El jueves 3 de marzo a las 13 hs. se conocerá la sentencia del juicio al ex policía de la bonaerense Enrique Loretto, juzgado por el Tribunal Orlan Nro. 5 por apremios ilegales y abuso de armas.
Desde la asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Ación Jurídica (CIAJ) esperamos que el tribunal de lugar al pedido de la fiscal y de la abogada que nos representa. Pasaron siete años, realmente esperamos que mañana la víctima tenga una respuesta de la justicia, al igual que todos los demás vecinos que sufrieron los abusos de este policía”, declaró Rosa Bru, de la AMB.
El jueves pasado en el Tribunal presidido por la Dra. María Isabel Martiarena, junto a los jueces Horacio Nardo y Carmen Palicio Arias, tuvieron lugar los alegatos. Ese día el imputado pidió hacer uso de la palabra y se defendió de las acusaciones en ambas causas. Dijo sentirse una víctima de una “industria judicial que persigue uniformados” en referencia Rosa Bru y las organizaciones que representan al plomero Arévalo. “Las asociaciones que representan a la víctima, la víctima y todos los testigos no hicieron más que ensuciarme” sentenció.
Según expresó, García, víctima de los disparos en una de las causas, no pudo reconocerlo con certeza y en el caso de Arévalo, por lo que se lo acusa de apremios ilegales, no negó los golpes ni las características del procedimiento pero dijo que había actuado en “legítima defensa” porque la situación era de “peligro letal”. Llorando, Loretto dijo que conocía a Rosa Bru y que había hecho mucho por la búsqueda de su hijo, aunque no corresponden sus años de servicio a la fecha de la desaparición del estudiante Miguel Bru. “Además -dijo mientras miraba fijamente a una de las abogadas de la víctima, hija de desaparecidos- yo sé mucho de desaparecidos porque mi padre fue desaparecido durante la dictadura, pero yo no hice uso de mi historia como venganza”. Con la mirada sostenida en la Dra. Caravelos, abogada del CIAJ insistió “aquí hay una industria judicial que persigue uniformados”.
La primera en alegar fue la fiscal Maribel Furnus, quien sostuvo que fueron probados a lo largo de todo el debate la autoría de Loretto en ambos episodios e hizo referencia a las pruebas y testimonios que se condicen. Refirió que Loretto se comportaba como un sheriff en el barrio y sintetizó esta idea en una cita de una de los testigos sobre lo que el ex jefe de calle de la comisaría de Villa Argüello solía repetir: “yo soy el oficial Loretto y vengo a limpiar el barrio”. La fiscal sostuvo que abusó y deshonró su condición de funcionario público, que cometió delito y que en el caso de García dejó graves secuelas en su salud. Pidió 9 años de prisión por ambas causas.
La Dra. Caravelos, en representación del CIAJ y de la Asociación Miguel Bru, sostuvo que en la causa por apremios ilegales contra Arévalo debe tomarse en cuenta como agravante la condición de poder que detentaba Loretto al momento de cometer el delito. Recurriendo a la figura de vejación a que hiciera referencia la fiscal también, remarcó la humillación que significó para el plomero de Berisso vivir toda esa escena y cuestionó la legitimidad del procedimiento de averiguación de identidad, típico de la práctica policial, remarcando los cuestionamientos de legislación garantista por el poder que le otorgan al agente policial.
En referencia a la lentitud con que la justicia llevó este caso, la abogada del CIAJ remarcó que “el castigo, aunque tarde, daría cuenta de que no siempre la impunidad los cobija” refiriéndose a los uniformados que toman este tipo de proceder como práctica institucional. Finalmente, solicitó la pena de 7 años sólo para el caso que involucra a Arévalo.
Por último y en relación a la insistencia de Loretto en su declaración acerca de sentirse perseguido por las organizaciones de derechos humanos y que las mismas no tuvieron en cuenta su condición de hijo de desaparecidos, afirmó la letrada: “la dignidad no se transmite por sangre”. Cabe aclarar que el padre de Loretto murió en 1970 y no se encuentra incluído en ninguna de las denuncias de la Conadep.
Mientras que Rosa, al ser preguntada por los dichos del imputado, aclaró “lo verdadero e importante acá es que el que está acusado en dos causas es Loreto, y tras años de lucha hemos llegado hasta acá. No es un dato menor que hayan pasado siete años desde la denuncia por los apremios ilegales que recibió Carlos cuando iba a trabajar, desde la AMB y el CIAJ esperamos que el tribunal de lugar al pedido de la fiscal y de la abogada que nos representa. No puede quedar impune que personal de un servicio de calle pueda detener ilegalmente una persona y golpearlo hasta fracturarle la nariz. Pasaron siete años, realmente esperamos que mañana la víctima tenga una respuesta de la justicia, al igual que todos los demás vecinos que sufrieron los abusos de este policía”.
La defensa de Loretto, por su parte, en su alegato refirió que: “Esto es una sarta de mentiras. Miente la víctima y mienten todos”. Puso en duda el testimonio de García en la primera causa y hasta el de la perito en balística; en el caso de Arévalo refirió que la culpa la tuvo el plomero por su comportamiento: “no acatar una orden de cacheo es una agresión”. La defensa del ex jefe de calle la Comisaría IV de Berisso solicitó la absolución en ambos casos.
