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Este jueves 15/03 Jornada de cine documental en la Plazoleta de La Noche de Los Lápices, 8 y 61 (Bellas Artes) a las 19hs. Asamblea de estudiantes exiliados por la educación. | ||
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miércoles, 14 de marzo de 2012
Este 15/03 Jornada de cine Documental.
lunes, 12 de marzo de 2012
La verdadera sintonía fina K
viernes, 9 de marzo de 2012
La vigencia de la impunidad
| Jueves, 08/03/12 | ||
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| Las constantes agresiones, detenciones arbitrarias, suspensiones de juicios por casos de gatillo fácil, asesinatos y persecuciones son hechos que dan cuenta que las policías, tanto federal como provinciales, tienen vía libre por parte de los poderes del Estado para actuar en contra del pueblo. |  | |
| Ayer a la tarde los canales de televisión y sitios web de noticias comenzaron a difundir la existencia de una “batalla campal” entre vecinxs del barrio porteño de Balvanera y la policía. Daban pocos datos, solo cuántos patrulleros y ambulancias había en el lugar. Con el correr de los minutos cobró fuerza la versión “oficial” de que un grupo de personas que hacía un asado en plena calle, agredió a efectivos cuando éstos se acercaron. Cifras de heridos y detenidos, y listo. Pero lo cierto fue que los efectivos de la Comisaría 8° de la Policía Federal reprimieron a familiares de víctimas de gatillo fácil y a vecinxs que se acercaron a solidarizarse. Los agredidos integraban las familias de John Camafreitas y de Marcelo Sepúlveda. John fue asesinado de un disparo en la nuca a fines de enero por el cabo de la 8ª Martín Alexis Naredo; Marcelo fue torturado hasta la muerte por policías de la localidad de Benavidez (partido de Tigre) y vigiladores privados de la empresa Securitas, a principios de este año. Desde los asesinatos, ambas familias fueron continuamente hostigadas por las Comisarías 6ª y 8ª, y la empresa Securitas. De hecho, hay una denuncia por amenazas calificadas formulada el 17 de febrero, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 41. A diferencia de lo informado por los medios masivos de comunicación, lo sucedido ayer por la tarde comenzó cuando varios policías de la 8ª atacaron a Sabrina Castro, prima de John y Marcelo, mientras paseaba con sus hijos. Vecinxs y familiares se acercaron a ayudarla y la policía los reprimió a ellos también. Los hostigamientos y amenazas a familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil por parte de policías son, lamentablemente, muy comunes, y tienen su claro origen en la total impunidad con la que pueden actuar los uniformados. Un contundente ejemplo de esta situación es el de Fabián Gallardo, uno de los mejores amigos de Diego Bonefoi, asesinado en junio de 2010 en Bariloche de un disparo por la espalda efectuado por el cabo Sergio Colombil (condenado luego a 20 años de prisión). En su momento, el asesinato de Diego generó una gran movilización de vecinos de El Alto de Bariloche, que denunciaron los constantes atropellos de la Comisaría 28°. Pero la respuesta policial fue más represión, en la que mataron a otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29 (sus crímenes permanecen impunes). Ahora, una vez más, la policía de Río Negro golpeó ferozmente a Fabián. Efectivos se acercaron a él recriminándole ser amigo de “Los Bonefoi”. Lo esposaron, patearon, cortaron, escupieron e insultaron, en presencia de su hermana. Cuando la madre del joven llegó al lugar, alertada por su hija, fue insultada también por los mismos oficiales. Fabián fue atendido en el Hospital público, y los certificados y exámenes médicos constatan la gravedad de las heridas y confirman que estuvo inconsciente. Fabián ya había denunciado agresiones y detenciones arbitrarias en julio de 2011. En aquella oportunidad fue llevado a la Comisaría 2da, donde lo dejaron tirado en un pasillo frente a un calabozo, sin permitirle llamar a su madre, golpeándolo y burlándose de él. Unos días antes, el menor también había sido bajado de un colectivo y golpeado fuertemente por una docena de efectivos. Un par de meses más tarde, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche debió presentar un habeas corpus por la integridad física de Fabián, luego de ser nuevamente amenazado por haber denunciado penalmente a los policías que lo habían golpeado en julio. Obviamente, el caso de Fabián no es el único en Bariloche. Actualmente, existe una causa iniciada en contra de varios efectivos de la Comisaría 2da. En este marco, se realizó una Cámara Gesel, que permitió que una de las víctimas identificara a uno de los agresores, lo que motivó que recibiera amenazas de muerte de parte de encapuchados. Ante la sistemática persecución contra jóvenes de El Alto en Bariloche, la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad emitió un comunicado dirigido al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a su Jefe de Policía, Jorge