miércoles, 13 de julio de 2011
Buenos muchachos.
Investigan a Gerardo Martínez por Inteligencia durante la dictadura.
El secretario general de la UOCRA (Gerardo Martínez), figura en uno de los archivos desclasificados del Ejército como miembro civil del batallón 601 de inteligencia. Durante los años que estuvo como empleado del servicio de inteligencia desaparecieron 105 obreros del gremio, por lo que se realizó una denuncia para que se lo investigue.
El nombre de Gerardo Alberto Martínez y su documento 11.934.882 aparecen en los datos sobre el personal civil del batallón 601. Esto provocó que la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú radique la denuncia.
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Enrique Furman, quién es uno de los que impulsa la denuncia, expresó a Radio Continentalque "Martínez aparece en la UOCRA en esa época. El documento del Ejército es el que le entrega la fuerza a Nilda Garré por decreto de la Presidenta. No sabemos qué hacía en el 601 Martínez, por eso lo denunciamos. Queremos que se investigue si tuvo que ver con la desaparición de los 105 trabajadores de la UOCRA".
Por este caso, la LADH, el SITRAIC y la AEDD se presentaron como querellantes ante el juzgado federal nº 9 de Sergio Torres.
Graciela Rosenblum (de la LADH), declaró a la agencia DyN que "Partiendo de la base que el juez Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como asociación ilícita, solicitamos a la justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona (Gerardo Martínez) y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA durante la dictadura".
Foto: HIJOS LA PLATA
Fuente: ADN
El secretario general de la UOCRA (Gerardo Martínez), figura en uno de los archivos desclasificados del Ejército como miembro civil del batallón 601 de inteligencia. Durante los años que estuvo como empleado del servicio de inteligencia desaparecieron 105 obreros del gremio, por lo que se realizó una denuncia para que se lo investigue.
El nombre de Gerardo Alberto Martínez y su documento 11.934.882 aparecen en los datos sobre el personal civil del batallón 601. Esto provocó que la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú radique la denuncia.
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Enrique Furman, quién es uno de los que impulsa la denuncia, expresó a Radio Continentalque "Martínez aparece en la UOCRA en esa época. El documento del Ejército es el que le entrega la fuerza a Nilda Garré por decreto de la Presidenta. No sabemos qué hacía en el 601 Martínez, por eso lo denunciamos. Queremos que se investigue si tuvo que ver con la desaparición de los 105 trabajadores de la UOCRA".
Por este caso, la LADH, el SITRAIC y la AEDD se presentaron como querellantes ante el juzgado federal nº 9 de Sergio Torres.
Graciela Rosenblum (de la LADH), declaró a la agencia DyN que "Partiendo de la base que el juez Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como asociación ilícita, solicitamos a la justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona (Gerardo Martínez) y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA durante la dictadura".
Foto: HIJOS LA PLATA
Fuente: ADN
martes, 12 de julio de 2011
EN 8 AÑOS, MAS MUERTOS QUE CONDENADOS.
MOVILIZAMOS A LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY EN CAPITAL FEDERAL. 14/07/11-16HS.
Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena.
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Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves llega a su fin.
ESTO NO ES JUSTICIA!
Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.
Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena.
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Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves llega a su fin.
ESTO NO ES JUSTICIA!
Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.
HIJOS LA PLATA
OTRA JODITA DE LOS JUECES MARPLATENSES
EL GENOCIDA RAFAEL MOLINA (alias “Charly” o “Charles Bronson”) APARTADO DE UN JUICIO POR “RAZONES DE SALUD”
Riojano. 67 años. Retirado de la FuerzaAérea , L.E. Nº 5.331.277, con último domicilio en la calle Figueroa Alcorta Nº 447, Barrio Poluyán de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba y, a junio 2010, alojado en laUP 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Batán.
