DESDE HIJOS LA PLATA DECIMOS...
Antes que el festejo de inauguración de cualquier nuevo edificio público está la Memoria de hombres y mujeres ausentes por responsabilidad del Estado. La Memoria de los compañeros militantes revolucionarios de los '70 y de todas las víctimas del Terror de Estado que lucharon por otro país diferente al de aquellas décadas, y mucho menos parecido al actual. La probable enumeración de logros edilicios en nuevas universidades nacionales que la presidenta quizás hará el viernes 14 de marzo en La Plata, no deja de parecernos una nueva afronta. En su última visita a la ciudad, donde hace falta Jorge Julio Lopez, se encargó de decir a sus acólitos reunidos en el Colegio Nacional que ahora gracias a la democracia “nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”. En esta ocasión se nota la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, pero esta vez nos representa una oportunidad para señalar los crímenes impunes de uno de los centros operativos más grandes de los grupos de tareas de la Armada en la ciudad, que jugaron un rol central en la represión al combativo movimiento obrero de la ribera del Río de la Plata hace casi cuatro décadas. Lo ocurrido con el predio del Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM 3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino sembrado de desidias judiciales, abonado con las semillas de deficiente Nemosina, y madurada esta en jugosos negocios inmobiliarios del Estado.
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Servico de Intelgencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
El BIM 3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
En más de tres 38 años nunca se resguardaron las 9 hectáreas del predio como prueba judicial. La Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
Hoy el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, festeja la nueva sede universitaria como una supuesta victoria del necesario emprendimiento público por sobre la desmedida ambición privada. En realidad, desde julio de 2001 con HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que fue inaugurada recientemente. Esto porque la obra en el BIM 3 siempre estuvo mucho más avanzada que la causa federal N°35 por los crímenes de la FT5 en nuestra ciudad, que durmió años su siesta impune en los tribunales platenses a cargo del siniestro juez Humberto Blanco, y que a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad no ha llegado a condenar a un solo marino por su accionar específico en el esquema represivo contra el activismo obrero en la zona.
A comienzos de este marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Antonio Vañek, comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, comandane del Batallón, José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, Roberto Eduardo Fernando Guitian, los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza; serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por el Centro Clandestino que en estas horas visita Kristina alegremente.
Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se institucionalizó como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. El “Placintara” que fiscales y jueces investigan sólo incluye los casos de unas 40 víctimas: 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
Hay una memoria que no se construye con inauguraciones de edificios, sino que merece justicia. La Memoria de los compañeros Miguel Orlando Galvan Lahoz y Roberto Pampillo (asesinados por la Armada y la Policía Bonaerense en octubre del '76 en 7 y 58), de Guillermo Di Bastiano (secuestrado el 13 de septiembre de 1977 y destinado al Batallón 3), de Jorge Guastapaglia (que compartió cautiverio con Di Bastiano), de Carlos García (levantado en abril de 1977 por ser delegado de la sucursal del Banco Comercial, alojado sin capucha en el BIM, torturado y perseguido porque su hermano Horacio era delegado del frigorífico Swift), de José Panettieri (profesor de Historia en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Periodismo, secuestrado en el BIM en noviembre del '76 y previamente removido de sus cargos por la intervención de Guillermo Gallo en la UNLP por “factores de alto potencial de perturbación”), por la primera detención de José Luis Barla (que estuvo primero en el BIM 3 en marzo del '76 y luego en “La Cacha” en agosto del mismo año), por Osvaldo Busetto (estudiante de Arquitectura en La Plata, secuestrado en Plaza San Martín, herido y operado en el Hospital Naval de Río Santiago, y luego desaparecido en el circuito Arana/Pozo de Quilmes/Pozo de Banfield), y por el caso de María Eliana Acosta Velasco (chilena, de 34 años, detenida en La Plata en setiembre de 1976 y recluída en el BIM 3 -caso integrante de las querellas por Plan Cóndor); y por tantos otros compañeros cuyos verdugos aún están impunes.
Seguramente ninguno de estos nombres serán evocados por la presidenta en el acto del BIM 3 en 2014. Quizás la Sra Fernandez ni siquiera sepa el interesante dato de que según el testimonio de una ex enfermera del Hospital Naval Río Santiago, en Juicio por la Verdad en el '99, se supo que las religiosas francesas Alice Dumont y Leonide Duquet habrían pasado por esa dependencia luego de ser secuestradas por la Armada. Marta Ayala, que se desempeñó en el Hospital Naval desde diciembre de 1976, relató que los empleados de ese lugar trabajaban bajo una intensa presión de sus superiores militares y civiles: "Nos instruían para que no habláramos de lo que hacíamos en el Hospital", dijo ante la Cámara Federal de La Plata. Y contó que en el Hospital, en esa época, había micrófonos ocultos y teléfonos intervenidos, y que al salir los empleados debían usar una contraseña: "Si no hacíamos esto, nos bajaban con un FAL. Había gente armada por todos lados. Cuando salían, a los oficiales les decían que tenían 'canilla libre', que significaba vaciar los cargadores". Ayala reveló que “había cabos y oficiales que decían que se quedaban con las prendas de los detenidos, como camperas y zapatillas", y que "todos sabíamos que en el primer piso estuvieron internadas las monjas, una enfermera me dijo que las vio”. Hasta contó que el almirante Emilio Massera visitaba el Hospital "a tomar mate", y que también el capitán Alfredo Astiz, condenado por la Justicia francesa por el asesinato de las monjas, estuvo en el Hospital en la época del conflicto por el canal de Beagle.
Estos datos, como el resto de la información clave para hacer avanzar la instrucción de las causas contra los genocidas, no vienen ni vendrán nunca de la sistematización de las investigaciones de parte del Estado. Son fruto de la Memoria Popular que se resiste a ser ninguneada. Pero el Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares específicos por sobre el conjunto de las ex dependencias militares y policiales que desplegaron el Plan Sistemático de Represión, y a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el incompleto Archivo Nacional de la Memoria, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que deben completar las investigaciones sobre los lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención, debe actualizar su nómina, debe gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la placa y la foto”. A marzo de 2014, la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 76 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar, promover las causas y preservar los espacios, sólo han señalizado el 13 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.
Las nuevas facultades en el BIM 3 se comenzaron a construir antes de que se termine de investigar los crímenes de la Armada en La Plata, y ahora se inauguran cuando la causa fragmentada por esos hechos recién fue elevada juicio oral, a realizarse en no menos de 2 años. A 10 años de anuladas las leyes de impunidad, en La Plata tenemos 1 sólo marino genocida condenado, Juan Carlos Herzberg, este año también juzgado por su actuación en “La Cacha”. En todo el país son sólo 36los navegantes del Terror condenados. En el caso del BIM 3 todo el tiempo y el esfuerzo por prsrvar el predio parecen haber sido en vano, ante un Estado enceguecido en la sed inmobiliaria para obtener un nuevo coto de caza político, aunque se construya sobre las ruinas del recuerdo de los compañeros.
Por eso decimos:
- BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS.
HIJOS La Plata.
Marzo de 2014.
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