NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 12 de julio de 2011

EN 8 AÑOS, MAS MUERTOS QUE CONDENADOS.

MOVILIZAMOS A LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY EN CAPITAL FEDERAL. 14/07/11-16HS.

Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena.
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Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves llega a su fin.

ESTO NO ES JUSTICIA!

Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.


HIJOS LA PLATA

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OTRA JODITA DE LOS JUECES MARPLATENSES

EL GENOCIDA RAFAEL MOLINA (alias “Charly” o “Charles Bronson”) APARTADO DE UN JUICIO POR “RAZONES DE SALUD”

Riojano. 67 años. Retirado de la FuerzaAérea , L.E. Nº 5.331.277, con último domicilio en la calle Figueroa Alcorta Nº 447, Barrio Poluyán de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba y, a junio 2010, alojado en laUP 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Batán.

Molina fue subjefe de la Base Aérea de MDP, y como tal juzgado en esa ciudad en 2010, en la causa por los hechos de “La noche de las corbatas”, acusado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos) e imposición de tormentos a los presos agravado por ser éstos perseguidos políticos (38 hechos), en grado de coautoría, todos los cuales concurren materialmente entre sí. Además, estaba acusado como autor penalmenteresponsable de los delitos de violaciones reiteradas agravadas contra varias detenidas. Todos los casos por su actuación en el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ”. Varios sobrevivientes del CCD, así como subordinados de este genocida lo describen como un “borracho violento y militarista”.
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En Junio de 2010, los jueces Juan Velazquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos Paris, del TOF de Mar del Plata lo sentenciaron a prisión perpetua, convirtiéndolo así en el cuarto integrante de la Fuerza Aérea condenado desde la reapertura de las causas contra los genocidas, tras la condena a Barda, Comes y Mariani en causa “Área Mar del Plata-Mansión Seré”, llevada a juicio en 2008.

Casi como una mala broma de la “Justicia”, esta semana los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y ElvioOsores Soler, del nuevo Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, lo apartaron del juicio oral que se realiza en aquella ciudad desde junio pasado y que investiga delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención, en perjuicio de 85 víctimas. El argumento esgrimido fue “problemas de salud del acusado”, y lo beneficiaron con la impunidad sobre hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

El juicio continúa con las imputaciones sobre los represores Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Nicolás Miguel Caffarello,

Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli, algunos de ellos ya condenados en otros juicios recientes.

Las dilaciones alrededor del juzgamiento de Molina no son nuevas:

- El tribunal que lo debía juzgar en 2010, que tardó 3 años en juzgar a Molina desde que la causa se había elevado a juicio, presentó un

- Ante ello, el Fiscal Daniel Adler, presentó una queja por retardo de justicia ante la Cámara de Casación, al considerar que “el trámite de la causa y el tiempo que aún resta para la realización del debate oral fijado por el Tribunal, atenta contra la razonabilidad del plazo en el que debe llevarse a cabo el proceso penal”.

- En respuesta, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal, que pretendía estirar el inicio del juicio, y le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.

- Justamente, en su presentación, el Fiscal Adler había sostenido que los cuatro meses en que el tribunal pretendía estirar el comienzo del debatepodrían frustrar los fines del proceso en caso de agravarse el estado de salud de Molina. Esa previsión se hizo realidad por la tardanza de los jueces.

Del total de 1464 imputados registrado en 2010, sólo 1179 se encontraban con posibilidades de enfrentar un proceso penal. Los 243 restantes fallecieron o fueron declarados incapaces.

Este nuevo hecho es una tomada de pelo más a la lucha por Justicia de los organismos de DDHH, y confirma que tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves 14 de julio llega a su fin.

ESTO NO ES JUSTICIA!

Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
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Río Negro: Torturas en el Penal Nº 1 de Viedma.

6 de julio de 2011
por La Cantora.
Río Negro, Penal Nº 1 de Viedma: 70 denuncias por torturas y tratos crueles.

Tras los cinco días de cortes de agua potable luz eléctrica, y los Habeas Corpus presentados por agravamiento de las condiciones de detención, Jueces de la Cámara en lo Criminal de Viedma, realizaron en la mañana de hoy, una inspección y labraron 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención. La Cantora estuvo presente. El Servicio Penitenciario prohibió la entada a la prensa.

