NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

lunes, 14 de mayo de 2012

16/05 12hs. Charla en Trabajo social en el aula 3





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lunes, 7 de mayo de 2012

JUICIOS A LOS GENOCIDAS: MÁS CONDENAS A CUENTAGOTAS

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta marzo de 2012. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema. Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003.

La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10 diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”.
Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable. Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores no deciden morirse antes?.

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

En Marzo de 2012 se cumplieron 8 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 68 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 68 juicios estuvieron procesados 314 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 289 condenas, 24 absoluciones y dos muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1436 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena.

Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 292 genocidas muertos impunes contra 289 condenados.

Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El último caso nos tocó de carca en La Plata, ya que se trata de la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.
En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:
- 24 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 99 condenas.
- 16 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 56 condenas.
- 19 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma.
En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval.

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 68 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.
Además hubo 24 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.
Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo 85 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están realizando desde 2011 sumarían sólo 19. En marzo de 2012 llegó a sentencia la Causa por Carlos Alberto Moreno en Mar del Plata.
Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además en 2011 hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié y Evelin Karina Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400 niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los apropiadores.

Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.

Por último, hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 54 represores a ser juzgados en próximos juicios.
Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para “fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100 recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en 2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores sentenciados, sólo 43 tienen condena firme. En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. La promocionada Acordada N°1 de 2012, firmada por algunos de los jueces que se cansaron de otorgar excarcelaciones a los genocidas como Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Ángela Ledesma recoge los siguientes viejos reclamos de las querellas: En instancias de impugnaciones, movilizar sólo las piezas imprescindibles de la causa y no todo el cuerpo; en cuanto a plazos procesales, se rechazarán planteos que no decidan las cuestiones principales y retarden innecesariamente; se deberá citar a juicio y a ofrecimiento de prueba a todas las partes en conjunto, remitiéndoles la causa a tiempo; se llamará a audiencia preliminar al juicio con todas las aprtes para acordar limitar la prueba a lo más relevante, así como producir allí la lectura de requerimientos de elevación para acelerar el juicio; se dará la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, pertinentes por conexidad; y con ello sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, excepto oposición de alguna parte, donde el tribunal debe requerir motivo e interés puntual y luego resolver sin afectar el derecho a control de la prueba o a repreguntar; se tratará evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos; y limitar la extensión de los alegatos de querellas y defensas y las últimas palabras de los imputados para noestirar los procesos.

En realidad estos conceptos sólo sugieren a las Cámaras Federales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad que, a más de 8 años de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes que efectivamente condenados.

A 36 años del golpe genocida seguimos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA

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www.hijosjuicioycastigo.blogspot.com

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miércoles, 25 de abril de 2012

Charla en Neuquén sobre la ley antiterrorista.


Nuestras acciones y reivindicaciones como clase trabajadora "no son actos terroristas”, son el camino para la construcción de un mundo nuevo, como lo soñaron nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos.

Pero los gobiernos nacional y provincial nos persiguen, reprimen, encarcelan, matan, y paradójicamente como hace 40 años atrás, nos hacen desaparecer.

Nuestras protestas sociales no pueden seguir judicializándose - 6000 compañeros con causas judiciales o presos en los últimos 20 años, es una cifra demasiado elevada para gobiernos que se dicen democráticos. Estos mismos gobiernos que garantizan Impunidad a los Genocidas de la última dictadura militar con cientos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Estos mismos gobiernos que han aceptado nuevamente otro mandato del capitalismo, como es la LEY ANTITERRORISTA.

La aplicación de la Ley Antiterrorista confirma lo que venimos denunciando hace años: que el aparato represivo montado durante la dictadura, está aún intacto".
Por eso, Ni disciplinados, ni Coptados, convocamos a todas y todos , consecuentes con nuestros ideales, nuestra lucha y nuestra militancia, a debatir y construir herramientas que garantice la inmediata derogación de la Ley Antiterrorista y la libertad inmediata de todos los presos políticos.

Los y las Esperamos...

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Jornada cultural.