Uribe. Entre otras cosas señalan: “Sr. Gobernador, señor Jefe de Policía, los cambios en las filas de la policía no pueden hacerse esperar, están corriendo graves riesgos las vidas de los jóvenes provenientes de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Señor Uribe usted habló de identificar los problemas de cada localidad, le recordamos que uno de los problemas más graves de nuestra ciudad es no saber quién o quiénes mataron a Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas el 17 de Junio de 2010 y no saber quién o quiénes fueron cómplices de intentar ocultar el homicidio de Diego Bonefoi en la madrugada de ese mismo día. ¿Serán los mismos policías que salvajemente golpean nuevamente a Fabián Gallardo? ¿Serán los mismos a los que Ud. pretende más profesionalizados?” Desde ya que Río Negro no es la única provincia con policías represoras. Tan solo por citar un ejemplo, en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el Departamento de Anta, vecinxs denunciaron el violento e incorrecto proceder de la fuerza de seguridad local; particularmente del personal de la Subcomisaría “El Dorado”, a cargo del Comisario Bogarini; quienes detienen e incomunican continuamente a jóvenes, e incluso menores, provocándolos con insultos, golpeándolos, esposándolos y en algunos casos disparándoles balas de goma. Suspensión fácil El lunes pasado se suspendió a último momento el inicio del juicio a los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez y al ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el asesinato de Christian Domínguez y su posterior encubrimiento. Christian fue detenido ilegalmente el 5 de febrero de 2005 por personal de la Comisaría Primera de Berisso (en la zona sur de la provincia de Buenos Aires), a la que se había acercado para denunciar el robo de una campera. No tenía antecedentes penales, ni contravencionales y no había pisado una comisaría previamente. Poco después de ser detenido apareció muerto en un calabozo. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón. En ese momento, estaba de turno la Fiscalía a cargo del Dr. Leandro Heredia, quien no se presentó en el lugar y delegó la investigación en los mismos sospechosos, lo que les dio la posibilidad que armaran la escena del crimen, para instalar la versión del suicidio. De hecho, una primera autopsia, efectuada por médicos forenses de la misma policía bonaerense, ratificó esta versión. Pero la realización de una segunda autopsia, esta vez por forenses judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado-perito de parte de la Asociación Miguel Bru-, determinó que en realidad Christian fue estrangulado y que falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. Además, varios testigos confirmaron que Christian sufrió torturas, hostigamiento y sufrimiento psicológico, mientras pedía que lo dejaran realizar un llamado y lo liberaran, ya que nada justificaba su detención. La causa fue elevada a juicio en 2009 y desde el principio hubo irregularidades, tres fiscales fueron removidos por no investigar ni cumplir con sus deberes de funcionario público. El juicio debía comenzar el lunes, pero uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó un pedido de licencia médica que tiene desde fines de 2011. El viernes, se había sorteado un nuevo juez para completar el Tribunal, pero el designado, Claudio Bernard, se excusó porque tiene un juicio oral en curso. La familia y abogados de Christian sabían que esto podía suceder, por lo que la semana pasada ya habían presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que se arbitraran todos los medios para garantizar el inicio del proceso. Denunciaron además la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Ahora debe esperarse la designación de un nuevo juez, para lo que no hay un tiempo consignado. Ante esta situación, los tres policías acusados, que por el momento permanecen detenidos, podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva (con una prisión domiciliaria, por ejemplo), ya que llevan más de cuatro años y medio detenidos sin sentencia, por lo que existe la opción de que lleguen libres a una nueva fecha de inicio del juicio. Esto genera altas posibilidades de fugas o incidencias en la investigación. Lo concreto es que aún estando los tres detenidos, la policía ha perseguido y amenazado a testigos del juicio. Así lo denunció Pedro, el papá de Christian, quien relató que uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los procesados que le dijo “ojo con lo que vas a decir”. A esto debe sumarse que muchos testigos no han declarado nunca en la causa justamente por temor a las consecuencias. Una clara muestra de la vigencia de la impunidad. Fuentes: Asociación Civil Miguel Bru / Anred / Correpi / Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche La vigencia de la impunidad Red Eco Alternativo | ||
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Gatillo fácil de Christian Dominguez en Berisso.
