JORNADA CULTURAL ANTIRREPRESIVA

SÁBADO 17 DE MAYO - 15 HS
EN MOZART ESQUINA BALCARCE (VILLA LUJÁN – QUILMES)
RADIO ABIERTA – MURAL – BANDAS -BUFFET

 

En las últimas semanas hemos asistido a una feroz campaña desde los medios masivos de desinformación que buscan instalar la idea de un “Estado ausente”. De esta manera se dio una amplia difusión a los episodios de linchamientos a lo largo del país, presentándolos como una respuesta lógica ante la “falta de respuestas”. Los gobernantes, fieles representantes de los distintos sectores dominantes de nuestro país, salieron rápidamente a apoyar la necesidad de mas “presencia” de parte del Estado en materia de seguridad. Quienes vivimos en los barrios de trabajadores sabemos bien que significa eso. Lo vivimos todos los días cuando la policía o la Gendarmería para a nuestros pibes por portación de cara en el mejor de los casos, o en el peor de ellos los tortura y asesina.

En 2013 surgió la Coordinación Antirrepresiva de Zona Sur, integrada por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Somos un espacio que se propone difundir y denunciar la represión en diversos espacios de la zona sur del conurbano bonaerense, a la vez que alentamos la organización de herramientas populares para combatir la represión. Por eso, este sábado 17 de mayo, realizaremos una jornada cultural y de lucha en el barrio Villa Luján de Quilmes, donde vivían David Vivas de 21 años y Javier Alarcón de 15, y donde el año pasado una noche de salida juvenil fue convertida un masacre por el capitán de la policía Alfredo Veysandaz, quien fusiló a los chicos en plena calle.

Compartiremos nuestras experiencias de lucha y seguiremos denunciando que es como consecuencia de este sistema basado en la desigualdad social es que aparecen ciertos fenómenos de violencia y no al revés. El problema fue y sigue siendo esa desigualdad que limita el acceso de la población trabajadora a sus derechos mas elementales.

Los sectores dominantes son conscientes de que esta situación suele estallar y por eso se preparan para ese momento. La llamada “emergencia en materia de seguridad” del gobierno de Scioli, es decir, la idea de reforzar la presencia policial en las calles y en los barrios va en esa dirección. Lo que llaman seguridad es para ellos, no para nosotros. El Estado está muy presente en materia represiva: asesinó con sus policías de gatillo fácil a 4.000 personas en los últimos 30 años. El mismo Estado está ausente en lo que respecta a nuestra seguridad, la seguridad de obtener un trabajo estable y en blanco, seguridad de vivir bajo un techo digno y en un barrio con las mismas comodidades que cualquier otro, seguridad de que nuestros pibes puedan acceder y permanecer en un sistema educativo digno, entre tantas otras cosas.

Es necesario seguir haciendo visible todo esto entre nuestros vecinos y vecinas, en nuestros lugares de trabajo y estudio. La única manera de revertir todo lo malo que sufren nuestros barrios es con más organización desde abajo, para poder pegar con un solo puño a quienes quieren que sigamos callados y sumisos.

JORNADA CULTURAL ANTIRREPRESIVA

SÁBADO 17 DE MAYO - 15 HS

EN MOZART ESQUINA BALCARCE (VILLA LUJÁN – QUILMES)

RADIO ABIERTA – MURAL – BANDAS -BUFFET

COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DE ZONA SUR

Asamblea no a la Entrega de la Costa Quilmes - Bandera Negra/Tendencia Estudiantil Libertaria - CORREPI - F.J. Hagamos Lo Imposible - HIJOS La Plata – Movimiento Popular La Dignidad - Organización de Trabajadores Revolucionarios - Secretaría de DD.HH. del CECSEA/UNQ

CONTACTOS:
Nahuel (Correpi - OTR) 011 1551432183
Julio (HIJOS La Plata) 0221 155892221
Fernando (MP La Dignidad) 011 1567912830

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AUDIO COMPLETO Causa Lopez ante la CIDH.

Denuncia ante la CIDH por la desaparición de Jorge Julio López

JUSTICIA YA LA PLATA, invito a todos los medios de prensa a concurrir el día miércoles 7 de mayo a las 10 y 30 horas en el local de ATE, calle 8 entre 55 y 56, donde realizo una conferencia de prensa para anunciar y explicar los alcances de la presentación que realizara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) por el caso del segundo secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López.

...A siete años y siete meses de producido el secuestro  y no habiendo sido satisfecho por el estado el deber de encontrar al compañero, creemos imperioso recurrir a esta vía internacional a fin de lograr que insten al cumplimiento de esta obligación a los responsables de  llevar a cabo las medidas necesarias, conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean estos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada  para que sean llevados a la justicia...

Aparición con vida Ya de Jorge Julio López.

Juicio y castigo a todos los responsables de su desaparición.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH);  Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata

Audio completo de la CONFERENCIA DE PRENSA. 

