a su chofer, aunque alegó no recordar el nombre. No obstante ello, en su declaración indagatoria Guallama manifestó que a la época de los hechos era chofer de Miguel Osvaldo Etchecolatz, aunque dijo que el 24 de noviembre de 1976 estaba de franco y, por ello, no concurrió al ataque. No hay en la causa pruebas de que aquél día Guallama estuviera de franco. Más bien, todo lo contrario, como se desprende de:
- La felicitación que recibió Guallama seis días después del ataque a la casa Mariani-Teruggi, el 30 de noviembre de 1976, a raíz de lo cual fue premiado con la Orden San Miguel Arcángel por eliminar “elementos extremadamente peligrosos” de la sociedad. En el mismo documento aparecen premiados con la “Medalla Herido en Servicio” los policías Gómez y Buzatto, ambos heridos durante el ataque a la vivienda.
- Las declaraciones de Cantín y Suárez, quienes relatan lo que el mismo imputado les contó sobre su rol durante el ataque al domicilio de la familia Mariani-Teruggi, indicando que Guallama disparó desde un techo, en el que se encontraba junto a Camps y Etchecolatz, contra una mujer que corría con una beba en brazos.
Sobre la sustracción, retención y ocultamiento de una niña menor de diez años, se agregó que con la prueba colectada durante la instrucción de esta causa, quedó acreditado que el día 24 de noviembre de 1976, Guallama facilitó la sustracción, retención y ocultamiento de la niña Clara Anahí Mariani de tres meses de edad, asesinando a la madre de la niña, cuando intentaba huir del ataque que sufrieron los moradores de la casa de calle 30 nº 1134.
Además, se afirmó que con la prueba reunida durante la instrucción ha quedado acreditado que Hugo Alberto Guallama, junto a un grupo parcialmente indeterminado de personas, privó ilegalmente de la libertad a Nilda Emma Eloy el 1º de octubre de 1976, aproximadamente a la medianoche, en su casa de calle 56 nº 892, entre 12 y 13. Prueba de ello fue la sentencia en el juicio a Etchecolatz de 2006. La participación de Guallama en la privación ilegal de la libertad de Nilda Eloy surge del reconocimiento que Eloy en la Secretaría de esta Unidad Fiscal, al ver casualmente la foto del imputado sobre el escritorio del secretario Hernán Schapiro, y especificó que “el sujeto de la fotografía y Etchecolatz permanecieron parados en el patio de la casa de la declarante” y aclaró que “mientras el resto del grupo se encontraba disperso por toda la casa, Etchecolatz y Guallama permanecieron todo el tiempo parados en el patio”. Posteriormente, la madre de la denunciante, Nilda Emma Funes, prestó testimonio y relató el secuestro de su hija, dado que lo presenció, y coincidió en el relato de los hechos. Respecto de Guallama, declaró que “hace dos o tres días vio la fotografía que le mostró su hija y al ver a esa persona en la foto aún puesta de cabeza la reconoció inmediatamente como la persona que describió” como de contextura física delgada, morocha y con cabello corto tupido. (No casualmente similar al morocho y de pelo corto tupido Guallama).
4. Carlos García. Integrante de la “patota” que operaba en el CCD que funcionó en la Comisaría Quinta. El Oso García ingresó en la fuerza policial como cadete en 1960, comenzó a desempeñarse en la División Delitos contra la Propiedad con el grado de Oficial Principal Seg. el 1° de marzo de 1975. El 10 de agosto de 1976, con el mismo grado, fue asignado a la Brigada de Martínez. El 11 de marzo de 1977, con el mismo grado, García pasó a revistar en la Brigada de San Martín. Pero un mes y medio después, el 29 de abril de 1977, fue trasladado a la Unidad Regional de La Plata. Cinco meses después de esa fecha, el 23 de septiembre de 1977, fue ascendido a subcomisario “por méritos extraordinarios”. El 2 de febrero de 1978 fue designado jefe del Comando Radioeléctrico, mientras seguía revistando en la Unidad Regional de La Plata. Cinco meses más tarde, el 3 de agosto de 1978, fue trasladado a Cañuelas (el legajo no precisa en qué destino), pero el 29 de noviembre de ese mismo año retornó a La Plata, a revistar en la Seccional 3ra. A comienzos del año siguiente, el 31 de enero de 1979, pasó a prestar funciones en la Dirección General de Asuntos Judiciales, hasta que el 16 de julio de 1980 se incorporó al 35° curso para Jefes. El 7 de enero de 1981 fue incorporado a la Brigada de Investigaciones de Mercedes. El 1° de diciembre de ese mismo año fue designado jefe de la Brigada de Investigaciones de Junín, cargo en el que se desempeñó hasta el 6 de julio de 1982, cuando regresó como jefe a la Brigada de Investigaciones de Mercedes.
