| Martes, 27/03/12 | ||
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| Un país, dos realidades y un Estado mudo Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo. | ||
| "El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes". Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja. "Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados", denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la "paradójica situación" que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas "acusadas por usurpación de sus propias tierras". La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina" Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que "revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta". "Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia", resumió. El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. "Su implementación ha sido completamente deficiente", afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad. Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches "imputados y perseguidos" por defender el territorio y remarcó que "la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)". Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían "buena vida" cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se "privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica". Díaz responsabilizó a "los gobiernos y las empresas" por la situación de los pueblos originarios. "La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (...) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas", explicó el líder qom. Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino. Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. "Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos. Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. "Ya tenemos que contar muertes de hermanos", lamentó y denunció al INAI por "dejar desprotegidas a las comunidades". Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión. "Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria", finalizó. Otra Argentina  Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer. Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: "El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina". Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: "Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena".  Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que -ante la sorpresa de los presentes-, comenzó a leer un informe. Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó "tres leyes fundamentales" para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que "establece la educación intercultural bilingüe", la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, "reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión" para las comunidades. Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron "relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas". "Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país", señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un "esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos" en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado "26 proyectos que benefician a 429 comunidades" (no precisó qué proyectos). "Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino", recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que "a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan". La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4. Preguntas Los comisionados de la CIDH hicieron consultas: -¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas? -¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades? -¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)? -¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado). -¿Qué ocurre que "estas medidas" (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones? -¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral) -¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160? La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación. Respuestas  Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: "Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio". Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. "Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste".  Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que "en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta" a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco "fue consultado con ninguna comunidad". Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. "Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad", lamentó. Silencio La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas. Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las "autoridades competentes" y que responderían por escrito. Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde. Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada. audio odhpi.org Darío Aranda | ||
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jueves, 29 de marzo de 2012
Silencio K y sorpresa de la CIDH.
Ni autogobierno ni aberración.
| Jueves, 29/03/12 | ||
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| Bruno Rodríguez Monsalve tenía 24 años. El 18 de enero, preso en la comisaría 2ª de Trelew, vio y escuchó a los nueve policías provinciales que torturaron a un joven de 16 años, usando, entre otros métodos, la violación con un bastón "Tonfa". Su testimonio era clave. | ||
| Durante la instrucción de la causa, Bruno confió en las garantías que el propio estado torturador le ofreció para protegerlo, tras haber sido objeto de incontables amenazas a su vida. Así, lo trasladaron a otra provincia para “resguardar su vida” porque no estaba seguro en su hogar. Volvió a Trelew esta semana para retirar su DNI, necesario para conseguir trabajo en su nuevo lugar de residencia. Pensaba hacer el trámite en el día y regresar, pero ese mismo día, llegó a su casa mortalmente herido, con tres puñaladas. Clarísima advertencia, además, para los demás testigos, el joven víctima de la tortura y su familia. No necesitamos que se identifique a los autores materiales de este asesinato para conocer la identidad de los responsables políticos, ni nos convencen las declamaciones del gobierno provincial y el gobierno nacional para despegarse del crimen. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quiere lavarse las manos con la renuncia del jefe de policía Juan Carlos Siri, como si la represión fuera un problema de "cambio de figuritas" y no una política de estado. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se lamenta en 140 caracteres, hablando de "aberración" y alegando el "autogobierno de la policía". Recurrentemente, cada vez que sus policías, sus gendarmes, sus prefectos o sus guardiacárceles matan, violan, torturan, secuestran o protagonizan los peores delitos y sobreviene la indignación popular, nos vienen con el argumento de la "burocracia autónoma", el "descontrol", la "política propia" o el "autogobierno". Como si las fuerzas de seguridad no dependieran, vertical y jerárquicamente, del gobierno de turno, más allá de sus internas, que reproducen muchas veces las del partido de gobierno. Como si, alguna vez, las fuerzas de seguridad desobedecieran una orden cuando se los manda a reprimir. Como si, en lugar de parte del APARATO REPRESIVO DEL ESTADO, fueran una banda amorfa, innominada, dirigida desde algún lugar de la estratósfera. El aparato represivo ES EL ESTADO. Y su jefe es el gobierno que lo administra, en cada ciudad, provincia y nación. El gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, son las herramientas de los de uniforme, mientras jueces y fiscales, legitimadores de la represión, garantizan su impunidad, como la semana pasada vimos también en Trelew, con la absolución de los asesinos de Julián Antillanca. NO ES UN POLICÍA, NI NUEVE: ES TODA LA INSTITUCIÓN, QUE EJECUTA UNA POLÍTICA DE ESTADO. ¡INSEGURIDAD ES LA POLICÍA EN LAS CALLES! ¡GATILLO FÁCIL ES REPRESIÓN! ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo Integrado por: CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia (Mendoza), AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal- Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo (Jujuy), Jóvenes KURMI (Jujuy), Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones); Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela). CADH Rosario | ||
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Como se le lava la cara a las instituciones represivas...