Martes, 24/04/12
Actividad de recordación del genocidio armenio.

(AW) En el marco del Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, que recuerda a las víctimas del genocidio armenio, este sábado se realizará un acto, a las 16 hs, en el anfiteatro Mercedes Sosa.
El próximo sábado 28 de abril, a partir de las 16 horas, en el anfiteatro "Mercedes Sosa" sito en Av. Eva Perón 1935 (ex Avenida del Trabajo) y Dávila (estación Medalla Milagrosa de la Línea E de subterráneos) se llevará a cabo un acto-festival por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (se designó así cada 24 de abril en memoria a las víctimas del Genocidio Armenio).



El mismo es organizado por la Juventud de la Unión Cultural Armenia y por el Centro Cultural Simón Bolívar, con los auspicios del INADI y Mesas Barriales por la Seguridad (Parque Chacabuco).

Habrá proyección de audiovisuales, una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y la presentación del Conjunto de Danzas Armenias KAIANE, de la UCA.

Participan del acto, además de las instituciones organizadoras y auspiciantes, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, la Federación de Entidades Arabes, la Fundación Luisa Hairabedian y el Movimiento Judío "No en nuestro nombre".

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Levantan el paro programado para hoy en hospitales.

Martes, 24/04/12
Levantan el paro en hospitales.

(AW) La CICOP, sindicato que nuclea a médicos y profesionales de la salud, informó que aceptó el aumento del 25% ofrecido por el gobierno de Buenos Aires y, por lo tanto, no se realizará el paro convocado para mañana. Sin embargo, mantendrán su participación en la Jornada de Lucha que llevará a cabo la CTA bonaerense el próximo jueves 26 de abril.
Buenos Aires, martes 24 de abril de 2012 (CICOP)LEVANTARON EL PARO DE 48 HORAS QUE HABÍAN CONVOCADO PARA MAÑANA

LA CICOP ACEPTÓ EL 25% DE AUMENTO OFRECIDO POR EL GOBIERNO DE SCIOLI PARA MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS 77 HOSPITALES BONAERENSES

El presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) confirmó esta tarde que "el XXlX Congreso Extraordinario de la CICOP decidió por abrumadora mayoría aceptar en disconformidad la oferta salarial ofrecida por el gobierno provincial de un aumento de 25,18% ‘de bolsillo' para un ingresante de 36 horas".

En ese sentido, agregó que "valoramos como positivo la firma del decreto del artículo 48 que permite la nominalización del pago de las guardias, el aumento de los reemplazos de guardia (860 y 980 pesos feriados actual contra 1200 y 1500 con aumento), y la equiparación del aumento en el sueldo de los residentes con lo acordado con los profesionales de planta".

"Por ello, el Congreso de la CICOP decidió esta tarde suspender el paro de 48 horas que había sido votado para mañana y pasado mañana (25 y 26 de abril) y votó a favor de la participación activa en la Jornada de Lucha convocada por la CTA bonaerense para el jueves 26 de abril, en solidaridad con los Judiciales, en defensa de la libertad sindical y repudio a todo tipo de represión contra la protesta social", expresó.

Y finalizó al decir que "la CICOP reclama la reapertura de la paritaria para el mes de agosto, no aceptando la discusión salarial anual. En tanto, se acordó mantener abierta la mesa técnica para tratar distintos temas que hacen a las condiciones laborales".

Prensa: Marcos Viancheto 011.1553400973

CICOP:
Hugo Amor: 011.156095177
Marité Sosa: 011.1556096850
Alejandro Márquez: 011.1533312472
Viviana García: 011.155678544

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Defensa laboral.

