Fue absuelta toda la cadena de mandos intermedios del principal centro de detención clandestino riojano.

La Cámara Federal de Córdoba revisará una causa de La Rioja que involucra a Menéndez
Fue absuelta toda la cadena de mandos intermedios del principal centro de detención clandestino riojano. Organizaciones acordaron iniciar el juicio político al juez Herrera Piedrabuena.


En los próximos días se espera que llegue a la Cámara Federal de Córdoba un recurso de apelación por la resolución del juez Daniel Herrera Piedrabuena en la causa “Menéndez” de la provincia de La Rioja. En plena feria judicial, el magistrado cerró los procesamientos de 17 de los 66 imputados por secuestros y tormentos en el principal centro de detención clandestino riojano, el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).

Con habilitación de la feria –insólita para este tipo de decisiones–, el 17 de enero el juez sobreseyó o dictó falta de mérito para la cadena intermedia de mandos y dejó las responsabilidades libradas sólo a Luciano Benjamín Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y a quienes cometieron directamente los secuestros o las torturas, un grupo de gendarmes o guardiacárceles.

De esta forma, el magistrado argumentó que los tormentos son delito “de propia mano” (aquellos consumados únicamente por quienes realizan personalmente la acción) y no debe involucrarse a quienes consintieron o estaban por encima en la cadena de mandos.

Por otra parte, respecto de las detenciones y allanamientos, Herrera Piedrabuena convalidó los secuestros y lejos de considerarlos privación ilegítima de la libertad o violación de domicilio entendió que no deben considerarse delito. En estos dos puntos el juez riojano va en contra de toda la jurisprudencia en la materia y ha recibido fuertes críticas que no se limitan al ámbito de su provincia.

Otra de las cuestiones más resistidos de la resolución fue el sobreseimiento del antecesor de Herrera Piedrabuena, el juez federal Roberto Catalán, quien cumplía prisión domiciliaria y ahora está libre. Él estaba a cargo de las personas privadas de su libertad y se dice que conocía las condiciones de detención y tomaba declaración a los detenidos con los ojos vendados.

Pero Herrera Piedrabuena negó que esos detenidos hayan estado ilegítimamente privados de su libertad. Entendió, en cambio, que estaban sometidos a proceso por la ley 20.840 que reprimió los “delitos subversivos” o que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) entonces a cargo de la Junta Militar.

Por este y otros motivos, el fiscal federal de La Rioja Darío Illanes el 28 de enero apeló la resolución. Fuentes allegadas a este funcionario judicial mostraron su indignación porque aún no fue notificado de la concesión del recurso.

En la vecina provincia no se demoraron las reacciones en torno a esta resolución judicial. Además de considerar que nunca en la historia de la Justicia federal se habilitó la feria judicial para dictar una resolución de este tipo, lanzaron fuertes críticas por los argumentos esgrimidos por el magistrado.

El juez federal riojano también fue denunciado por la Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

Además del pedido de apelación del fiscal Illanes, familiares de detenidos, organizaciones sociales y partidos políticos acordaron pedir el juicio político a Herrera Piedrabuena.

El requerimiento será formalizado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura nacional, hoy con mayoría oficialista.

Para apoyar esa intención, en La Rioja se están juntando firmas y, según el sitio www.DataRioja.com en dos días ya se reunieron 400 adhesiones. El semanario digital citó declaraciones de las víctimas de la dictadura: “Herrera Piedrabuena debe explicarle al pueblo de La Rioja el por qué de su apresuramiento para dar sobreseimiento y falta de mérito a quienes hicieron tanto daño al país y el por qué de su lentitud para citar a los aproximadamente 50 testigos restantes”.

Fuente: La Voz del Interior, viernes 18

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a cuatro años del asesinato de Sandra Ayala Gamboa.

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Petitorio contra la policía en las escuelas.

Llevalo a tu escuela y hacelo firmar y mandanos las firmas que consigas, queremos juntar miles de firmas y repartir el petitorio y las adheiones el día de inicio de clases a los padres y estudiantes para repudiar la política de Scioli

Los abajo firmantes rechazamos la medida adoptada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal de enviar policías a las escuelas para “brindar información y eventualmente dar charlas didácticas sobre prevención del delito”. Asimismo repudiamos este nuevo avance represivo, y el intento de lavarle la cara a esta institución responsable de 1.500 casos de gatillo fácil, de los últimos fusilamientos de Franco y Mauricio, los jóvenes de José León Suarez y el de Lucas Rotella de Baradero; la misma que tiene una historia genocida, que maneja la trata de niñas y jóvenes, el narcotráfico, vinculada secuestros y delitos. Denunciamos además el intento de militarizar las escuelas como parte de la campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli insiste con bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. Quienes suscribimos la presente exigimos al gobernador Daniel Scioli y todas las autoridades legislativas y ejecutivas de la Pcia. de Buenos Aires la vuelta atrás de esta medida represiva y es por ello que llamamos al resto de las organizaciones de trabajadores, comisiones internas y cuerpos de delegados, a los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas a sumar su adhesión a esta amplia campaña democrática que impida la presencia policial en las escuelas .

PRIMERAS FIRMAS: Victoria Moyano - nieta restituda por Abuelas de Plaza de Mayo; Alejandrina Barry-hija de desaparecidos-; Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil -integrantes del CEPRODH.

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A 8 MESES DE LOS ASESINATOS DE DIEGO BONEFOI, NICOLÁS CARRASCO Y SERGIO CÁRDENAS

RADIO COMUNITARIA PARA LA COMUNICACION POPULAR
(San carlos de Bariloche, Rio Negro,Argentina)
(02944-436254) (02944-15593613) http://www.fmgentederadio.blogspot.com/

http://fmgentederadio.radioteca.net/

A 8 meses de los hechos del 17 y 18 de junio de 2010 en nuestra ciudad, vemos con preocupaciónque lejos de avanzar en las causas penales por lograr justicia ante esos hechos, nos encontramos con que algunos de los policías responsables directos de los mismos dilatan los plazos en busca de impunidad.
También tenemos que leer, con más sorpresa y estupor aún, que dirigentes de Juntas Vecinales de la ciudad de Viedma, ciudad en la que fue asesinado por la policía Guillermo Trafiñanco, defienden al comisario mayor Argentino Hermosa ante lo que nosotros evaluamos como una terrible actuación en los mencionados hechos.