Molina fue subjefe de la Base Aérea de MDP, y como tal juzgado en esa ciudad en 2010, en la causa por los hechos de “La noche de las corbatas”, acusado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos) e imposición de tormentos a los presos agravado por ser éstos perseguidos políticos (38 hechos), en grado de coautoría, todos los cuales concurren materialmente entre sí. Además, estaba acusado como autor penalmenteresponsable de los delitos de violaciones reiteradas agravadas contra varias detenidas. Todos los casos por su actuación en el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ”. Varios sobrevivientes del CCD, así como subordinados de este genocida lo describen como un “borracho violento y militarista”.
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En Junio de 2010, los jueces Juan Velazquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos Paris, del TOF de Mar del Plata lo sentenciaron a prisión perpetua, convirtiéndolo así en el cuarto integrante de la Fuerza Aérea condenado desde la reapertura de las causas contra los genocidas, tras la condena a Barda, Comes y Mariani en causa “Área Mar del Plata-Mansión Seré”, llevada a juicio en 2008.
Casi como una mala broma de la “Justicia”, esta semana los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y ElvioOsores Soler, del nuevo Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, lo apartaron del juicio oral que se realiza en aquella ciudad desde junio pasado y que investiga delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención, en perjuicio de 85 víctimas. El argumento esgrimido fue “problemas de salud del acusado”, y lo beneficiaron con la impunidad sobre hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.
El juicio continúa con las imputaciones sobre los represores Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Nicolás Miguel Caffarello,
Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli, algunos de ellos ya condenados en otros juicios recientes.
Las dilaciones alrededor del juzgamiento de Molina no son nuevas:
- El tribunal que lo debía juzgar en 2010, que tardó 3 años en juzgar a Molina desde que la causa se había elevado a juicio, presentó un
- Ante ello, el Fiscal Daniel Adler, presentó una queja por retardo de justicia ante la Cámara de Casación, al considerar que “el trámite de la causa y el tiempo que aún resta para la realización del debate oral fijado por el Tribunal, atenta contra la razonabilidad del plazo en el que debe llevarse a cabo el proceso penal”.
- En respuesta, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal, que pretendía estirar el inicio del juicio, y le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.
- Justamente, en su presentación, el Fiscal Adler había sostenido que los cuatro meses en que el tribunal pretendía estirar el comienzo del debatepodrían frustrar los fines del proceso en caso de agravarse el estado de salud de Molina. Esa previsión se hizo realidad por la tardanza de los jueces.
Del total de 1464 imputados registrado en 2010, sólo 1179 se encontraban con posibilidades de enfrentar un proceso penal. Los 243 restantes fallecieron o fueron declarados incapaces.
Este nuevo hecho es una tomada de pelo más a la lucha por Justicia de los organismos de DDHH, y confirma que tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves 14 de julio llega a su fin.
ESTO NO ES JUSTICIA!
Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.
HIJOS LA PLATA
Río Negro: Torturas en el Penal Nº 1 de Viedma.
6 de julio de 2011
por La Cantora.
Río Negro, Penal Nº 1 de Viedma: 70 denuncias por torturas y tratos crueles.
Tras los cinco días de cortes de agua potable luz eléctrica, y los Habeas Corpus presentados por agravamiento de las condiciones de detención, Jueces de la Cámara en lo Criminal de Viedma, realizaron en la mañana de hoy, una inspección y labraron 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención. La Cantora estuvo presente. El Servicio Penitenciario prohibió la entada a la prensa.
En la mañana de hoy, el Juez de Cámara en lo Criminal de la Sala B de Viedma, Dr. Jorge Bustamante, realizó una inspección en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro.
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La visita surge a partir de un Habeas Corpus colectivo a favor de al menos 137 detenidos en esa unidad penal, por agravamiento de las condiciones de detención, que fuera presentado en la tarde de ayer por la Asociación Civil La Cantora.
El Camarista, acudió al penal acompañado varios funcionarios judiciales y por la Defensora General. Allí realizaron una amplia recorrida por las instalaciones del establecimiento, pudiendo comprobar el estado de las mismas, las bajas temperaturas reinantes dentro de los pabellones y el estado y calidad de la alimentación que reciben los detenidos. Cabe agregar que por orden de la Dirección de la Unidad Penal, se prohibió la entrada a los trabajadores de prensa que deseaban cubrir el acto.