Sobre privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos, se lo acusa en sólo 12 casos: Héctor Carlos Baratti, Pedro Alfredo Di Salvo, Hugo Fernández, Lidia Delia Fernández, Segundo Ramón Álvarez, Analía Maffeo, Gustavo Pérez Monsalvez, Eduardo Roberto Bonín, Humberto Luis Fraccaroli, Luis Velasco, Georgina Martínez y Blanca Noemí Rossini, en el período en Comisaría 5ta. Prueba de ello se leyó parte de su legajo policial, del que se desprende que García prestó funciones al mando del comisario Juan Fiorillo durante 1977, época en la que estuvo adscrito a la Unidad Regional La Plata. Además, en la foja de calificaciones del período comprendido entre el 1° de octubre de 1977 y el 31 de agosto de 1978, que obra en el anexo documental del legajo del imputado, es el comisario Juan Fiorillo, como jefe de la Unidad Regional La Plata, quien califica con puntaje de 10 (sobresaliente) la competencia, el rendimiento y la conducta de García.
Existe un testimonio del ex policía de la comisaría 5ta Lino Ojeda, quien prestó servicios en esa dependencia entre 1975 y 1978, afirmó en 2001 en Juicio x la Verdad que García formaba parte del grupo de tareas integrado por policías y comandado por el comisario Juan Fiorillo, que ingresaba y sacaba a los detenidos. El testigo precisó que Fiorillo tenía una oficina contigua al portón de la comisaría sobre la calle 24 y que fue designado jefe de la Unidad Regional de La Plata, lo que coincide con el derrotero de aquél otrora imputado en las dependencias policiales. También dijo Ojeda que a García le decían el “Gordo”, cuando en realidad el apodo del procesado era el parecido apodo “el Oso”, que presumiblemente se debía a las dimensiones físicas del imputado. Ojeda refirió además que el grupo integrado por García vestía generalmente de civil y que mantenía reuniones con Fiorillo, el único uniformado del grupo, en el despacho de éste, próximo al portón de la calle 24.
Pero además el imputado García fue reconocido por una de sus víctimas en el centro clandestino de la comisaría 5ta. Blanca Noemí Rossini lo reconoció por fotografías durante la declaración testimonial y lo incluyó entre los policías de “mayor importancia” (sic) que actuaba en los fondos de la comisaría 5°. Concretamente, dijo que “no les daba la comida sino que parecía que tenía alguna función de mayor importancia. Además, sobre el delito de sustracción, retención y ocultamiento de una niña menor de diez años, se le atribuye al Oso García la apropiación de Clara Anahí Mariani, de 3 meses de edad al momento del suceso, del poder de sus padres, el día 24 de noviembre de 1976. Prueba de la existencia del hecho y de la responsabilidad penal del Oso García, se citó en la audiencia una carta remitida al tribunal por el represor Hugo Alberto Guallama, en la que señala que en el operativo “estuvieron presentes Etchecolatz, González Conti, Forastiero y Fiorillo” y que “de este último, de haber desaparecido una menor, sería el responsable pues lo vieron cargar un bulto en su coche envuelto en una frazada, participando junto a él su jefe de Brigada un oficial que le decíamos “El Oso” y era su apellido García”. En esa declaración Guallama agregó que en la jefatura se oyeron comentarios sobre que Fiorillo “se había llevado una criatura envuelta en una frazada”. También indicó que García era el segundo jefe de Fiorillo y que “andaba por la calle como especialista para combatir la subversión”. Además el testigo Oscar Antonio Ruiz reconoció a García como la persona que se llevó a Clara Anahí de la casa de calle 30. Dijo que “en medio del estruendo que se produjo en el barrio por el bombardeo a la casa de Mariani” él se encontraba en el domicilio de la calle 51 N° 1770 mirando a través de la ventana de un dormitorio que da a la calle. Refirió haber visto que se estacionó un carro de asalto azul y que “en determinado momento aparece un policía morocho, excedido de peso, cree que bastante alto, cerca de un metro ochenta, quizá de unos cuarenta o cuarenta y cinco años, con un arma tipo escopeta en una mano y en la otra mano llevaba un bebito envuelto en algo blanco, que podía ser una manta o una sábana. Esta persona estaba muy nerviosa, parecía un tigre enjaulado, y le entrega el bebé a alguien que estaba en el carro de asalto y allí se pone a mirar a todos lados como si le fuera a