Los Familiares de las víctimas y la Multisectorial contra la represión de Bariloche, convocamos a dos actividades para el jueves 17 de febrero:

- La primera será frente al edificio del Poder Judicial (O’Connor y Costanera) a las 10 de la mañana. Así como estuvimos los días en que fueron citados a declarar Cufré y cía., estaremos este 17 para recordar que hace 8 meses que esperamos que se haga justicia.
- Por la tarde, a las 17:30, como todos estos meses, nos concentramos en Onelli y Brown para marchar hasta el Centro Cívico.
SEGUIMOS RECLAMANDO
-Justicia para Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas
- Cárcel efectiva a los asesinos.
- Desmantelamiento de la BORA
- Renuncia del ministro de Gobierno Diego Larreguy
- Renuncia del jefe de la policía provincial Cufré
-Juicio político al gobernador Miguel Saiz
- Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de Mariano Ferreyra
- Justicia por Guillermo Trafiñanco.
- Cárcel efectiva a los policías responsables de las muertes de los hermanos originarios de Formosa.

MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN DE BARILOCHE

multisectorial bariloche - 15 de febrero de 2011 22:53

COMUNICADO MULTISECTORIAL RÉPLICA A RESPALDO AL COMISARIO HERMOSA EN VIEDMA

Solicitamos difundir el siguiente comunicado firmado por la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche y Familiares de las víctimas del 17 de junio.



COMUNICADO

Los Familiares de las víctimas de junio del 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche lamentamos profundamente el respaldo político expresado por juntas vecinales de la ciudad de Viedma al comisario mayor Argentino Hermosa, máximo responsable operativo de las ejecuciones policiales de tres jóvenes, de la represión masiva durante días, de las torturas y secuestros, entre otros actos de terror cometidos en junio del año pasado.
Recibimos con preocupación que este respaldo civil a Hermosa se haga público pocos días después de haber postergado su presentación como imputado en la causa por los crímenes de Sergio Cárdenas (27 años) y Nino Carrasco (16), maniobra jurídica que no impide que deba responder ante la justicia por su responsabilidad por los asesinatos de estos jóvenes con balas de la policía a su cargo.
Según leemos en la prensa, entidades intermedias de Viedma aseguraron que “es un buen profesional que está en su casa y queremos que vuelva a trabajar en esta zona". Reclaman su regreso a la actividad de la que está apartado justamente por su responsabilidad en los hechos que nos mantienen movilizados por verdad y justicia en distintos puntos de Río Negro.
En Bariloche conocemos tristemente su labor profesional, especialmente durante el 17 de junio de 2010 y la represión masiva al pueblo de los días siguientes. Como Jefe de la Regional IIIa. Hermosa era el máximo responsable de la Policía de Río Negro en Bariloche cuando el cabo Colombil de la comisaría 28 de El Alto ejecutó por la espalda a Diego Bonefoi (15 años), siendo Hermosa el que personalmente convocó a la BORA al lugar horas después cuando todavía la familia de la víctima no estaba informada de la muerte. Pese a la situación conflictiva y violenta en el barrio El Alto, cerca del mediodía del 17, horas después del crimen de Bonefoi, no dudó en ir a El Bolsón con el ministro Larreguy, el secretario de Seguridad Cufré dejando en manos del segundo jefe de la regional la represión armada contra la población civil. Horas después, balas policiales ejecutaron a plena luz del día a Sergio y Nino, por cuyos crímenes Hermosa debe responder como imputado ante el juez que lleva la causa, situación que evitó la semana pasada por medio de argucias jurídicas.
Con profundo dolor y preocupación, pedimos públicamente al conjunto de la sociedad y organizaciones -de Viedma especialmente- que no confundan seguridad con mano dura, sino se corre el riesgo de caminar hacia la cornisa y transformarse en el aval civil al terrorismo de estado ejecutado por las policías de provincia como se advierte en los últimos años en Argentina.

hijosbche@hotmail.com

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Una obra clásica.

Por Indymedia La Plata - martes 15 de febrero del 2011- 1:34AM
cmilaplata@gmail.com

Un joven que denunció a la policía por torturas, fue víctima del armado de causas. La misma comisaría a la que acusó, se encargó junto a la Dirección Departamental de Investigaciones (D. D. I.) de incriminarlo en un robo en el que dos personas balearon a un comerciante.

Primer acto

6 de octubre, miércoles. Un joven se hizo presente en el despacho del Defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil, Julián Axat, a quien ya conocía de antes, cuando éste fue su defensor en una causa por robo. El chico de 17 años se acercó para narrarle los horrores padecidos la noche anterior: se encontraba en la casa de un amigo reparando su moto, cuando llegó un patrullero de la Comisaría Sexta de Tolosa cuyos agentes lo sacaron de la casa y comenzaron a golpearlo. Luego: “llegan cuatro patrulleros más, y entre más o menos ocho policías me patean y golpean en el suelo, mientras los vecinos observaban”.
A continuación, el adolescente fue intimidado en el patrullero; le dijeron que le iban a meter un balazo y lo iban a tirar al río, al tiempo que por la radio el acompañante sugería: “necesitamos una bolsa”. Una vez llevado en la Comisaría Sexta, fue golpeado con bastones, e incluso con su propio cinto, al tiempo que era atado a una silla y asfixiado con una bolsa. Más tarde, al negarse a firmar una hoja en la cual reconocería haber sido detenido por resistencia a la autoridad, le sumergieron la cabeza en agua podrida numerosas veces, hasta que firmó. Simultáneamente, acorde a la declaración del adolescente –quien declaró haber visto cómo golpeaban a otro chico al llegar a dicha comisaría–, al día siguiente de que los diarios locales dieran a conocer lo acontecido, se presentó en la oficina del defensor un joven que dijo haber sido golpeado sin motivos, tras una detención por “averiguación de antecedentes”.
La denuncia realizada en conjunto con el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, desembocó en el pase a disponibilidad de ocho efectivos de la comisaría, y una fuerte repercusión mediática en la ciudad.