En la mañana de hoy, el Juez de Cámara en lo Criminal de la Sala B de Viedma, Dr. Jorge Bustamante, realizó una inspección en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro.
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La visita surge a partir de un Habeas Corpus colectivo a favor de al menos 137 detenidos en esa unidad penal, por agravamiento de las condiciones de detención, que fuera presentado en la tarde de ayer por la Asociación Civil La Cantora.

El Camarista, acudió al penal acompañado varios funcionarios judiciales y por la Defensora General. Allí realizaron una amplia recorrida por las instalaciones del establecimiento, pudiendo comprobar el estado de las mismas, las bajas temperaturas reinantes dentro de los pabellones y el estado y calidad de la alimentación que reciben los detenidos. Cabe agregar que por orden de la Dirección de la Unidad Penal, se prohibió la entrada a los trabajadores de prensa que deseaban cubrir el acto.

El pasado lunes 4 de julio, La Cantora había realizado la presentación de un recurso similar, sonde se denunciaba el corte de los servicio de agua potable y energía eléctrica desde el jueves 30 de junio. Asimismo, el 75 % de la población carcelaria se hacía plegado a una huelga de hambre como medida de protesta por la situación.

Si bien en la tarde de ayer, se anunció el reestablecimiento de los servicios, en la inspección realizada en la mañana de hoy, se comprobó que los mismos funcionaban parcialmente. Sólo en algunos sectores de la unidad de habían reestablecido la calefacción, y en otros el agua; principalmente en locaciones donde presta funciones los agentes del Servicio Penitenciario.

70 denuncias

Durante la recorrida, el Camarista se entrevistó personalmente con los detenidos, labrando al menos 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención, las que se describieron como: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones; deficiente atención médica; alimentación de escasos valores nutricionales; arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin, cuya evaluación repercute directamente en la progresividad de la pena de los detenidos.

En las mismas se señalo a varios agentes de mediano rango dentro del Servicio Penitenciario pertenecientes a las áreas de Seguridad Interna y Requisa. Asimismo también, se radicaron denuncias sobre robo permanente, por parte del personal penitenciario de víveres y otros elementos que debieran ser proporcionados a los detenidos.

El Habeas Corpus presentado por La Cantora

En la tarde de ayer, la Asociación La Cantora, presentó ante la Sala B de la Cámara en lo Criminal, un recurso de Habeas Corpus, en favor de las 137 personas alojadas y privadas de su libertad en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, y contra la situación de agravamiento de las condiciones de detención.

El petitorio solicitaba además de la pronta inspección, la intervención pronta investigación de los fundamentos de la presentación, donde se detallaban una serie de agravantes a las condiciones de detención, que se transforman según la legislación vigente en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, el recurso solicitaba la intervención de Salud Pública para la atención médica necesaria, dados los males físicos y psicológicos que se derivaron de las consecuencias sufridas por los detenidos, luego de ser sometidos a tales agravantes.

Una posible salida

Esperando las resoluciones judiciales luego de la inspección y recolección de denuncias, cabe esperar una respuesta política e institucional acorde a las circunstancias por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo primera medida, el desplazamiento del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio, y de los responsables de Seguridad Interna y Requisa, Coronado, Collueque y Poblete, nombrados recurrentemente en las denuncias realizadas por los detenidos.

En segundo lugar, se hace necesaria una amplia y profunda investigación para determinar procedimientos y responsabilidades, respecto de los faltantes de alimentos, víveres y otros elementos de limpieza y aseo personal que deberían ser asignados a los detenidos. Asimismo, de los insumos y herramientas necesarias para la reparación de las instalaciones.

Finalmente, la remoción, renovación y reestructuración del Gabinete Técnico Criminológico de evolución de los detenidos. Según la ley vigente, el mismo debe acompañar en el tratamiento al detenido en el transcurso del cumplimiento de la pena, y trabajar de cara a la futura resocialización. En la práctica, a través de un perverso sistema de premios y castigos, encierra una interminable cadena de favores, que agravan la detención.

En vísperas de un nuevo aniversario de nuestra Independencia, hay mucho trabajo pendiente para las oficinas de 25 de Mayo e Hilario Lagos.

Contactos:
Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196

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lunes, 11 de julio de 2011

Violencia sin límites.

