viernes, 6 de mayo de 2011
La Lucha que nos parió ... el programa de HIJOS La Plata
jueves, 5 de mayo de 2011
Comunicado de Prensa (agradecemos su difusión)
5/5/2011
URGENTE
En estos momentos nos encontramos tomando el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Av. De Mayo 575.
Por Reincorporación y empleo estable.
BASTA DE TERCERIZACION y PRIVATIZACION.
Denunciamos al Macrismo ante el despido de 200 compañeros/as y exigimos la reincorporación en puestos de empleo con estabilidad laboral.
Trabajadores de las organizaciones del Frente de Lucha Cooperativas Sin Punteros, Regional Capital; reclamamos al gobierno de la Ciudad la reincorporación inmediata de 200 compañeros/as despedidos por el Macrismo del Ministerio de Educación, y la incorporación de mas compañeros/as en puestos de empleo permanentes.
Denunciamos el llamado a licitación para PRIVATIZAR la limpieza de los Hospitales Públicos y Centros de Salud de la Ciudad, repudiamos el avance privatizador de la salud pública, y exigimos la incorporación de compañeros/as desocupados en las tareas de limpieza en hospitales y centros de salud.
Repudiamos la precarización laboral, exigimos aumento de salarios de acuerdo a la canasta familiar, y la equiparación salarial respecto a los trabajadores de planta y contratados que realizan las mismas funciones, defendemos el derecho de a IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Frente Cooperativas Sin Punteros
Frente Popular Darío Santillán (FPDS); Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Movimiento Territorial Liberación Rebelde (MTL Rebelde); Federación de Organizaciones de Base (FOB); Movimiento Resistencia Popular (MRP).
Sergio Bertaccini 15-5771-3018
Carlos Fernández 15-6714-9802
Mariano Jaimovich 15-6360-2491
Soledad Vahez 15-6260-3253
Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso que Bussi y Menéndez cumplan prisión domiciliaria por la causa `Vargas Aignasse´
Dictaminan que Bussi y Menéndez cumplan condena en prisión domiciliaria
El Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso ayer que Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez cumplan bajo la modalidad de prisión domiciliaria la pena impuesta en el año 2008 por la desaparición y muerte del senador Guillermo Vargas Aignasse. Voto en disidencia.
En el 2008 el Tribunal Oral Federal de Tucumán, presidido por Gabriel Casas sentenció a Bussi y Menéndez a reclusión perpetua bajo el régimen de prisión domiciliaria. Meses atrás la sentencia quedó firme. Desde la fiscalía a cargo de Leopoldo Peralta Palma.
“Los injustos por los que fueron condenados Menéndez y Bussi son delitos de lesa humanidad; característica dirimente y constitutiva que refleja la gravedad de los hechos investigados y juzgados, y revela que sus autores no pueden cumplir condena sino en una institución dependiente del servicio penitenciario”, argumenta Peralta Palma.
Sobre la calidad de los delitos y sus autores agrega que “no se juzgaron delitos comunes, ni delincuentes que de manera aislada cometieron ilícitos para satisfacer objetivos personales; que, por el contrario, las actuaciones versaron sobre personas que valiéndose de estructuras de poder privaron de libertad, torturaron, asesinaron y ocultaron el cuerpo de sus víctimas”.
En cuanto al pedido de destitución de Menéndez y Bussi, el Ministerio Público Fiscal sostiene que “ambos fueron condenados a prisión perpetua y que, por ello, en el marco de las prescripciones de los artículos 12 y 19 -en particular el inciso 1- del Código Penal corresponde aplicar la Ley 26.394 (artículos 1, 13 inciso 23, 14 y 19 del Anexo IV -Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas-) en cuanto prevé que las faltas gravísimas conllevan la destitución, sanción que consiste en la pérdida definitiva del grado, la baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de readquirir estado militar”.
Por su parte la defensa de los imputados entienden que “toda medida tendiente a modificar la modalidad de cumplimiento de la pena -arresto domiciliario- de sus defendidos implicaría colocarlos en una situación de vulnerabilidad mortal contraria a las prescripciones de la Ley 24.660”.
En este sentido los jueces consideran que “el supuesto de la edad como condición que posibilita el cumplimiento de la privación de libertad como prisión domiciliaria, que resulta del plexo normativo en juego -artículo 10 del Código Penal y artículos 32 y 33 de la Ley 24.660”.