Segundo acto

4 de enero. Un comerciante de Tolosa es asaltado en su negocio por dos jóvenes. Los datos sobre el hecho son escasos. Se presupone que el comerciante de 62 años, Carlos Roldán, habría intentado resistirse con un arma que quedó en manos de uno de los ladrones. Éste le disparó dos veces; el primer impacto dio en la cabeza, y el segundo en el brazo izquierdo. Los ladrones huyeron sin llevarse nada.
Tres días después, el diario El Día anuncia el arresto de uno de los ladrones: “Cayó joven con antecedentes por salvaje asalto en Tolosa”. Ese joven, que según el diario local contaba con “una abultada cantidad de antecedentes”, sólo presentaba una causa por robo, y no era nada menos que aquel chico que denunció a la Sexta por las torturas, y que ahora era implicado en una causa por la misma comisaría. La única pista que había llevado a la D. D. I. y a la Comisaría a detener al joven era un “testigo de identidad reservada”.
Julián Axat señaló que “no hay más que concluir que se trata de una represalia, y sobre todo cuando [la] justicia empieza a investigar este hecho y da cuenta de que este testigo de identidad reservada miente descaradamente, y que fue una persona puesta por la Policía para involucrar este chico que no tenía nada que ver”.
El Defensor Oficial comenta que las comisarías suelen tener de manera ilegal álbumes con fotos de chicos del barrio, y que son usadas para incriminarlos en delitos cuyos autores se desconoce. Sin embargo al no ser las fotos válidas como prueba, se recurre a “plantar pruebas” o a los “testigos de identidad reservada”. Axat ilustra cómo funcionó en este caso ejemplar el armado de causa: “Primero se le muestra una foto a este testigo de identidad reservada –o a varios–, y después se introduce ese chico con un testimonio de reserva de identidad. Ocurre que cuando un defensor, un fiscal para controlar la prueba llaman a la rueda, le preguntamos al testigo que va a reconocer a cuatro personas, por qué vincula esta persona y dice ‘no, porque a mí me mostraron una imagen’, queda constancia en el expediente de que le mostraron una imagen, vamos a la rueda y no lo reconoce”.
El joven fue sobreseído luego de un mes por “falta de mérito”, algo que, según el Defensor, no se habría logrado de no ser por la repercusión que tuvo el caso. Sin embargo, Axat señala la grave falla del Estado, ya que en su momento se había pedido la protección de los dos jóvenes y “el Estado no tomó ningún resguardo a ellos, el Estado mismo lo involucra en una causa”, aun cuando la Cancillería, ante las presiones Internacionales, había pedido informes sobre cómo se protegería los adolescentes torturados.

“Afán desmesurado por defender los Derechos Humanos”

Un rol importante cumplió en esta historia el fiscal Cartasegna, quien quedó a cargo de la causa por torturas, aunque prefirió caratularlas como “severidades”. Mostró su rechazo a que Axat se desempeñe como particular damnificado, y se quejó ante el Defensor General del “afán desmesurado por defender los Derechos Humanos” por parte del Defensor del Fuero Penal Juvenil. El Defensor General le respondió que rechazaba el pedido de apartar a Axat y que a su parecer era “una alegría ese afán que posee” , del cual la Fiscalía se quejaba. También manifestó su preocupación por la ausencia de avances en la investigación, a lo que el sensible fiscal respondió “sentirse dolido”, solicitando ser apartado de la causa. El Defensor General desestimó dicho pedido.
El pase a disponibilidad de miembros de la Bonaerense dispuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad, mantiene a estos funcionarios noventa días alejados del uniforme. En caso de que ni Asuntos Internos ni la justicia los procese durante dicho período, están en condiciones de reintegrarse a sus tareas. Tal es el caso de los ocho efectivos que fueron apartados la fuerza por la denuncia de torturas. En los primeros días de enero concluyeron los tres meses que debían mantenerse apartados. Por su parte, paradójicamente, en ningún momento el fiscal Cartasegna se decidió a procesarlos.

“La Policía manipula la prueba para direccionarla hacia los menores”

En lo que incumbe a las causas armadas, Axat indica que “la Policía está muy presionada por los medios de comunicación y salen a buscar al boleo menores (…). La Policía manipula la prueba para direccionarla hacia los menores”. El defensor enumera varios casos, entre ellos el de un chico a quien le tocó defender y el pasado año llegó a juicio, antes de que se confirmara que no tenía ninguna relación con el delito que se investigaba.
Por otro lado, Axat brinda estadísticas escalofriantes, afirmando que “del 100 % que ingresan acá –y son causas de actores ignorados-–, la mayor parte, el 60%, más de la mitad, los chicos que ponen detenidos son por prueba envenenada”.

Antecedentes

18 de enero. Calle 15 bis, entre 429 y 430, Tolosa. Esquibel, un empleado público, es asesinado en su casa, delante de su hijo de 11 años por tres ladrones. El principal sospechoso tiene 15 años y es rápidamente atrapado por oficiales de la Comisaría Sexta.
A partir de entonces, el debate sobre la baja de la edad de punibilidad cobró vida, y los medios se indignaron ante el hecho de que el joven acusado no fuera encerrado, sino sólo enviado a una comunidad terapéutica. Los diarios juzgaron y condenaron al adolescente, con titulares como “El menor que asesinó a Fabián Esquivel irá a tratamiento antidrogas” o “El acusado, libre por tener 15 años”.
Sin embargo, ningún medio dio repercusión al hecho de que el chico, según las pericias, no tiene problemas con las drogas. Tampoco que, según los testigos, al momento del robo el chico se encontraba en un almacén. Menos aun, al hecho de que más antecedentes que el chico tiene la Comisaría Sexta, y que más antecedentes de los chicos de los barrios, tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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ORGANISMOS NUCLEADOS EN JUSTICIA YA La Plata SOLICITARON SE CITE A DECLARAR AL MINISTRO CASAL.

CAUSA LOPEZ

Luego del fracaso de los operativos de búsqueda llevados a cabo en Parque Pereyra, motivados a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada, organizaciones nucleadas en Justicia Ya La Plata realizaron una presentación ante la Unidad Fiscal de Instrucción.

El escrito, rubricado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,

solicita que se cite nuevamente al testigo de identidad reservada cuya declaración fuera realizada frente a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y origimara el operativo llevado a cabo en el Parque Pereyra Iraola.

Se solicita también, que se cite nuevamente al Dr. Alejandro Sanchez Kalbermatten, atento las declaraciones periodísticas vertidas en los distintos medios de comunicaciónsi y de ser necesario, mediante el auxilio de la fuerza pública.

Finalmente y a fin de elucidar la posible existencia de comisión de delitos de acción pública, los organismos solicitan que se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Ricardo Casal, Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El pedido se funda en que el Dr. Casal manifestó públicamente haber entrevistado al testigo de identidad reservada, el día anterior a la realización de la declaración que luce en el expediente. Dado lo escueto del acta de declaración, y la hasta ahora imposibilidad de acceder a una ampliación de dicho testimonio, resulta imprescindible su inmediata citación.

tel. de contacto:
Guadalupe Godoy 0221-156377100
Nilda Eloy 0221-155865035
Carlos Zaidman 0221-155731407

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Radio Abierta en Juicio al policía de Berisso Enrique Loretto.