| Jueves, 29/03/12 | ||
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| (Opinión) Tanto ayer como hoy las cárceles son, fueron y seran elementos de control social. Esta política de la comisión de DDHH de la legislatura de Buenos Aires esta en "sintonia fina K" con las políticas de volver a generar confianza y credibilidad a las instituciones represivas del Estado, asi como el "museito de Arana" o el destacamento de Lomas del Mirador (donde desapareció Luciano Arruga), dos simbolos de la nefasta política de DDHH de este gobierno y principalmente del Gobernador Scioli. Este títere que cambia de careta segun la época tiene un objetivo claro y es que por un lado reforzar las insituciones represivas y por el otro lavarles la cara con vistas de que las futuras represiones venideras sean tomadas casi como un acto de justicia y con el marco legal que les garantiza la ley antiterrorista y el espionaje que realizan desde siempre...  La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en la U9 | ||
| La Unidad Penal N° 9 de La Plata, la cárcel que más presos políticos alojó durante la última dictadura militar, fue el escenario elegido por la Comisión de Derechos Humanos del Senado para llevar adelante la reunión de comisión en un lugar emblemático, con el objetivo de conmemorar los 36 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El impulsor de esta propuesta fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Santiago Carreras. Y él mismo explicó que como parte de la impronta que se está realizando en la Legislatura bonaerense, decidieron "hacer una sesión en conmemoración al 24 de marzo en un lugar distinto y elegimos el Penal 9 por toda su historia, por la cantidad de compañeros que han sido torturados y masacrados en la dictadura, por la gran responsabilidad que hubo por parte de los militares acerca del maltrato que hubo con todos los compañeros que estaban encerrados en esa situación". "Esto va en sintonía de lo que entendemos de lo que debe ser la memoria, de ir hacia el pasado en búsqueda de los hechos que fueron muy significativos en la historia de nuestra patria y darle un correlato con el presente y lógicamente una proyección con el futuro", resaltó el senador del Frente para la Victoria a Diagonales.com. Este paso de la Comisión de Derechos Humanos es único en la historia de la Legislatura provincial y forma parte de un cambio de concepción del trabajo legislativo que se instaló con la llegada del vicegobernador Gabriel Mariotto al Senado bonaerense. "Queremos que la comisión sea itinerante, que no esté estática que vaya para adelante, que no se junte solamente en el Senado", enfatizó el legislador de La Cámpora. Además, Carreras explicó que la particularidad de llevar el trabajo legislativo a la Unidad 9 tiene que ver con "darle una sensibilidad extrema al hecho que nos conmueve, que nos perturba, que nos llega de sentimientos y que nos pone en un horizonte de entender que esa indignidad que han vivido tantos compañeros no puede olvidarse. Se tiene que generar un Estado presente y activo que nos permita ver la política de derechos humanos con mucha profundidad y mucha sensibilidad en el pasado, y también con un correlato en el presente". La sesión contó con la presencia de los senadores Cecilia Comerio, Marina Moretti, Emilio López Muntaner, Silvia Pérez y Roberto Costa, además del coordinador de la Comisión contra la Tortura, Roberto Cipriano; representantes de la Agrupación Hijos y del Centro de Estudios Legales y Sociales; el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín; la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini; e integrantes de otros organismos de Derechos Humanos. Durante la jornada hubo diversos oradores, entre los que se destacaron Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno. El relató el caso de su padre, por cuyo secuestro y asesinato en 1977 fueron condenados civiles y militares el último 16 de marzo. También dieron testimonio Horacio Moiraghi, que tuvo a su padre detenido y torturado en el Penal 9; Juan Grimal, quien fue preso político