Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 28 de marzo de 2017

CRUZADA HUMANITARIA

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia asesora masivamente a los genocidas de la última dictadura para conseguir la domiciliaria. Uno de sus integrantes es el padre del asesor en derecho internacional del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

Por HIJOS La Plata


Desde hace un tiempo de HIJOS La Plata venimos advirtiendo, por nuestra experiencia en las causas en esta jurisdicción federal que, en un contexto donde más del 40 % de los represores procesados con preventiva y condenados gozan del beneficio de la domiciliaria, el año pasado comenzó a darse un festival de recursos de parte de los abogados de los represores, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones.
Esa situación ha ido avanzando hasta el punto de que una organización colegiada de abogados de derecha ofrece un formulario para solicitar la detención domiciliaria de procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia (AAJC) fue creada por el Episcopado Católico como grupo de presión en reclamo de una amnistía, con base en la vieja Corporación de Abogados Católicos y la Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA) de Puerto Madero. Son los sectores que desde la reapertura de los juicios a los genocidas han desarrollado la campaña de lo que denominan “Memoria Completa”, es decir la equiparación de los crímenes del terror de Estado a las acciones cometidas por los grupos armados en los '70, y hoy despliegan sus esfuerzos en el negacionismo histórico del genocidio pretendiendo discutir la cifra real de desaparecidos y traficando el lenguaje castrense desde la Casa Rosada.
La cruzada humanitaria de domiciliarias asistidas de la AAJC, con fecha inicial de posteo del 9 de octubre de 2014, deja “a su disposición un modelo de escrito de Petición de Detención Domiciliaria, el cual puede descargar en formato .doc o en formato. Pdf.” puede verse en:
http://www.justiciayconcordia. org/sitio/2014/10/09/modelo-de -escrito-de-peticion-de-detenc ion-domiciliaria/
El recurso desarrolla en unas 21 fojas varios argumentos que hemos escuchado en los juicios en boca de los defensores de los genocidas, o bien leímos en las presentaciones que sus letrados hacen buscando el beneficio de irse a casa. Por caso, intenta hacer prevalecer que el sólo hecho de tener más de 70 años es “una causal objetiva para concederle la detención domiciliaria, sin que se exija ningún otro requisito adicional”. Y agrega que “Ese límite etario, el legislador no lo fijó en forma arbitraria sino que tuvo en mira las pautas constitucionales, convencionales y las reglas internacionales referidas a la ancianidad y vulnerabilidad que ella conlleva”.
Además el escrito cita varios votos de jueces de Casación que en distintas causas han otorgado el beneficio, y hasta acude en su apoyo el fallo “Verbitsky, Horacio s/ Habeas Corpus”, con el que el Centro de Estudios Legales y Sociales logró una condena al Estado bonaerense por las condiciones inhumanas de detención que presentan sus cárceles.
Termina reconociendo que “Así, la detención domiciliaria cumple con el mandato constitucional de asegurar la igualdad real de oportunidades y de trato de los ancianos detenidos respecto de los demás presos que están en mejores condiciones de soportar los rigores inevitables del encierro carcelario, ampliamente reconocidos por la doctrina y jurisprudencia actual”.
Los “rigores inevitables del encierro carcelario” no se refieren aquí a la tortura y golpizas (“pata-pata”, “puente chino” o “chanchito”), al aislamiento como castigo, a la falta de asistencia de salud y al déficit alimentario que sufren los internos del Servicio Penitenciario Federal que han cometido delitos comunes, y que detalla anualmente el Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos la Comisión por la Memoria y la Procuración Penitenciaria. Los señalados “rigores” son más bien un genérico dado por hecho para tratar de hacer prevalecer que, pese a no sufrir aquellos tratos habituales en el SPF, los genocidas deberían gozar de una prisión morigerada.


Algunos represores han disfrutado de poder pagar un buen patrocinante privado, otros (diría el presidente Macri) “han caído” en la defensa pública, que de todas maneras se esmera en la práctica del debido proceso. En este caso es interesante señalar que uno de los integrantes más activos de la AAJC es el ex juez de la dictadura Siro Miguel De Martini, Consejero Superior de la PUCA, secretario del juez Eduardo Marquardt en 1977 y desde 1980 fiscal y juez federal.
De Martini es el nexo entre la acción genocida y su posterior negacionismo: Su padre Siro Victor fue un marino golpista en 1951 y comando civil el 1955; y su hijo Siro Luis De Martini es abogado y profesor de DDHH en la PUCA, desde donde desarrolló programas de estrategia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue secretario de un área en la gestión del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, como fiscal general de la CABA, y, sin casualidades, es hoy asesor jurídico del ministro sobre derecho internacional. De Martini nieto estuvo presente en las audiencias en la CIDH de la semana pasada, junto al secretario de DDHH Claudio Avruj, donde a pedido de la Iglesia Católica gestionaron especialmente la “la situación de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad”.
Si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas de hace cuatro décadas, lo que generaba chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano, mientras los derechos de los reos de lesa humanidad son defendidos en cruzada humanitaria.

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