| Martes, 03/04/12 | ||
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| De las 24 provincias, en 19 han sido registrados casos de criminalización de la protesta civil Preocupadas por la criminalización de las protestas y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados. | ||
| Preocupadas por la criminalización de las protestas sociales y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales argentinas investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados; el resultado fue el Informe sobre criminalización de la protesta, publicado en el mes de marzo. El documento muestra el resultado de la sistematización de causas abiertas en Argentina entre 2001 y 2012 contra sectores como organizaciones sindicales, partidarias de derechos humanos, organizaciones de trabajadores desempleados, movimientos estudiantiles, indígenas y ambientalistas, entre otros. El informe señala que existen actualmente en el país 4.000 personas criminalizadas y procesadas. La cantidad de luchadores sociales que fueron asesinados desde 2001 suma cerca de 70 personas. La criminalización de la protesta, tema principal del informe, es definida como una "estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes”. Su intención es reprimir a las organizaciones populares y amedrentar a los que utilizan el legítimo derecho a organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es señalado por los autores del informe como otro que se sirve de la criminalización para intentar disciplinar y desmovilizar a aquellos que cuestionan la miseria y la opresión y para frenar las luchas de los trabajadores y de diversos movimientos sociales argentinos. Entre las principales metodologías para criminalizar la protesta social el informe señala: cooptación, procesos judiciales, represión estatal directa y criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado –tácticas utilizadas para castigar a los involucrados en huelgas, movilizaciones, bloqueo de carreteras, piquetes, campamentos y ocupaciones de edificios públicos y plazas. El Informe sobre criminalización de la protesta ofrece datos sobre investigaciones realizadas desde el comienzo de 2011. Hasta entonces, se sistematizaron informaciones sobre 2.268 luchadores/as sociales criminalizados/as. Basado en 2.198 casos, en el informe se señala que a partir de 2003 creció el número de personas procesadas. Los años 2009 y 2010 abarcaron el 47,2% de los procesados hasta 2012. Sobre el total de 2.238 casos, los sectores más criminalizados fueron el sindical (31,6%) y los pueblos originarios (31,4%). Las organizaciones partidarias siguen con el 11,5%. Al investigar los tipos de conflictos más criminalizados, las organizaciones autoras del informe descubrieron que los conflictos que involucran los derechos y las demandas por tierra y vivienda crecieron el 32,3% y los que involucran los derechos y reclamos de trabajadores llegaron al 31,7% basado en 2.256 casos de 2001 a 2012. "En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización”, se señala en el informe. Basado en 2.221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde ocurrió el conflicto, en el informe se revela que en 19 de las 24 provincias del país se criminalizaron las protestas. La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentraron el 48% de los casos registrados, seguida por Río Negro (23,4%) y Neuquén (5,8%). Desde 2001 hasta el presente se identificó a 167 organizaciones, comunidades y grupos que sufrieron por la criminalización de sus acciones. Entre ellas están los Afectados por Represas, Agrupación Estudiantil 29 de mayo, Comunidad Cacique Esteban Tracaleu, Federación de Trabajadores y Empleados Telefónicos, entre otras. Recordando el período en que Néstor Kirchner estuvo en el poder y los años de mandato de Cristina Fernández, presidente por segunda vez, las organizaciones afirman que la impunidad continúa siendo una política de Estado y la criminalización de la protesta social una herramienta necesaria para sustentar el sistema que privilegia a pocos en detrimento de las necesidades de muchos. "Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes”, denuncian. El informe fue realizado por la Asociación de Ex-detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de profesionales en lucha (Apel), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), coordinadora Anti-represiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Liberpueblo. Traducción: Daniel Barrantes. barrantes.daniel@gmail.com www.adital.com.br | ||
martes, 3 de abril de 2012
19/24 bueno promedio. Van x +, van x todas!
viernes, 30 de marzo de 2012
Balearon la vivienda de los Ragni.