en la última dictadura militar; Clara Bacchini, hija de Héctor Bacchini, secuestrado durante la última dictadura y cuyo caso se juzga en el juicio del "Circuito Camps". Los oradores coincidieron en reivindicar la gestión en materia de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a propósito de los Juicios por la Verdad que se llevan a cabo en todo el país. "Néstor no solamente bajó el cuadro de Videla, sino también que transformó todos los centros de detención en espacios para la memoria y fue el primer presidente en pedir perdón a todos los familiares y víctimas del terrorismo de Estado", aseguró Moreno. Por último, Omar Randón (uno de los internos del Penal) solicitó en un discurso conmovedor mejorar las condiciones dentro de la Unidad para los detenidos y facilitar el acceso al estudio y a un trabajo remunerado. Además, pidió celebrar la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de sesionar dentro del Penal 9. Los senadores ya habían recorrido el penal el lunes pasado, donde pudieron charlar con más de 40 internos que expresaron su situación, sus experiencias y sus sensaciones. "Estar mano a mano con ellos y conocer la parte más sensible de ellos a uno de lo llena de responsabilidad. Nos da mucha fuerza para impulsar la comisión de la mejor manera. Vamos a seguir con esta temática, recorriendo cárceles, y vamos a seguir dándole un impulso diferente a los que es el Senado y a las que son las comisiones", enfatizó Carreras. Diagonales María Micaela Ciancio mmciancio@diagonales.com | ||
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Facundo Rivera esta desaparecido hace 40 días y no se sabe nada.
| Jueves, 29/03/12 | ||
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| Desesperada búsqueda de un joven de barrio Juniors. Facundo Rivera fue a un baile y no volvió. Pasaron 40 días, y hay pocos datos sobre su paradero. Los familiares marchan todos los jueves por la aparición del muchacho. | ||
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| Facundo Rivera (20), conocido como “El rubio del pasaje”, salió de su casa de barrio Juniors, donde dejó a una hija de 10 meses, el 19 de febrero. Fue con tres amigos a un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, y no regresó. Desde entonces su familia lo busca desesperadamente. Todos los jueves a las 18.30 se reúnen en la Iglesia Catedral de Córdoba para marchar por su aparición. El fiscal que investiga el caso, Alejandro Moyano, aseguró que lo están buscando y prefirió no dar detalles sobre las hipótesis que manejan respecto del paradero del joven. En principio se habló de un posible secuestro, pero la sospecha nunca fue confirmada. La madre del muchacho, Viviana Alegre, dijo que recién ayer la Policía comenzó a revisar las cámaras de seguridad del lugar en donde se lo vio a Facundo por última vez. También indicó que hoy comenzará un rastrillaje por la ciudad de Córdoba. El caso está en manos de la División de Protección de las Personas de la Policía de Córdoba. Según se indicó, hay varias pistas sobre el paradero de Rivera, aunque todavía no pudieron hallarlo. Viviana Alegre no pasa un solo día sin buscar a Facundo. Dijo que asiste a los bailes de Damián Córdoba con una foto de su hijo con la esperanza de que alguien le aporte datos sobre su paradero. Contó que recorrió hospitales, clínicas y comisarías. Algunas asociaciones como Hijos colaboran en la búsqueda. También lo rastreó en España, donde vive su padre, quien dijo que no está con él y que tampoco se comunicaron. Además el pasaporte de Facundo fue hallado en su domicilio. Lo último que se supo del “Rubio del pasaje” es que lo vieron en el baile el 19 de febrero, y que luego subió a un colectivo, de la línea E2, en calles Colón y Mendoza, según relataron a la madre unos chicos que se fueron del baile con Facundo. Después dijeron que en realidad caminaron juntos hasta Colón y La Cañada, donde se despidieron. “Ahí se cruzó y no supimos más de él”, le contó uno de los jóvenes a Viviana. Alegre se quejó porque la Policía aún no identificó al chofer del ómnibus que