| Martes, 06/03/12 | ||
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| Suspenden el juicio por el caso de Christian Domínguez Después de siete años de espera, fue suspendido ayer -a último minuto- el juicio por el caso de gatillo fácil de Christian Domínguez -un joven que apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La Plata)-. Una de las jueces sacó carpeta médica y el juez que la debía sustituir se excusó. La postergación favorece a los tres policías acusados, que ahora podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio. Christian Domínguez había ido a la comisaría a denunciar el robo de su campera ,en febrero de 2005. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. |  | |
| Indignación, dolor, lucha y justicia. Son las banderas que acompañaron los últimos años la causa llevada adelante por Pedro y Norma Domínguez, los padres de Christian, un joven de 30 años que en febrero de 2005 apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La PLata, Bs. As.) -a donde había ido a denunciar el robo de su campera-. Por aquel entonces, la policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. Ayer debió ser un día donde comenzar a cosechar los siete años de lucha, al iniciarse el juicio oral por el que serán juzgados los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez -acusados de “torturas seguidas de muerte”, todos detenidos- y el ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental. Pero nada de eso ocurrió y un nuevo episodio de impunidad se sumó a una causa que acumula varias irregularidades. La excusa, en esta oportunidad, fue burocrática. La suspensión se debió a que uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó hace pocos días un pedido de licencia médica que viene pidiendo desde fines de 2011. El viernes, se sorteó un nuevo juez para que complete el Tribunal y salió designado Claudio Bernard, pero se excusó porque tiene un juicio oral en curso. “Nos están faltando el respeto y seguimos siendo torturados”, lanzó indignada Norma Domínguez, la madre del joven, acompañada por su esposo Pedro y de Rosa Brú, la titular de la Asociación Miguel Bru, patrocinante del caso. “Desde diciembre sabemos que podía faltar un juez y siempre quisimos resolverlo, pero la Justicia no nos dio bolilla”, expresó Rosa al respecto. La semana pasada presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando se arbitren todos los medios para garantizar el inicio del juicio y denunciando la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Pero la única respuesta recién llegó hoy, cuando se presentaron en el Tribunal y se anoticiaron de la suspensión. “Ahora habrá que esperar la designación de un nuevo juez, lo que aplaza los tiempos”, señaló Ernesto Martín, uno de los abogados de la familia Domínguez. “Estábamos confiados que empezaba hoy (por ayer 5 de febrero)). Hace 7 años que estamos esperando el juicio, pero no nos van a cansar, vamos a seguir”, dijo Pedro, que sigue firme junto a su esposa. La decisión aparece a las claras como una nueva muestra de complicidad de la justicia bonaerense con los distintos casos de gatillo fácil que atraviesan la realidad provincial de punta a punta. Ahora, los tres policías acusados por el crimen, que por el momento permanecen detenidos, podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio, ya que llevan más de cuatro y medio detenidos sin sentencia, y podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva -por ejemplo, obteniendo una prisión domiciliaria-, lo que podría significar una clara posibilidad para que se fuguen o para que incidan en la investigación. “La policía ha perseguido a testigos del juicio y los ha amenazado”, denunció Pedro, que comentó que hace pocos días, uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los policías procesados y les dijo “ojo con lo que vas a decir”. Asimismo, hay muchos otros testigos que nunca declararon, por temor a represalias. Gatillo fácil en Berisso ANRed La Plata | ||
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Caranchos en la Subsecretaría de DDHH
| Jueves, 01/03/12 | ||
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| La historia oculta de Fernando Cano, ex subsecretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires. La jugada de Daniel Scioli tras las irregularidades y los aprietes sufridos por los trabajadores disidentes con la política oficial. |  | |