Este jueves 17 a las 11:00hs.

En las puertas del Tribunal Penal de la Provincia, Calle 7 entre 56 y 57, ciudad de La Plata.

Juicio Oral a Enrique Loretto, ex jefe de calle de la Comisaría IV de Berisso, quien está acusado de lesiones y apremios ilegales contra Carlos Arévalo, un trabajador del lugar.

Loretto también está implicado en la trata de personas menores de 18 años para que ejerzan la prostitución en Misiones. Este caso se suma a la larga lista de abusos cometidos por la Policía Bonaerense y pone en evidencia las redes de relaciones entre violencia policial, negocios de prostitución y extorsión a jóvenes para delinquir. Durante los días 16, 17 y 18 de febrero se llevará a cabo en los Tribunales Orales del Fuero Penal de La Plata, el juicio oral y público al ex policía Loretto, otro caso más de abuso por parte de funcionarios policiales de la provincia de Buenos Aires. En la primera jornada, Loretto será juzgado por el delito de abuso de armas, mientras que en las otras dos audiencias afrontará la acusación de apremios ilegales y lesiones. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Miguel Bru son las organizaciones de derechos humanos que desde el año 2003 llevan adelante la defensa de Arévalo. Este trabajador fue detenido a punta de pistola e ilegalmente por Loretto en mayo de ese año. Durante su detención, fue golpeado en la cara, fracturada su nariz y posteriormente se le armó una causa por “atentado y resistencia a la autoridad”. Por estos hechos, Enrique Esteban Loretto, ex jefe de calle de la comisaría IV de Berisso, del barrio de Villa Argüello, está acusado de apremios ilegales y lesiones contra Arévalo. Además, tiene que afrontar otra causa en Misiones por trata de menores para ejercer la prostitución. No se trata de un caso aislado. El caso de Loretto se suma a la larga lista de abusos cometidos por personal de la Policía Bonaerense, en momentos en que se discute brindarle mayores facultades a la policía a través del proyecto de Código Contravencional que impulsa el Gobierno de la Provincia. Es a esta Policía, que detiene ilegalmente, tortura, asesina y organiza redes de delito, droga y prostitución, a la que se le quiere entregar mayores herramientas punitivas, que además ejercerán según su criterio, el mismo que utilizan de forma esquizofrénica y organizada para prevenir y gestionar el delito. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica y la Asociación Miguel Bru sostuvieron desde el 2003 esta causa contra las demoras y los obstáculos presentados durante el proceso de investigación. La lentitud del Poder Judicial garantizó siete años de impunidad. Ahora se logró llegar a la instancia oral de un caso que se suma a la larga y triste lista de abusos cometidos por la Policía bonaerense.

Convocatoria y contactos:

Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ): Abog. Sofía Caravelos (0221)15-5418686

Asociación Miguel Bru: Rosa Bru (0221)15-5546854

Relaciones que hacen posible que la Maldita Policía Bonaerense se reinvente

El caso Loretto no es un caso aislado dentro de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires. Es uno de los tantos casos enmarcado en la institución policial. Institución que hace posible que exista un Loretto, quizás no tan conocido; un tal Santiago Regalía, quien torturó y asesino de un tiro en la cabeza dentro de un patrullero a Darian Barzabal; uno conocido por todos: Alfredo Fanchiotti; los que todavía no conocemos, aquellos policías que desaparecieron a Luciano Arruga; y otros que ya se “excedieron”, los que fusilaron por la espalda a jóvenes en José León Suárez. Y la lista podría seguir, incluyendo a los más conocidos, como Klodzyck, jefe de aquella maldita policía de los 90 u otros desconocidos, como aquellos policías que día tras días gestionan el delito, los después “exonerados”, o los Comisarios intocables.

El caso de Loretto no se trata de un “exceso policial”, como muchas veces aparece en los titulares de los grandes diarios, en ese afán de diluir la responsabilidad institucional y estructural de la policía y de sus Ministerios de (in)Seguridad. Ese “exceso” tiende a hacer responsable penal al policía, a la manzana podrida, consiguiendo así la posibilidad de sacarse un verdadero problema de encima. Las prácticas institucionales del exceso – o “anómicas”-, son la mejor manera de seguir sosteniendo la fachada “legal” de las fuerzas de seguridad estatales.

El caso de Loretto, como tantos otros dentro de la bonaerense, no sólo nos permite visualizar el nivel discrecional con el que se maneja la policía a partir del aval político y judicial sino que además, nos brinda la posibilidad de rastrear esas relaciones de continuidad que se construyen entre actores dominantes de la comunidad, la policía, la justicia, los medios y actores políticos, que legitiman el accionar de una fuerza que desde la vuelta a la Democracia, se viene cargando a gran parte de la juventud, para que sea la mano de obra barata, o para asesinarlos en sus múltiples formas.

En el barrio de Villa Arguello, en la localidad bonaerense de Berisso, durante el año 2003 “vecinos autoconvocados” se organizaron en los llamados Foros de Seguridad, iniciativa promovida por el actual Secretario de Gobierno del Municipio, Ángel Celi. Varios vecinos reclamaban más seguridad y control policial sobre los sujetos considerados “peligrosos” a partir de la muerte de un peluquero del barrio. Así se constituyó una red política y policial que daba legitimidad para el abuso y control policial en pos de la “prevención”, pero que también gestionaba el delito, la droga y la prostitución en el lugar.

Este tipo de redes, dan cuenta de las complicidades que conforman la doble vida de la policía bonaerense, la misma que lucha contra el delito de cara a los “vecinos” y la que lo gestiona el delito usando para ello la cooptación e inclusión de jóvenes marginados, a través de redes ilícitas de intercambio que van desde la protección o el establecimiento de zonas liberadas hasta la provisión de armas y drogas.

También nos habla de las legitimidades que se le otorgan a la institución policial a partir de la construcción discursiva de una otredad peligrosa a la que hay que ponerle forma para que salga del plano de la incertidumbre, y que adquiere, muchas veces, la forma que el poder le otorgue. Ese sujeto, que se convertirá en el representante absoluto del “miedo” social al delito (que hoy se visualiza en los jóvenes, y más precisamente en los jóvenes pobres, morochos y vestidos con ropa deportiva, en el “pibe chorro”), se puede rastrear en los discursos de los medios empresariales que amplifican ese miedo, no sólo a partir del bombardeo constante sino también a partir de la utilización del discurso conmovedor, con un desfile incesante de víctimas de la inseguridad.