habría trasladado a Facundo luego del baile. “Desde la Policía me aseguran que están investigando, pero casi no hay avances en la causa. Dicen que tienen varias pistas, pero no hay nada concreto sobre mi hijo”, se quejó la mujer. La mamá de Facundo, que aseguró que su hijo nunca se ausentó de su casa, dice estar desconcertada. “Facundo no tenía problemas económicos (trabajaba en pintura y albañilería), ni familiares. Además era muy cariñoso y responsable con su hija. No sé qué pudo haberle pasado”, dijo Alegre, quien ya carga con el dolor de una hija fallecida en un choque. La mujer relató que un mes antes de la desaparición su hijo le contó sobre una pelea que presuntamente mantuvo con cuatro efectivos policiales. También le narró otro hecho en el que supuestamente unos agentes lo golpearon en un baile. La denuncia fue radicada el 21 de febrero en la Unidad Judicial Nº 2. El 24 de ese mes tomaron intervención la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas y el fiscal del Distrito 1 Turno 5, Alejandro Moyano. El último lunes, Alegre se constituyó como querellante particular en la causa, para tener acceso al expediente, y aportó dos testigos que declararían en los próximos días. Advertencia. Al día siguiente de la desaparición de Facundo alguien llamó a la casa de madre advirtiéndola que desista de buscar a su hijo. “No vas a verlo nunca más”, le aseguraron. Tras esto, cortaron el teléfono. Desde entonces recibe llamadas en su casa, “a veces preguntan por Facundo y otras cortan”, dijo la mujer. Si alguien sabe algo de Facundo Rivera puede aportar datos al correo electrónico hijo_tamo92@hotmail.com. Diario La voz (Córdoba) | ||
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La nueva Facultad de periodismo será formadora de pingüinos?
| Martes, 27/03/12 | ||
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| (Opinión) Ultimo momento: El nuevo edificio de Periodismo llevará el nombre de un militante revolucionario cuya trayectoria hace honor a la profesión, es el ideal de profesional y de persona que aspira esta casa de altos estudios y es de alguna manera el reconocimiento a su visión sobre la realidad y el futuro que se avistaba para nuestro país... el nombre de la sede será Rodolfo Wal..., perdón, será Nestór Kirchner.!? -voz en off: (que H.... de P....). | ||
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| (AW) Denuncian designación autoritaria del nombre de la Facultad de Periodismo: se llamará Nestor Kirchner. Extrañamente, cuando todavía no comenzaron las clases, las autoridades de Periodismo de La Plata, decidieron nombrar al nuevo edificio de la institución "Néstor Carlos Kirchner". Desde la oposición estudiantil, denuncian que dicho acto se produjo a espaldas de toda la comunidad académica. Facultad "Néstor Carlos Kirchner", otro avance antidemocrático de las autoridades. En la jornada de hoy asistimos a una nueva muestra de autoritarismo por parte de la gestión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y su agrupación Rodolfo Walsh. No sólo resolvieron nombrar al nuevo edificio "Néstor Carlos Kirchner" a espaldas de toda la comunidad académica, sino que lo hicieron sin siquiera abrir el debate a lxs consejerxs, prohibiendo las propuestas alternativas que llevaríamos desde el Colectivo de Trabajo con la consejera de base. Para el mediodía de hoy fue citada una sesión extraordinaria del Consejo Directivo en momentos donde no hay cursadas y con un sólo día hábil de anticipación, prohibiendo de este modo un debate de conjunto para arribar a un acuerdo que contenga a todas las expresiones políticas que habitan nuestra facultad. Desde el Colectivo de Trabajo, con la representatividad estudiantil, pretendíamos poner sobre la mesa la propuesta de implementar un mecanismo democrático para la resolución del nombre del nuevo edificio de todos, y que la que discusión no se limite al gusto de la gestión encabezada por la decana Florencia Saintout, que con esta maniobra pretende posicionarse con fuerza hacia adentro del Frente Para la Victoria. En segunda instancia, nos