| Lunes, 26/03/12 | ||
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| LAS DE PLAZA DE MAYO, NEUQUEN Y ALTO VALLE y la CORRIENTE DE MILITANTES POR LOS DERECHOS HUMANOS. CONVOCAN a CONFERENCIA DE PRENSA Se realizara viernes 30 de marzo a las 11,30 hs. en Mascardi 55 - Casa de las Madres de Plaza de Mayo - Para denunciar públicamente que la vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni - Oscar e Inés - ha sido objeto de un ataque en la madrugada de este lunes. se pueden observar los rastros de por lo menos 4 balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda. Descontamos que se podrá dimensionar la gravedad de este hecho y la preocupación de tod@s ante esto que estamos denunciando. | ||
| El lunes a la madrugada, la vivienda de Inés y Oscar Ragni fue atacada a balazos por desconocidos, según se informó ayer al cierre de esta edición a través de un comunicado de prensa firmado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle. La vivienda está ubicada en la calle Mascardi 55, en el barrio El Progreso de esta ciudad. El texto del comunicado expresaba que "la vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni ha sido objeto de un ataque en la madrugada de este lunes". El documento señala que "se pueden observar los rastros de por lo menos cuatro balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda. Descontamos que se podrá dimensionar la gravedad de este hecho y la preocupación de todos ante esto que estamos denunciando". Desde Madres de Plaza de Mayo se convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 11.30 en la sede de esta organización donde se brindarán detalles de lo sucedido. Tanto Inés como Oscar estuvieron presentes el miércoles en el inicio de las audiencias del segundo juicio contra 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar. En la oportunidad, en el interior del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Inés Ragni junto a otros familiares de víctimas de la represión, expresaron su repudio a los acusados. Piden que se investigue agresión Durante la audiencia de ayer, la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, presentó un pedido al tribunal para que se investigue la agresión que sufrió el miércoles Nadia París, quien fue alcanzada por una granada de gas lacrimógeno, lanzada desde uno de los vehículos que trasladaba a los imputados cuando estos se retiraban al final la audiencia. "Responsabilizamos al tribunal porque son los encargados de la seguridad", señalaron las abogadas, que recibieron la respuesta del presidente Orlando Coscia de que el hecho será investigado. Nadia, hija de Eduardo París, quien estuvo secuestrado en La Escuelita, expresó "estamos disconformes con lo que está sucediendo en las audiencias porque todas las medidas restrictivas son hacia el público, es como que se está protegiendo a las personas que secuestraron torturaron y desaparecieron a nuestros familiares". El Tribunal evaluará si imputa a los acusados por Genocidio El Ceprodh ratificó su intención de acusar a los imputados por el delito de Genocidio, tal como lo estipula la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Las defensas quieren que se separen las causas de los policías de las del resto de las fuerzas de seguridad, por una cuestión de jurisdicción. Mañana a las 9 el TOF deberá expedirse. Luego de una breve sesión, el debate oral y público entró en un cuarto intermedio pasadas las 16 hasta mañana a las 9. En ese tiempo deberá decidir con varios planteos de las partes (cuestiones preliminares), antes de iniciar las indagatorias previstas para el 11 de abril próximo. De parte de las defensas de los acusados, los planteos tienen que ver concuestiones de jurisdicción e incumbencia. Estos planteos provinieron de parte de los policías rionegrinos acusados, quienes entienden que si eran empleados de la provincia, la jurisdicción que debería juzgarlos es la provincial. En el caso de Ignacio Del Magro, su abogado Rodolfo Ponce de León aseguró que deben ser juzgadas en forma separada las responsabilidades de las fuerzas de seguridad nacionales que la de las provinciales. Este argumento fue rebatido por las querellas, para quienes hubo un plan sistemático de represión, del que participaron en forma coordinada todas las fuerzas de seguridad. Hubo también -de parte de las defensas- un planteo de nulidad de todo lo actuado del abogado Corigliano. Por parte de la querella, fue el Ceprodh el que planteó la necesidad de acusar a los imputados de delito de genocidio, de acuerdo con lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a la que adhirió el gobierno argentino. www.8300.com.ar Nato Cantero | ||
Sábado 31 13hs. La lucha 2012, FM107.5mHz.