pasar algo y en ese momento ve al dicente que tenía la ventana abierta. Allí lo apunta con el arma, lo insulta y le dice que se meta adentro de la casa. Además, Ruíz indicó que la persona que le apuntó “tenía una voz muy estridente, como un barítono y que era panzón, morocho y estaba muy nervioso. Expresa que no puede asegurar que el bebé estuviera vivo, pero por el cuidado y la forma en que se entregó y como lo tenían, su impresión era que estaba vivo. Manifiesta que por la forma del bebé, era muy chiquito, pero al estar envuelto, no podía verlo bien”. Ruiz reconoció en una fotografía a la persona que llevaba en brazos al bebé y que le apuntó: “que la persona fotografiada en la placa con el número 2, es la que más se parece a la persona que vio y describió en su declaración, recordando el ceño fruncido y también nuevamente los insultos que le propinaba, así como también que la edad de la persona en la foto podría ser un poco más joven que al momento del hecho y de cuando la vio”. Según consta en el acta, la fotografía con el número 2 corresponde a Carlos García, con matrícula individual 4362734. Además, la propia abuela de Clara Anahí, Maria Isabel Chorobik contó en una declaración en el Juicio por la Verdad que en aquellos años del Terrorismo de Estado, el comisario Sertorio le aconsejó que buscara a Clara Anahí en “la Regional”, con lo cual cobra sentido con todo lo averiguado durante la instrucción de esta causa hoy en juicio, en cuanto a que las personas que se llevaron a la beba son Fiorillo (días después designado subjefe de la Unidad Regional) y su lugarteniente, Carlos García (quien poco tiempo después pasó a revistar en la Unidad Regional).
Sobre los delitos de homicidios calificados, se le atribuyen al Oso García los casos de la casa de calle 30: Diana Teruggi, Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris.
5. Domingo Almeida. Formó parte del personal policial de la Comisaría 5ta entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1983. Primero como Cabo, y desde 1980 como sargento.
Se lo acusa de sólo 92 casos de secuestros y torturas: Abachian, Juan Carlos; Abdala, José; Adamow, Fernando Eustaquio; Alconada, Domingo Roque; Almarza, Guillermo; Álvarez, Segundo Ramón; Araquistain, Guillermo; Arrázola, Juan Carlos; Arteta de Cassataro, Elba Zulema; Bachini, Héctor Federico; Baratti, Héctor Carlos; Bobadilla, Juan Carlos; Bonetto, José Roberto; Bonafini, Jorge Eduardo; Bonín, Roberto; Bustamante, Cristina; Calvo, Adriana Leila; Campano, Pedro Simón; Canziani, Alberto José; Cassino, Alberto; Castro Sotelo, Miguel Ángel; Ciancio, Luis Alberto; Colalargo, Mabel; Cordero, Fernando Raúl; De Francesco, Carlos Alberto; De la Cuadra, Elena; De la Cuadra, Roberto José; Di Salvo, Pedro Alfredo; Dillón de Ciancio, Patricia; Dimovich de Leguizamón, Nélida; Falabella de Abdala, Susana; Falivene, Roberto; Fanjul Mahía, José Fernando; Favero, Claudia Inés; Favero, Luis Eugenio; Féliz, Mario; Fernández de Mercader, Silvia Anahí; Fernández, Lidia Delia; Fernández, Hugo; Fossatti, Rubén Leonardo; Fracarolli, Humberto Luis; García de Cassino, Clarisa; Garín de De Angelis, María Adelia; Gil Montenegro, Juan; González de Mora, Silvia Amanda; Gooley, Gabriela; Hauché, Susana; Huchansky de Simón, Patricia; Iademarco, Miguel; Iglesias, Juan Miguel; Laborde, Miguel Ángel; López, Jorge Julio; Lovazzano, Osvaldo; Mainer, María Magdalena; Marcioni, Graciela Liliana; Marini, Hugo Pablo; Mayor, Julio; Menescardi de Odorisio, Inés; Mercader, Mario Miguel; Mobili de Bonetto, Ana María; Moncalvillo, Domingo Héctor; Montesinos, Leonardo Amador; Muñoz Barreiro, Silvia; Mora, Juan Carlos; Odorisio, Roberto Miguel; Ortega de Fossatti, Inés Beatriz; Oslé, Norberto Oscar; Peralta, Juan Carlos; Pérez Monsalvez, Gustavo; Reboredo, Alfredo M.; Ricoy, Eduardo Gustavo; Rolando, Jorge Alberto; Sagués de Perdighé, Graciela; Santucho, Mónica; Sanz, María Hebelia; Sartori, Héctor José; Simón, Carlos Francisco; Troncoso de Bobadilla, María Adela; Tucci, María del Carmen; Velasco Blake, Luis; Villarroel, Cristina; Williams, Carlos Guillermo; Wlichky de Martínez, Diana B.; Maffeo, Analía; Rossini, Blanca Noemí; Aleksoski, José David; Cano, Efraín Guillermo; Cicero de Sobral, Elsa Liliana; Sobral, Guillermo; Otero, Mario Higinio; Martínez, Georgina y Manchiola de Otaño, Mirta Graciela.