| En el ajedrez, el enroque es una jugada que se realiza para proteger al rey. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli estaba siendo jaqueado por las denuncias de los trabajadores que habían cobrado estado público, las editoriales de Horacio Verbitsky en Página 12 y porque su vice, Gabriel Mariotto, había recibido a los críticos de Sara Derotier de Cobacho y su hijo político, Cano. Vale recordar que la Secretaria es la madre de dos jóvenes militantes de Montoneros, desaparecidos en los setenta, uno a mano de la Triple A y otro durante los años dictatoriales cuya nieta, Amanda Danielis, está casada con Cano y también trabaja en esa dependencia estatal. Ante el inminente jaque del cristinismo más recalcitrante, Scioli protegió a su reina Cobacho quien negoció un enroque que dejó a los empleados desplazados y a los apretados, con sabor a poco. El enroque diseñado por el gobernador con el beneplácito de una Sara Derotier convertida en una especie de Hebe de Bonafini de Cano en los tiempos en que la Madre apañaba en todos sus caprichos al Hijo, consistió en reubicar a Cano como director de la Escuela de Gobierno de la Jefatura de Gabinete Provincial mientras sin eyectarlo de la estructura estatal. El funcionario que ocupaba ese lugar pasó a ocupar el de Cano. Se trata del sociólogo Gustavo J. Nahmias, un hombre sin antecedentes en materia de militancia en la defensa de los derechos humanos, con un claro perfil técnico y con un currículo generoso en títulos aniversarios y sin escándalos de corrupción, algo destacable en los tiempos actuales. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la estructura diseñada por Cano y Sara Derotier aun permanece inalterable, esto es, parientes, amigos y una red de abogados con un pasado relacionado con el mundo de los caranchos. La historia es de película pero aquí no están Ricardo Darín ni mucho menos Martina Gusmán, aunque la trama guarda varias similitudes. El pasado oscuro del, hasta hace una semana, subsecretario de Derechos Humanos, se relacionaba con el submundo del delito y de la estafa, en relación con el aprovechamiento de las víctimas de accidentes de tránsito inventando, muchas veces, tales siniestros, como así también de estafas a ancianas desamparadas herederas de jugosas fortunas como fue el caso de la familia Casadey asentado en tres expedientes que descansan en los despachos de la justicia tucumana en los expedientes 3843/72, 6534/06 y 31/86. Según Francisco Casadey, Cano estafó a su familia en la sucesión de sus bienes compuesto por siete propiedades en Tucumán y distintas cuentas bancarias en Córdoba. En el año 2002, el heredero Casadey y su madre, Clelia, le otorgaron un poder a Cano y a su socio Héctor Gabriel Martín para ocuparse de la sucesión de los bienes de su padre. Misteriosamente, Francisco Casadey comenzó a ser investigado por la justicia tucumana quien lo acusaba de no administrar correctamente sus bienes mientras que su representante legal se presentaba como heredero de una de las propiedades de mayor valor, un hotel situado sobre la Avenida Córdoba al 2000 en Capital Federal, merced a un supuesto papel firmado por la convaleciente Clelia quien, poco después, fallecería. Según las denuncias presentadas por Francisco Casadey, fallecido el año pasado, y reflejadas en un libro La Injusticia al Poder (Ediciones Alfafuerte, 2010) que se puede bajar gratuitamente desde la web, Cano, Martin y otro abogado tucumano de apellido Mena engañaron a su madre, la tuvieron secuestrada, usurparon las propiedades y, con complicidad de un juez de la dictadura que aún dicta justicia en Tucumán, se quedaron con la herencia de su padre. El hecho que lo colocó en las portadas de medios digitales de la provincia a Fernando Cano y a Sara Derotier fue cuando ambos denunciaron un faltante de dinero de sus oficinas hace dos años. Germán Córdoba, ex integrante de la secretaría, comenzó a sospechar de las supuestas víctimas. Se hablaba de 190 mil pesos, luego de 160 mil, cuando la caja chica que se guardaba en la caja fuerte de la oficina no superaba los 30 mil pesos. Cobacho decía que le habían robado el dinero de su jubilación como senadora provincial pero a Córdoba no le cerraba, ni el monto, ni que la funcionaria cobrase el grueso de sus ingresos para dejarlos todo un fin de semana en una caja fuerte del organismo público. Imaginó las posibilidades de extraer tanto dinero junto y le cuestionó a Cobacho sus dichos. Cuánto más cuestionó la verosimilitud de la versión oficial, más lo alejaron del caso al igual que a otros asesores como Daniel Cabezas que iban quedando relegados por discusiones con Fernando Cano. Robo armado o no, la versión oficial le echó la culpa a los “resabios de la última dictadura militar” que volvían a atacar a los derechos humanos luego del secuestro de Jorge Julio López y que continuaban actuando con total impunidad. Cuando el robo se hizo público, Página 12 le dedicó varias líneas al tema y supuestamente los ladrones se entregaron y devolvieron unos celulares y una parte de la plata. El escándalo no llegó a mayores pero los opositores a Cano pegaron el portazo. El 20 de diciembre del 2011, Horacio Verbitsky retomó el tema en Página 12 lo que provocó la dura respuesta del jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, quien salió a defender a la histórica luchadora de los derechos humanos y la ratificó en su cargo. En la nota, el escritor y periodista dijo que Cobacho no estaba calificada para el cargo y que, “debido a su crítica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia”. El autor