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El reclamo por Jorge Julio Lopez ante la CIDH

NO NOS DEJAN OTRA OPCIÓN

Un centenar de marchas, habeas corpus, escritos judiciales, recusaciones, cartas, presentaciones, reuniones con funcionarios, escraches, charlas, conferencias de prensa, radios abiertas, publicaciones, murales, afiches y volantes no han sido suficientes, y el Estado argentino sigue mirando para otro lado. El poder ejecutivo evita mencionar el caso, la justicia administra la impunidad y los legisladores hacen mutis por el foro.
Vamos parejito hacia los 8 años de impunidad en el caso del secuestro y desaparición del compañero Jorge Julio Lopez y no nos dejan otra opción. Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Esta elaborada tardanza judicial contrasta con la celeridad con que el juez Manuel Humberto Blanco, a cargo de la causa Lopez y de la instrucción de todas las causas contra los genocidas del “Circuito Camps”, nos contestó la masiva presentación de Habeas Corpus con que salimos a denunciar los 7 años de impunidad en la causa. Presentados en los tribunales de 8 y 50 a las 9 de la mañana del 18 de septiembre de 2013, Blanco contestó los habeas a las 11:45 y dijo que tal denuncia “no resulta el medio idóneo a fin de determinar el motivo de la desaparición” ni tampoco “la identificación de los autores” porque “dichos extremos son objeto de amplia investigación penal”. Con ello mandó a los querellantes en la causa al expediente porque “es allí donde, a mi criterio, deberán solicitar la concreción de las medidas probatorias que se pretenden”. Como pequeña victoria, por lo menos el juez de la causa desestimó sin costas el recurso.

Asimismo, los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, de la Unidad Fiscal de Trabajo especialmente creada para seguir las causas a los genocidas, contestaron ante la masiva presentación de Habeas con un informe en donde describen levemente el derrotero de la causa las medidas que ellos han pedido. Sorprendidos por los inoportunos Habeas, los fiscales agregaron que “todas las medidas requeridas por este Ministerio Público fueron proveídas por el entonces juez a cargo de la instrucción, sin haberse obtenido hasta el momento ningún dato concreto que haya colaborado a dar con el paradero de Lopez”. Punto. Eso es todo. No alcanzan para el juez y los fiscales, máximos responsables de la investigación, los 42 cuerpos principales de la causa, los 57 legajos anexados y sus líneas investigativas autónomas, ni los 74 anexos federales de intervenciones telefónicas. Nunca alcanzarán si no se buscó donde se debía desde el principio: la Mejor Maldita Policía del Mundo.

No nos dejan otra opción entonces, si los encargados de investigar aquí en el país no tienen resultados. Esto no debería sorprender si tenemos en cuenta que, en la tierra de los 30 mil desaparecidos, el Estado argentino tardó 28 años concluida la dictadura en incluir la figura específica de la desaparición forzada de persona en su Código Penal, y que sólo lo hizo tras recibir una sanción externa y como medida parcial por un caso impune en plena “democracia”. Así, el 18 de mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió una demanda contra la República Argentina por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres ocurrida el 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut, y por la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de sus familiares.
La Comisión solicitó a la Corte Interamericana que declare que en el caso de Iván el Estado es responsable por la violación de varios derechos suscriptos por Argentina en los tratados Internacionales de DDHH: Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad Personal, a la Vida, al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, a las Garantías y Protección Judicial. Además, la Comisión pidió a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación, tales como:

-               Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
-               Realización de una investigación exhaustiva sobre el destino o paradero de Iván Torres y sobre los hechos objeto del caso.
-               Adoptar medidas legislativas para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y para adecuar el derecho interno a los estándares consagrados en la Convención.
-               Medidas de compensación económica a la familia.

La Corte Interamericana  falló confirmando los pedidos de la Comisión y condenando a Argentina en Agosto de 2011. A más de 10 años de la desaparición de Iván, y a casi 3 años de aquella condena, el Estado argentino sólo modificó parcialmente su legislación para incluir la figura de la desaparición forzada, pero en junio de 2013 se le vencieron todos los plazos para cumplir el resto de las penas impuestas por la Corte. Ante esta desidia María Millacura, la madre de Iván, evalúa llevar el caso hasta la Corte Penal Internacional, para dar cuenta de una práctica sistemática del poder policial, que tiene el aval del poder político y la connivencia por inoperancia del Poder Judicial. Así lo prueban los más de 200 casos de desaparición forzada de personas desde el ’83 a la fecha que, como ningún órgano del Estado contabiliza, recordamos siempre los organismos de DD.HH. independientes.
El caso Torres se dio al inicio de la gestión nacional kirchnerista, autodefinida como “dékada ganada”, y durante el final de la gobernación de José Lizurume en Chubut. La única medida concreta que generó en la provincia fue la cosmética supresión de la Secretaría de Seguridad y el paso de la policía a la órbita del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Y aunque el camino hacia la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene antecedentes condenatorios al Estado, como lo ilustra el caso Iván Torres, ello tampoco ha sido suficiente.
Con todo, no nos dejan otra opción, más que continuar la lucha en las calles al único grito que hemos aprendido en estos años: ¡Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida, el gobierno es responsable!

HIJOS LA PLATA
Mayo 2014

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CASINO DE OFICIALES DE LA ESMA

La Cámara Criminal - Sala 2 falló que  "¡¡¡EL CASINO DE OFICIALES DE LA ESMA NO SE TOCA"!!!!!