| Viernes, 30/03/12 | ||
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| La Lucha que nos parió... el programa de HIJOS La Plata Entrevistamos a un integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio que presentó el día 23/03 el informe sobre la Criminalización de la Protesta durante los gobiernos de los Kirchner. Ponete en tema: Sitio web de EMVJ Descargar Informe en formato PDF Recordamos el “DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE” que conmemora en Chile el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, y Paulina Aguirre, que pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Establecemos un paralelo con la “Masacre de Avellaneda”, donde asesinan a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ponete en tema: SUBVERSO-JOVEN COMBATIENTE (YOUTUBE) CCTT-29/03 DIA DE LOS Y LAS JÓVENES COMBATIENTES CCTT-Carta de los Padres de los Hermanos Vergara Toledo Sábados 13hs. FM Universidad 107.5mHz Escuchálo en vivo por Internet: Radio Universidad Contactos: lalucha2012@gmail.com//hijoslalucha.blogspot.com.ar hijos_laplata@yahoo.com.ar//hijosprensa.blogspot.com.ar fb/t/G+: Hijos La Plata | ||
jueves, 29 de marzo de 2012
4/4 18hs, movilización a la Casa de la prov. de Neuquén.
| Miércoles, 28/03/12 | ||
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 CABA, 4/4 18hs, A 5 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba, movilización a la Casa de la provincia de Neuquén. | ||
| A CINCO AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE CARLOS FUENTEALBA, CONTINUAMOS EXIGIENDO JUSTICIA COMPLETA YA! Desde la Comisión Carlos Presente (CO.CA.PRE.) convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a concentrarse el 4 de abril a las 18 Hs en el Obelisco para movilizarnos hasta la Casa de la provincia de Neuquén y exigir que se investigue a los autores políticos e intelectuales del asesinato de Fuentealba. El 4 de abril de 2007 en Arroyito, durante una movilización docente fue fusilado por la policía provincial Carlos Fuentealba. Con la pelea de su compañera de vida Sandra Rodríguez y los docentes neuquinos se logró el procesamiento y la condena del cabo Darío Poblete en la denominada Causa Fuentealba I. Cinco años más tarde, los responsables políticos y autores intelectuales siguen impunes gracias a la complicidad de la justicia y el poder político de la región. La Causa Fuentealba II, que busca investigar las responsabilidades políticas se encuentra trabada por el andamiaje judicial organizado por la alianza histórica entre el poder judicial y el Movimiento Popular Neuquino que mantiene la impunidad de los privilegiados en la provincia.A cinco años del asesinato del docente Carlos Fuentealba exigimos que sea investigado y acusado Jorge Omar Sobisch, gobernador de Neuquén en ese entonces y una de las cabezas del Movimiento Popular Neuquino, partido político que gobierna la provincia desde 1962. Desde la Co.Ca.Pre Buenos Aires vemos que actualmente se están ejecutando políticas de estado basadas en la tercerización de la represión mediante el accionar directo de policías provinciales y agentes parapoliciales. El asesinato de Mariano Ferreyra, ejecutado por una patota y con complicidad de la Policía Federal y la represión a pobladores catamarqueños que protestaban en contra de la megaminería son ejemplos de ello. Hoy, la represión y el patoterismo, están amparados bajo la Ley Antiterrorista, ideada por el actual gobierno nacional. Desde la Co.Ca.Pre Buenos Aires, consideramos que Carlos Fuentealba es un ejemplo de docente a seguir, un docente comprometido con la transformación de la realidad de sus compañeros y de sus alumnos. Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad, por una educación pública para todos ¡La justicia que no es completa, no es justicia: cárcel para Sobisch y para los policías responsables del operativo! ¡Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre! Contactos: Beto Rodríguez (familiar): 15-59983362 Joaquín: 15-3880-1739 ANRed Comisión Carlos Presente | ||
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Silencio K y sorpresa de la CIDH.
| Martes, 27/03/12 | ||
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| Un país, dos realidades y un Estado mudo Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo. | ||
| "El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes". Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja. "Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados", denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la "paradójica situación" que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas "acusadas por usurpación de sus propias tierras". La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina" Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que "revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta". "Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia", resumió. El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. "Su implementación ha sido completamente deficiente", afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad. Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches "imputados y perseguidos" por defender el territorio y remarcó que "la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)". Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían "buena vida" cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se "privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica". Díaz responsabilizó a "los gobiernos y las empresas" por la situación de los pueblos originarios. "La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (...) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas", explicó el líder qom. Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino. Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. "Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos. Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. "Ya tenemos que contar muertes de hermanos", lamentó y denunció al INAI por "dejar desprotegidas a las comunidades". Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión. "Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria", finalizó. Otra Argentina  Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer. Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: "El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina". Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: "Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena".  Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que -ante la sorpresa de los presentes-, comenzó a leer un informe. Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó "tres leyes fundamentales" para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que "establece la educación intercultural bilingüe", la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, "reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión" para las comunidades. Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron "relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas". "Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país", señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un "esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos" en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado "26 proyectos que benefician a 429 comunidades" (no precisó qué proyectos). "Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino", recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que "a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan". La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4. Preguntas Los comisionados de la CIDH hicieron consultas: -¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas? -¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades? -¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)? -¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado). -¿Qué ocurre que "estas medidas" (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones? -¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral) -¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160? La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación. Respuestas  Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: "Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio". Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. "Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste".  Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que "en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta" a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco "fue consultado con ninguna comunidad". Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. "Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad", lamentó. Silencio La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas. Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las "autoridades competentes" y que responderían por escrito. Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde. Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada. audio odhpi.org Darío Aranda | ||
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Ni autogobierno ni aberración.