de Robo para la Corona agregó que todavía nadie había explicado “el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la Secretaría, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policía de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía y del juez César Melazo”. Si el futuro político de Fernando Cano es sombrío, el de Sara Derotier de Cobacho no está despejado de nubarrones y tormentas. Nahmias, el flamante segundo de Sara, quien ya ha superado los 80 años de edad y que ingresó a la política de la mano de Eduardo Duhalde quien le dio la oportunidad de ser senadora provincial, puede convertirse en una suerte de interventor que reportará a Alberto Pérez para el desembarco de Guido Carlotto o, quedarse por un plazo más extenso. Por ahora, entre los trabajadores de la secretaría de derechos humanos la tensión no cesa y aguardan que el sucesor de Cano desarticule la red de negociados instauradas por el hijo político de Sara Derotier de Cobacho. Públicamente, el sciolismo puro habla de una victoria por haber logrado mantener a Sara Derotier en su puesto pero, no son pocos los que auguran que el escenario mutará en derrota en los próximos 60 días. Mientras tanto, la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, distrito donde convive un servicio penitenciario caduco y el gatillo fácil de la maldita policía bonaerense, está paralizada, esperando conocer su destino. PLAZADEMAYO.COM x Luis Gasulla | ||
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jueves, 8 de marzo de 2012
Mataron al hijo, detienen a la madre.
martes, 6 de marzo de 2012
HIJOS OESTE en radio, todos los martes a las 23 en FM 93.9mHz.
| Escuchá los martes a las 23hs el programa de HIJOS OESTE en FM 93.9mHz tel (011) 46294586. | ||
http://www.fmentransito.org.ar HIJOS OESTE | ||
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El lenguaje de Cristina Férnandez de Kirchner
| Martes, 06/03/12 | ||
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| Ya es de público conocimiento lo dicho por la presidenta respecto a los docentes, no fue un “error”, como quieren hacer creer algunos, ni “desconcocimiento”. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner es un guiño en el camino hacia el horizonte político de la Argentina, ojalá la historia, vieja y sabia, me desmienta, pero lo dijo en el Congreso de la Nación, es decir, desde el Estado. Fue la voz de la conducción Política del Poder Ejecutivo Nacional, quien reacciona contra mujeres y hombres que llevan adelante un justo reclamo, el cual no sólo incumbe al un sector, sino que es por la educación pública y, principalmente, por MEJORAR LOS SALARIOS Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO del concepto pueblo. | ||
| Cristina Fernández dijo sobre los docentes: "Trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones”. Al respecto, algunas declaraciones intentan poner paños fríos a lo dicho por Cristina, diciendo que cometió un “error”. Sobre esto se puede decir que es falso, pues, y aquí es interesante citar a un intelectual conocido, pues en cierto sentido “el discurso es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel, y polémicos y estratégicos en otro. Este análisis del discurso como juego estratégico y polémico es, según mi modo de ver las cosas (decía Michel Foucault), un segundo tema de investigación” Algunos podrán decir que “nada tiene de polémico, de estratégico y de táctico”, ya que, obviamente, expresa una clara posición ante el reclamo. Ahora bien, ¿por qué es polémico, estratégico y táctico? Es polémico porque impugna el pedido y la labor del trabajador de la educación, lo refuta, y contradice las razones de las opiniones y los actos docentes; es estratégico porque busca polarizar a: los que luchan, por un lado, y los que están con “el gobierno”, por otro; es un hecho táctico, es un guiño hacia la derecha, pues así piensa históricamente a los docentes la derecha argentina de todos los tiempos, y busca “anotar” una “derrota” a los laburantes en general. Lo dicho por la señora presidenta es un claro guiño a la derecha política y cultural, se congracia con ella para llegado el caso, hacer un frente común cuando arrancien los reclamos de los laburantes. ¡Alerta! quieren polarizar al pueblo entre los que apoyan a los docentes y los que no. Es real que está en juego es la escuela pública, y que también al mismo tiempo, como dice el documentalista y docente entrerriano Mario “Manteka” Martinez, “la resistencia nace en la escuela”. Ninguna maquina u ordenador puede sustituir el trabajo del docente pues es central, vital e insustituible. La lucha por la construcción de sujetos capaces de resistir y crear nuevas realidades es una pedagogía, no solamente para las aulas, sino fundamentalmente para el resto de la sociedad. http://www.rnma.org.ar Mario Daniel Villagra Docente, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos | ||
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Conseguimos la libertad condicional de La Galle.