Prueba de su responsabilidad penal se citó en la audiencia que en la instrucción de la causa quedó acreditado que Almeida tenía acceso a los calabozos y realizaba diferentes tareas en la comisaría 5ta, lo que lo convierte en responsable de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas de las que resultaron víctimas las personas que estuvieron allí secuestradas. La víctima Blanca Noemí Rossini identificó a Almeida, en dos fotografías, como uno de los cuatro policías que una noche ingresó al calabozo que ella ocupaba junto a otras secuestradas. Los policías eligieron a una víctima, odontóloga, de la siguiente manera: “Se decían entre ellos si una u otra de las detenidas les gustaban, contestándose que sí o que no”, aseguró Rossini. Y prosiguió: “la chica se tuvo que ir con ellos, volviendo a la madrugada aproximadamente, en un estado lamentable, no golpeada sino anímicamente muy mal, con signos de haber llorado mucho, aunque no dijo nada”. Rossini precisó que Almeida estaba vestido de policía y los que lo acompañaban estaban vestidos de civil. La defensa que ensayó Almedia se corresponde con la que realizaron buena parte de los policías que declararon en Juicio por la Verdad entre 1999 y 2002. La “tesis del área restringida”: que los calabozos los coordinaba exclusivamente la Brigada de Investigaciones y no los efectivos de la 5ta. Pero vrias declaraciones de los policías y de compañeros sobrevivientes dan cuenta del pleno conocimiento que tenían los numerarios de la comisaría 5ta sobre lo que ocurría con los prisioneros y de su aporte al sostenimiento de ese centro clandestino. Por ejemplo, el policía Omar Raúl Piacentini señaló “la mayoría de las mujeres extremistas, como se las llamaba en ese momento, estaban la mayoría embarazadas y hubo nacimientos y todo dentro de la Comisaría, hubo muertos también...”. Y explicó el caso concreto del cuerpo de una mujer, que fue sacado en un auto por los propios policías de la comisaría, quienes ingresaron a la celda y lo retiraron. Piacentini aclaró que “teníamos prohibido llamarnos por nombre y jerarquía, teníamos todos distintos apellidos y se manejaba mucho con el Ejército”. Y añadió que los prisioneros eran torturados. También refirió Piacentini que la seguridad de los calabozos era una tarea propia del personal de la Comisaría. Estas declaraciones coinciden con las de las víctimas respecto de la participación activa de los policías del plantel de la comisaría 5ta. Por ejemplo la de Adriana Calvo que dijo que: “nosotros estábamos a cuidado de los policías de la Quinta, esto no me cabe la menor duda, como les dije por el agujerito de la chapa, nosotros veíamos el patio y veíamos el patio y los veíamos de uniforme...y les veíamos la cara además, aunque ellos no lo sabían y estaban de uniforme...entonces se reclamaban unos a otros que ahora te toca a vos y en realidad preferían estar atrás, atrás era con nosotros...o sea que esto que yo he escuchado de algunos personajes que han citado y de ellos no han tenido nada que ver, y que no tenían acceso a los calabozos, es absoluta mentira...en realidad estaban mucho más ellos que la patota que venía sólo una vez por semana, pero los policías eran los encargados de traernos la comida cuando la traían, de hacer requisas, de golpearnos cuando estaban de mal humor, es cierto que no tenían la autoridad que tenía la patota sobre nosotros, los encargados de nuestra custodia eran los policías y eran exactamente los mismos que trabajaban en la Comisaría...”. Además, las propias inspecciones oculares realizadas por la Cámara Federal del circuito en el marco del Juicio por la Verdad y por el TOF N°1 de La Plata desbarataron la hipótesis de que los calabozos funcionaban separados de la Comisaría. De una simple inspección del plano de la comisaría se concluye que ninguno de los policías podía estar ajeno a lo que ocurría en el centro clandestino de detención, por la cercanía y porque, además, en las supuestas dependencias oficiales se torturaba y se producían nacimientos como el de Leonardo Fossatti, sobre la mesa de la cocina. También a Almeida se lo acusa de sustracción, retención y ocultamiento de cuatro niños menores de diez años, en este caso de los niños José Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche, Ana Libertad Baratti y Leonardo Fossatti, y a partir de dicha conducta participó también en la alteración del estado civil de los dos primeros y en el hacer incierto el estado civil de los últimos dos, quienes en virtud de haber sido ocultados a sus padres, no pudieron ser inscriptos de acuerdo a sus respectivas identidades.