| Jueves, 29/03/12 | ||
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| Bruno Rodríguez Monsalve tenía 24 años. El 18 de enero, preso en la comisaría 2ª de Trelew, vio y escuchó a los nueve policías provinciales que torturaron a un joven de 16 años, usando, entre otros métodos, la violación con un bastón "Tonfa". Su testimonio era clave. | ||
| Durante la instrucción de la causa, Bruno confió en las garantías que el propio estado torturador le ofreció para protegerlo, tras haber sido objeto de incontables amenazas a su vida. Así, lo trasladaron a otra provincia para “resguardar su vida” porque no estaba seguro en su hogar. Volvió a Trelew esta semana para retirar su DNI, necesario para conseguir trabajo en su nuevo lugar de residencia. Pensaba hacer el trámite en el día y regresar, pero ese mismo día, llegó a su casa mortalmente herido, con tres puñaladas. Clarísima advertencia, además, para los demás testigos, el joven víctima de la tortura y su familia. No necesitamos que se identifique a los autores materiales de este asesinato para conocer la identidad de los responsables políticos, ni nos convencen las declamaciones del gobierno provincial y el gobierno nacional para despegarse del crimen. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quiere lavarse las manos con la renuncia del jefe de policía Juan Carlos Siri, como si la represión fuera un problema de "cambio de figuritas" y no una política de estado. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se lamenta en 140 caracteres, hablando de "aberración" y alegando el "autogobierno de la policía". Recurrentemente, cada vez que sus policías, sus gendarmes, sus prefectos o sus guardiacárceles matan, violan, torturan, secuestran o protagonizan los peores delitos y sobreviene la indignación popular, nos vienen con el argumento de la "burocracia autónoma", el "descontrol", la "política propia" o el "autogobierno". Como si las fuerzas de seguridad no dependieran, vertical y jerárquicamente, del gobierno de turno, más allá de sus internas, que reproducen muchas veces las del partido de gobierno. Como si, alguna vez, las fuerzas de seguridad desobedecieran una orden cuando se los manda a reprimir. Como si, en lugar de parte del APARATO REPRESIVO DEL ESTADO, fueran una banda amorfa, innominada, dirigida desde algún lugar de la estratósfera. El aparato represivo ES EL ESTADO. Y su jefe es el gobierno que lo administra, en cada ciudad, provincia y nación. El gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, son las herramientas de los de uniforme, mientras jueces y fiscales, legitimadores de la represión, garantizan su impunidad, como la semana pasada vimos también en Trelew, con la absolución de los asesinos de Julián Antillanca. NO ES UN POLICÍA, NI NUEVE: ES TODA LA INSTITUCIÓN, QUE EJECUTA UNA POLÍTICA DE ESTADO. ¡INSEGURIDAD ES LA POLICÍA EN LAS CALLES! ¡GATILLO FÁCIL ES REPRESIÓN! ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo Integrado por: CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia (Mendoza), AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal- Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo (Jujuy), Jóvenes KURMI (Jujuy), Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones); Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela). CADH Rosario | ||
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Como se le lava la cara a las instituciones represivas...