En definitiva, el caso Loretto no es un caso aislado y tampoco excepcional. Toda la policía está maldita. El problema no es solamente el que aprieta el gatillo, tortura, o arma una causa, sino el espíritu de cuerpo y los códigos de silencio de una agencia que, con el paso del tiempo, a partir del desgobierno y la demagogia de la política y el descontrol de la justicia, se ha ido corporativizando.

Existe una extensa cadena de complicidades que van del policía más “pichi” al más “poronga”. Por eso, no se trata de eventos aislados, ni excepcionales, sino de rutinas policiales, prácticas sistemáticas de estado: intervenciones regulares, discrecionales, abusivas y violentas que casi siempre tienen como objeto a los mismos sectores de la población: los jóvenes, pobres y morochos; desocupados o inmigrantes de origen boliviano, peruano o paraguayo. Prácticas enmarcadas en una estructura militarizada, politizada, hipercentralizada y descontrolada.

La policía no se reforma sacando la manzana podrida, sumariando, haciendo purgas, o descabezando a la cúpula policial. ¿Cuántas purgas se han hecho en las últimas décadas y sin embargo la policía continúa reproduciendo las mismas prácticas? ¿Cuántos Lorettos se han sacado y sin embargo, continúan reproduciéndose? Hasta que no se modifique el canasto que las contiene seguirán pudriéndose cada una de las manzanas que se depositan allí dentro.

Esto no significa que haya que exonerar de responsabilidad a los actores individuales, por ser portadores de operaciones que no controlan. Tampoco significa que no haya que determinar las responsabilidades concretas para el caso a través de un juicio con todas las garantías del debido proceso. No estamos diciendo que Loretto tenga que estar en libertad. Pero el problema no se resolverá con Loretto en la cárcel. La policía que nos toca es producto del desgobierno de la policía, la incapacidad y la complicidad de la clase dirigente con la jefatura policial. Producto, también, del descontrol judicial, de la incapacidad, la pereza, de la familia judicial que ampara a la institución cuando no investiga, cuando compra automáticamente los libretos que produce en serie la policía. Como dijimos en varias oportunidades: no hay maldita policía sin maldito poder judicial. No hay maldita policía sin corrupción política.

Por eso, si de responsabilidades se trata, y lo que se busca es reformar a la policía, entonces habrá que desandar las rutinas policiales. Y esa es una tarea que supone asumir la conducción política de la policía, la participación y la movilización social para poner en crisis la brutalidad que define a la policía bonaerense.

Todo ello sin perder de vista que desde hace meses, justicia y seguridad en Buenos Aires se preparan en la misma cocina, la del superministro Ricardo Casal, cuyos ingredientes son: más policía para combatir a la pobreza criminalizada, más poder para mantener el orden, más complicidad política y judicial para sostener el paradigma de la inseguridad y el miedo. Instituciones políticas, mediáticas, policiales y judiciales que no hacen más que reflejar los discursos que esgrimen las mismas personas que las conforman, conceptos que se reproducen en el cotidiano y que conforman la tangente por donde se escapa la responsabilidad y que son el hilo conductor que luego ayuda a jalar del gatillo.

Ciaj La Plata

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El pasado jueves se realizó la última audiencia, previa a la lectura del veredicto, del juicio que enfrenta el ex Oficial Inspector Loretto. Previa a la lectura de los alegatos, el acusado pidió declarar, realizando un descargo de una hora y media. La defensa pidió nueve años por las dos causas (García y Arévalos) , mientras que la querella siete anos sólo por la que ellos levan (Arévalos) . La defensa alegó que el ex policía debía ser absuelto por las dos causas.

A las 15:00hs estaba todo listo para dar lectura a los alegatos, tal fue pautado en la audiencia del día anterior, sin embargo Loretto sorprendió a los presente cuando pidió declarar, un derecho que se reservó durante todo el juicio.
Durante su declaración se presentó como víctima de una suerte de complot policial, por haber denunciado a su Comisario y a un subordinado suyo por cobrar seguridad a distintos negocios de la jurisdicción.
El imputado aseguró que respecto a la causa 837 ese día estaba realizando un operativo cerrojo en el barrio, que contaba con más de 10 allanamientos. Afirmó que cuando se encontraban volviendo a la comisaría vieron un auto manejado por Velazco y con dos acompañantes. Denunció que el chofer tenía una actitud sospechosa al deambular por el barrio, y que ya era conocido por robar, por lo que decidieron pararlo. En ese momento, según el ex- policía, uno de los acompañante y víctima en la causa, Arévalo, se negó a bajarse y lo insultaba, por lo que lo sacó del auto “con el mínimo de fuerza necesario”, y en defensa propia le propició una piña.
Respecto a la causa 277, dijo que se encontraba en otro lugar cuando García recibió un tiro en la pierna, desde un auto particular.
Loretto aseguró ser un policía honesto, que siempre trabajo para la justicia, y en muchas ocasiones realizando investigaciones para el tribunal que ahora lo juzgaba. Mencionó sus antecedentes en seguridad, desempeñándose durante un año como custodio de Duhalde, otro en Inteligencia, y muchos más en la Brigada de Investigaciones. De a momentos quebraba la voz y amagaba a llorar, como cuando aseguró que las asociaciones que llevan adelante la causa – CIAJ y Asociación Miguel Bru - y la “prensa sensacionalista y amarillista me arruinaron la vida para siempre empapelando la ciudad con mi nombre, mencionando que tengo una causa en Misiones, pero sin decir que por la misma fui sobreseído”. También sostuvo que esa misma prensa, nunca hizo hincapié en que era hijo de un desaparecido, y que los dos padres de su mujer sufrieron el mismo destino. También repartió palos hacia,
A pesar de asegurar no ser “un policía de mano dura”, se mostró a favor de las detenciones arbitrarias, argumentando que “los ciudadanos honestos entregan cuota de su libertad a la autoridad”.
Tras finalizar su descargó la Fiscalía fue la primera en leer los alegatos. La misma argumentó que el ex Jefe de Calle de la Comisaría 4ta de Berisso, se movía por la jurisdicción como una suerte de “sheriff de una vieja película del oeste, juzgando y condenando” y que respecto a los hechos quedaba probado que Loretto era el responsable penal. En cuanto al caso de Arévalo amplió que no había motivos para detener el auto, y que si bien la herida de la víctima era leve, no lo era así el contexto en que se produjo.
La Fiscal pidió nueve años a Loretto, la indemnización a las víctimas y el procesamiento de Loretto y sus dos subordinados por armar una falsa causa a Arévalo, ya que se le inició un procesamiento en su momento, por “resistencia a la autoridad”
Por su parte, la Querella desestimó la teoría de conspiración que declaró el ex policía, ya que las denuncias que realizo a su Comisario y a su subordinado, se realizaron varios meses después de estos hechos. Señalaron que detener un auto porque el chofer es un conocido delincuente no es motivo suficiente, y menos tomando consideración que el motivo era “averiguación de antecedentes”, y a Velazco ya lo conocían. También argumento que Velazco no presenta antecedentes.
Finalmente, la abogada Sofía Caravelos, afirmó que siendo hija de desaparecidos, deseaba que “ojala la dignidad se trasmitiera por sangre”, en relación a los dichos de Loretto, de que era hijo de desaparecido.
La abogada pidió 7 años de prisión por la denuncia que ellos llevan adelante, en la cual resulta víctima Arévalo.
La Defensa basó su argumentación en que en cuanto a la causa de Arévalo “todos los testigos mintieron”, dado las contradicciones que presentaron en sus relatos, y que “no encontramos incoherente el hecho de que se detenga la marcha de una persona”, siendo ésta una “tarea de prevención” y que se trataba de un “operativo policial genuino”. También afirmaba que la motivación de Arévalo para llevar adelante semejante causa, era meramente económica y pedían la absolución de Loretto para este caso, así como el procesamiento de este y varios testigos más por “falso testimonio”.
En cuanto al otro hecho en que se encuentra imputado Loretto, fundamentó que la víctima del hecho no reconoció al ex oficial como quien le disparó, y que por eso para este caso también pedía su absolución.