UNIDAD 48 DE SAN MARTÍN

(AW) "¡A mí no me contestés! ¡La concha de tu madre! ¡Vos no sabés quién soy yo! ¡Yo me recontra paro de manos, bigote! Gritó el guardia Dorrego, y seguidamente a la vista de los otros detenidos y de familiares procedió a tomarlo del brazo y meterlo en el interior de la garita. Allí le dio tres trompadas, lo tomó del cuello, cargó su pistola y se la martilló en la sien.

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-¡Viste que me paro de manos! ¡Yo banco guacho! Fueron las últimas palabras pronunciadas por Dorrego antes de subirse a su auto Ford Escort gris, patente SWN-027, con calcos que simulan impactos de bala en la carrocería y huir raudamente del lugar. Actualmente la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín investiga el hecho en el que Hop fue golpeado y luego simularon fusilarlo en la cárcel de San Martín". Parte, significativa, del relato del cronista.

Nota completa: Agencia Walsh

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Luis Sthrudreher sigue prófugo.

Fue interventor durante la dictadura militar. También estuvo en el gobierno de Cobos como director de Logística. Había sido beneficiado por el juez Julio Petra, que luego fue denunciado.

El cuestionado camarista Julio Petra.

Por: Daniel Calivares daniel.calivares@elsoldiario.com.ar

A fines de de la semana pasada, llegó la orden de detención dictada por la Justicia Federal de San Rafael para Luis Sthrudelher. Sin embargo, no fué detenido porque se encuentra prófugo de la Justicia, según confirmó el abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas.

Está acusado en una veintena de causas. Sin embargo se había podido salvar porque la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el juez Julio Petra le había dictado falta de mérito en el secuestro y desaparición de Aldo Fagetti y otras causas en las que estaba involucrado, Petra fué denunciado en el Consejo de la Magistratura por el hijo de un desaparecido sanrafaelino, Mariano Tripiana.

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Fue funcionario de la gestión de Julio Cobos como director de Logística en el ministerio de Seguridad, cuando este era comandado por Roberto Grillo. En el 2007 fue detenido por orden del ex juez federal Héctor Acosta (hoy jubilado) y luego beneficiado por la cámara que presidía Petra.

Su mandato se extendió hasta el 25 junio de 1976, cuando fue relevado el coronel Edgardo Lorca. En el juicio hecho en San Rafael se pudo confirmar que en la municipalidad, donde el ex funcionario tenía su oficina, funcionó un CCD.

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Siguen las domiciliaria... ahora le toca a la ESMA

El genocida Miguel García Velasco será veneficiado con la prisión domiciliaria (como tantos otros), asi lo dispuso el TOF Nº5 de Capital Federal, quien considera que presenta una enfermedad incurable y cuyo alojamiento en un establecimiento carcelario impediría el adecuado tratamiento de su patología.

Según la resolución, “de los datos incorporados al presente, surge que el nombrado padece un grave cuadro de salud, que requiere de cuidados intensivos y que, por sus particularidades, habilita a presumir que puedan presentarse situaciones que requieran un tratamiento de emergencia”.

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Agrega que “el Tribunal quiere mencionar que tiene presente la gravedad de los delitos atribuidos a García Velasco, no obstante y más allá de que se pueda coincidir o no con la puntual solución que se le da al presente caso –lo cual, en definitiva, quedará seguramente sujeto a la decisión de los tribunales superiores-, entendemos conveniente afirmar que los principios y derechos constitucionales, no admiten distinciones en sus destinatarios y deben aplicarse, sin más, cuando por derecho corresponda”.

Fuente: www.cij.gov.ar
Para descargar: fallo completo

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Fabián Sampietro cumple tres días de huelga seca sin recibir respuesta

El militante de La Cantora se cosió los labios exigiendo que la justicia resuelva su situación, dado que se encuentra encerrado sin condena firme. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero en manos de sus torturadores, ya que lleva adelante una importante causa contra tres oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense por torturas. En el cierre del tercer día sin ingerir alimentos ni líquidos, la justicia sigue sin responder.

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Entre un silencio y otro

¿Sabe la palabra cuando ya no se encuentra con el momento que la necesita ni con el lugar que la quiere?