| Jueves, 29/03/12 | ||
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| (Opinión) Tanto ayer como hoy las cárceles son, fueron y seran elementos de control social. Esta política de la comisión de DDHH de la legislatura de Buenos Aires esta en "sintonia fina K" con las políticas de volver a generar confianza y credibilidad a las instituciones represivas del Estado, asi como el "museito de Arana" o el destacamento de Lomas del Mirador (donde desapareció Luciano Arruga), dos simbolos de la nefasta política de DDHH de este gobierno y principalmente del Gobernador Scioli. Este títere que cambia de careta segun la época tiene un objetivo claro y es que por un lado reforzar las insituciones represivas y por el otro lavarles la cara con vistas de que las futuras represiones venideras sean tomadas casi como un acto de justicia y con el marco legal que les garantiza la ley antiterrorista y el espionaje que realizan desde siempre...  La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en la U9 | ||
| La Unidad Penal N° 9 de La Plata, la cárcel que más presos políticos alojó durante la última dictadura militar, fue el escenario elegido por la Comisión de Derechos Humanos del Senado para llevar adelante la reunión de comisión en un lugar emblemático, con el objetivo de conmemorar los 36 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El impulsor de esta propuesta fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Santiago Carreras. Y él mismo explicó que como parte de la impronta que se está realizando en la Legislatura bonaerense, decidieron "hacer una sesión en conmemoración al 24 de marzo en un lugar distinto y elegimos el Penal 9 por toda su historia, por la cantidad de compañeros que han sido torturados y masacrados en la dictadura, por la gran responsabilidad que hubo por parte de los militares acerca del maltrato que hubo con todos los compañeros que estaban encerrados en esa situación". "Esto va en sintonía de lo que entendemos de lo que debe ser la memoria, de ir hacia el pasado en búsqueda de los hechos que fueron muy significativos en la historia de nuestra patria y darle un correlato con el presente y lógicamente una proyección con el futuro", resaltó el senador del Frente para la Victoria a Diagonales.com. Este paso de la Comisión de Derechos Humanos es único en la historia de la Legislatura provincial y forma parte de un cambio de concepción del trabajo legislativo que se instaló con la llegada del vicegobernador Gabriel Mariotto al Senado bonaerense. "Queremos que la comisión sea itinerante, que no esté estática que vaya para adelante, que no se junte solamente en el Senado", enfatizó el legislador de La Cámpora. Además, Carreras explicó que la particularidad de llevar el trabajo legislativo a la Unidad 9 tiene que ver con "darle una sensibilidad extrema al hecho que nos conmueve, que nos perturba, que nos llega de sentimientos y que nos pone en un horizonte de entender que esa indignidad que han vivido tantos compañeros no puede olvidarse. Se tiene que generar un Estado presente y activo que nos permita ver la política de derechos humanos con mucha profundidad y mucha sensibilidad en el pasado, y también con un correlato en el presente". La sesión contó con la presencia de los senadores Cecilia Comerio, Marina Moretti, Emilio López Muntaner, Silvia Pérez y Roberto Costa, además del coordinador de la Comisión contra la Tortura, Roberto Cipriano; representantes de la Agrupación Hijos y del Centro de Estudios Legales y Sociales; el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín; la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini; e integrantes de otros organismos de Derechos Humanos. Durante la jornada hubo diversos oradores, entre los que se destacaron Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno. El relató el caso de su padre, por cuyo secuestro y asesinato en 1977 fueron condenados civiles y militares el último 16 de marzo. También dieron testimonio Horacio Moiraghi, que tuvo a su padre detenido y torturado en el Penal 9; Juan Grimal, quien fue preso político en la última dictadura militar; Clara Bacchini, hija de Héctor Bacchini, secuestrado durante la última dictadura y cuyo caso se juzga en el juicio del "Circuito Camps". Los oradores coincidieron en reivindicar la gestión en materia de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a propósito de los Juicios por la Verdad que se llevan a cabo en todo el país. "Néstor no solamente bajó el cuadro de Videla, sino también que transformó todos los centros de detención en espacios para la memoria y fue el primer presidente en pedir perdón a todos los familiares y víctimas del terrorismo de Estado", aseguró Moreno. Por último, Omar Randón (uno de los internos del Penal) solicitó en un discurso conmovedor mejorar las condiciones dentro de la Unidad para los detenidos y facilitar el acceso al estudio y a un trabajo remunerado. Además, pidió celebrar la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de sesionar dentro del Penal 9. Los senadores ya habían recorrido el penal el lunes pasado, donde pudieron charlar con más de 40 internos que expresaron su situación, sus experiencias y sus sensaciones. "Estar mano a mano con ellos y conocer la parte más sensible de ellos a uno de lo llena de responsabilidad. Nos da mucha fuerza para impulsar la comisión de la mejor manera. Vamos a seguir con esta temática, recorriendo cárceles, y vamos a seguir dándole un impulso diferente a los que es el Senado y a las que son las comisiones", enfatizó Carreras. Diagonales María Micaela Ciancio mmciancio@diagonales.com | ||
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Facundo Rivera esta desaparecido hace 40 días y no se sabe nada.