Contactos
CIAJ: Martín Massa (0221)15–511 9041
Asociación Miguel Bru: Rosa Bru (0221)15-554 6854
www.ambru.org.ar - www.ciaj.com.ar
Desde la asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Ación Jurídica (CIAJ) esperamos que el tribunal de lugar al pedido de la fiscal y de la abogada que nos representa. Pasaron siete años, realmente esperamos que mañana la víctima tenga una respuesta de la justicia, al igual que todos los demás vecinos que sufrieron los abusos de este policía”, declaró Rosa Bru, de la AMB.
El jueves pasado en el Tribunal presidido por la Dra. María Isabel Martiarena, junto a los jueces Horacio Nardo y Carmen Palicio Arias, tuvieron lugar los alegatos. Ese día el imputado pidió hacer uso de la palabra y se defendió de las acusaciones en ambas causas. Dijo sentirse una víctima de una “industria judicial que persigue uniformados” en referencia Rosa Bru y las organizaciones que representan al plomero Arévalo. “Las asociaciones que representan a la víctima, la víctima y todos los testigos no hicieron más que ensuciarme” sentenció.
Según expresó, García, víctima de los disparos en una de las causas, no pudo reconocerlo con certeza y en el caso de Arévalo, por lo que se lo acusa de apremios ilegales, no negó los golpes ni las características del procedimiento pero dijo que había actuado en “legítima defensa” porque la situación era de “peligro letal”. Llorando, Loretto dijo que conocía a Rosa Bru y que había hecho mucho por la búsqueda de su hijo, aunque no corresponden sus años de servicio a la fecha de la desaparición del estudiante Miguel Bru. “Además -dijo mientras miraba fijamente a una de las abogadas de la víctima, hija de desaparecidos- yo sé mucho de desaparecidos porque mi padre fue desaparecido durante la dictadura, pero yo no hice uso de mi historia como venganza”. Con la mirada sostenida en la Dra. Caravelos, abogada del CIAJ insistió “aquí hay una industria judicial que persigue uniformados”.
La primera en alegar fue la fiscal Maribel Furnus, quien sostuvo que fueron probados a lo largo de todo el debate la autoría de Loretto en ambos episodios e hizo referencia a las pruebas y testimonios que se condicen. Refirió que Loretto se comportaba como un sheriff en el barrio y sintetizó esta idea en una cita de una de los testigos sobre lo que el ex jefe de calle de la comisaría de Villa Argüello solía repetir: “yo soy el oficial Loretto y vengo a limpiar el barrio”. La fiscal sostuvo que abusó y deshonró su condición de funcionario público, que cometió delito y que en el caso de García dejó graves secuelas en su salud. Pidió 9 años de prisión por ambas causas.
La Dra. Caravelos, en representación del CIAJ y de la Asociación Miguel Bru, sostuvo que en la causa por apremios ilegales contra Arévalo debe tomarse en cuenta como agravante la condición de poder que detentaba Loretto al momento de cometer el delito. Recurriendo a la figura de vejación a que hiciera referencia la fiscal también, remarcó la humillación que significó para el plomero de Berisso vivir toda esa escena y cuestionó la legitimidad del procedimiento de averiguación de identidad, típico de la práctica policial, remarcando los cuestionamientos de legislación garantista por el poder que le otorgan al agente policial.
En referencia a la lentitud con que la justicia llevó este caso, la abogada del CIAJ remarcó que “el castigo, aunque tarde, daría cuenta de que no siempre la impunidad los cobija” refiriéndose a los uniformados que toman este tipo de proceder como práctica institucional. Finalmente, solicitó la pena de 7 años sólo para el caso que involucra a Arévalo.
Por último y en relación a la insistencia de Loretto en su declaración acerca de sentirse perseguido por las organizaciones de derechos humanos y que las mismas no tuvieron en cuenta su condición de hijo de desaparecidos, afirmó la letrada: “la dignidad no se transmite por sangre”. Cabe aclarar que el padre de Loretto murió en 1970 y no se encuentra incluído en ninguna de las denuncias de la Conadep.
Mientras que Rosa, al ser preguntada por los dichos del imputado, aclaró “lo verdadero e importante acá es que el que está acusado en dos causas es Loreto, y tras años de lucha hemos llegado hasta acá. No es un dato menor que hayan pasado siete años desde la denuncia por los apremios ilegales que recibió Carlos cuando iba a trabajar, desde la AMB y el CIAJ esperamos que el tribunal de lugar al pedido de la fiscal y de la abogada que nos representa. No puede quedar impune que personal de un servicio de calle pueda detener ilegalmente una persona y golpearlo hasta fracturarle la nariz. Pasaron siete años, realmente esperamos que mañana la víctima tenga una respuesta de la justicia, al igual que todos los demás vecinos que sufrieron los abusos de este policía”.
La defensa de Loretto, por su parte, en su alegato refirió que: “Esto es una sarta de mentiras. Miente la víctima y mienten todos”. Puso en duda el testimonio de García en la primera causa y hasta el de la perito en balística; en el caso de Arévalo refirió que la culpa la tuvo el plomero por su comportamiento: “no acatar una orden de cacheo es una agresión”. La defensa del ex jefe de calle la Comisaría IV de Berisso solicitó la absolución en ambos casos.
Contactos
CIAJ: Martín Massa (0221)15–511 9041
Asociación Miguel Bru: Rosa Bru (0221)15-554 6854
www.ambru.org.ar - www.ciaj.com.ar