6. Horacio Elizardo Luján. Jefe de la Unidad Regional de La Plata entre el 13 de mayo y el 30 de diciembre de 1976, fecha en la cual fue nombrado Director de Seguridad “Zona Interior”. El 29 de abril de 1977 solicitó su pase a retiro voluntario, que fue aceptado el 31 de mayo de 1977.
Fue acusado en la audiencia de sólo 20 casos de secuestros y torturas: Roque Alconada, José David Aleksoski, Guillermo Araquistain, Héctor Federico Bachini, Efraín Guillermo Cano, Miguel Ángel Castro Sotelo, Elsa Liliana Cicero de Sobral, Mabel Colalargo, Carlos De Francesco, Silvia Amanda González de Mora, Jorge Julio López, María Magdalena Mainer, Mirta Graciela Manchiola de Otaño, Julio Mayor, Domingo Héctor Moncalvillo, Juan Carlos Mora, María Hebelia Sanz, Mónica Santucho, Guillermo Sobral y María del Carmen Tucci. Como prueba se recordó que Luján estuvo a cargo del organismo que controlaba a las comisarías de esta jurisdicción platense en el segundo semestre de 1976. El registro de los detenidos se realizaba en las comisarías, subcomisarías o destacamentos y era elevado a la unidad regional de la zona. Por eso, se dijo, no puede sostenerse que el titular del órgano de control de las comisarías desconociera que en la seccional 5ta. funcionaba un conspicuo centro clandestino de detención y que no ingresaban detenidos comunes pues, tal como se comprobó de manera fehaciente en el “Juicio por la Verdad” que lleva adelante la Cámara Federal de circuito, efectivos de distintos rangos estaban al tanto de su existencia. El poder de decisión de Luján quedó evidente al momento de presentar su descargo en la declaración indagatoria. Narró que “aproximadamente en octubre o noviembre (de 1976) se hizo presente una persona” en su despacho “que era la esposa de Waldemar Faraggi, diciéndole que tenía conocimiento que en la jurisdicción de la unidad regional de La Plata estaba detenido su esposo en calidad de ilegal”. Dijo que “desconocía la situación y se comprometió a averiguar y darle alguna información”. Concurrió ante el director de Seguridad de ese momento, que era Gené (hoy fallecido) y preguntó sobre el tema. Gené le respondió que el detenido era “un capitalista de juego detenido a disposición del jefe de policía”. Ante esta situación le pidió a Gené que hable con Camps y le pregunte qué resolución iba a tomar, pues si en veinticuatro horas no tenía resultados, iba a liberar al detenido con riesgo de su cargo. Al no tener respuesta y habiendo averiguado que el detenido estaba en la Comisaría 2°, Luján dispuso su libertad, y según supo después volvió a su domicilio en San Nicolás. Dijo que nunca dio órdenes de detención, ni secuestro, ni torturas, lo que desconocía totalmente”. Sin embargo, Luján también aseguró que en septiembre u octubre de 1976 fue entrevistado por el coronel Enrique Rospide, integrante del equipo de asesores militares de Ramón Camps, quien “le señaló que por disposición de Camps se iban a decretar algunas áreas restringidas en comisarías, entre ellas la comisaría 5ta. A partir de ese momento pasaba a ser un área restringida exclusivamente para militares, sin poder de contralor de Luján, ni del personal subalterno. Nuevamente la remanida “tesis del área restringida” para deslindar su responsabilidad en la del personal militar.
7. Alejandro Agustín Arias Duval. Coronel del Ejército Argentino desde el 31/12/75. Con ese grado se desempeñó en el Batallón de Inteligencia 601 hasta el 15/12/76, fecha en la cual fue designado como jefe del Destacamento de Inteligencia 101 en la ciudad de La Plata, dependiente del Comando en Jefe del Ejército, Jefatura II Inteligencia. En su legajo consta que uno de los superiores jerárquicos que califican a Arias Duval en el período 75/76 fue el General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, titular de la Zona I del Comando del Ejército del cual dependía la Comisaría 5ta de La Plata. Recién en 1979 Arias Duval pasó a desempeñarse, en comisión, en la Policía Federal, en Buenos Aires. Pese a su alto mando en la estructura represiva, se lo acusa de sólo10 casos de secuestros y torturas: Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Héctor Hugo Malnatti Salazar, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Héctor Ramírez y Eduardo Esteban Mingo. Como prueba de la existencia de los hechos y de su responsabilidad penal se destacó en la audiencia la relación de Arias Duval, en su carácter de jefe del Destacamento 101 de Inteligencia, con el CCD que funcionó en la Comisaría quinta de La Plata –y, en general, con todo el circuito represivo denominado “circuito Camps”- se explica a partir de la vinculación que durante la etapa del terrorismo de Estado tuvo la Policía de la Provincia de Buenos Aires con las Fuerzas Armadas y, en particular, con el Ejército y sus áreas dedicadas a la realización de las denominadas tareas de inteligencia, que se llevaban a cabo en el ámbito de aquello que se denominó comunidad informativa, en la que participaba no sólo el Ejército, sino las otras dos fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad bajo su comando operacional (constituidas por seguimientos o bien por secuestros y torturas a través de las cuales se extraía información a las víctimas).