El pasado lunes 4 de julio, La Cantora había realizado la presentación de un recurso similar, sonde se denunciaba el corte de los servicio de agua potable y energía eléctrica desde el jueves 30 de junio. Asimismo, el 75 % de la población carcelaria se hacía plegado a una huelga de hambre como medida de protesta por la situación.
Si bien en la tarde de ayer, se anunció el reestablecimiento de los servicios, en la inspección realizada en la mañana de hoy, se comprobó que los mismos funcionaban parcialmente. Sólo en algunos sectores de la unidad de habían reestablecido la calefacción, y en otros el agua; principalmente en locaciones donde presta funciones los agentes del Servicio Penitenciario.
70 denuncias
Durante la recorrida, el Camarista se entrevistó personalmente con los detenidos, labrando al menos 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención, las que se describieron como: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones; deficiente atención médica; alimentación de escasos valores nutricionales; arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin, cuya evaluación repercute directamente en la progresividad de la pena de los detenidos.
En las mismas se señalo a varios agentes de mediano rango dentro del Servicio Penitenciario pertenecientes a las áreas de Seguridad Interna y Requisa. Asimismo también, se radicaron denuncias sobre robo permanente, por parte del personal penitenciario de víveres y otros elementos que debieran ser proporcionados a los detenidos.
El Habeas Corpus presentado por La Cantora
En la tarde de ayer, la Asociación La Cantora, presentó ante la Sala B de la Cámara en lo Criminal, un recurso de Habeas Corpus, en favor de las 137 personas alojadas y privadas de su libertad en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, y contra la situación de agravamiento de las condiciones de detención.
El petitorio solicitaba además de la pronta inspección, la intervención pronta investigación de los fundamentos de la presentación, donde se detallaban una serie de agravantes a las condiciones de detención, que se transforman según la legislación vigente en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, el recurso solicitaba la intervención de Salud Pública para la atención médica necesaria, dados los males físicos y psicológicos que se derivaron de las consecuencias sufridas por los detenidos, luego de ser sometidos a tales agravantes.
Una posible salida
Esperando las resoluciones judiciales luego de la inspección y recolección de denuncias, cabe esperar una respuesta política e institucional acorde a las circunstancias por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial.
Cómo primera medida, el desplazamiento del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio, y de los responsables de Seguridad Interna y Requisa, Coronado, Collueque y Poblete, nombrados recurrentemente en las denuncias realizadas por los detenidos.
En segundo lugar, se hace necesaria una amplia y profunda investigación para determinar procedimientos y responsabilidades, respecto de los faltantes de alimentos, víveres y otros elementos de limpieza y aseo personal que deberían ser asignados a los detenidos. Asimismo, de los insumos y herramientas necesarias para la reparación de las instalaciones.
Finalmente, la remoción, renovación y reestructuración del Gabinete Técnico Criminológico de evolución de los detenidos. Según la ley vigente, el mismo debe acompañar en el tratamiento al detenido en el transcurso del cumplimiento de la pena, y trabajar de cara a la futura resocialización. En la práctica, a través de un perverso sistema de premios y castigos, encierra una interminable cadena de favores, que agravan la detención.
En vísperas de un nuevo aniversario de nuestra Independencia, hay mucho trabajo pendiente para las oficinas de 25 de Mayo e Hilario Lagos.
Contactos:
Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196
Tras los cinco días de cortes de agua potable luz eléctrica, y los Habeas Corpus presentados por agravamiento de las condiciones de detención, Jueces de la Cámara en lo Criminal de Viedma, realizaron en la mañana de hoy, una inspección y labraron 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención. La Cantora estuvo presente. El Servicio Penitenciario prohibió la entada a la prensa.
En la mañana de hoy, el Juez de Cámara en lo Criminal de la Sala B de Viedma, Dr. Jorge Bustamante, realizó una inspección en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro.
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La visita surge a partir de un Habeas Corpus colectivo a favor de al menos 137 detenidos en esa unidad penal, por agravamiento de las condiciones de detención, que fuera presentado en la tarde de ayer por la Asociación Civil La Cantora.