| Martes, 06/03/12 | ||
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| Luego de haber obtenido el beneficio de las Salidas Transitorias, el Juez de Ejecución Penal acaba de notificar a los abogados de la Galle que ha instruído a la Dirección del Complejo Penitenciario Nro 3 donde ella se aloja, para que "disponga lo necesario y se confeccionen los informes" (o sea iniciar los tramites) con el objeto de hacer procedente la Libertad Condicional”. A continuación transcribimos el comunicado de la Gremial de Abogados. |  Imagen:Caro Butron-Red Eco | |
| Como ya informamos, la Galle obtuvo el beneficio de las Salidas Transitorias después de 10 años de prisión ininterrumpida en una condena a treinta años de Reclusión.- Nuestra Asociación dijo también que no descansaríamos hasta la libertad absoluta de la Galle sin limitaciones de ningún tipo. Un vez mas, el apoyo de compañeros y compañeras, la lealtad incondicional de la propia Galle y su mamá Hilda, las movilizaciones constantes y algo de nuestra persistencia rindieron sus frutos. Inmediatamente que fuimos notificados de la Transitoria de la Galle reiteramos nuestro pedido de Libertad Condicional basándonos en los mismos contundentes argumentos con los que concurrimos a la Corte y que nos sirvieran para tan importante triunfo. Ahora, el Juez de Ejecución Penal acaba de notificarnos que instruye a la Dirección del Complejo Penitenciario Nro 3 donde la Galle se aloja, para que "disponga lo necesario y se confeccionen los informes" (o sea iniciar los tramites) con el objeto de hacer procedente la Libertad Condicional. Esta vez, podremos tener definitivamente la Galle en la Calle. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros, en especial los que colaboraron con la Defensa en los peores momentos de estos últimos cinco años de pelea. A todos y todas, un fuerte abrazo. www.redeco.com.ar GREMIAL DE ABOGADOS. gremialdeabogados@yahoo.com.ar | ||
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De casa al país, esa costumbre de controlar...
| Lunes, 05/03/12 | ||
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| Santa Cruz: cómo se espía a trabajadores en el sur El gobernador Daniel Peralta eliminó un organismo que practicaba inteligencia ilegal. Denuncias de espionaje en la provincia presidencial. “Para que nadie dude de que en mi Gobierno se respetan los derechos constitucionales” fueron las palabras de Daniel Peralta al anunciar la eliminación del Departamento de Información Policial (DIP) de la institución policial de Santa Cruz. |  | |
| La sorpresa para muchos pareció confirmar lo denunciado por la Mesa de Unidad Sindical (MUS) que reúne a más de 11 secretarios generales de los Gremios estatales de la Provincia: “En Santa Cruz las fuerzas de seguridad son utilizadas para espiar e investigar a manifestantes, delegados gremiales”. Días atrás la MUS (que se reunió para organizar un plan de lucha por aumentos salariales) emitió un documento después de ser trabajado en un plenario del que participaron más de 300 trabajadores, en el mismo se pidieron explicaciones sobre la implementación del Proyecto X en Santa Cruz, sus alcances y antecedentes. La disconformidad entre los representantes sindicales fue unánime al conocerse las explicaciones de la Ministro de Seguridad -Nilda Garré-. La respuesta ante las denuncias sobre el Proyecto X como programa de espionaje a manifestantes, delegados gremiales, con la explicación de que dicho programa sólo es una herramienta informática y que las fuerzas de seguridad nunca procederían antes las organizaciones sindicales sin una orden judicial, fueron rechazadas por unanimidad desde la Mesa de Unidad Sindical y condujo a una ratificación de la denuncia. “Pedimos al Estado Provincial nos informe sobre el alcance del Proyecto X en Santa Cruz y repudiamos todo tipo de metodología de espionaje e investigación a trabajadores”, fue parte del Documento emitido por los Gremios santacruceños. Desde el Gremio de Judiciales su Secretario General indicó que “la implementación de programas desde las fuerzas de seguridad han sido permanentes en Santa Cruz. Durante el 2007 hubo una oficina de la policía