Por eso “el cumplimiento de las penas dispuestas en autos se efectúe bajo la modalidad de prisión domiciliaria, manteniéndose así la modalidad de prisión preventiva domiciliaria cumplida en autos por los ahora condenados”.
Voto en disidencia parcial del Juez de Cámara Subrogante Guillermo Daniel Molinari
“El juez no puede soslayar la seriedad y gravedad de la conducta desplegada por los condenados. Ello, en principio, no es un aspecto determinante, pero tampoco es irrelevante. Los ilícitos por los que Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi fueron condenados, se inscriben en el marco de un “plan sistemático de exterminio”, dirigido a lograr la impunidad de sus ejecutores. La valoración integral de las circunstancias que rodean a las causas por delitos de lesa humanidad y la apreciación general del ordenamiento jurídico de la Nación, aconsejan que la pena de prisión impuesta a los condenados se cumpla bajo la órbita del Servicio Penitenciario, ya sea Provincial o Federal”.
Sebastián Ganzburg
Indagaron a Harguindeguy por el asesinato de Quieto

El ex ministro del Interior de la dictadura está imputado en la causa que investiga el secuestro y muerte del número dos de Montoneros.
La justicia golpeó ayer la puerta de la casa del represor Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la última dictadura militar. El juez que lleva la megacausa de Campo de Mayo –el mayor centro clandestino del país–, Juan Manuel Yalj, fue hasta el domicilio que Harguindeguy tiene en el partido de San Miguel para indagarlo por el secuestro y asesinato de Roberto Quieto, el dirigente número dos de Montoneros. Harguindeguy ya está procesado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, tiene 83 años y cumple prisión domiciliaria. La cita de la indagatoria estaba prevista para las 9 de la mañana, sin embargo, recién se produjo alrededor del mediodía. Si bien fuentes cercanas a la causa especularon que es posible que el represor se haya negado a declarar, su indagatoria consiste en “un paso adelante” en la causa 4012 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, expediente 31, correspondiente al secuestro y asesinato de Quieto.
Roberto Quieto fue el fundador, a fines de los años sesenta, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, organización que luego se integró a Montoneros, donde llegó a ser el número dos en la jerarquía. La tarde del 28 de diciembre de 1975 un grupo de agentes de la Policía Federal lo secuestró desarmado y sin guardaespaldas, en la playa La Grande, de la localidad de Martínez, en el norte del Conurbano Bonaerense, cuando se encontraba pasando un domingo con su familia. En enero de 1976, Roberto Perdía, dirigente montonero, se encontró con Albano Harguindeguy cerca de lo que hoy es Puerto Madero, para pedir la liberación de Quieto. “Quieto no va a aparecer, olvídense del tema. Además, nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una dictablanda, como la de Lanusse; la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más”, dijo Harguindeguy, quien luego sería el jefe de la Policía Federal de Isabel Perón y, más tarde, ministro de facto del Interior de Jorge Rafael Videla.
La abogada querellante en la causa, Florencia Arietto, explicó a Tiempo Argentino que, debido a los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo, hay escasos testimonios para reconstruir lo ocurrido en ese centro clandestino. “Aseguran que vieron que lo trasladaban al Campito, un lugar de élite dentro de Campo de Mayo, luego lo llevaron a la Superintendencia de Seguridad General y lo tuvieron un tiempo allí. Su presencia generaba mucho movimiento dentro por ser uno de los jefes montoneros. También se sabe que luego lo trasladaron y no se volvió a saber de él.”
Además del juez, también se hizo presente en la indagatoria de ayer el abogado defensor del represor, aunque por ley no se permite que los abogados querellantes participen en la indagatoria.
Para Arietto, este paso “es positivo porque la indagatoria significa que hay semi plena prueba del secuestro”. “Esperamos que lo procesen, que cierren la etapa de instrucción, eleven la causa a juicio, que lo condenen antes de que se muera a cárcel común como a Luis Patti. Él sabía dónde estaba Quieto y tenía la posibilidad de salvarlo y no lo hizo”, destacó la abogada.
DESNUTRICION EN LA PLATA
Sabemos bien que esto no se trata de un dato desconocido para los medios de comunicación y mucho menos para el Ministerio de Salud, y el Gobierno Nacional. Pero parece necesario reiterar desde la indignación y la urgencia que solamente en el barrio Puente de Fierro en un pequeño radio de 10 cuadras hay mas de 60 chicos en bajo peso con el agravante de estar obligados diariamente a consumir agua contaminada que les genera importantes enfermedades.