Martes, 24/04/12
Marchan los trabajadores de la alimentación

(AW) A pocos días de vencerse el acuerdo paritario, los trabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafini se movilizarán mañana, a las 7.30AM en 9 de julio y Corrientes, para reclamar un aumento salarial y denunciar un intento de fraude por parte de Rodolfo Daer, secretario general del STIA.
Miércoles 25. 7:30 AM Corte en 9 de Julio y Corrientes y movilización

Los trabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafide se movilizan a la COPAL

El miercoles 25 a las 7:30 AM los trabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani, Bonafide y de toda la oposición a Daer nucleada en la Lista BORDÓ cortarán la 9 de Julio y Corrientes y se movilizarán luego a la COPAL (Camara Empresaria de la Alimentación). Lo hacen para reclamar un aumento salarial del 40%. En estos dìas se vence el acuerdo paritario y las patronales dijeron que estaban dispuestas a dar un aumento del 15% de máxima, lo que constituye una provocación.

Frente a esto, las empresas cuentan con la total pasividad de Rodolfo Daer que no ha hecho absolutamente nada.
Por eso las internas y agrupaciones opositoras nucleadas en la LISTA BORDÓ marcharàn y tomaràn en sus manos la lucha por el salario.

Al mismo tiempo los trabajadores denunciarán el intento de fraude que quiere llevar a cabo Rodolfo Daer en las Elecciones del gremio que se llevarán a cabo el 10 de Mayo, mediante padrones inflados y múltiples trabas para la oposiciòn.

Daer quien hace 28 años está como Secretario general del STIA (Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación), quiere mantenerse en ese puesto mediante el fraude para continuar con sus privilegios. Entre ellos el "sueldo" que recibe del STIA y la Federaciòn, pagado con el aporte de los afiliados y los no afiliados, a quienes se les descuenta compulsivamente el 2% de su salario desde hace 8 años.

Javier "Poke" Hermosilla (Kraft-Terrabusi) y Catalina Balaguer (PepsiCo Snacks) denunciaran públicamente el salario que cobra Daer que llega a los 70.000 pesos por mes y que en diciembre con el aguinaldo alcanzó los 140.000 lo cual es un escándalo y un robo a los 12.000 obreros y obreras del gremio alimenticio.

Los trabajadores de Kraft y PepsiCo denuncian que mientras las empresas como Kraft ganan 500 millones de dólares al año.

A la vez Rodolfo Daer en el mes de Marzo cobró 77.000 pesos, y en Diciembre, con el aguinaldo, 139.000 pesos, un trabajador con categoría inicial apenas llega a los 4.000 pesos.

Para exigir un aumento del 40% y denunciar el intento de fraude en las elecciones del 10 de Mayo, los tabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafide cortamos la 9 de Julio y marchamos a la COPAL.


Javier Hermosilla: 1533130553
Catalina Balaguer: 1560989996
Lorena Gentile: 1536152025
Leonardo Norniella: 1549863566

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Apertura de molinetes.

Martes, 24/04/12
Continúan las medidas de fuerza en el subte

(AW) Trabajadores del subte llevarán a cabo, mañana de 9 a 11hs, la apertura de molinetes en distintas estaciones. Esta medida, sumada a las ya realizadas, tienen por fin que Metrovías se siente a dialogar en paritaria, que se encuentra vencida desde el 28 de febrero pasado.
APERTURA DE MOLINETES - MIERCOLES 25 DE 9 A 11HS

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2.012.-


El dia de mañana, miercoles 25 tal como fuera a nunciado en conferencia de prensa el lunes pasado, se llevaran a cabo medidas de fuerza con el objetivo de que la empresa Metrovias S.A. convoque a la discusion paritaria a los representantes de los trabajadores del subterraneo.

Las medidas de fuerza anunciadas se desarrollaran de acuerdo al siguiente cronograma:

- APERTURA DE MOLINETES MIERCOLES 25 DE 9 A 11 DE LA MAÑANA

-* Linea "A": Carabobo y Primera Junta
-* Linea "B": Federico Lacroze y Los Incas
-* Linea "C": Constitucion
-* Linea "D": Congreso de Tucuman
-* Linea "E": Plaza de los Virreyes
-* Linea "H": Corrientes (1)

(1) Se ha modificado la estacion. Era en la Est. Parque Patricios y el dia de mañana sera en la Est Corrientes


Mañana, Miercoles 25, los representantes de la AGTSyP recibiran a la prensa entre las 9 y las 11hs en la Est. Constitucion