En un fallo fechado el 10 de Abril de 2014, los jueces Farah e Irurzún revocaron la decisión del juez de cargo, que había autorizado "modificaciones inherentes al proyecto museológico a implementarse en el ex Casino de Oficiales” presentado por la Secretaría de DDHH de Nación.
Con ello, dio razón a la querella que presentó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, al entender que “aún extremando los recaudos para evitar ello, resulta cierto que la mínima modificación a las condiciones pre existentes en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada puede conducir a frustrar la realización de diligencias tendientes a reconocer -incluso a través de los sentidos- el posible lugar donde las víctimas permanecieran ilegalmente privadas de su libertad, afectando así los elementos probatorios atinentes a esta investigación”, y que “su correcta preservación en la condición original resulta ineludible”.
Compartimos el texto del fallo y saludamos a la Asociación de Ex Detenidos por esta victoria.

TRIBUNAL: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, SITO EN,
FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES:
Sr.:
LORDKIPANIDSE CARLOS, LILIANA ALEJANDRA ALANIZ
---------------------------------------------------------
14217/2003
CF
2

N° ORDEN
EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET.REZ:NOTIF. NEGATIVA:
Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:
Legajo Nº 34 - SCHELLER RAUL ENRIQUE s/DELITO DE ACCION PUBLICA
Buenos Aires, de abril de 2014.
Causa n° 34.317 “Asociación de ex detenidos s/autorización”. Juzgado Federal n° 12. Secretaría n° 23. -Expte. n° 14.217/03/34- Reg. n° 37.467 ///nos Aires, 10de abril de 2014. Y VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 17/21 vta. por Carlos Gregorio Lordkipanidse, en representación de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, contra la resolución que en copias luce a fs. 1/4 vta. por la que dispuso dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación al destino a dar al predio y autorizó “....modificaciones inherentes al proyecto museológico a implementarse en el ex Casino de Oficiales...” (v. asimismo, fs. 49/vta.). En oportunidad del informe oral realizado en los términos del art. 454 del código de forma, por las razones expuestas en dicha ocasión, la querella solicitó se revoque el auto en cuestión. II. Con relación al primer tema motivo de recurso, cabe señalar que con remisión a lo dictaminado por la P.G.N. a fs. 735/6 del incidente n° 34, la C.S.J.N. (v. fs. 737) se pronunció indicando su incompetencia para intervenir en la cuestión al no tratarse de un conflicto suscitado entre las partes (P.E.N. y G.C.B.A.) sino de objeciones formuladas por los querellantes a la propuesta efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. III.

En lo que resta, adelanta el Tribunal que la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado ha de ser revocada. Ello, por cuanto se advierte, en primer lugar, que a través de la presentación directa ante el Juzgado instructor, se ha omitido el trámite administrativo pertinente que respecto de la propuesta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debió dar al órgano ejecutivo y los órganos consultivos del Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” siguiendo los pasos previstos por la Ley 26.415 (cfr. arts. 4 y 9), la que recién a partir de un eventual conflicto entre esos órganos prevé la intervención de la C.S.J.N. para decidirlo en su competencia originaria (v. art. 16). Por lo demás, entendemos que asiste razón al recurrente en cuanto a que el proyecto presentado podría alterar los medios de prueba.

Es que aún extremando los recaudos para evitar ello, resulta cierto que la mínima modificación a las condiciones pre existentes en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada puede conducir a frustrar la realización de diligencias tendientes a reconocer -incluso a través de los sentidos- el posible lugar donde las víctimas permanecieran ilegalmente privadas de su libertad, afectando así los elementos probatorios atinentes a esta investigación. Su correcta preservación en la condición original resulta ineludible (ver art. 5° inc. d’ y art. 14 inc. a.1. de la Ley 26.415) y lleva a la adopción del temperamento adelantado, en consonancia con lo señalado a fs. 102/vta. cuarto párrafo de los considerandos y segundo punto del dispositivo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 a cargo de la sustanciación del debate. Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2 CFP 14217/2003/34 En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión de fs. 1/4 vta. (fs. 532/4 vta. del principal) en todo cuanto decide y fuera materia de recurso. Regístrese; hágase saber y junto con el Incidente de prohibición de innovar n° 34, vuelva al Juzgado de origen.
EDUARDO GUILLERMO FARAH JUEZ DE CAMARA
MARTIN IRURZUN JUEZ DE CAMARA

PABLO J. HERBON Secretario de Cámara

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UN AÑO SIN JUSTICIA NI VERDAD. CFK, SCIOLI Y BRUERA SON RESPONSABLES

La Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada convoca:

A un año de la mayor tragedia evitable en la ciudad, convocamos a participar el día 2 de abril de las siguientes actividades programadas.
Que la ciudad de La Plata haya sido y sea una ciudad inundable fue y es una decisión política. A lo largo de estos años el gobierno municipal ha desoído las constantes advertencias realizadas por profesionales con el fin de evitar una catástrofe. La crónica de una inundación anunciada tuvo lugar el pasado  2 y 3 de abril terminando con vidas innecesariamente y llevándose los bienes materiales de miles de familias que un año más tarde no han logrado recuperarlos, dejándonos a la deriva antes, durante y después de la inundación. El gobierno provincial haciendo el peor de los trabajos, ocultando cuerpos, tal como quedó manifestado en la pericia realizada a la morgue local el mes pasado. Y el  nacional que silenció  la tragedia pocos días más tarde poniendo en las noticias el debate de la democratización de la justicia. La justicia, consecuente y obsecuente con los funcionarios de turno, profundiza su hipocresía en su “hacer como si” trabajase por el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad política de los mismos.
A esta historia, actualmente le sumamos la patética aparición del pseudo defensor del pueblo de la Pcia. de Bs. As., Carlos Bonicatto, quien sale a hostigar a aquellos que debe defender, pero que jamás mostró ni preocupación ni ocupación alguna en cuanto a esclarecer la identidad y el real número de fallecidos-desaparecidos, ni por defender a los inundados, ni por cumplir los acuerdos realizados y firmados en acta con algunas de nuestras asambleas. Al igual que su secretario de “Derechos y Garantías”
Carlos Martiarena,  a quien se le acercó pedido de audiencia pública por las obras antes de las fiestas de diciembre y jamás respondió.
A pesar de todo y de todos los que intentan obstaculizar nuestro camino a la verdad y la justicia, tratando de cansarnos y doblegarnos en nuestra voluntad, hoy, a casi un año de esa pesadilla que no hemos superado, FAMILIARES DE VICTIMAS FALLECIDAS Y ASAMBLEA DE ASAMBLAS BARRIALES de la ciudad de La Plata , estamos unidos y decimos que:
Consideramos al gobierno en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, responsable de la catástrofe, del fallecimiento de nuestros familiares y de las pérdidas materiales,
Conocemos quiénes son nuestros inundadores políticos y sus encubridores cómplices,
Sabemos que no hubo ni hay un plan de contingencia para la ciudad,
Continuamos reclamando una real indemnización antes que los subsidios discriminatorios y poco dignos otorgados para algunos,
Exigimos obras hidráulicas serias para no inundarnos más, y, por sobre todas las cosas, QUEREMOS CONOCER LA IDENTIDAD DE LOS FALLECIDOS Y EL NÚMERO REAL DE VÍCTIMAS.
Por todo lo expuesto, los invitamos a sumarse a las muestras artísticas y a la jornada en búsqueda de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
MUESTRAS ARTÍTICAS:
ü     Aixa Cortés "Pecados Capitales" expone el lunes 31 y el martes 1 en el horario de 18:30 a 20:30hs.en calle 8 número 802, esquina 524 de Tolosa.
ü     María Estela Ceballos para mantener la Memoria Viva , expone a partir del martes 1 de abril a las 21:30hs., hasta las 02:00 hs del miércoles 2 en el Centro Político-Cultural Joaquín Areta, calle 1 entre 49 y 50. La Plata.
Jornada de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 2 de Abril:    
  PLAZA  SAN MARTÍN      –      10.30 HS Jardín de la Memoria
  PLAZA MORENO          12.00 HS Foro Ambiental
                                                 13.30 HS Foro Social
                                                 14.30 HS Foro de Obras y Cou
                                                 15.30 HS Foro de DDHH
                                                 16.30 HS Foro de Justicia
                                                 18.00 HS Bandas
                                                 19.30 HS Lectura del documento de Familiares de victimas fallecidas
                                                 20.00 HS Marcha a la gobernación, lectura del
                                                 Documento de Asamblea de asambleas y canto del himno.
Aquellos que no estén en la plaza, pueden acompañar con un bocinazo y apagón de 20 a 20.10 hs
Contactos:

Gabriel Colautti: 221 4097663             Sofía Breccia: 221 6410095
Paula Pauni: 221 5314855                    Ulises Pujol: 221 6001847
Patricia Yamuni: 221  5942365

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CASO ANDRÉS NUÑEZ - Murió impune el Juez Vara.

JUICIO Y CASTIGO YA AL COMISARIO LUIS PONCE

BASTA MUERTOS IMPUNES POR RETARDOS DE LA JUSTICIA

Desde Familiares y Amigos de Andrés Nuñez y las organizaciones abajo firmantes exigimos la pronta realización del juicio oral y público al comisario Luis Raúl Ponce en la causa por el secuestro, torturas, asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, hecho ocurrido hace ya más de 23 años.
El 12 de marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la provincia rechazó un planteo de la defensa de Ponce pidiendo inaplicabilidad de la ley y prescripción de la imputación, y con ello despejó el camino hacia el juicio oral a este asesino. Corresponde a la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata fijar fecha perentoria para comenzar las audiencias de debate.

La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad: esta semana murió impune el juez Amilcar Benigno Vara, destituido en jury en 1998 por su complicidad en el ocultamiento de la verdad en 27 casos de gatillo fácil y torturas en sedes policiales durante la década del '90. Vara fue juez y parte en esta causa: fue el primer instructor del expediente, para ocultar la fuga de los responsables, a la vez que uno de los testigos mencionó que la noche del crimen el juez se había presentado en la Brigada de La Plata y había recomendado desaparecer el cuerpo de Andrés. El juicio a Ponce era la oportunidad de ampliar esa acusación y detener a Vara por este crimen.

Y si bien eso no podrá ser, entendemos que están superadas todas las trabas dilatorias de la defensa de estos policías asesinos, y que no hay más excusas para llevar a Ponce a juicio ya mismo. Mucho más teniendo en cuenta que la Suprema Corte bonaerense ya se ha pronunciado ampliamente sobre la pretendida prescripción de este tipo de delitos. En mayo de este año resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 5 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés, y poco después frenó el cierre de la causa por la “Masacre de Wilde”, hecho de enero de 1994 donde un grupo de policías de Lanús acribillaron de 200 tiros a un remisero y sus pasajeros con la excusa de confundirlos con delincuentes. La Suprema Corte ordenó seguir investigando estos dos casos al entender que se está ante una "grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado".