habilitada donde se tenían fotografías de delegados gremiales, sus datos personales, incluso números de patentes, lugares de trabajo, teléfonos, dirección. Era una panel lleno de fotografías”. “Voy a enviar a la legislatura un Proyecto de Ley para dar una nueva estructura orgánica de la policía, que viene a reemplazar la legislación que data del año 1972. Buscamos mayor eficiencia en la optimización y organización de los recursos en beneficio de la comunidad”, fueron parte de los fundamento del Gobernador Peralta cuando comunicó la supresión de la DIP. El DIP Departamento de Informaciones de la Provincia de Santa Cruz existe hace décadas, figurando dentro del organigrama policial como una dependencia de Operaciones. Fue creada en la época del Gobierno militar en los 70. En sus inicios se buscaba que sirviera como brazo de la justicia pero quienes conocen en detalle el funcionamiento del DIP explicaron que “en realidad su misión fue poner bajo investigación a todo y a todos para detectar cualquier movimiento que se pudiera considerar ‘subversivo’”. Cuando en Argentina retornó la democracia, se buscó reencausar el DIP y hacerlo funcionar bajo su inicial razón de existencia. Paralelamente, en Santa Cruz existía la SIDE provincial que dependía directamente del mismo organismo a nivel nacional. Su principal función era asistir en la investigación de delitos federales, tráfico de drogas, secuestros, entre otros. Pero en la década del 90, se decidió la supresión de la SIDE Provincial para unificar con la DIP, hasta la finalización del edificio para la instalación de la SIDE Nacional en Río Gallegos. Durante los Gobiernos de Néstor Kirchner la DIP fue el organismo de confianza considerando que la SIDE ya no dependía de la Provincia. Fuentes del propio Departamento que se disolverá en días, afirmaron que el organismo cumplía funciones de vigilancia de carácter político y gremial. Los gremios sostienen y han denunciado tal metodología en diversas oportunidades de conflictos que involucraban sindicatos. Pinchaduras de teléfonos, infiltraciones en los movimientos sociales, fotografías proporcionadas a la Justicia, investigaciones sobre datos personales de dirigentes gremiales, son algunos de las acciones que la Mesa de Unidad Sindical denunció. Con los consecutivos reclamos de los Sindicatos de la Provincia, el anuncio realizado por el Gobernador Peralta el día de la sesión inaugural, no pareció un hecho aislado ni mucho menos ajeno a la mediatización de la denuncia sobre la implementación del Proyecto X. Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) su Secretario General hasta enero de 2012, Pedro Muñoz, explicó que “este tipo de metodologías como el Proyecto X ha sido utilizado en Santa Cruz, respondiendo a una línea de conducta del gobierno kirchnerista en la Provincia. Lo hemos visto en diferentes conflictos del sector docentes por años”. Según la información proporcionada por el ADOSAC y denunciada en diversas oportunidades, en el año 2004 cuando se produjo en Zona Norte de la Provincia un importante paro docente durante el Gobierno de Sergio Acevedo, identificaron que personal de Prefectura en la localidad de Caleta Olivia, había procedido con seguimientos a delegados del Gremio como a docentes durante las movilizaciones. Las prácticas de seguimiento y espionaje a docente, tal como denuncia el gremio, fueron constatadas durante uno de los mayores conflictos de la organización sindical en reclamo del blanqueo de un básico de $161 congelado desde 1991 tras la declaración de la Emergencia Económica por Néstor Kirchner que asumía su primera gobernación. “Durante el 2007, había personal de las diferentes fuerzas de seguridad, policía provincial y Gendarmería, que sin orden judicial iba a los establecimientos educativos a buscar datos personales de delegados gremiales. Ese año también de civil, estaban infiltrados en las movilizaciones incluso en las asambleas donde se tomaban las decisiones, e incluso antes de llevar adelante diferentes acciones ya había personal de gendarmería impidiendo el acceso”, agregó Pedro Muñóz. El caso más emblemático que citaría como antecedente ADOSAC, sería