Confirmando tristemente las denuncias que los organismos de Derechos Humanos independientes de la gestión actual venimos haciendo sobre la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, esta semana falleció impune Rubén Oscar Paez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad.
Con este deceso suman 288 los genocidas muertos impunes desde la recuperación de la institucionalidad democrática, número superior al de los 274 represores condenados desde la reapertura de los juicios en 2003. La tendencia marca una clara inclinación de la balanza hacia la elusión de la justicia por sobre los efectos de la voluntad de condena, producto de la falta de celeridad que el Estado evidencia en la investigación, el procesamiento y la condena de los represores.
Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en estas causas, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
Ruben Paez fue jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP), ubicada entonces en calle 55 entre 13 y 14, entre junio y diciembre de 1977. El lugar que funcionó como Centro de Operaciones (instancia de admisión y detención temporaria de prisioneros) por donde pasaron más de 100 detenidos ilegales desde mayo de 1976 hasta noviembre de 1978. Parte de esa responsabilidad, Paez la confesó a medias en el Juicio Por la Verdad en Octubre de 2000, cuando declaró que en los calabozos de la dependencia funcionó un “área restringida que dominaba el Ejército”, ocupada por detenidos “muy especiales”, que “estaba a cargo de las Fuerzas Conjuntas” y concurrían allí “diariamente” oficiales del Ejército y la Marina. Así aprovechó para deslindar su responsabilidad: “La Policía se encargaba de la seguridad del lugar y nada más”. “La Policía hacía los mandados”, dijo, y agregó que en la Brigada “no se torturaba” porque “era un lugar muy chico”. Y destacó: “Nunca vi ni escuché nada (gritos por torturas). Nunca vi un interrogatorio”. Asimismo, contó que los militares confeccionaban listas con los nombres de los detenidos, que cambiaban a diario, debido a los movimientos constantes que hacían con los secuestrados de un centro clandestino a otro. En este marco, Paez enfatizó que las listas “no quedaban archivadas en la Brigada” y que él nunca tuvo acceso a ellas. Y reconoció también que sus subordinados realizaban el traslado de detenidos a otros centros clandestinos, entre los que mencionó la Comisaría 5ta, “Zona Metropolitana” de Bánfield, el Destacamento de Arana y “distintas dependencias de la Capital Federal”.
Durante la etapa de instrucción de la causa N°11 (por la Brigada de Investigaciones) el espacio Justicia Ya La Plata elaboró un escrito donde se pedía revoquen las detenciones domiciliarias de que gozaban entonces 9 imputados en la causa por el CCD Comisaría 5ta. Allí se solicitaba también que se revoquen las excarcelaciones que les fueran concedidas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal entre diciembre de 2008 y enero de 2009 a 12 represores en las causas de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, entre ellos Paez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en numerosos fallos que el hecho de que no se sancione a los responsables “genera un amedrentamiento permanente hacia las víctimas, familiares y operadores judiciales a cargo de las investigaciones”.
Recordemos que entre julio y septiembre de 2008 el pedido de excarcelación de la defensa de varios de estos genocidas ya había sido denegado en dos oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata (Corazza), y ante la apelación de los abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero la Sala III de Casación concedió sin más la excarcelación con argumentos como: “que pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado” en insuficiente para detenerlo en prisión común. O bien que “la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad, hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones”, correspondía dejarlo libre.
Lo cierto es que la mayor parte de los imputados en la causas de BILP y de Arana estuvieron detenidos sólo unos meses, entre abril y diciembre de 2008. Paez, sobre quien los jueces de Casación tuvieron en cuenta para beneficiarlo con domiciliaria que cumplió 76 años en agosto de 2011, que vivía desde hacía 33 años en la Avda. Vergara nº 3708 de Ranelagh, partido de Berazategui, y que no intentaría fugarse durante el proceso, sólo fue detenido a partir de una decisión de la Corte suprema, que suspendió el beneficio para trasladado tardíamente al Penal de Marcos Paz.
Con este fallecimiento quedan en parte impunes los 106 casos de privación ilegal de libertad y tormentos de que el jefe de la Brigada estaba acusado, pero también se desagrega la penosa lista de sólo 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como la CNU.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
HIJOS LA PLATA
redaccion@anred.org