| Jueves, 29/03/12 | ||
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| Desesperada búsqueda de un joven de barrio Juniors. Facundo Rivera fue a un baile y no volvió. Pasaron 40 días, y hay pocos datos sobre su paradero. Los familiares marchan todos los jueves por la aparición del muchacho. | ||
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| Facundo Rivera (20), conocido como “El rubio del pasaje”, salió de su casa de barrio Juniors, donde dejó a una hija de 10 meses, el 19 de febrero. Fue con tres amigos a un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, y no regresó. Desde entonces su familia lo busca desesperadamente. Todos los jueves a las 18.30 se reúnen en la Iglesia Catedral de Córdoba para marchar por su aparición. El fiscal que investiga el caso, Alejandro Moyano, aseguró que lo están buscando y prefirió no dar detalles sobre las hipótesis que manejan respecto del paradero del joven. En principio se habló de un posible secuestro, pero la sospecha nunca fue confirmada. La madre del muchacho, Viviana Alegre, dijo que recién ayer la Policía comenzó a revisar las cámaras de seguridad del lugar en donde se lo vio a Facundo por última vez. También indicó que hoy comenzará un rastrillaje por la ciudad de Córdoba. El caso está en manos de la División de Protección de las Personas de la Policía de Córdoba. Según se indicó, hay varias pistas sobre el paradero de Rivera, aunque todavía no pudieron hallarlo. Viviana Alegre no pasa un solo día sin buscar a Facundo. Dijo que asiste a los bailes de Damián Córdoba con una foto de su hijo con la esperanza de que alguien le aporte datos sobre su paradero. Contó que recorrió hospitales, clínicas y comisarías. Algunas asociaciones como Hijos colaboran en la búsqueda. También lo rastreó en España, donde vive su padre, quien dijo que no está con él y que tampoco se comunicaron. Además el pasaporte de Facundo fue hallado en su domicilio. Lo último que se supo del “Rubio del pasaje” es que lo vieron en el baile el 19 de febrero, y que luego subió a un colectivo, de la línea E2, en calles Colón y Mendoza, según relataron a la madre unos chicos que se fueron del baile con Facundo. Después dijeron que en realidad caminaron juntos hasta Colón y La Cañada, donde se despidieron. “Ahí se cruzó y no supimos más de él”, le contó uno de los jóvenes a Viviana. Alegre se quejó porque la Policía aún no identificó al chofer del ómnibus que habría trasladado a Facundo luego del baile. “Desde la Policía me aseguran que están investigando, pero casi no hay avances en la causa. Dicen que tienen varias pistas, pero no hay nada concreto sobre mi hijo”, se quejó la mujer. La mamá de Facundo, que aseguró que su hijo nunca se ausentó de su casa, dice estar desconcertada. “Facundo no tenía problemas económicos (trabajaba en pintura y albañilería), ni familiares. Además era muy cariñoso y responsable con su hija. No sé qué pudo haberle pasado”, dijo Alegre, quien ya carga con el dolor de una hija fallecida en un choque. La mujer relató que un mes antes de la desaparición su hijo le contó sobre una pelea que presuntamente mantuvo con cuatro efectivos policiales. También le narró otro hecho en el que supuestamente unos agentes lo golpearon en un baile. La denuncia fue radicada el 21 de febrero en la Unidad Judicial Nº 2. El 24 de ese mes tomaron intervención la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas y el fiscal del Distrito 1 Turno 5, Alejandro Moyano. El último lunes, Alegre se constituyó como querellante particular en la causa, para tener acceso al expediente, y aportó dos testigos que declararían en los próximos días. Advertencia. Al día siguiente de la desaparición de Facundo alguien llamó a la casa de madre advirtiéndola que desista de buscar a su hijo. “No vas a verlo nunca más”, le aseguraron. Tras esto, cortaron el teléfono. Desde entonces recibe llamadas en su casa, “a veces preguntan por Facundo y otras cortan”, dijo la mujer. Si alguien sabe algo de Facundo Rivera puede aportar datos al correo electrónico hijo_tamo92@hotmail.com. Diario La voz (Córdoba) | ||
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La nueva Facultad de periodismo será formadora de pingüinos?