el procesamiento de más de 50 docentes de Las Heras durante el conflicto que duró cerca de 60 días en el 2011. Docentes Procesados Después de que los docentes y petroleros decidieran bloquear el acceso a los principales yacimientos de Las Heras, donde YPF tiene los principales emprendimientos hidrocarburíferas, el Juez de la zona –el Dr. Quelin- inició una causa que terminó con más de 50 docentes y referentes petroleros procesados. Lo que parecía un procedimiento atípico por parte del juez -que como antecedente tiene la mayor cantidad de trabajadores procesados-, fue remarcado por la doctoda Raquel Coronel, asesora del gremio docente. El expediente contaba con fotografías de maestros en los piquetes y otras fotografías eran de las patentes de los vehículos de docentes. Fueron las pruebas únicas en la causa e iniciales para comenzar a citar docentes, prohibiéndoles retornar a los lugares donde se mantenían los piquetes y aún más, se les impidió salir de la localidad. Javier Fernández, delegado de la Filial de Las Heras de ADOSAC detalló que “una noche llegaron dos micros con personal de Gendarmería a la ciudad, a partir de allí se los veía vestidos de civiles en camionetas no identificadas, cerca de los piquetes fotografiando. Después comenzaron a citarnos, y vimos que nos citaban en función de las fotografías de las patentes”. Desde la organización gremial, y los propios docentes reconocieron a un policía de apellido Angulo, quien vestido de civil se acercó en diversas oportunidades a los piquetes, después comenzó a sacar fotografías y el material fue incorporado a la causa. El mismo oficial, después admitió que ese trabajo era solicitado para ser utilizado en la causa que condujo al procesamiento de más de 50 trabajadores. “Nunca nos mostraron ni una sola orden judicial para proceder como lo hicieron. El material recabado por Policía y Gendarmería fueron incorporados a la causa, de hecho es el único material mediante el cual comenzaron a procesar. Las fuerzas de seguridad han hecho trabajos de inteligencia desde hace años en Santa Cruz”, remarcó Javier Fernández. El último antecedente, sería la causa abierta por el Fiscal de Estado –Dr. Iván Saldivia-. Calificados de “instigadores” se abrió expediente en contra de los Secretarios Generales de los gremios estatales después de la violenta jornada del 29 de diciembre. El 28 a la noche se instaló una carpa afuera de la Legislatura Santacruceña que se disponía al día siguiente en sesión extraordinaria, a dar tratamiento y posterior aprobación a la Ley de Emergencia enviada por Daniel Peralta. La jornada violenta, con un deficiente operativo de seguridad y 21 heridos, abrió en la Justicia un nuevo expediente. En el mismo, se encuentran fotografías de dirigentes sindicales en distintos momentos de la jornada en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. “El material fue proporcionado por personal de las fuerzas de seguridad, porque ni siquiera era material que figuraba en los medios de comunicación”, especificó Pedro Muñóz y agregó “todos los que figuran como instigadores en esa causa somos referentes de los diversos gremios provinciales”. La Mesa de Unidad Sindical no utilizó el potencial en ningún momento, ratificó una vez más que “las fuerzas de seguridad hicieron procedimientos de inteligencia sin órdenes judiciales, fotografiaron, buscaron información que después fue utilizado para el procesamiento en diferentes conflictos docentes y de otros sectores”. El Proyecto X pareciera abrir la puerta a la decisión del Gobernador Peralta que indirectamente termina reconociendo la utilización de la DIP. Las denuncias y repercusiones del proyecto en el seno de la Gendarmería, no sorprendió en los gremios santacruceños, quienes remarcaron que es una antigua práctica implementada en la Provincia. Vehículos circulando con patentes tapadas en una localidad que no supera los 12000 habitantes, será la síntesis de cómo se ha judicializado la protesta social con procedimientos realizados por fuerzas de seguridad. www.plazademayo.com Por Lucía Salinas @salinaslucia (Desde Santa Cruz) | ||
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