Se recordó aquí que la ciudad de La Plata, sede de la Comisaría 5ta, se hallaba incluida en la órbita del comando de la Zona I, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, subzona 11, que tenía como comando a la X Brigada de Infantería y como órgano de inteligencia al Destacamento 101 de La Plata, cuyo máximo responsable, a partir de fines de 1976, fue Alejandro Agustín Arias Duval. A su vez se mencionó en la audiencia que está probada la relación existente entre el Destacamento de Inteligencia 101 con el área operacional 113, que tuvo actuación operativa directa en los centros clandestinos de esta ciudad, incluso los que funcionaron en el interior de dependencias de la Policía, como lo revela, por ejemplo, el libro de guardia de la Comisaría 8va. de esa época, secuestrado por la Cámara Federal de esta ciudad en el marco del Juicio por la Verdad, cuyo contenido fue ventilado además durante el juicio oral y público en la causa Etchecolatz, en los casos de Nora Formiga, Elena Arce Sahores y Margarita Delgado. Es evidente que si la jefatura del área 113 se encontraba en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, las operaciones de inteligencia tendría que proveerlas el área especializada más cercana orgánica y fácticamente, o sea, el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata que, por lo demás, se hallaba en pleno centro de la ciudad (calle 55 Nro 617/619, e/7 y 8), a pocas cuadras de la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 e/13 y 14), de la Comisaría 5ta (diagonal 74 e/23 y 24) y del propio Regimiento 7 (19 e/50 y 54). Por otra parte, se señaló que el derrotero de Arias Duval en el área de inteligencia no comienza con la Jefatura del Destacamento 101, sino que antes de ello prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, órgano principal de inteligencia del arma Ejército. Esta dependencia funcionó –como todas las áreas de inteligencia de cada comando de zona- como centro de recepción y remisión de información, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército.
De hecho, el Batallón 601 tenía por debajo de su estructura la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” que eran periféricos a este y la información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón. Desde allí se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas detenidas a interrogatorios para extraer la mayor cantidad de información. Recordemos con hechos recientes, que en la sentencia dictada en la denominada causa de la Contraofensiva (TOF Nro 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caratulada “Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal”, de 18 de diciembre de 2007) se destaca que: “Paralelamente, había un denominador común para cada una de las zonas y dependencias con jurisdicción, constituida por los centros de inteligencia. Las distintas dependencias tenían como centro de recepción y remisión de información, el llamado Batallón de Inteligencia 601, lugar en donde la mayoría de los aquí acusados han prestado funciones, ocupando cargos jerárquicos al momento de los hechos”. Y se agrega que “Esa dependencia era un lugar estratégico para las tareas y objetivos propuestos en la estructura militar. Es decir, la materialización de los fines y objetivos propuestos radicaba en la realización de actividades de inteligencia destinada a sindicar a todas aquellas personas que se encontraban vinculadas con actividades enmarcadas como contrarias a esos objetivos; dichas actividades eran las calificadas como “subversivas”. Y más adelante se lee en esa sentencia que: “El Batallón de Inteligencia 601, ha constituido un engranaje de relevancia en la estructura militar configurada en el período comprendido entre los años 1976 y 1983, que ha servido para implementar en ese período acciones ilegales sistemáticas que constituyeron, como ya se ha analizado, delitos de extrema gravedad, lo que ha contribuido a que se actúe de una forma en donde la impunidad era el eje preponderante en cuanto a la política de estado implementada en esos años. Así, se ha demostrado cómo esa repartición ha sido un núcleo central en cuanto a las operaciones de inteligencia llevadas a cabo durante el período señalado a lo largo y a lo ancho del país, ya que signó las actividades tanto de la central de operaciones, como los grupos de tareas, dependientes de aquel, a partir de la recolección de la información de inteligencia, para que