parecía importante que se contemplen propuestas que se desprendan de todas las identidades políticas de la facultad, no sólo del kirchnerismo. De esto modo, llevaríamos las propuestas de Rodolfo Walsh, Miguel Bru y Jorge Julio López, como posibilidades a ser discutidas con todos los claustros, al entenderlas como un síntesis de las varias posturas políticas. Sin embargo, nada de esto pasó y la gestión kirchnerista avanzó con total despotismo. Iniciada la sesión, decenas de estudiantes comenzamos con el folklore de los cánticos, denunciando que con el gobierno kirchnerista existe la mayor cantidad de procesadxs y presxs políticxs desde la vuelta a la democracia, de las implicancias de la Ley Antiterrorista sancionada por el gobierno y sobre el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López. A tan sólo tres minutos de iniciado los cantos y sin permitirnos hablar, la decana Saintout decidió comenzar la votación, posición que fue apoyada por los otrxs quince consejerxs. Lamentablemente, algunas agrupaciones cedieron a la provocación planteada por Saintout y se trenzaron en una escaramuza menor con algunas autoridades oficialistas, desviando de este modo la perspectiva política que pretendía el Colectivo de Trabajo. Creemos que la tarea es discutir con el conjunto de lxs estudiantes estas maniobras antidemocráticas que son moneda corriente en las autoridades. Por este motivo, convocamos a una asamblea para el jueves 12 a las 15 horas -en la primera semana de cursadas- donde de manera fraterna y democrática elijamos el nombre del edificio, de modo que contenga a todas las expresiones políticas. Desconocemos la resolución que tomaron 15 personas de nombrar al edificio "Néstor Carlos Kirchner", sin someter el proceso a un debate plural, en un momento sin cursadas y sin permitir la expresión de la minoría estudiantil en el Consejo Directivo Contacto: Rosario Bernasconi (consejera estudiantil por la minoría) (0221) 15-5116972 Agencia Walsh Colectivo de Trabajo (CAUCE) en COB La Brecha | ||
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miércoles, 28 de marzo de 2012
LEY ANTITERRORISTA… Un análisis de HIJOS La Plata.
Hallan 43 Falcon utilizados durante la dictadura militar.
| Martes, 27/03/12 | ||
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| Estaban en la base naval de Bahía Blanca. Sospechan que fueron utilizados para secuestrar personas. También realizan pericias en aviones que habrían sido usados para los "vuelos de la muerte". |  | |
| En el marco de una causa por delitos de lesa humanidad fueron hallados hoy en la base naval Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, 43 vehículos Ford Falcon, utilizados durante la última dictadura militar. La inspección ocular fue realizada por el juez federal Eduardo Tentoni. También se realizaron pericias en aviones que habrían sido utilizados para los "vuelos de la muerte", según consignó el Centro de Información Judicial. Durante la diligencia el magistrado visitó un depósito en la base naval Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires, en el que se encontraban 43 automóviles marca Ford Falcón, hoy fuera de servicio y que fueron utilizados por la fuerza hace más de 30 años. Los autos fueron secuestrados, registrados y puestos bajo custodia del jefe de la Intendencia Naval de la base. Además, el juez dictó una medida cautelar de no innovar para garantizar la preservación y el resguardo de los automóviles, de manera que dichos elementos permanezcan ajenos a la disposición de cualquier otra autoridad que no sea la judicial. Además, se realizaron pericias en algunos aviones que prima facie intervinieron en los llamados "vuelos de la muerte", se secuestraron manuales y planos estructurales de algunas aeronaves y microfilmaciones cuyo contenido aún se desconoce. Esto tuvo lugar en la inspección realizada en la Base Aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación Naval de Bahía Blanca. Diagonales | ||
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Tribunal inicia juicio a mapuches imputados por Ley Antiterrorista.