por indymedia

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Cortes Por Falta de Pago en Plan Argentina Trabaja

Buenos Aires 15/02/11-10:00

Corte en autopista Buenos Aires-La Plata, en Berisso y en Ensenada.

Ante la falta de pago a más de 100 integrantes del Argentina Trabaja que volvieron a verse injustamente afectados, sufriendo “liquidación 0” o fuertes descuentos a pesar de haber trabajado.

El gobierno sale a hablar de paciencias que se agotan con los cortes de calles y nos pide que le presentemos nuestras quejas al cordón de la vereda. Los trabajadores que todos los días limpiamos los cordones de la vereda con el plan Argentina Trabaja, queremos avisarle al gobierno que nuestra paciencia ya está por demás colmada y pisoteada. ¿Cómo se sentiría usted si de buenas a primeras, después de trabajar todo el mes en el recibo de sueldo tiene hasta un 60 % de descuento sin ninguna explicación? ¿Qué haría? Denunciamos las irregularidades de este programa: Trabajamos muchas veces sin contar con las herramientas necesarias, sin las medidas básicas de cuidado -como usar guantes o fajas para no dañarnos la espalda. Hace meses que trabajamos sin cobertura social pero la cuota de una mutual que no tenemos se nos descuenta religiosamente. Inclusive hay muchas “liquidaciones cero”, es decir ni un sólo peso luego de trabajar todo un mes. Y esto no es de ahora, ya desde diciembre se vienen dando estás situaciones, y la paciencia de los trabajadores se está acabando. Lo peor de todo es que las supuestas faltas que justificarían los descuentos son ¡FALSAS! Nos descuentan porque sí a gente que trabajamos TODOS los días y nos descuentan el monto que se les ocurre, ¡sin coherencia alguna! El gobierno se burla de nuestra dignidad como personas y como trabajadores! Basta de versos, exigimos que el gobierno nacional se haga cargo de esta situación y de una solución definitiva al problema. Y que los municipios que se benefician con nuestro trabajo no se hagan los desentendidos. Nos tienen trabajando gratis!!! Los funcionarios que no cumplen sus funciones, ¿cuánto cobran? Que se reintegre YA el sueldo de todos los trabajadores que recibieron descuentos injustificados. ¡Que se termine esta burla! Pagando por planilla complementaria, como se hizo en enero. Exigimos la inmediata incorporación de los compañeros que están anotados hace meses. ¡Que se inicien cuanto antes las obras en La Plata porque necesitamos y queremos trabajar! Si ellos no pueden vivir con $1200 por mes, nosotros tampoco. ¡Aumento YA! Nosotros trabajamos y cumplimos. Pretendemos al menos cobrar por lo que hacemos. ¡Es un reclamo justo y vamos a pelear por nuestros salarios!

Convoca – Contacto: MST Teresa Vive - Justicia y Libertad - Barrios de Pie - FPSD Frente Darío Santillán - La Falcone - CTD Aníbal Verón - Deborah Fernández (MST “Teresa Vive” - La Plata, Berisso, Ensenada): (0221)156211162-(0221)156491781

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VISIBILIDAD DE LA CÁRCEL: Más allá de las imágenes.

12 de Febrero de 2011

Titular de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires; docente, durante 20 años, del Programa UBA XXII, Educación en Cárceles; directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, Alcira Daroqui continúa con el Balance (anti) carcelario a propuesta de la Agencia Rodolfo Walsh. Daroqui se ha convertido, desde hace años, en una verdadera pesadilla para los hombres de gris, en especial para el Servicio Penitenciario Federal. En las investigaciones y la docencia, sus denuncias contundentes vieron la luz allí donde los criminales pretenden ocultar las violaciones a los Derechos Humanos, exactamente en el ámbito donde más se cometen. En el trabajo "Cuerpos Castigados" (realizado junto a Carlos Motto en el marco de la PPN), vimos que el "pata-pata", la "pirámide" o el "submarino" no son los nuevos ritmos de la noche, sino parte de la práctica permanente de la tortura tras las rejas.
Así, resulta contrastante el discurso que el gobierno argentino mantiene sobre la defensa de los derechos humanos y la política de castigos no previstos en el Código Penal, que constituyen un empeñoso intento de destrucción de la entidad humana de presos y cautivas. Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero sí hechos rotundos que acuden cuando cualquier hijo de vecino ingresa a un penal.
Además, según Daroqui: "a una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio".
Es en este punto, precisamente, donde tiene su mayor sentido romper el silenciamiento -como podamos y donde podamos-, de esta masacre institucional, esta política de Estado que permanece ensañada con los hijos más pobres del pueblo. En ese rumbo, con valioso sustento, se han escrito las líneas que siguen.
Oscar Castelnovo