La figura de Luis Raúl Ponce condensa más de tres décadas de impunidad sobre hechos represivos de ayer y de hoy. Este peligroso delincuente estuvo prófugo en la causa Nuñez por casi 20 años, y fue detenido en Junín de los Andes en agosto de 2012, en una cinematográfica persecución donde se resistió a los tiros. Herido en una mano, fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet con un dispositivo especial de custodia.
Ponce también está imputado por delitos de lesa humanidad en la Causa 271 (Residual de Comisaría 5ta) por su actuación en dictadura en ese Centro Clandestino de Detención, y en donde están detenidos otros represores como Cecilio Gómez y Ramón Buzzato.

Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 28 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, Estancia El Roble, donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso. El caso de Andrés fue símbolo de la continuidad de las prácticas represivas con que la Policía bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, Alberto Piotti y Pedro Klodzyck en los ’90, y que hoy nos sigue asesinando con el gatillo fácil a un pibe de los barrios populares cada 26 horas.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo Gonzalez fueron condenados a perpetua por las torturas seguidas de la muerte de Andrés, sentencia confirmada en agosto de 2012. Otro de los responsables, el policía Pablo Martín Gerez, continúa prófugo. La familia de Andrés pide a los ministros Alak, Casal y Granados que arbitren los medios para detener a este criminal para poder enjuiciarlo.

Por todo esto, la lucha por justicia en el caso de Andrés no está concluida.

*JUICIO Y CASTIGO A PONCE, GEREZ Y TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ.
* EL PASO DEL TIEMPO SÓLO GENERA IMPUNIDAD. BASTA DE RETRASOS.
*BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.
*BASTA DE NUEVOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA. 
FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRES NUÑEZ
HIJOS LA PLATA

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

UNIÓN POR LOS DD.HH. LA PLATA

COORDINACIÓN ANTIRREPRESIVA ZONA SUR

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)

BANDERA NEGRA

contacto prensa:

Manuel Bouchoux 0221 155069106

Ernesto Ferreira 0221 155069885

(Abogados defensores de la familia de Andrés)

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A 38 años... SIGUE LA IMPUNIDAD, SIGUE EL ESCRACHE!

Escrache al Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata

A 38 años del golpe genocida estuvimos en las calles de La Plata y Capital con los organismos de DD.HH. independientes repudiando la impunidad de ayer y de hoy. 

En La Plata fuimos a escrachar el edificio del Destacamento 101 de Inteligencia, y todo lo que simboliza. 

A través de lo que la Memoria popular pudo reconstruir en todos estos años de lucha contra la impunidad, sabemos que después del golpe el Ejército genocida realizó una zonificación del territorio del país, para llevar adelante la represión. En ese esquema, la ciudad de La Plata y su zona de influencia pertenecía a la Zona 1 (Comando del Primer Cuerpo del Ejército) - Subzona 11 - Área 113. En esa Subzona 11, y desde esta sede de La Plata, pero también con subsedes en San Nicolás, Mar del Plata y Junín, actuó la Inteligencia militar. 

INTELIGENCIA MILITAR: aquella de la que fue parte en dictadura el general Cesar Milani, hoy jefe del Ejército por decisión del gobierno. 

INTELIGENCIA MILITAR: aquellos represores que cumplieron un rol central, pero que forman una mínima porción de los 470 condenados en estos años de juicios. 

INTELIGENCIA MILITAR: una frase contradictoria en sí misma, para mencionar a una institución a la que no le cabe otra definición que la de asesina del pueblo. 

Sabemos que este lugar comenzó a funcionar como parte del esquema global de la represión del Terrorismo de Estado desde octubre del '75, es decir desde antes del golpe de Estado del 24 de Marzo del '76. Sabemos que si bien todas las agencias del Estado fueron parte de la represión, hubo una hegemonía del Ejército, al que se subordinaban tanto las fuerzas policiales provinciales, como las federales de Gendarmería y Prefectura. 

Y sabemos que según las propias directivas del Consejo de Defensa, y como lo han reconocido varios jerarcas del genocidio, la actividad de inteligencia fue prioritaria en el plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. Y de allí que, si el Ejército llevaba el mando, y la inteligencia era prioritaria, los Destacamentos de Inteligencia actuaban como las unidades operativas principales a la hora de ejecutar el plan represivo. 

Aquí se reunía información. Según los propios manuales militares “información exacta, racional y reciente” para desplegar la acción de los grupos de tareas. Destacamentos como este fueron comandados por personal militar especialmente entrenado en los cursos de la llamada Escuela Francesa. Y además fueron integrados por personal civil de inteligencia (conocido como PCI), que infiltraban escuelas, universidades y fábricas; y además interrogaban a los secuestrados y eran guardias en los Centros Clandestinos.