| Lunes, 26/03/12 | ||
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| En el juicio se piden sobre 25 años de cárcel para diez comuneros mapuches procesados por Ley Antiterrorista. Hay dos menores de edad imputados y ha sido catalogado como “un nuevo montaje” por líderes indígenas y defensores de derechos humanos chilenos. La audiencia quedó pendiente para el próximo 2 de abril. |  | |
| Se trata del atentado contra el peaje de Quino, comuna de Victoria, ocurridos el 10 de octubre de 2009, donde siete miembros de la comunidad Autónoma de Temucuicui son procesados, junto a dos de la comunicad Cacique José Guiñón y un comunero de Santiago, y donde se piden penas desde 25 a 40 años de cárcel. Entre ellos figuran dos menores de edad, imputados también por crímenes terroristas. Uno de ellos es Patricio Queipul, sobrino del lonko de la comunidad autónoma, quien ha sido buscado por la policía desde los 11 años y quien ha tenido que vivir en la clandestinidad. El otro es Luis Marileo, quien estuvo recluido en Chol Chol y participó en las dos huelgas de hambre en 2010 y 2011 exigiendo el respeto a los derechos de la niñez mapuche. Respecto de la situación procesal que afecta a estos niños el abogado defensor, Lorenzo Morales, afirmó que “se debe tener claro que hay dos menores de edad involucrados y hasta el momento todavía están acusados por la ley 18.314, es decir la Ley Antiterrorista y además por la asociación ilícita terrorista. Todo eso tiene que de alguna manera depurar los juzgados de garantía de Victoria y veremos en qué termina. Yo creo que debe concluir en tipos penales menores”. Sin embargo, existe el peligro de que en este caso se realice el juicio bajo la Ley Antiterrorista y se recalifiquen los delitos a los menores con posterioridad, con lo que también se estarían violando sus derechos. Para evitar esto, los abogados solicitaron que se inicie un proceso separado para revisar la situación de los jóvenes. Cabe señalar que este juicio ha sido calificado, tanto por comuneros como por juristas como un nuevo intento de montaje hacia el pueblo mapuche. Esto porque la principal prueba del Ministerio Público sería la declaración de un testigo protegido. Jorge Hunchullán, werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, afirmó que se trataría de Raúl Castro Antipán, quien supuestamente habría participado junto a los acusados en los hechos y quien también está siendo protegido en otras causas contra comuneros y recibiría dinero a cambio, lo que ha sido desmentido por la Fiscalía. En este contexto, el vocero reiteró que el proceso no es más que una estrategia para mantener presos a los líderes mapuche considerando que “van más de tres años que los hermanos están imputados bajo la Ley Antiterrorista y durante tres años no se ha podido comprobar la participación de ninguno de ellos, claramente aquí están procesados tres años y haber estado encarcelado casi dos años significa que hay un ánimo de intentar criminalizar a nuestros hermanos y tenerlos en una situación incómoda como imputados por Ley Antiterrorista por lo cual ellos no pueden ejercer ningún tipo de trabajo, solamente obedecer a un tribunal que los tiene con medidas cautelares”. Además, Huenchullán denunció que durante el tiempo en que se ha extendido la investigación, se han producido hechos que afectan a la comunidad como son diversos allanamientos, interrogatorios de niños en escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes, además de torturas en contra de algunos de los imputados. Hechos que cinco abogados particulares y tres abogados de la Defensoría Penal Pública intentarán probar en una próxima audiencia que quedó pendiente para el próximo 2 de abril. Red Eco Alternativo Paula Correa - radio.uchile | ||
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Inauguran un mural en el ex CCDTyE "Automotores Orletti".
| Martes, 27/03/12 | ||
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| El mural fue diseñado en el marco de talleres de artes plásticas realizados por estudiantes de 6° grado de la Escuela N°9 “La Mauro”, y del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, además del artista plástico Armando Dilon. La inauguración seré este miércoles 28 de marzo, a las 14, en Venancio Flores 3521. |  | |
Red Eco Alternativo | ||
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Cuatro jóvenes imputadas tras la detención de 18 manifestantes el 24 de marzo en Córdoba.
| Lunes, 26/03/12 | ||
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| Durante la madrugada del sábado 24 de marzo pasado 18 jóvenes militantes de la agrupación “Jóvenes por la Memoria” fueron detenidxs por realizar intervenciones en la Plaza Solares, de la localidad cordobesa de Alta Gracia, en conmemoración por los 36 años del Golpe de Estado. Si bien ya fueron liberados, 4 quedaron imputadxs por las pintadas. |  | |
| En el operativo policial y judicial fueron detenidos 18 jóvenes, de los cuales cuatro fueron imputados de “daño calificado”, y se le secuestraron las pancartas, pinturas, afiches y volantes con los que se iba a acompañar la marcha prevista para la tarde del 24 de marzo. En la sesión especial realizada por el Concejo Deliberante, prevista para conmemorar los 36 años del golpe, lxs familiares de lxs jóvenes y militantes pidieron a los concejales que se expidan sobre estas detenciones que duraron hasta las 7 de la mañana. En este sentido, el presidente del Concejo, Facundo Torres, realizó gestiones ante el fiscal quien se comprometió a intermediar para que se le devuelvan los objetos a los chicos, lo que finalmente sucedió. Red Eco Alternativo | ||
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