luego se produjeran los procedimientos aberrantes que culminaron con el secuestro de las víctimas”. Está claro a esta altura que en nuestra región la “Comunidad Informativa” tuvo uno de sus mayores exponentes, además del Destacamento 101 del Ejército, en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Este organismo tenía un rol protagónico en el esquema represivo del “Circuito Camps” y constituía, sin dudas, uno de los muchos puntos de enlace entre las Fuerzas Armadas y la policía. El caso del ataque a la casa de la familia Mariani-Teruggi revela a las claras este eslabonamiento entre el aparato represivo del Ejército y de la Policía y, más precisamente, entre sus áreas de inteligencia. Antes del ataque a la casa, el Batallón 601 ya contaba con información previa sobre la víctima, tal como se desprende de la nota remitida a la DIPBA, en la que se lee: “SE HA TOMADO CONOCIMIENTO DANIEL MARIANI DNI Nº 4980087, DOMICILIADO EN CALLE 10 Nº 787, PISO 13 DPTO “B” LA PLATA PCIA. BS.AS, EL CAUSANTE FUE BECADO EN EL AÑO 1972 A CHILE SE DESEMPEÑA EN EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES SE CREE ESTAR CONECTADO CON ACCIONAR SUBVERSIVO QUE DESARROLLARÍA ACTIVIDADES EN EL MENCIONADO CONSEJO”. Recordemos que Daniel Mariani finalmente fue asesinado en agosto de 1977. Asimismo se recordó en las audiencias que existen informes de inteligencia labrados a partir del 29 de noviembre de 1976, cinco días después del ataque, sobre la ginecóloga Esperanza Gurevich y el odontólogo Tomás Fusini, quienes atendían a Diana Teruggi. Resulta sugestivo que las fuerzas represivas se informaran sobre cuál había sido el estado de salud de la madre de la niña secuestrada y aún desaparecida y que, entre otras cosas, consignaran lo siguiente: “La Dra. Gurevich asistió a Diana Teruggi de Mariani durante todo el período que durara la gestación de aquella, hasta culminar con el alumbramiento (...) y prosiguiendo con un tratamiento luego del parto” (fs. 1436). No quedan dudas para esta fiscalía que el Estado terrorista se valió de la inteligencia militar y policial para facilitar la concreción –por parte de autores aún ignorados- de la apropiación de la hija del matrimonio Mariani-Teruggi. Pero además se ha acreditado que el Destacamento 101, comandado por Arias Duval, también tuvo una intrínseca relación con el sistema de centros clandestinos de detención que operaba en la zona, concretamente los de la Brigada, el Destacamento de Arana y la comisaría 5ta de La Plata. Mientras el primero era un centro de distribución y el segundo de tortura, la seccional fue un centro de depósito, tal como ha quedado esclarecido en la causa Camps, en el Juicio por la Verdad y en las investigaciones de esta causa que está en juicio. De hecho, si se examina la lista de víctimas de esta causa, puede observarse el traslado de los prisioneros de Arana a la comisaría 5ta. y viceversa. Son esclarecedores de ello los casos de Araquistain, Rolando, Bachini, Bonetto, Calvo, Fanjul Mahía, Luis Eugenio y Claudia Inés Favero, Fernández de Mercader, González de Mora, Mayor, Sanz, Gooley, Huchansky de Simon, Iademarco, Oslé, Laborde, Marcioni, Marini, Menescardi de Odorisio, Mobili de Bonetto, Mora, Odorisio, Peralta, Reboredo, Sagués de Perdighé, Santucho, Simon, Velasco, Villarroel, entre otros.
Desde esta perspectiva organizacional, entonces, la responsabilidad penal de Alejandro Agustín Arias Duval, surge evidente. El imputado, en su calidad de titular del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército con asiento en la Ciudad de La Plata, ha proporcionado a la estructura represiva clandestina medios necesarios para cumplir con sus propósitos, realizando de esa manera una cooperación necesaria sin la cual el aparato organizado de poder no habría podido adquirir el funcionamiento que tuvo.
8. Luis Vicente Patrault. Prestó servicios en la comisaría 5ta. de La Plata desde su ingreso como agente, en el año 1957. Durante el período aquí investigado, se desempeñó en la misma dependencia, como Sargento entre el 1° de enero de 1976 y el 1° de enero de 1978, fecha ésta última en la que fue designado Sargento 1°, cargo que ocupó hasta el 1° de enero de 1982. Tenía acceso a los calabozos y realizaba diferentes tareas en la comisaría 5ta, lo que lo convierte en responsable de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas de las que resultaron víctimas las personas que estuvieron allí secuestradas.