Eduardo Galeano. Las palabras andantes



(APe) Como frutos prematuros los chicos tobas se caen de las escuelas a la primera brisa. Casi ninguno termina la secundaria y la mitad de los adolescentes no completan la primaria.

Dicen que es el hambre, las enfermedades, los embarazos tiernos, y también el idioma. Ellos no hablan en sus casas el español de los dibujos animados y en las escuelas no hay maestros bilingües que puedan entenderlos. Así, a fuerza de no saber qué dicen los otros, se van quedando cada vez más lejos y más adentro de sí mismos. Un adentro que para nosotros es un afuera inexorable.

Mapuches y kollas, en cambio, logran resistir más tiempo en los pupitres. Sólo un 25 % no completa el primario. El 40 % empieza el secundario pero apenas la mitad lo termina. Los porcentajes están muy por debajo de los promedios nacionales pero por encima de tobas, guaraníes y wichis.

Tiene que ver con gobiernos, enfermedades y miserias, pero también tiene que ver con las palabras. SEGUIR LEYENDO [+]
Mapuches y Kollas hablan español en sus casas. Eso les da un poco más de tiempo en el sistema educativo pero a la larga los condena al olvido de la lengua originaria. Para ellos tampoco existe la educación bilingüe.Por delante o por detrás a unos y otros los acorrala el silencio. Nuestro sistema educativo, un poco sordo y otro poco mudo, los condena a la mudez y a la sordera.

¿Sin las palabras de hoy cómo van a hacer los tobas para seguir hablando?
¿Sin los cantos de ayer cómo van a nombrar el mundo los mapuches y los kollas?
Dos preguntas y una sola respuesta en todos los idiomas.

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SENTENCIA POR VESUBIO 14/7 a las 16 horas en Comodoro Pi al 2002

Convocamos a movilizar hasta los Tribunales de Comodoro Py (2002) para reclamar la condena en cárcel común y efectiva a todos los genocidas, por todos los compañeros.

El centro clandestino de detención.

El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”. Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.

Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.

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Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.

El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.


La Causa

En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este CCD. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En febrero del año pasado, el TOF Nº4 comenzó a juzgar a estos represores:
- Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería. Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y tormentos así como por 16 homicidios.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio. Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2 homicidios.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”. Imputado por 63 PIL y tormentos así como por 14 homicidios. MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”. Imputado por 140 PIL y tormentos.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”. Imputado por 85 PIL y tormentos.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.


Exigimos

En sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez. También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil, estaremos el próximo jueves 14 de julio exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!

Contactos de prensa:
- Guillermo Lorusso, AEDD, (011) 1551798041
- Dra. Liliana Mazea (011) 1558169178
- Dra. Sabrina Dentone (LADH) (011) 1549362704

Justicia YA! Buenos Aires está integrado por:
Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

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domingo, 10 de julio de 2011

Ordenan detener a Luis Stuhldreher.

El Juzgado Federal de San Rafael pidió la detención de Luis Stuhldreher (era capitán cuando las FFAA tomaron el poder en 1976). En democracia fue funcionario del gobierno de Julio Cobos.

Fue intendente en San Rafael de Mendoza durante la dictadura militar, eludió el juicio en el 2010 debido a una "falta de mérito" que dictó la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, desvinculándolo de 20 causas. La APDH le pidió al juzgado su inmediata detención y procesamiento al conocer la anulación de la medida. Tambien fue solicitada por EMV y J, y Familiares de detenidos-desaparecidos.

El camarista federal Julio Petra firmó la falta de mérito a favor de Stuhldreher en la causa que lo investigaba por la desaparición de Aldo Fagetti el 25 de febrero de 1976.

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El fiscal recurrió la decisión por nulidad y el expediente pasó a la Cámara Nacional de Casación Penal que finalmente revocó la resolución favorable al ex militar.

El ex intendente tenía como subordinado al teniente Aníbal Guevara, hoy condenado a prisión perpetua junto a los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Labarta, y al abogado Raúl Egea Bernal que recibió una condena de 8 años.

Stuhldreher dirigió una empresa de seguridad privada hasta el 2002 a cargo de la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina y durante el gobierno de Cobos, y en la gestión de Roberto Grillo como ministro de Seguridad, tuvo a su cargo la Dirección de Logística hasta 2005. Según el matutino de San Rafael.

Fuente: ADN

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