Murió impune un policía federal en una causa de Lesa Humanidad de La Plata
Reseñamos la muerte del subcomisario Alberto Larroca en la causa por el CCD de 1 y 60 . Analizamos el rol de la Policía Federal en la represión en La Plata. Y una reflexión sobre el agravamiento de la situación de los juicios por la tardanza del Estado en impulsar los procesos.
El pasado 18 de diciembre el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Laureano Durán, informó la muerte del imputado Alberto Larroca, 2° jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, en la causa por el CCD de Caballería e Infantería de la Policía Bonaerense durante la dictadura. Además, el magistrado clausuró la instrucción y elevó el expediente a juicio oral.
El subcomisario Larroca, de 82 años, era oriundo de Trenque Lauquen y falleció en su casa del barrio CECO de Olavarría el 5 de octubre pasado, según si obituario “confortado por los auxilios espirituales”. Está acreditado que prestó funciones en la Delegación La Plata de la Policía Federal Argentina entre el 16 de marzo de 1976 y el 3 de enero de 1977. Al igual que su jefe en la delegación, Rafael Pochelú, los cabos de esa fuerza José Luis Benítez, Carlos Hugo Leguizamón y Roberto Gigli, y Carlos “el Indio” Castillo, estaba imputado desde diciembre de 2013 por los secuestros y tormentos de que fueron víctimas los militantes peronistas de una Unidad Básica del barrio de La Loma Luis Julián Farina, su esposa Nélida Leonor Balbi y Roberto Mario Carattoli.
De hecho en la causa consta información de todos estos represores a través de un incidente colateral al allanamiento del domicilio de la pareja Farina-Balbi. Al parecer, a raíz del extravío de la credencial del oficial Fontana en el operativo, Pochelú designó a Larroca para realizar un sumario administrativo. De la declaración de Fontana ante sus jefes surgen detalles del operativo: “un procedimiento antisubversivo, el 3 de abril de 1976 entre las 2 y las 5 horas, en una finca sita en calle 23 n° 221 de La Plata”, donde Fontana y otros 4 agentes allanaron y “detuvieron a su ocupante que identificaron como Luis Julián Farina, vinculado con la agrupación 'Montoneros'. Aproximadamente veinte minutos más tarde arribó al domicilio su concubina Nélida Leonor Balbi, a quien también detuvieron, acompañada de una persona de sexo masculino que identificaron como Roberto Mario Carattoli. Este último, para evitar ser detenido, intentó darse a la fuga emprendiendo veloz carrera por calle 23 en dirección al norte. Fue perseguido por parte de la comisión policial, que luego de unos 250 metros de ardua y peligrosa persecución consiguió herirlo de bala en su pierna izquierda a la altura del tobillo, reducirlo y detenerlo, secuestrándole además una pistola calibre 22, con su respectivo cargador y proyectiles 'punta hueca'”. Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados encapuchados a la Delegación La Plata de la Federal, a la mañana siguiente entregados a las autoridades militares de la Jefatura del Área 113 y depositados en el CCD de la Brigada de Caballería de la bonaerense en 1 y 60. Pasaron 10 días allí, siendo sacados varias veces a torturar a Arana y devueltos a Caballería, para terminar blanqueados en la Unidad 9 los hombres y la mujer en la cárcel de Olmos.
Tanto Farina como Balbi dieron testimonios coincidentes en el marco del Juicio por la Verdad en julio de 2002 y en la causa “1 y 60” en junio de 2013. Sobre el primer lugar detención, Farina lo describió como una comisaría por el ambiente, el ruido, la radio que transmitía los datos y los números de documentos, y dijo “esto era, digamos, un ámbito Policial”. Balbi afirmó que los traslados a Arana y a Olmos los hacía personal militar, que tenía mando sobre la tropa, que era personal de la bonaerense. Respecto a los integrantes del operativo, ambos sobrevivientes afirmaron que el grupo que los detuvo en su domicilio estaba conformado por aproximadamente cinco personas, todos vestidos de civil, entre los que se encontraba quien luego supo que era “el indio” Castillo, de quien dijo que “Caminaba tipo robot, con el pelo caído sobre la frente y daba la impresión de que era quien comandaba el grupo...”, y que fue éste quien persiguió e hirió de bala a Carattoli en su intento de fuga. Señaló también que luego pudo identificar a Gigli como otro de los integrantes del grupo, y que fue él mismo quien lo sometió a sesiones de tortura mientras estuvo detenido en 1 y 60.