Desde diciembre pasado se está juzgando a 16 represores de este Destacamento, como parte de los crímenes cometidos en el CCD “La Cacha”, en un juicio fragmentado, incompleto y tardío. Pero los jefes de este lugar, los coroneles Ricardo Campoamor y Alejandro Agustín Arias Duvall, murieron impunes antes de llegar al juicio. Y otros importantes represores de este lugar, como Ricardo Von Kyaw y Teodoro Gauto continúan prófugos fuera del país y no se dignan a extraditarlos. La realidad nos indica que a 10 años de reabiertos los juicios, decenas de agentes de este Destacamento ni siquiera están procesados. 

En el juicio por “La Cacha” tuvimos que soportar las mentiras de varios de esos represores que actuaban acá. El jefe de la sección “Reunión Interior” de este Destacamento, Pedro Palavezatti, reconoció que sólo en esa sección había no menos de 80 represores; y quiso desligar a “La Cacha” de este Destacamento, como si no formaran parte del mismo esquema represivo. 

También en el juicio, el Personal Civil de Inteligencia Claudio Grande, que se quiere hacer pasar hoy como un respetable veterinario de la ciudad, quiso hacernos creer que acá sólo hacían tareas administrativas, resúmenes de prensa o correo entre distintos órganos de inteligencia. 

Muchos testimonios de familiares y sobrevivientes en el Juicio por la Verdad y en las audiencias del juicio por “La Cacha” nos cuentan la verdad sobre lo que acá se hacía: 

El traslado de los detenidos en los Centros Clandestinos desde y hacia este lugar, como parte de las tareas de la “Comunidad Informativa” de la represión. 

El engaño a que sometían a los familiares cuando venían a este lugar a preguntar por sus desaparecidos, y les decían que no sabían nada o que estaban bien cuidados, o que los tenía otra fuerza. 

Y la utilización de este espacio como lugar de control de los compañeros liberados, para que vinieran a reportarse ante el control militar de su libertad. 

A 38 AÑOS DEL GOLPE FUIMOS A SEÑALIZAR Y ESCRACHAR ESTE EDIFICIO. 

Este edificio, que en los '70s pasó de manos privadas al Estado, que dirigió desde el pleno centro de la ciudad la represión en dictadura, que estuvo décadas abandonado, y que pasó desapercibido para la mayoría de la sociedad qué era lo que aquí se hacía. Hoy venimos a señalizarlo. 

Pero no de la manera hipócrita con que lo hace el Estado, desde sus secretarías, sus placas y su desidia. Transformando a los ex centros clandestinos en Museos del Horror, como se quiere hacer en la ESMA, o haciendo con estos predios negociados inmobiliarios, como pasa en el BIM 3. 

Venimos con la movilización popular, para dejar en este lugar una marca. 

Una marca que le cuente a toda la sociedad que en este lugar se planificó el genocidio, y que la mayoría de los represores que aquí actuaron continúan impunes. 

Como decimos siempre 

SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE, 

Y EL ESCRACHE LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS. 

POR LA MEMORIA DE LOS QUE YA NO ESTÁN 

Y CON LA LUCHA DE TODO EL PUEBLO. 

HIJOS LA PLATA 

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ANTE EL ANUNCIO DEL RECITAL EN EL POZO DE ARANA ESTE 24 DE MARZO NO A LA FIESTA SOBRE LOS HUESOS DE NUESTROS COMPAÑEROS!

Ante el anuncio de público conocimiento que convoca a un recital de Las pastillas del Abuelo y otras bandas en el sitio donde funcionara durante la dictadura el campo de concentración conocido como Pozo de Arana decimos:        

En diciembre de 2008 se produjo en ese sitio, como resultado del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, el primer hallazgo de restos humanos de detenidos-desaparecidos en el terreno de un lugar que funcionó como campo de concentración.

En reiteradas oportunidades -siendo la última en marzo de 2011- pedimos, solicitamos, exigimos de todas las maneras y por todas las vías a nuestro alcance, el total desalojo de presencia policial del lugar donde todavía funciona un destacamento.

La causa judicial por delitos cometidos en el CCD Arana se encuentra en etapa investigativa desde hace 10 años, y a la fecha solamente se ha condenado a una mínima cantidad de los genocidas responsables de los hechos allí sucedidos.

La presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio, de la misma policía que debe ser investigada por su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, quien fuera uno de los desaparecidos que fueran llevados y torturados a Arana, de la misma fuerza responsable de la desaparición de Luciano Arruga, de los asesinatos de Andrés Nuñez, Miguel Bru,  Darian Barzabal por nombrar algunos de los cientos de asesinados por torturas, gatillo fácil, enfrentamientos fraguados, supuestos suicidios en comisarías, etc., lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en el Destacamento de Arana, a todos sus familiares, compañeros de militancia y amigos.

La utilización y banalización del sitio con un recital es una gravísima afrenta. Nos ofende, nos afecta, no queremos show, no queremos exhibiciones, somos comunidad de pertenencia de los restos humanos allí encontrados, y aunque no hayan sido identificados, son nuestros compañeros, y queremos JUSTICIA!

Expresamos nuestro más enérgico repudio a la actividad organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos aires, y exigimos, una vez más, que el gobernador Daniel Scioli ordene el inmediato desalojo del Destacamento de Policía en Arana, a fin de garantizar la desafectación completa del predio de presencia policial y la consecuente preservación de pruebas judiciales realizadas y pendientes.