El Camarista, acudió al penal acompañado varios funcionarios judiciales y por la Defensora General. Allí realizaron una amplia recorrida por las instalaciones del establecimiento, pudiendo comprobar el estado de las mismas, las bajas temperaturas reinantes dentro de los pabellones y el estado y calidad de la alimentación que reciben los detenidos. Cabe agregar que por orden de la Dirección de la Unidad Penal, se prohibió la entrada a los trabajadores de prensa que deseaban cubrir el acto.
El pasado lunes 4 de julio, La Cantora había realizado la presentación de un recurso similar, sonde se denunciaba el corte de los servicio de agua potable y energía eléctrica desde el jueves 30 de junio. Asimismo, el 75 % de la población carcelaria se hacía plegado a una huelga de hambre como medida de protesta por la situación.
Si bien en la tarde de ayer, se anunció el reestablecimiento de los servicios, en la inspección realizada en la mañana de hoy, se comprobó que los mismos funcionaban parcialmente. Sólo en algunos sectores de la unidad de habían reestablecido la calefacción, y en otros el agua; principalmente en locaciones donde presta funciones los agentes del Servicio Penitenciario.
70 denuncias
Durante la recorrida, el Camarista se entrevistó personalmente con los detenidos, labrando al menos 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención, las que se describieron como: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones; deficiente atención médica; alimentación de escasos valores nutricionales; arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin, cuya evaluación repercute directamente en la progresividad de la pena de los detenidos.
En las mismas se señalo a varios agentes de mediano rango dentro del Servicio Penitenciario pertenecientes a las áreas de Seguridad Interna y Requisa. Asimismo también, se radicaron denuncias sobre robo permanente, por parte del personal penitenciario de víveres y otros elementos que debieran ser proporcionados a los detenidos.
El Habeas Corpus presentado por La Cantora
En la tarde de ayer, la Asociación La Cantora, presentó ante la Sala B de la Cámara en lo Criminal, un recurso de Habeas Corpus, en favor de las 137 personas alojadas y privadas de su libertad en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, y contra la situación de agravamiento de las condiciones de detención.
El petitorio solicitaba además de la pronta inspección, la intervención pronta investigación de los fundamentos de la presentación, donde se detallaban una serie de agravantes a las condiciones de detención, que se transforman según la legislación vigente en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, el recurso solicitaba la intervención de Salud Pública para la atención médica necesaria, dados los males físicos y psicológicos que se derivaron de las consecuencias sufridas por los detenidos, luego de ser sometidos a tales agravantes.
Una posible salida
Esperando las resoluciones judiciales luego de la inspección y recolección de denuncias, cabe esperar una respuesta política e institucional acorde a las circunstancias por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial.
Cómo primera medida, el desplazamiento del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio, y de los responsables de Seguridad Interna y Requisa, Coronado, Collueque y Poblete, nombrados recurrentemente en las denuncias realizadas por los detenidos.
En segundo lugar, se hace necesaria una amplia y profunda investigación para determinar procedimientos y responsabilidades, respecto de los faltantes de alimentos, víveres y otros elementos de limpieza y aseo personal que deberían ser asignados a los detenidos. Asimismo, de los insumos y herramientas necesarias para la reparación de las instalaciones.
Finalmente, la remoción, renovación y reestructuración del Gabinete Técnico Criminológico de evolución de los detenidos. Según la ley vigente, el mismo debe acompañar en el tratamiento al detenido en el transcurso del cumplimiento de la pena, y trabajar de cara a la futura resocialización. En la práctica, a través de un perverso sistema de premios y castigos, encierra una interminable cadena de favores, que agravan la detención.
En vísperas de un nuevo aniversario de nuestra Independencia, hay mucho trabajo pendiente para las oficinas de 25 de Mayo e Hilario Lagos.
Contactos:
Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196
lunes, 11 de julio de 2011
Violencia sin límites.