Llamado a indagatoria en diciembre de 2013, Larroca refirió ante el juez Manuel Blanco no recordar el hecho del 3 de abril de 1976, aunque sí dijo que conocía a Fontana -que estaba en Inteligencia-, a Leguizamón y al Comisario Pochelú, con quien señaló “no tenía muy buena relación ya que no congeniaban”. Dijo que como segundo de la delegación se encargaba del control del personal administrativo y realizaba guardias. Sin embargo trató de excusarse en que, pese a su posición jerárquica, no se enteraba de las cosas que sucedían en el lugar por no estar de acuerdo, y negó la instrucción del sumario en cuestión al decir: “ Yo nunca instruí un sumario administrativo, ni lo se hacer. Las firmas que están en el expediente yo no las reconozco como mías. Puede ser que lo haya firmado, pero no me acuerdo”. Pese a todo reconoció la Comunidad represiva existente entre la PFA y las Fuerzas Armadas, al decir que su jefe Pochelú “era quien tenía el poder de mando sobre la gente de inteligencia, exclusivamente él. El ejército y la Marina, el BIM 3, venían mucho a la Delegación y se reunían solamente con el jefe, con Pochelú”.
LA CAUSA 1 Y 60
La causa esta denominada con el nombre del represor de más alto mando en la cadena de responsabilidades, el coronel Alberto Jorge Crinigan, hombre ligado al área de inteligencia del Ejército desde el Batallón 601 y que estuvo activo en la fuerza hasta 2002.
Implica imputaciones sobre 22 represores por unas 190 víctimas. Algunos de estos represores ya fueron juzgados y condenados en el proceso por el CCD “La Cacha”, como Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Anselmo Pedro Palavezzati; otros citados sólo como testigos en el juicio “Circuito Camps” de 2012 por los hechos de la casa Mariani-Teruggi, como Héctor Reynaldo Amnchástegui, Juan Rafael Pochelú y José Clemente Forastiero; el referente da la CNU en nuestra zona, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo; y un grupo de 14 genocidas que será juzgado por primera vez en esta causa: Alberto Jorge Crinigan, Oscar Antonio Gómez Migenes, Carlos Hugo Leguizamón, Roberto Arturo Gigli, José Luis Benitez, Alberto Larroca, Claudio Rubén Mejías, Tomas D'Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Adalberto Oscar Rincón, Juan Antonio Vidal, Alberto José Esteban Pulvermacher, Ismael Ramón Verón y Lucas Marcelo Castro.
El juicio será una importante ocasión para desentramar la red de conexiones que existieron entre las distintas Fuerzas Armadas, policiales, penitenciarias y parapoliciales, ya que el CCD de calle 1 y 60 conlleva casos de detenidos que eran trasladados allí desde y hacia unidades del Ejército y la Policía. Ya en el juicio “FT5” del año pasado se han ventilado varios casos de detenidos que eran llevados desde 1 y 60 ida y vuelta a los CCD de Armada y Prefectura. O bien que eran blanqueados hacia la Unidad 9 del Servicio Penitenciario. A su vez, se ha puesto en evidencia la actuación de elementos de la CNU tanto en los centros policiales como penitenciarios. Y los casos referidos a la actuación de la Policía Federal reseñados más arriba completan un cuadro donde no hubo fuerza represiva que no actuara en coordinación con detenidos llevados a la sede de 1 y 60.
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| Plano del CCD de 1 y 60 |
El rol de la Policía Federal en la represión en La Plata, desde su sede en calle 15 y 49, tiene una causa específica en La Plata. En mayo de 2014 la fiscalía platense que instruye las causas contra los genocidas en nuestra región pidió la elevación a juicio de un grupo de policías federales que participaron de una cacería con el resultado de tres homicidios y tres desapariciones en 1977. Y como en el caso de Pochelú, Larroca y sus muchachos, la trama se reveló con el hallazgo de un documento interno donde el jefe del grupo disponía medidas sobre sus subordinados.
Los 9 ex “federicos” acusados en el requerimiento fiscal son el comisario y jefe de la Delegación La Plata de la PFA en 1977, Martín Eduardo Zuñiga, el inspector Rafael Oscar Romero, el sargento Horacio Alfredo Ortiz, los cabos José Carlos Sánchez y Jorge Alberto Blanco, los efectivos Carlos Omar Gómez y Adalberto Abel Maciel (ya fallecidos), y el subcomisario prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga. Completa la lista el cabo Roberto Arturo Gigli, también imputado en la causa por el CCD de 1 y 60.