Exigimos también que se restrinja e impida el ingreso de cualquier tipo de público (funcionarios, público general, medios de comunicación, etc) a los sectores del predio en los que se hallaron restos humanos, especialmente a la instalación de pasarelas que permitan realizar recorridos y circulación de público por los sectores donde se encuentran los restos de los detenidos-desaparecidos asesinados en el lugar.

NO A LA FIESTA SOBRE LOS HUESOS DE NUESTROS COMPAÑEROS!

INMEDIATO DESALOJO DE LA POLICÍA DEL DESTACAMENTO DE ARANA!

NO A LA EXHIBICIÓN DE RESTOS HUMANOS DE NUESTROS COMPAÑEROS!

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!

APARICIÓN CON VIDA DE NUESTRO COMPAÑERO JORGE JULIO LÓPEZ!

Contacto de prensa:

Carlos Zaidman (AEDD): 221 155731407 

Firmas:

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
HIJOS La Plata

Casapueblos (España)
Codo a Codo (España)
Campaña apoyo juicios a los genocidas (España)
Sindicato Solidaridad Obrera (España)

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POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

Desde la sanción de la ley 26.548 en 2009,  de creación de un nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el kirchnersimo viene generando varios descalabros en el tema de la restitución de los hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar, como el intento de traslado físico del Banco y la disvirtuación de objeto fundacional, con la excusa de la aceleración de una de las políticas centrales referidas a la tan macionados pero poco respetados de Memoria, Verdad y Justicia.

Preocupados, y tras varios pedidos de entrevistas e informes a los funcionarios del área involucrada, incluidos el propio ministro Lino Barañao y el gobierno macrista, que busca desligar cualquier responsabilidad respecto a la manipulación de la que está siendo objeto el BNDG, los organismos y familiares no alineados con el gobierno no obtuvimos explicaciones suficientes sobre los motivos y modalidades del traslado.

Como último recurso, en agosto pasado hicimos un abrazo al actual Banco en el Durand y tuvimos que presentar una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo para generar una discusión seria sobre el tema. Planteamos objeciones de constitucionalidad de 2 artículos de la ley, y requerimos la preservación de todas las muestras existentes en el actual BNDG, no sólo las referidas a lesa humanidad. En septiembre el Juez Ernesto Marinelli dictó una medida preliminar y detuvo el traslado hasta aclarar las objeciones de fondo.

Como respuesta a esta medida, desde el Ministerio de Ciencia  se justificó el acotamiento del objeto del Banco porque “existen otros laboratorios públicos que pueden hacer la tarea” de otros casos relativos a filiación que no sean lesa humanidad. Lo que el ministro Barañao no aclara, es que, aún con la existencia de otros laboratorios, que además no tienen  la experiencia del Banco para trabajar  en identificaciones, ello no excluye la responsabilidad del Estado a normar el acceso universal al derecho a la identidad y no generar el vacío legal que la nueva ley abre.

En sintonía con el ministro, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo realizó una intervención judicial en la cautelar para defender el traslado copiando los argumentos del Ministerio. En el mismo escrito presentado al juez, Abuelas destaca el elevado status del BNDG en el Durand, pero pregona la optimización de su funcionamiento. Y con ello, al defender el acotamiento del objeto de la entidad y su traspaso, no considera nunca la  posibilidad de excluir del derecho adquirido a la Identidad a aquellos que han sido víctimas de desapariciones forzadas después del 10 de diciembre de 1983, subestiman la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce por motivos relacionados a la represión durante la democracia, no menos importantes, ya que sobrepasan los 200 casos a través de las últimas 3 décadas. Y además se olvidan de las personas que buscan afirmar su identidad adulterada por distintos motivos sociales, y que la nueva ley de 2009 no contempla.

En diciembre de 2013 del juez Marinelli, rechazó el pedido de medida cautelar de suspender el traslado del BNDG. El fallo dispone, sin embargo, como medida de mayor resguardo, que se trasladen todas las muestras y registros existentes en el BNDG, incluidos aquellos que no estén vinculados al terrorismo de Estado.

Por lo tanto, a 38 años del Golpe Genocida, y ante la preocupación que nos genera que finalmente se dicte una sentencia definitiva y se convalide el traspaso del BNDG, hemos decido presentar ante la justicia un AMICUS CURIAE para poner en conocimiento de los jueces que la lucha por la presrevación del BNDG es acompañada por distintas personalidades vinculadas a la lucha por los DDHH.

Además, en el marco del 24 de marzo queremos  denunciar nuevamente ante toda la sociedad, que el desguace del BNDG es una maniobra más por parte del Kirchnerismo de apropiación de las banderas históricas de la lucha contra la impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado, al igual que el  traspaso del control de los ex centros de detención de la ciudad de Buenos Aires al orden total de la gestión nacional, los juicios fragmentados y a cuentagotas, y la  banalización de los espacios de Memoria.

Pero algo queda claro entre tantas mentiras y desprolijidad: El titular de las muestras existentes en el Banco no es el Estado Nacional, sino los familiares de desaparecidos, que tenemos total legitimidad para cuestionar al Estado, responsable del traslado, si las garantías no están brindadas. Y en todo caso, no se puede argumentar que la pretensión del Estado de búsqueda de la Verdad, que es su obligación, puede estar por encima del derecho de los familiares.