Durante el año 2010 la situación carcelaria en la Argentina no ha variado sustancialmente en cuanto a la gravedad con la que se expresa en relación a otros años. Esta situación es evidente para aquellos que trabajamos la "cuestión carcelaria" desde hace mas de 20 años y lo seguimos haciendo en el presente, ingresando a las cárceles, recorriendo los pabellones, las celdas comunes y las de castigo, entrevistando a presos y presas, registrando la violencia institucional sistemática en cuanto a malos tratos físicos y torturas, los tratos humillantes, vejatorios y degradantes que además se agravan y profundizan con las paupérrimas condiciones materiales de detención de algunos sectores de alojamiento y en varios casos, de la totalidad de los espacios de la mayoría de las unidades carcelarias. La presentación de recomendaciones, denuncias, amparos y habeas corpus tanto por parte de la Procuración Penitenciaria Nacional como del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires cuya jurisdicción es sobre mayoría de unidades y cantidad de personas detenidas del país, dan cuenta de esta situación. Pero debemos reconocer que a pesar de este trabajo que compartimos con otras organizaciones y organismos comprometidos con la grave situación de violación de derechos que atraviesan miles de personas detenidas en nuestro país, nada se hace visible desde organismos estatales que deberían dar cuenta de lo que sucede y de las propuestas para revertir la violencia institucional y el agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles, comisaría e institutos de menores del país. Tampoco, y ello nos incluye, sabemos cuántas personas privadas de su libertad registra el estado argentino, no tenemos información permanente y actualizada sobre la situación por la que atraviesan las personas detenidas en cárceles de servicios penitenciarios provinciales, menos aún conocemos cuántas personas están en comisarías, en centros de detención de gendarmería ni de prefectura. La política de la des-información obstaculiza y oculta aspectos elementales para abordar el problema: cuántos, dónde están y cuál es su situación.
A esta desinformación no son pocos lo que le damos batalla permanentemente, reconstruimos a través de fuentes dispersas, datos aproximados sobre la población total detenida en cárceles e institutos de menores de la argentina en forma actualizada y por supuesto, ello se hace aún más dificultoso-aunque lo seguimos trabajando - relevarlo de comisarías y "otros centros de detención".

Jurisdicción Federal y Provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en relación a la cuestión carcelaria, dos jurisdicciones como la Nacional-Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con información sistemática a través de los diferentes sistemas de relevamiento producidos por la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN) y el Comité Contra la Tortura(CCT) de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
En sus informes periódicos y paginas web se actualiza en términos cuantitativos la población detenidas en la cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, ambos sistemas penitenciarios alojan en 79 cárceles, a julio del año 2010, a mas de 35.850 personas (según los partes remitidos por fuentes penitenciarias a estos dos organismos), así la mayoría de la cárceles y la mayoría de los detenidos del país(ver datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) 2008-última información oficial-) corresponden a estos dos servicios penitenciarios.
Pero desde estos organismos lo que se registra fundamentalmente son datos sobre las intervenciones regulares que realizan los mismos en relación a la situación por la que atraviesan miles de personas detenidas y que por ello mismo, puede dar cuenta de una problemática amplia y compleja de la vida intramuros. En este sentido, los malos tratos físicos y torturas, las condiciones materiales de detención y las muertes en las cárceles integran la agenda principal de abordaje de la problemática carcelaria.
Estos registros dan cuenta de denuncias judiciales, de modalidades y resultados de intervención institucional y de resultados de investigaciones científicas en las que participamos como integrantes del Observatorio de Prisiones de la PPN y como Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germanide la UBA
Estos registros (de investigación, intervención y judiciales) y sus fundamentos se construyen y se sostienen regularmente ingresando sistemáticamente a las cárceles, entrevistando personas detenidas, inspeccionando los espacios carcelarios, recibiendo información desde adentro, de presos y presas y sus familiares y de situaciones y casos que hacen público organizaciones no gubernamentales. Mas allá de la observación y registros de campo de cada cárcel, la palabra y los testimonios son claves para reconstruir lo que sucede dentro de la cárcel, dar cuenta de las prácticas cotidianas de funcionarios de fuerzas de seguridad a las que son sometidas miles y miles de personas.
Las palabras y los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado fueron claves para hacer visible por un lado la magnitud de la masacre y por el otro, dar cuenta del despliegue de prácticas ancestrales en la producción de sufrimiento y dolor como de aquellas innovadoras, de sus articulaciones, especificidades, de sus actores, de sus responsables. Reconstruir el pasado a partir del testimonio y las palabras de sus víctimas, una dura batalla librada contra los torturadores y sus encubridores.
En este presente, los testimonios y las palabras de presos y presas no están "legitimados" para reconstruir los que les sucede hoy, en cada cárcel, en cada comisaría. ¿Será que los "delincuentes" no tienen derecho a ser víctimas de acciones aberrantes por parte de funcionarios del estado? Contradicciones o "dualidades" de una mirada intencionalmente miope sobre los "derechos humanos".
Desde hace varios años la cuestión de la violencia institucional: muertes, malos tratos físicos y torturas, tratos humillantes y degradantes, condiciones de vida intracarcelaria, etc han sido el eje nuestros trabajos, en esta nota solo haré una breve mención sobre algunos de estos aspectos: la cuestión de los malos tratos y torturas y sobre fallecimientos.(se cuenta con amplia información en los Informes Anuales de la PPN, en los Informes Anuales del CCT y en las paginas web respectivas)