Contactos de la AGTSyP:
Roberto Pianelli - Secretario Gral: 15.3215.5538
Nestor Segovia - Secretario Adjunto: 15.6371.1111
Enrique Rositto - Secretario de Prensa: 15.5573.5360


COMISION DIRECTIVA
ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

La Asoc Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, los "Metrodelegados", estan reclamando ser convocados a la discusion paritaria que se encuentra vencida el 28 de febrero pasado, ya que representan en forma mayoritaria al personal que trabaja en el subte porteño. A pesar de haber realizado los tramites y presentaciones correspondientes, la concesionaria del subte, Metrovias S.A. se niega sistematicamente a incorporarlos a la negociacion.

Durante las dos semanas ultimas, han realizado medidas de fuerza tendientes a obtener una respuesta favorable que han consistido en liberar los molinetes y dejar pasar en forma gratuita a los usuarios y paros fuera del horario pico.

Los reclamos que se presentaran en la mesa paritaria seran de aumento del 28% en el salario básico, viáticos y falla de caja, aumentar la antiguedad del 1.3% al 2%, modificar el regimen de licencias y el cambio de nivel salarial para el sector de boleteria.

Roberto Pianelli - Secretario General AGTSyP "Lo que nosotros queremos, es sentarnos a discutir nuestras paritarias, nuestro sueldo, nuestras condiciones de trabajo. Es hora de que Macri asuma su responsabilidad en el subte y se ponga a trabajar para destrabar este conflicto. No recibe los nuevos trenes que compro el Gobierno Nacional y que servirian para mejorar el servicio, le retiene 120 millones de pesos de subsidios de la Nacion a la Metrovias, que lo usa como excusa para retrasar el pago a trabajadores y proveedores "

Nestor Segovia - Secretario Adjunto AGTSyP "Metrovias cobra con el 127% de aumento el boleto desde enero y dice que no tiene plata, que esta en crisis financiera y que por eso no quiere hablar de paritarias. No quiere hablar de aumento con nosotros, no compra repuestos y no tenemos con que arreglar los trenes que se rompen. Los trabajadores del subte no queremos que haya un accidente grave y no vamos a sacar esos trenes a circular y eso perjudica a los pasajeros que van a esperar mas tiempo que venga un subte"


Enrique Omar Rositto
Secretario de Prensa - AGTSyP
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Murió en Bélgica general chileno antigolpista y víctima de la dictadura de Pinochet.

Mércoles, 18/04/12
Un general de la Fuerza Aérea de Chile que en 1973 se opuso al golpe que encabezó Augusto Pinochet y por ello fue condenado "por traición a la patria" en un consejo de guerra murió en Bélgica tras solicitar la aplicación de la eutanasia, según reveló hoy a Efe su hija Mónica. Aunque su fallecimiento ocurrió en Bélgica el pasado 25 de noviembre, se ignoraban hasta hoy las circunstancias en que murió Poblete, uno de los militares constitucionalistas que rechazaron el golpe contra el gobierno de Salvador Allende y por ello sufrieron la prisión, la tortura, el exilio y el despojo de su nacionalidad.

Poblete tenía el 93 años cuando falleció, después que su solicitud de eutanadia fue aprobada por un equipo de cinco médicos y un sicólogo, explicó su hija.
Agregó, en conversación con Efe desde Bélgica, que su padre optó por esa vía tras comprobar que padecía un cáncer generalizado, que ya no le permitiría continuar una vida activa:

"Él estaba grave, pero tenía todas sus facultades intelectuales intactas. Moralmente no quería verse disminuido ni que la familia lo viera en ese estado", explicó.

"Fue emocionante para mí, su hija, aceptar su pedido. Para mí y la familia era la primera vez que nos confrontábamos a la eutanasia", añadió.

Cuando los médicos aceptaron su pedido "fue también emocionante, pues desde ese momento supo que sus horas estaban contadas. Pudimos despedirnos de él. Toda la familia más algunos amigos estuvimos con él hasta el final. Partió tranquilo, fue muy doloroso para nosotros, pero nos dejo un mensaje de un hombre entero", remarcó.