NO AL TRASPASO Y VACIAMIENTO DEL BNDG

RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS

A 38 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA LA LUCHA CONTRA EL VACIAMIENTO DEL BNDG SIGUE DE PIE!



Espacio de coordinación Todos x el BNGD

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¡A 38 años del golpe genocida, escrache popular al pozo de Quilmes!

Basta de impunidad!

Expropiación de todos los ex-centros clandestinos de detención!

Hace años que diversas organizaciones sociales y políticas del distrito venimos movilizándonos todos los 24 de marzo a la actual DDI (ex Pozo de Quilmes durante la última dictadura), para llevar adelante un escrache popular, para que toda nuestra ciudad sepa que en ese espacio que hoy sigue funcionando como una dependencia de la policía bonaerense, se torturó y desapareció gente; para que se sepa que ese lugar formó parte del circuito genocida que se llevó la vida de 30.000 compañeros, que vino a destruir los sueños y proyectos de transformación del pueblo argentino y la clase trabajadora.
El golpe de Estado llevado adelante el 24 de marzo de 1976 desplegó un genocidio que tuvo por objetivo acabar con la organización de los trabajadores que luchaban por un proyecto político y económico de país distinto, distinto al de entonces y distinto al de hoy. El genocidio tuvo por objetivo aniquilar físicamente a miles de personas que se organizaban para derrotar todas las injusticias de este sistema. A su vez, el golpe de Estado fue la condición necesaria para la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Fue parte de una ofensiva a nivel internacional de la clase empresarial. Hoy, a 38 años del golpe genocida, las banderas de socialismo por las que nuestros compañeros desaparecidos lucharon, siguen vigentes. Porque siguen vigentes el hambre, la exclusión, los mono
Los empresarios que junto al imperialismo yanqui orquestaron el golpe, aún hoy siguen beneficiándose del sistema de explotación con las garantías que les otorgan los gobiernos locales.
Es por esto que la lucha de ayer no puede separarse de la lucha de hoy. Los 30.000 desaparecidos no lucharon por una sociedad en la que César Milani, participante activo del último genocidio, sea el Jefe del Ejército. Los 30.000 desaparecidos no pelearon por una sociedad en la que las balas de la represión policial se lleven a un pibe por día a causa del gatillo fácil, tampoco por una sociedad en la que continúan las desapariciones, como la de Julio López, Luciano Arruga o las miles de desaparecidas a causa de la trata de personas.
La memoria oficial es una memoria a medida de las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo, rápidamente se convierte en estática conmemoración o icono vacío.
Los juicios a los genocidas están estancados. A más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, el Estado argentino sólo condenó a 470 represores en todo el país, menos de 1 genocida condenado por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención que hubo en dictadura. Sigue habiendo decenas de represores prófugos, otros que siguen muriendo impunes y la mitad de los procesados gozando de la prisión domiciliaria. Es claro que la pretensión de castigo de estos juicios tiene un límite fijado por el Estado, 2 mil represores en todo el país, una cifra que está lejos de representar la dimensión real del aparato represivo genocida.
En La Plata, donde deberían investigarse los más de 29 CCD del Circuito Camps, llegamos a 38 años del golpe genocida con 46 represores, mientras hay otros 90 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso de juzgamiento que nos proponen en la zona, no incluye más que 150 represores.
Mientras tanto sigue pendiente la búsqueda de los jóvenes apropiados durante la dictadura, porque queda por restituir la identidad del 80% de los 500 casos denunciados
históricamente. Y el Banco Nacional de Datos Genéticos, órgano central en esta tarea, hoy está siendo desguazado por el traslado de su sede y tergiversado su objeto fundacional hacia los negocios con la genética. Queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros. Así como la responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños.
La señalización de los Sitios de Memoria se ha transformado en la política de la foto, la placa y el discurso: sólo señalizaron 76 de los 600 CCD, y no se impulsa la investigación sobre los centros que no sean emblemáticos. A los más conocidos se los quiere transformar en circos de la memoria, como se intenta hacer con el proyecto de Museo en el Casino de Oficiales de la ESMA.
La causa por los crímenes en el Pozo de Quilmes es otra muestra de la desidia que el Estado pretende hacer pasar como justicia: a más de 10 años de reabierto el expediente hay sólo 20 genocidas procesados, sólo 6 por su actuación específica en el CCD, y todo esto por un lugar donde pasaron más de un centenar de compañeros detenidos. En la causa hay varios represores con domiciliaria, otros prófugos y otros a los que directamente se les dictó la falta de mérito.
Desde los sectores populares no entendemos otra forma de la memoria que no sea activa, aquella que se apropia críticamente de la historia y la reconoce raíz, basamento del hoy y del mañana. No basta con recordar o señalar qué se hizo en los Centros Clandestinos de Detención, es preciso visibilizar la sociedad por la que los desaparecidos pelearon.
El gobierno municipal propone señalizar la DDI como espacio de tortura; desde las organizaciones sociales y políticas del distrito decimos que con eso sólo no alcanza y convocamos el 20 de marzo a un escrache popular del predio que denuncie las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron y que vuelva a poner en alto las banderas por las que nuestros 30.000 compañeros lucharon y por las que seguimos luchando hasta el día de hoy.

¡A 38 años del golpe genocida, escrache popular al pozo de Quilmes!
Basta de impunidad! Expropiación de todos los ex-centros clandestinos de detención!

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