Acusado por tan sólo 15 Casos de secuestros y torturas: Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Liliana Triana, Graciela Miriam Lezana Piñeyro, Héctor Hugo Malnatti Salazar, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Héctor Ramírez y Eduardo Esteban Mingo.
La acusación se basa en los testimonios prestados por las víctimas Jorge Julio López, Carlos Alberto De Francesco, Miguel Angel Laborde, Hugo Pablo Marini y Blanca Noemí Rossini, en cuanto al contacto que el imputado tuvo con los detenidos en la Comisaría Quinta de La Plata, en función de su cargo y las funciones que desarrollaba. Por ejemplo, Jorge Julio López expresó que: “Otras personas que también torturaban en la Comisaria Quinta eran el Tío o Patrú, Gorosito que miraba los calabozos, Bravo, un tal Orellano”. Al serle exhibido varios legajos de Policía, reconoció una de las placas fotográficas en el legajo de Luis Vicente Patrault, manifestando que lo reconocía, y que a dicha persona le decían “el Tío” o Patrú. Además, Carlos Alberto De Francesco, en oportunidad de referirse a uno de los oficiales “más benévolos” de la comisaría Quinta, a quien le decían el Tío, sostuvo que “este hombre facilitó el contacto entre cónyuges. Cuando venían las esposas a higienizarse a ese baño que quedaba puerta por medio con la celda, él permitía que se comunicaran con sus esposas y, en alguna ocasión se vio forzado a actuar con severidad porque había algún oficial delante y nos dio algún golpe, pero simulaba pegarnos más de lo que nos pegaba.” En idénticos términos, Miguel Ángel Laborde declaró que “el tío, parecía alguien más bonachón, nos permitía charlar con nuestras mujeres, cuando nuestras mujeres venían a bañarse”. También sostuvo, refiriéndose a la comida, que “en algunas ocasiones esa comida era repartida en platos de latas con cucharas, por algunos de los Policías, particularmente uno que le decían “El Tío”. Agregó, además, que los que solían traer la olla de comida eran quienes les abrían la puerta que separaba el baño de la celda, señalando nuevamente al “Tío” como el responsable de esta tarea. Por su parte, Hugo Pablo Marini, en su declaración testimonial recordó como personal que prestaba servicios en la Comisaría Quinta a una persona que llamaban “el tío”, a la vez que afirmó haber visto la cara al “tío”. Manifestó que la mencionada persona, a veces, quería que lo vieran para que lo recordaran como un tipo bueno, a la vez que lo describió de una apariencia robusta, rechonchona, de un metro setenta y cinco aproximadamente, y cree que tenía bigote, con pelo castaño claro. A Marini le fueron exhibidas las fotografías del personal de la Comisaría 5ta de La Plata, agregadas a la presente causa como prueba documental, a partir de la solicitud del propio testigo y en el marco de su declaración testifical, manifestando reconocer a la persona fotografiada en una de las placas, como uno de los policías que estaban en la Comisaría 5ta, que tenía trato con los presos, les abría la puerta para ir al baño o cuando venía la comida traía las ollas, tratándose –según se deja constancia allí- de Luis Vicente Patrault.
Además, se destacó en la audiencia que varios de los mentados testimonios ubican a Patrault viviendo en Arana. Es así que, Piacentini, Villalba y Ojeda señalaron en sus respectivos testimonios que “el tío” vivía en Arana. Otros, sin recordarlo como “el Tío”, sí sostuvieron que en la comisaría Quinta se desempeñaba un policía de apellido Patrault que “vivía en Arana”. Ello, conforme surge del testimonio de Edgardo Ruben Budo, Julio Cesar Pascuale, Héctor Romero, Juan Ramón Rodas y Oscar Abel Córdoba, todos ellos en declaraciones del Juicio por la Verdad. De todo ello, se resumió en las audiencias que Patrault tenía un acabado conocimiento de la situación en la que se encontraban los detenidos, como asimismo, de las condiciones de detención en las que estaban.
Los testimonios citados por la acusación fiscal, sumados a los reconocimientos fotográficos y a las constancias del legajo personal del “Tío” Patrault, dan acabada cuenta del desempeño de Patrault en la Comisaría Quinta durante la época investigada en este juicio, esto es, el cumplimiento de vigilancia y tareas afines respecto de los detenidos ilegalmente en los fondos del local de la 5ta.
LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN CON LA LECTURA DE ACUSACIONES HECHAS POR EL MINISTERIO PUBLICO SOBRE LOS REPRESORES DE LOS CCD BRIGADA DE INVESTIGACIONES Y ARANA.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)