Parece además que hace falta recordar que acá la Argentina NO AVANZA, que solo las organizaciones populares responden cuando no hay que comer, cuando no hay trabajo, cuando hay una urgencia. Que la asignación universal no garantiza que los chicos no caigan internados por falta de olla.
El gobierno insiste en que esto es un proceso que requiere tiempos para el cambio. Nosotros vemos a los pibes con grados 1, 2 y 3 de desnutrición hijos de madres mal alimentadas, hijas de madres indigentes. Por lo tanto seria oportuno dejar la demagogia y atender seriamente esta problemática que requiere una solución integral, entendiendo al agua potable y una alimentación nutritiva como algo fundamental e indiscutible pero sabiendo que la vivienda, la infraestructura del barrio y el trabajo hacen también a una vida saludable.
Nosotros, la C.T.D. Aníbal Verón, nace de la necesidad de organización del pueblo pobre para reconquistar nuestros derechos al calor de la lucha popular. Por lo que venimos construyendo una asamblea de madres en el Barrio Puente de Fierro para resolver el problema de alimentación, agua, salud, vivienda, etc. y hacer de ésta una vida mas digna.
CONVOCAMOS
Chocolatada popular contra el hambre.
Sábado 7 de Mayo.
28 y 90
“Agua, comida y salud para los pibes
en Puente de Fierro”
Contacto: 2214182666
EL ESTADO Y SU SERVICIO PENITENCIARIO ASESINAN DE NUEVO.
MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2011
Este sistema que explota, excluye, tortura y encarcela, hoy nuevamente mata desde uno de los rincones más oscuros y siniestros del aparato represivo, COMO ES SU SISTEMA CARCELARIO.
!Basta de muerte en las cárceles!!
Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos.
cadhrosario.blogspot.com
miércoles, 4 de mayo de 2011
CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 606 – 2 de mayo de 2011
REIVINDICAMOS LAS LUCHAS DE AYER Y HOY. 16 AÑOS CONSTRUYENDO, EN LUCHA, EN LA CALLE.

Fuente: Indymedia La Plata. paneles_23_marzo.jpg, image/jpeg, 609x850
En este otoño de 2011 la agrupación HIJOS La Plata cumple 16 años de existencia como organismo de Derechos Humanos independiente del Estado y de los gobiernos. En este camino supimos nuclearnos los hijos e hijas de compañeros y compañeras desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y también jóvenes comprometidos con la lucha contra la impunidad en nuestro país. En todo este tiempo trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, en la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y en la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.
Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Si bien el concepto de “Derechos Humanos” nació históricamente de la liberalidad burguesa e intentó funcionar como controlador de la omnipotencia de los estados totalitarios, con el tiempo se transformó también en una herramienta de lucha para que los sectores populares canalicen no sólo la demanda de respeto a la vida y la dignidad más básica en el marco democrático, sino la exigencia y la puesta en manifiesto de las contradicciones que existen en la base de toda conflictividad social.
Si entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia de para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Nuestra organización surgió en La Plata en dos homenajes a los desaparecidos de las facultades de Arquitectura y Humanidades, pero se fogueó al calor de las luchas estudiantiles universitarias contra la reforma menemista de la Ley de Educación Superior. En ese año ’95, con plena vigencia de las leyes de impunidad y los indultos, la sociedad argentina estaba conmocionada por las declaraciones del genocida Scilingo, que relataba los “vuelos de la muerte”. También el general Balza reconocía institucionalmente y sin consecuencias la participación del Ejército en torturas y desapariciones. Pero el pueblo respondía y los piquetes asomaban a la luz pública, y en el sur del país, un ex detenido en la dictadura le asestaba una golpiza a Astiz, que se paseaba impunemente de vacaciones.
Este último hecho, entre otros, nos animó a darnos cuenta de que los represores son de carne y hueso, que están entre nosotros, y que eso no puede ser. Esto motivó lo que es quizás el mayor aporte que HIJOS ha hecho a la dinámica de la protesta social en el país: el escrache. Con ello construimos una herramienta nueva, en la calle, con los vecinos, en el propio barrio del genocida y dimos un salto sobre el cerco de la impunidad. Los HIJOS sumamos al reclamo de los distintos organismos de Derechos Humanos la reivindicación de la lucha revolucionaria de los desaparecidos, pero también pusimos el acento en la reconstrucción del tejido social y en la generación de la condena social a los represores para que la sociedad toda sienta como propia la herida abierta producto del terrorismo de estado.
Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 44 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 44 juicios estuvieron procesados unos 200 represores y hubo similar número de condenas, y 16 absoluciones por un universo de 700 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue castigado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes.
En La Plata funcionaron durante la dictadura 12 CCD, coordinados por la Policía Bonaerense y las Fuerzas Armadas. De esos miles de represores, sólo 19 fueron condenados en casi 8 años desde la reapertura de las causas, en juicios parciales, la mayoría con condenas mínimas.
Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
La situación de vulnerabilidad que viven los testigos en los juicios a los genocidas es producto de la improvisación con que se encaró el proceso de reapertura de las causas. La impunidad que presentan los casos de Jorge Julio Lopez, Luis Gerez, Juan Puthod, Silvia Suppo y Victor Martinez no parecen ser tema para el gobierno y sus organizaciones subsidiarias. Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la única política efectiva de protección a las víctimas del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna “Cárcel común, perpetua y efectiva”. La exposición indefinida de las víctimas a un horizonte incierto de juzgamiento no hace más que perpetuar la situación de impunidad que los propios procesos judiciales parciales y cansinos vienen generando.
La continuidad del esquema represivo es palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy han asesinado con el gatillo fácil a más de 3.139 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Más de la mitad de los casos corresponden a los gobiernos de los Kirchner.
La justicia selectiva utiliza jueces y fiscales para encarcelar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo. El aparato judicial al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. El mismo al que nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores de hoy. Los luchadores populares son perseguidos, amenazados y agredidos, como la represión al pueblo Qom en Formosa, la vía libre a las patotas sindicales en el asesinato de Mariano Ferreyra, la arremetida de la Federal en el conflicto social en Villa Soldati, o los casos de los militantes Roberto Martino, Raúl Lescano, y Fernando Esteche, presos y condenados en causas armadas por ser referentes de sus organizaciones.
En nuestra provincia es clara la política de Derechos Humanos del kirchnerismo a través de las iniciativas retrógradas de la gestión Scioli-Casal como solución policial a los problemas sociales. Con la excusa de la “inseguridad” se intenta bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ampliar las horas de detención a merced de los verdugos de uniforme, e implantar un Código Contravencional que recorta las libertades de todos los que no entran en su esquema de sociedad. Las cárceles y comisarías han eclosionado por el endurecimiento de la legislación penal, y siguen siendo depósitos de personas sin el menor respeto a derechos y garantías. El 70 % de los presos bonaerenses no tiene juicio iniciado, y cumplen condenas anticipadas a la sentencia judicial, cuando la estadística de absolución es de 1 sobre cada 3 juicios. Además se ha comprobado no sólo que los agentes penitenciarios bonaerenses torturan, sino que redoblan ese accionar impune sobre los que lo denuncian. En los últimos años hubo más de 4 mil causas contra miembros del Servicio Penitenciario Federal por esos abusos. De ellas sólo 7 tuvieron sentencias condenatorias.
La política económica neoliberal del crecimiento con base en la exclusión y el saqueo continúa intacta. Los servicios, las tierras y los recursos naturales siguen extranjerizados. El 40 % de los trabajadores cobran salarios en negro y la mayoría de los blanqueados perciben parte en iguales condiciones, los aumentos que se dieron por decreto fueron absorbidos por la inflación. Mientras tanto no se democratiza la participación sindical, no se genera trabajo genuino ni se universalizan los planes sociales, y se desfinancian las escuelas, los hospitales y la masa salarial de sus trabajadores.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
En la medida que organicemos, en la medida que contagiemos, tendemos más legitimidad en el sentir popular, pero no necesariamente en una institucionalidad formal. Y aquí digamos las cosas como son: la legitimidad de una lucha no está destinada a coagularse en una mera institucionalización de políticas públicas, sino a revitalizar la capacidad de convocar a la población o de reflejar una realidad o presionar desde una serie de valores que ya han sido asimilados y apoyados por una parte importante del Pueblo.