En Chile a Poblete no le habría sido posible cumplir su decisión, puesto que la eutanasia está prohibida legalmente.

"Es una gran cosa que aquí en Bélgica exista la eutanasia, pues permite que los seres humanos en sufrimiento físico y moral puedan morir de manera digna", señaló la hija del oficial, que precisó que su padre se enteró de su cáncer sólo un mes antes de morir.

"Un mes antes de morir se quebró una pierna y entonces se supo que tenía un cáncer generalizado. Fue consecuente con sus ideas hasta el final de su vida", manifestó.

Indicó que su padre, a su edad, seguía reuniéndose especialmente con jóvenes belgas, a los que explicaba la importancia de respetar los derechos humanos. Participaba además en todos los actos y reuniones relacionados con el rechazo a las dictaduras y denuncia de sus crímenes.

Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, el general Poblete fue hecho prisionero y conducido a la Academia de Guerra Aérea, donde fue torturado, según testimonios, en presencia del jefe de la FACH y miembro de la Junta Militar, Gustavo Leigh.

Después fue recluido en la cárcel pública de Santiago, donde estuvo junto al general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, en el momento en que éste murió a causa de la tortura.

En el consejo de guerra, contra los miembros de la FACH antigolpistas, el general Poblete fue condenado a 10 años de presidio, pero en 1975 se le conmutó la pena por el exilio y partió a Bélgica.

En 1977 la dictadura lo despojó de la nacionalidad chilena, que sólo recuperó en 2004, catorce años después de la recuperación de la democracia en Chile.

También desde Bélgica, el historiador chileno Jorge Magasich, autor del libro "Los que dijeron no" acerca del proceso a un centenar de marinos constitucionalistas, dijo a Efe que "hubo algunos episodios de su vida que me impactaron, como cuando por primera vez esquivó el cumplimiento de una orden.

Se le ordenó, recordó, en su calidad de comandante de un Ala (Departamento) de la FACH, enviar la lista de los suboficiales inscritos en cursos nocturnos o que estuviesen estudiando en universidades.

Esa orden, según Magasich, Poblete la interpretó como un plan de los golpistas para conocer a los suboficiales que a través de sus estudios estaban en contacto con civiles y podían ser partidarios de Allende.

El historiador lamentó que Poblete haya muerto "sin conseguir dos objetivos que deseaba ardientemente".

El primero, explicó, fue que se le restituyera la nacionalidad chilena tal como se le quitó: a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, firmado por el presidente y todos los ministros.

"En 2004 el gobierno chileno le envió un pasaporte, pero evitó el aspecto simbólico de su demanda", recordó.

El segundo objetivo, era la anulación de la condena por "traición a la patria" pronunciada por el consejo de guerra.

Poblete se negó a asistir a los actos de reconciliación celebrados en los últimos años sin la revisión de las sentencias dictatoriales contra los militares constitucionalistas, señaló Magasich.

Añadió que esas condenas, se mantienen hasta hoy contra todos los soldados que respetaron la legalidad en 1973 y sugirió que los dos últimos deseos de Sergio Poblete "siguen pendientes y podrían ser concedidos de manera póstuma".

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A España y Repsol les salió el tiro por la culata.

Martes, 24/04/12
"Repsol es una de las peores empresas privadas del mundo". "Hace 5 años yo predije que Repsol sería sacada a patadas de América Latina". Pemex salvó de la quiebra el año pasado pasado a la petrolera española". El sexenio de Calderón es el sexenio de Repsol.
Alfredo Jalife
ENTREVISTA / caso Repsol - YPF - Argentina.
La medida de nacionalización de YPF, tomada por el gobierno de Cristina Fernández en Argentina el pasado 16 de abril, ha recibido respaldos de varios presidentes de la región.

España, por su parte, no consigió el apoyo del G-20 para castigar a la nación suramericana por la medida soberana contra Repsol. Mientras la francesa Total anuncia que puede aumentar producción de gas en el gigante suramericano.