UNIDAD 48 DE SAN MARTÍN
(AW) "¡A mí no me contestés! ¡La concha de tu madre! ¡Vos no sabés quién soy yo! ¡Yo me recontra paro de manos, bigote! Gritó el guardia Dorrego, y seguidamente a la vista de los otros detenidos y de familiares procedió a tomarlo del brazo y meterlo en el interior de la garita. Allí le dio tres trompadas, lo tomó del cuello, cargó su pistola y se la martilló en la sien.
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-¡Viste que me paro de manos! ¡Yo banco guacho! Fueron las últimas palabras pronunciadas por Dorrego antes de subirse a su auto Ford Escort gris, patente SWN-027, con calcos que simulan impactos de bala en la carrocería y huir raudamente del lugar. Actualmente la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín investiga el hecho en el que Hop fue golpeado y luego simularon fusilarlo en la cárcel de San Martín". Parte, significativa, del relato del cronista.
Nota completa: Agencia Walsh
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-¡Viste que me paro de manos! ¡Yo banco guacho! Fueron las últimas palabras pronunciadas por Dorrego antes de subirse a su auto Ford Escort gris, patente SWN-027, con calcos que simulan impactos de bala en la carrocería y huir raudamente del lugar. Actualmente la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín investiga el hecho en el que Hop fue golpeado y luego simularon fusilarlo en la cárcel de San Martín". Parte, significativa, del relato del cronista.
Nota completa: Agencia Walsh
Luis Sthrudreher sigue prófugo.
Fue interventor durante la dictadura militar. También estuvo en el gobierno de Cobos como director de Logística. Había sido beneficiado por el juez Julio Petra, que luego fue denunciado.
El cuestionado camarista Julio Petra.
Por: Daniel Calivares daniel.calivares@elsoldiario.com.ar
A fines de de la semana pasada, llegó la orden de detención dictada por la Justicia Federal de San Rafael para Luis Sthrudelher. Sin embargo, no fué detenido porque se encuentra prófugo de la Justicia, según confirmó el abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas.
Está acusado en una veintena de causas. Sin embargo se había podido salvar porque la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el juez Julio Petra le había dictado falta de mérito en el secuestro y desaparición de Aldo Fagetti y otras causas en las que estaba involucrado, Petra fué denunciado en el Consejo de la Magistratura por el hijo de un desaparecido sanrafaelino, Mariano Tripiana.
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Fue funcionario de la gestión de Julio Cobos como director de Logística en el ministerio de Seguridad, cuando este era comandado por Roberto Grillo. En el 2007 fue detenido por orden del ex juez federal Héctor Acosta (hoy jubilado) y luego beneficiado por la cámara que presidía Petra.
Su mandato se extendió hasta el 25 junio de 1976, cuando fue relevado el coronel Edgardo Lorca. En el juicio hecho en San Rafael se pudo confirmar que en la municipalidad, donde el ex funcionario tenía su oficina, funcionó un CCD.
A fines de de la semana pasada, llegó la orden de detención dictada por la Justicia Federal de San Rafael para Luis Sthrudelher. Sin embargo, no fué detenido porque se encuentra prófugo de la Justicia, según confirmó el abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas.
Está acusado en una veintena de causas. Sin embargo se había podido salvar porque la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el juez Julio Petra le había dictado falta de mérito en el secuestro y desaparición de Aldo Fagetti y otras causas en las que estaba involucrado, Petra fué denunciado en el Consejo de la Magistratura por el hijo de un desaparecido sanrafaelino, Mariano Tripiana.
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Fue funcionario de la gestión de Julio Cobos como director de Logística en el ministerio de Seguridad, cuando este era comandado por Roberto Grillo. En el 2007 fue detenido por orden del ex juez federal Héctor Acosta (hoy jubilado) y luego beneficiado por la cámara que presidía Petra.
Su mandato se extendió hasta el 25 junio de 1976, cuando fue relevado el coronel Edgardo Lorca. En el juicio hecho en San Rafael se pudo confirmar que en la municipalidad, donde el ex funcionario tenía su oficina, funcionó un CCD.