Todos están acusados por los homicidios de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado “La Chancha”; la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves y tormentos sufridos por Juan José Libralato; la privación ilegal de la libertad de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzman de Arteaga, y el robo de objetos en la casa de Mansilla.
La investigación detalla que en septiembre de 1977 la Policía Federal capturó en la Capital Federal al militante platense de la JUP Juan Carlos Rodríguez. La PFA logró su identificación gracias al aporte que le brindó su delegación de La Plata a través de los canales de inteligencia. Pero los aportes llegaban también a lo operativo: la noche del 11 de octubre del '77 una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense de la PFA con información sobre el domicilio de Rodríguez. Desde allí pidieron “zona liberada” al Área Operacional de la Subzona 113 y al Destacamento de Inteligencia Militar 101, allanaron diversos domicilios hasta completar la acción dos días más tarde y repartirse los detenidos con el Ejército.
La actuación del grupo imputado se reconstruyó a partir de un policial que revela los crímenes y que pide el ascenso para los policías. Suscripto por el jefe Zúñiga, el documento fundaba los ascensos en la ley orgánica de la Federal, que preveía reconocimientos para quien "lleve a cabo actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material, y, en general el que ejecute acciones encomiables dignas de premio a juicio de la superioridad".
JUICIOS ETERNOS
Como sabemos, las causas llevadas adelante por el Estado argentino contra los represores de la última dictadura son delitos de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles. Ahora bien, ello no quiere decir que tal carácter habilite a la justicia a realizar juicios infinitos, en un proceso general que dure 40 años.
Si tenemos en cuenta que de las 30.000 las víctimas que pasaron por más de 600 centros de detención clandestinos, en los que actuaron alrededor de 200.000 represores, sólo han sido procesados 2.100 represores y condenados unos 650 por unas 3.800 víctimas, veremos que falta la mayor parte de la tarea si lo que se quiere es justicia y no condenas aisladas.
Mayor es la preocupación si entendemos que falta juzgar a la mayoría de las segundas y terceras planas de policías, penitenciarios, militares, gendarmes, prefectos, y a la totalidad de los cómplices civiles del genocidio, sean estos empresarios, burócratas sindicales, parapoliciales, sacerdotes o dueños de medios de comunicación.
La tardanza del Estado en completar las imputaciones y avanzar en la investigación de la trama de complicidades viene siendo patente. Y es necesario aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 13 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 300 procesados que fallecieron en estos 13 años) si no se acelera el proceso.
De hecho, en todas las grandes causas que llegaron a juicio en La Plata hubo muertos impunes: En el proceso denominado “Circuito Camps” fallecieron el gobernador de facto Ibérico Saint Jean, el jefe del Destacamento de Inteligencia 101 Alejandro Agustín Arias Duval y el jefe de la Brigada de Investigaciones Rubén Oscar Páez. En el juicio por el CCD “La Cacha” de 2014 también faltó el principal acusado, precisamente Arias Duval. En la causa por los crímenes de la Armada y Prefectura en nuestra zona, llamado “Fuerza de tareas 5”, murieron sin llegar a juicio el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
El esquema se repite en las causas en instrucción: en la residual por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi murió el represor Norman Miniot en abril 2014; en la misma fecha pero en causas Brigada de San Justo y Pozo de Quilmes falleció el genocida Lucas Belich; y en las más importantes que restan juzgar, Pozo de Banfield 2, Brigada de San Justo y Pozo Quilmes falleció el general Jorge Olivera Rovere en abril de 2015.
Y la tardanza también juega a favor de los genocidas que reciben beneficios de prisiones preventivas domiciliarias o en geriátricos, en regímenes que nadie controla, o bien excarcelaciones por motivos de salud o lisos y llanos apartamientos por incapacidad. Este elemento se profundizará en los próximos años si los procesos continúan así planteados.
Porque resulta que en lugar de acelerarse, el proceso general de juzgamiento viene decreciendo año a año, sin poder sostener el promedio de 20 juicios concluidos y 150 condenas cada 12 meses. Las voces que hoy contrastan el rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, con los pequeños avances de los últimos años basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya simbólicamente estos procesos. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos 13 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.
Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.
En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.
Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de Lopez.
HIJOS LA PLATA
Enero de 2016