| Martes, 27/03/12 | ||
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| (Opinión) Ultimo momento: El nuevo edificio de Periodismo llevará el nombre de un militante revolucionario cuya trayectoria hace honor a la profesión, es el ideal de profesional y de persona que aspira esta casa de altos estudios y es de alguna manera el reconocimiento a su visión sobre la realidad y el futuro que se avistaba para nuestro país... el nombre de la sede será Rodolfo Wal..., perdón, será Nestór Kirchner.!? -voz en off: (que H.... de P....). | ||
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| (AW) Denuncian designación autoritaria del nombre de la Facultad de Periodismo: se llamará Nestor Kirchner. Extrañamente, cuando todavía no comenzaron las clases, las autoridades de Periodismo de La Plata, decidieron nombrar al nuevo edificio de la institución "Néstor Carlos Kirchner". Desde la oposición estudiantil, denuncian que dicho acto se produjo a espaldas de toda la comunidad académica. Facultad "Néstor Carlos Kirchner", otro avance antidemocrático de las autoridades. En la jornada de hoy asistimos a una nueva muestra de autoritarismo por parte de la gestión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y su agrupación Rodolfo Walsh. No sólo resolvieron nombrar al nuevo edificio "Néstor Carlos Kirchner" a espaldas de toda la comunidad académica, sino que lo hicieron sin siquiera abrir el debate a lxs consejerxs, prohibiendo las propuestas alternativas que llevaríamos desde el Colectivo de Trabajo con la consejera de base. Para el mediodía de hoy fue citada una sesión extraordinaria del Consejo Directivo en momentos donde no hay cursadas y con un sólo día hábil de anticipación, prohibiendo de este modo un debate de conjunto para arribar a un acuerdo que contenga a todas las expresiones políticas que habitan nuestra facultad. Desde el Colectivo de Trabajo, con la representatividad estudiantil, pretendíamos poner sobre la mesa la propuesta de implementar un mecanismo democrático para la resolución del nombre del nuevo edificio de todos, y que la que discusión no se limite al gusto de la gestión encabezada por la decana Florencia Saintout, que con esta maniobra pretende posicionarse con fuerza hacia adentro del Frente Para la Victoria. En segunda instancia, nos parecía importante que se contemplen propuestas que se desprendan de todas las identidades políticas de la facultad, no sólo del kirchnerismo. De esto modo, llevaríamos las propuestas de Rodolfo Walsh, Miguel Bru y Jorge Julio López, como posibilidades a ser discutidas con todos los claustros, al entenderlas como un síntesis de las varias posturas políticas. Sin embargo, nada de esto pasó y la gestión kirchnerista avanzó con total despotismo. Iniciada la sesión, decenas de estudiantes comenzamos con el folklore de los cánticos, denunciando que con el gobierno kirchnerista existe la mayor cantidad de procesadxs y presxs políticxs desde la vuelta a la democracia, de las implicancias de la Ley Antiterrorista sancionada por el gobierno y sobre el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López. A tan sólo tres minutos de iniciado los cantos y sin permitirnos hablar, la decana Saintout decidió comenzar la votación, posición que fue apoyada por los otrxs quince consejerxs. Lamentablemente, algunas agrupaciones cedieron a la provocación planteada por Saintout y se trenzaron en una escaramuza menor con algunas autoridades oficialistas, desviando de este modo la perspectiva política que pretendía el Colectivo de Trabajo. Creemos que la tarea es discutir con el conjunto de lxs estudiantes estas maniobras antidemocráticas que son moneda corriente en las autoridades. Por este motivo, convocamos a una asamblea para el jueves 12 a las 15 horas -en la primera semana de cursadas- donde de manera fraterna y democrática elijamos el nombre del edificio, de modo que contenga a todas las expresiones políticas. Desconocemos la resolución que tomaron 15 personas de nombrar al edificio "Néstor Carlos Kirchner", sin someter el proceso a un debate plural, en un momento sin cursadas y sin permitir la expresión de la minoría estudiantil en el Consejo Directivo Contacto: Rosario Bernasconi (consejera estudiantil por la minoría) (0221) 15-5116972 Agencia Walsh Colectivo de Trabajo (CAUCE) en COB La Brecha | ||
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miércoles, 28 de marzo de 2012
LEY ANTITERRORISTA… Un análisis de HIJOS La Plata.
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