En entrevista para el programa la Brújula del Sur (1), Alfredo Jalife (2), explicó que “El gobierno de España retrocedió cuando se dio cuenta que nadie el mundo los siguió, que las opciones (de las que disponía) eran limitadas y cuando las empresas estadounidenses salieron a buscar sustituir a Repsol (…) tampoco hubo solidaridad por parte de la Unión Europea para con Repsol”

Para el analista mexicano, Repsol es “una de las peores empresas privadas del mundo”, no obstante el gobierno de España salió en su defensa apresuradamente, descuidando en su análisis que “Argentina tiene cartas de represalias, tampoco está tan sola (…) hay muchos intereses españoles en Argentina. Iba a ser muy costosa para España una guerra financiera con el gobierno de Cristina Fernández (…) Si hubiesen buscado boicotear los productos agrícolas argentinos, no habrían sacado mucho y sus productos hubiesen ido a parar a otros mercados”

En la nueva geopolítica de la región Jalife observa que la solidaridad demostrada por los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia, “fueron determinantes”.

Y agrega “Yo diría de casi toda Suramérica la respaldó, con la excepción patética de México (…) la posición de Colombia en nada se parece a la Felipe Calderón que fue totalmente grotesca”

La petrolera Repsol tiene muchos problemas financieros debido a sus malos manejos. Incluso el año pasado la para estatal mexicana Pemex, salvó a la española de la banca rota.

“Yo lo dije hace 5 años, que Repsol sería sacada de Latinoamérica a patadas. El único lugar del continente donde goza de canonjías es en México. Incluso yo llamo al sexenio de Calderón como el sexenio de Repsol”

En una semana el reino tuvo que modificar sus bravuconadas gracias a la soledad en la se vio internacionalmente. “Al gobierno español y a Repsol les salió el tiro por la culata ahora está pidiendo renegociar a ver si les dan lo que piden, cosa que yo no creo”



AUDIO completo de la entrevista a Alfredo Jalife

(*) Periodistas intragables
indiracarpio.blogspot.com @icarpio / ernestojnavarro.blogspot.com @ernestojnavarro

Para ampliar las informaciones:

(1) La Brújula del Sur es un programa que se transmite en la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad (albaciudad.org, @albaciudad, 96.3 FM) y Radio Rebelde (radiorebelde.info, @radiorebelde915, 91,5 FM), conducido por Ernesto J. Navarro y producido por Indira Carpio Olivo.
(2) Alfredo Jalife, es columnista del periódico mexicano La Jornada, analista y experto en Geopolítica, Globalización, Geoeconomía e Hidrocarburos. www.alfredojalife.com

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“Hay que expropiar el 100% de YPF”.

Miércoles, 25/04/12
Igual que desde varios sectores, Juan José Gonzalez de Proyecto Sur aseguró que es necearia la estatización de toda la empresa, no sólo el 51% del paquete accionario. Propuso además la participación de todas las provincias, de los trabajadores, usuarios y consumidores.
Foto archivo 8300web (Cecilia Maletti)
Después del histórico anuncio de la exporpiación del 51% de las acciones de YPF, se viene el momento de qué hacer con los recursos y plantear un plan de desarrollo.

El economista y referente de Proyecto Sur aseguró en La Palangana que la presidenta Cristina Fernández “se quedó corta” y que habría que “expropiar el 100% de YPF, al grupo Esquenazi y a los llamados accionistas del 17%”. “De todos modos es un paso positivo, es el comienzo de la reparación de la renta petrolera nacional“, sostuvo.

Como medidas de ahora en más propuso que el control sea social para lo que tendrían que participar todas las provincias, no solo las petroleras, los trabajadores, usuarios y consumidores.

“Hay que prohibir las exportaciones de petróleo y combustible. No puede ser que nos falte y las empresas como Repsol exporte”, agregó González.

También destacó que sería muy favorable limitar la cantidad de áreas que pueda tener cada firma. “Las empresas no deberían tener más de cinco áreas, y así evitamos el monopolio petrolero”, explicó.


Escuchá el análisis completo de González en La Palangana

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