Siguen las domiciliaria... ahora le toca a la ESMA
El genocida Miguel García Velasco será veneficiado con la prisión domiciliaria (como tantos otros), asi lo dispuso el TOF Nº5 de Capital Federal, quien considera que presenta una enfermedad incurable y cuyo alojamiento en un establecimiento carcelario impediría el adecuado tratamiento de su patología.
Según la resolución, “de los datos incorporados al presente, surge que el nombrado padece un grave cuadro de salud, que requiere de cuidados intensivos y que, por sus particularidades, habilita a presumir que puedan presentarse situaciones que requieran un tratamiento de emergencia”.
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Agrega que “el Tribunal quiere mencionar que tiene presente la gravedad de los delitos atribuidos a García Velasco, no obstante y más allá de que se pueda coincidir o no con la puntual solución que se le da al presente caso –lo cual, en definitiva, quedará seguramente sujeto a la decisión de los tribunales superiores-, entendemos conveniente afirmar que los principios y derechos constitucionales, no admiten distinciones en sus destinatarios y deben aplicarse, sin más, cuando por derecho corresponda”.
Fabián Sampietro cumple tres días de huelga seca sin recibir respuesta
El militante de La Cantora se cosió los labios exigiendo que la justicia resuelva su situación, dado que se encuentra encerrado sin condena firme. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero en manos de sus torturadores, ya que lleva adelante una importante causa contra tres oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense por torturas. En el cierre del tercer día sin ingerir alimentos ni líquidos, la justicia sigue sin responder.
Fuente: Indymedia La Plata
Entre un silencio y otro
¿Sabe la palabra cuando ya no se encuentra con el momento que la necesita ni con el lugar que la quiere?
Eduardo Galeano. Las palabras andantes
(APe) Como frutos prematuros los chicos tobas se caen de las escuelas a la primera brisa. Casi ninguno termina la secundaria y la mitad de los adolescentes no completan la primaria.
Dicen que es el hambre, las enfermedades, los embarazos tiernos, y también el idioma. Ellos no hablan en sus casas el español de los dibujos animados y en las escuelas no hay maestros bilingües que puedan entenderlos. Así, a fuerza de no saber qué dicen los otros, se van quedando cada vez más lejos y más adentro de sí mismos. Un adentro que para nosotros es un afuera inexorable.
Dicen que es el hambre, las enfermedades, los embarazos tiernos, y también el idioma. Ellos no hablan en sus casas el español de los dibujos animados y en las escuelas no hay maestros bilingües que puedan entenderlos. Así, a fuerza de no saber qué dicen los otros, se van quedando cada vez más lejos y más adentro de sí mismos. Un adentro que para nosotros es un afuera inexorable.
Mapuches y kollas, en cambio, logran resistir más tiempo en los pupitres. Sólo un 25 % no completa el primario. El 40 % empieza el secundario pero apenas la mitad lo termina. Los porcentajes están muy por debajo de los promedios nacionales pero por encima de tobas, guaraníes y wichis.
Tiene que ver con gobiernos, enfermedades y miserias, pero también tiene que ver con las palabras. SEGUIR LEYENDO [+]
Mapuches y Kollas hablan español en sus casas. Eso les da un poco más de tiempo en el sistema educativo pero a la larga los condena al olvido de la lengua originaria. Para ellos tampoco existe la educación bilingüe.Por delante o por detrás a unos y otros los acorrala el silencio. Nuestro sistema educativo, un poco sordo y otro poco mudo, los condena a la mudez y a la sordera.
Mapuches y Kollas hablan español en sus casas. Eso les da un poco más de tiempo en el sistema educativo pero a la larga los condena al olvido de la lengua originaria. Para ellos tampoco existe la educación bilingüe.Por delante o por detrás a unos y otros los acorrala el silencio. Nuestro sistema educativo, un poco sordo y otro poco mudo, los condena a la mudez y a la sordera.
¿Sin las palabras de hoy cómo van a hacer los tobas para seguir hablando?
¿Sin los cantos de ayer cómo van a nombrar el mundo los mapuches y los kollas?
Dos preguntas y una sola respuesta en todos los idiomas.
Fuente: Pelota de trapo
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