Los HIJOS somos retoños legítimos de los mejores hijos de este pueblo y la “legalidad” no nos sustenta. Vemos cómo muchos combativos, perseguidos y encarcelados en su tiempo, están hoy en espacios de poder y defienden la “legalidad” tanto como se han olvidado de la legitimidad, así como también otros, que siempre estuvieron en la vereda opuesta, aprovechan estos espacios para defender una legalidad de humanismo reformista.
Asi como en estos 16 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Menem, De la Rua, Kirchner, Ibarra, Macri, Solá, Scioli o Cristina Fernández, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo.
A los compañeros que se reagruparon en “H.I.J.O.S. de La Plata”, y que ven en el actual gobierno una posibilidad de cambio, queremos expresarles que estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso hacia “lo nuevo” se construya genuinamente en serio.
Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales sea resuelto. Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.
HIJOS La Plata - 16 años de lucha
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos
Juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga.
Restitución de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados por los genocidas
Libertad a los presos políticos. Desprocesamiento de los más de 4 mil luchadores procesados por luchar.
FIRMAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN PRISION DE LA CONDENA A 15 AÑOS A LA QUE FUE CONDENADO JULIO CESAR GRASSI
El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, expresó que El fallo confirmó que los abusos se cometieron y que por esta razón hubiera preferido una condena más dura.
Juan Pablo Gallego, abogado querellante quien representó en el proceso a “Gabriel”,(abusado sexualmente por el cura, confirmó que recurrirá a la Suprema Corte para pedir la detención del sacerdote acusado por abuso.
El apoderado del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) sostuvo que la condena validó la acusación que sostuvo durante ocho años que Grassi era un peligroso pedófilo. “No podemos aceptar que no vaya a prisión después de una condena en dos instancias”.
De acuerdo con la interpretación del ministro de Seguridad y Justicia provincial, Ricardo Casal, la decisión sobre la libertad de Grassi es de competencia del Tribunal de origen: “La Justicia de primera instancia debería revocar la excarcelación y ordenar su detención ”, explicó el ministro.
No obstante el dictamen de Casación, que acredita la responsabilidad del sacerdote, sus integrantes rechazaron por incompetencia el pedido de detención de Grassi.
En los fundamentos, los camaristas de la Sala II de Casación, Jorge Hugo Celesia, Fernando Luis María Mancini y Carlos Alberto Mahiques, sostienen que su competencia en la resolución sobre eventuales pedidos de libertad de condenados presos, es cuando las penas se aplicaron de manera equivocada. En este caso, hubo una confirmación para la pena aplicada en el juicio oral, al que Grassi ya había llegado en libertad.
Según el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Morón, el sacerdote abusó del chico –por entonces menor de edad y bajo tutela– en dos ocasiones.
Por ese caso y otros supuestos 15 hechos similares, Grassi enfrentó un juicio en libertad que se inició el 20 de agosto de 2008 y en el que declararon 130 testigos. El 10 de junio de 2009 el Tribunal de Morón lo encontró culpable y lo condenó a 15 años de prisión. Esa fue la sentencia confirmada por Casación.
Teniendo en cuenta lo expuesto los abajo firmantes solicitamos el cumplimiento de la condena en prisión común del cura Julio Cesar Grassi, entendiendo que su libertad además de ser un peligro para la sociedad, manifiesta una desigualdad de derechos y obligaciones ante la ley contradiciendo el artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley .
Cuestionan a la UNLP por la retención de tierras de pueblos originarios
El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel calificó al Rectorado de actuar como "terratenientes". Avanza el juicio por la restitución de las propiedades.
El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel calificó al Rectorado de actuar como terratenientes. Avanza el juicio por la restitución de las propiedades.
El acampe de la comunidad qom de Formosa en la 9 de Julio y la iniciativa del Gobierno nacional sobre la reglamentación de la ley de Tierras, han reavivado una discusión que sintetiza ambas problemáticas en un derecho: el de los pueblos originarios ha vivir en sus lugares ancestrales.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retiene bajo su poder 6144 hectáreas, en la provincia de Misiones, pertenecientes a la comunidad indígena mbya-guaraní, la cual viene reclamando hace décadas la restitución de sus tierras. Pese al pedido de estos pueblos, las distintas presidencias del Rectorado se han negado a desprenderse de los terrenos. “La Universidad no quiere devolverle las tierras a las comunidades. Es una universidad pública, una universidad nacional, y actúa igual que los terratenientes: le niegan el derecho a los pueblos originarios”, indicó a Hoy el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien además aseguró que ha mantenido “reuniones en la Universidad” y que “con distintas excusas tratan de impedir que las tierras pasen a las comunidades”.