Registros de malos tratos y torturas
En el año 2010(me abocaré a información vinculada a la situación de las cárceles sistema federal producida desde la PPN, ya que Provincia de Buenos Aires fue abordada por Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura) los registros de malos tratos y torturas(me referiré a dos de los tres que trabaja la Procuración), daban cuenta sobre información actualizada de lo que sucede en relación a esta problemática:
Así, en relación al relevamiento de denuncias judiciales por casos de malos tratos y torturas-de enero a junio del 2010- se registraron 105 denuncias, de los cuales 27 fueron judicializados por la PPN. (ver ampliación en la WEB e Informe Anual 2010)
Del Proyecto de Investigación de Seguimiento sobre malos tratos y torturas, base comparativa con los resultados de la Investigación del año 2007, se seleccionando 5 unidades penitenciarias, 2 de zona metropolitana y 3 de interior del país. El criterio fue a su vez seleccionar solo los pabellones y módulos que cuyos resultados en el 2007 demostraron el mayor grado de conflictividad y de violencia institucional desplegada como así también se incorporó algunos pabellones que durante estos años, desde la intervención de la procuración, se individualizaron con la caracterización mencionada y se relevaron los siguientes resultados:
A modo de avance, en relación a los Complejos I y II (publicados en el Informe Anual 2010 de la PPN) se expresa lo siguiente:
El Complejo I- de Ezeiza, los módulos encuestados Ingreso, selección y tránsito, Modulo 3 alta conflictividad y 4 de jóvenes adultos en el año 2007: registraron que el 60,4 % de las personas encuestadas habían padecido malos tratos físicos y torturas. En esos mismos módulos en el año 2009, ese porcentaje ascendía a 77, 2%. Si los porcentajes no resultan "convincentes", digamos las cosas en valores absolutos, de 90 personas encuestadas, mas 70 personas detenidas expresaron haber sido víctimas de golpes, agresiones físicas y torturas.
En el Complejo II de Marcos Paz, los módulos encuestados fueron: modulo 1 Conducta( a pesar de ser de conducta se habían registrado casos de violencia en el mismo), Modulo 3 de Ingreso y modulo 5 de alta conflictividad, en el 2007 se relevó que el 52,1% de las personas detenidas en los mismos habían padecido malos tratos físicos y torturas, en el año 2009, ese porcentaje ascendió al 72,3%. En valores absolutos de 109 personas encuestadas, casi 80 personas fueron víctimas de estas prácticas violentas del personal penitenciario.
Es decir, 70 casos, 90 casos y otros tantos en tantas otras cárceles y comisarías conducen a cifras que ya no pueden soslayarse a la hora de hablar de ejercicios de malos tratos físicos y torturas en lugares de detención.

Muertes en prisión
De enero del año 2009 a enero del 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales, como dato relevante entre octubre del año 2009 y octubre del año 2010, 11 de esas muertes, fueron por causas violentas. En la cárcel se muere y a veces de forma violenta. El estado debe garantizar la integridad física de las personas detenidas.
A una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional(SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio.
Sin embargo, los últimos hechos acontecidos en la cárcel de Mendoza varias imágenes recuperadas desde un celular de un personal penitenciario otorgaban credibilidad a las prácticas violentas, torturas, ejercidas contra las personas detenidas por parte de personal penitenciario. Imágenes que mostraban con contundencia lo que cientos y cientos de personas detenidas han relatado, testimoniado y hasta denunciado(a pesar de poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas) y que como respuesta ha sido el de desconocer, devaluar y hasta desmentir esos testimonios. Un celular de un penitenciario, imágenes tomadas desde el torturador?? , permitieron que a los penitenciarios se los denominara torturadores y sus actos, torturas. Quizá sea por eso que el Servicio Penitenciario Federal, precisamente su Director Alejandro Marambio,( actualmente ascendido a un cargo de mayor jerarquía por parte del poder ejecutivo nacional) prohibía y prohíbe actualmente(aunque está autorizado por la ley) ingresar a la Procuración Penitenciaria Nacional con cámaras de fotos y/o filmadoras para registrar las lesiones y las situaciones de violencia en las cárceles???(hasta con actos de violencia del personal penitenciario contra médicos de la PPN, que pretendieron registrar las lesiones a presos a través de las cámaras de sus celulares-ver agencia DyN, WEB PPN).

"Responsáble político, institucional y moral"
Deber ser por esto, él sabe del poder de la imagen, más que el de las palabras y testimonios de las víctimas, más aún si estas son pobres y "delincuentes". Pero, se olvidó de ser estricto con el personal penitenciario a su cargo ya que también tiene prohibido ingresar a las unidades en las que trabajan con sus celulares. Digo se olvidó y a "su cargo" porque Alejandro Marambio, Director del SPF, en cuyas cárceles se producen los hechos que revelan la primera parte de esta nota, era el responsable máximo de esa cárcel. El máximo responsable político institucional y porque no "moral".
La cárcel de Mendoza estaba intervenida por el Servicio Penitenciario Federal a cargo del civil Marambio cuando se produjeron estos hechos aberrantes de torturas, en diciembre del 2010 cesó la intervención pero estos hechos fueron anteriores. Quizá algunos de los máximos responsables de estos actos de tortura sean integrantes de esa "comitiva" del servicio penitenciario federal que acompañó al entonces Director de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Marambio, allí por el año 2007, para efectivizar la Intervención de la cárcel de Mendoza después que la CIDH sancionará al estado Argentino por los hechos que se producían en la misma( nadie puede explicarnos porque en el 2010 levantó dicha sanción), esos mismos penitenciarios federales a los que el Alejandro Marambio definía casi (en términos morales) como héroes, que "sanearían" al servicio penitenciario provincial, hombres que en épocas difíciles inclusive salieron a cazar animales para darles de comer a los presos(sic, declaraciones de Marambio al Diario Los Andes 22 de marzo del año 2007, sección política) Quizá, al personal penitenciario provincial no se le transmitió debidamente esta "anécdota" y entendieron que la caza debía ejecutarse con los presos, quizá fue parte de su entrenamiento, quizá lo que pase en la cárcel de Mendoza, sea exactamente igual a lo que pasa en Ezeiza, en Devoto, en Marcos Paz, en Olmos, en Sierra Chica, en Las Heras, en Coronda, en Magdalena: las golpizas, el puente chino, el plasf-palsf, el pata pata, el criqueo, submarino seco y húmedo, etc etc expresado en mil palabras, en mil relatos de sus víctimas, pero no en imágenes, a ellos no los dejan filmarse mientras los golpean y a los organismos de control y defensa de los derechos humanos, tampoco.
De todas formas, más allá de las imágenes, la cárcel se hace visible, la hacen visible quienes se comprometen con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en un marco de estado de derecho-democrático y los datos de esta nota dan cuenta de ello.

Alcira Daroqui

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COMUNICADO DE PRENSA

San Justo, 13 de febrero de 2011

Otro caso de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires

Un policía asesinó por la espalda a un joven de 19 años en Baradero. En la madrugada del sábado 12 de febrero en la localidad de Baradero el joven Lucas Rotella, de tan solo 19 años, recibió un disparo por la espalda del policía bonaerense Gonzalo Capp. Lucas falleció a las pocas horas.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos repudiamos enérgicamente este nuevo caso de gatillo fácil que se suma a los perpetrados por la bonaerense la semana pasado en José L Suarez y a los tantos que ni siquiera se denuncian. Esta es la policía que el gobernador Daniel Scioli quiere enviar a las escuelas. No lo permitamos.
Desde el CeProDH llamamos a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones obreras y estudiantiles a enfrentar el gatillo fácil que no para de asesinar jóvenes en los barrios del pueblo trabajador.

Alejandrina Barry, CeProDH Oeste 1558918897

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