La casa de altos estudios adquirió las propiedades a partir de la donación de la empresa Celulosa Argentina SA en el año 1992. En 1999 la institución educativa acordó con el Ministerio de Ecología de Misiones que las tierras se convirtieran en reserva privada de la Universidad por un período de 20 años. Durante 2001 las comunidades mantuvieron reuniones con la gestión de la UNLP de ese momento, a cargo de Alberto Dibbern y, recién en 2005, con la presidencia de Gustavo Azpiazu, el Rectorado presentó una propuesta formal que consistía en la cesión de 700 hectáreas para las comunidades y 700 hectáreas para la UNLP; el resto, alrededor de 4.700 hectáreas, en cogestión entre ambas partes. La iniciativa tenía más que ver con un carácter de negociaciones empresariales que con la rectificación de derechos, por lo que los mbya la rechazaron y llevaron el reclamo a la Justicia (ver recuadro). “Las propuestas (de la UNLP) siempre fueron un reconocimiento parcial, nunca un reconocimiento pleno, porque hablaban de un condominio, cuando en realidad esto es propiedad de las comunidades, y por esto se está peleando en el juicio”, dijo a Hoy la abogada Estela Maris Martínez, asesora del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y patrocinante de las comunidades en el juicio, junto al doctor Julio César García. “Queremos que nos reconozcan como pueblos originarios. Esas tierras pertenecen a nosotros. A partir de ahí podremos disfrutar nuestro territorio”, señaló a Hoy Catri Duarte, uno de los caciques de la comunidad que habita dichos terrenos y miembro de Apy Ñeychyro, organización tradicional indígena.
“Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad”, asegura el escritor uruguayo Eduardo Galeano en una de sus tantas cartas a los pueblos indígenas. La falta de derechos en comunidades como la de los quom o mbya son la muestra clara que tal concepto es ignorado y bastardeado tanto para el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, como para el Gobierno de Cristina Fernández.
Nicolás Salas
Qué representan las tierras para los mbya
El lugar en cuestión se encuentra en el Valle del Arroyo de Kuña Piru, sobre el cual se asientan cinco comunidades en la actualidad. La vegetación y el ecosistema brindan a los pueblos originarios los recursos necesarios para su subsistencia. “Vivimos del mismo monte. De ahí sacamos para hacer artesanías y lugar para plantar y poder sobrevivir”, afirmó el cacique Duarte, quien además alertó a este medio sobre la presencia de “colonos” en la zona donde están desmontando y realizando plantaciones. “Hay gente que se ha introducido ahí haciendo desmontes, sobre lo que la Universidad no tiene ningún control, y estas son decisiones que hasta el día de hoy la UNLP no quiere asumir. Son empresas que se han metido ahí”, agregó Adolfo Pérez Esquivel.
La judicialización y la posición de la UNLP
Tras la negativa de los pueblos a negociar sus derechos, la disputa entre las partes pasó a manos de la Justicia. “En el año 2009 se realizó una audiencia conciliatoria en el ámbito judicial; y la UNLP con el Estado nacional ni siquiera se presentó a la audiencia”, afirmó la abogada Estela Maris Martínez, patrocinante de las comunidades en el juicio que los mbya llevan a cabo contra la Universidad Nacional de La Plata y el Estado nacional. A su vez, Martínez advirtió que el Estado nacional tuvo “una estrategia dilatoria” al iniciar una “demanda de excepción de incompetencia” sobre el Juzgado Federal de Posadas, cuestión que fue revocada.
“Se formó una comisión para definir la cantidad de tierras. Sobre finales de 2007 fue la ultima reunión, las comunidades cortaron el diálogo y judicializaron el tema. Iniciaron una demanda contra la UNLP y el Estado nacional”, indicó a Hoy el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNLP, Julio Mazzotta. Asimismo, el funcionario universitario sostuvo que “a nosotros nos notificaron con tres días de anticipación sobre la audiencia, cuando nos tendrían que haber notificado con diez días, era imposible. Teníamos consejo superior, la persona que tenía que viajar era yo y es imposible organizar para poder viajar”.